Óscar Medelius tenía vínculos con narcos de Barrio King y el Cartel de Cali

“Oscar Medelius era excongresista, también ex abogado de la organización criminal Barrio King y de su líder ‘Caracol’. La PNP está recabando información y, según los primeros indicios que hemos podido analizar, la forma en que se llevó a cabo el crimen confirma que definitivamente fue un ajuste de cuentas”, afirmó el ministro Juan José Santiváñez.

Ciertamente, el 2016, Óscar Medelius apareció como abogado defensor del líder “Barrio King”, Gerson Gálvez Calle. Esta organización tenía el control del tráfico de cocaína a través del puerto del Callao. ‘Caracol’ fue extraditado de Colombia, país al que había huido para evitar su captura en el Perú, luego que se conocieran sus actividades en el tráfico internacional de cocaína.

Medelius poco pudo hacer por defender a ‘Caracol’. Los jueces le impusieron 35 años de cárcel, que cumple actualmente en el penal de Challapalca. El 20 de octubre de 2017, otro abogado de ‘Caracol‘, Jaime Coasaca Torres fue acribillado por un sicario, cuando salía de su casa en Surco. Tras las investigaciones, en noviembre del 2019, la policía determinó que su ejecución estuvo a cargo de sicarios de la banda “Los Injertos del Cono Norte”, luego recibir un pago de 50 mil soles desde Colombia.

Un asesinato por encargo al norte de Lima

Sicarios en moto acribillaron a Óscar Medelius

Sicarios en moto acribillaron a Óscar Medelius

Óscar Medelius fue acribillado el lunes 10 de enero, por sicarios, en momentos en que, el ex congresista fujimorista, conducía su vehículo por la avenida Universitaria, en Carabayllo, al norte de Lima.

Estos no son los primeros vínculos de Medelius con el narcotráfico. El 2002, La República rastreó los contactos del ex notario del Callao con narcotraficantes del desaparecido Cartel de Cali-Colombia, de los hermanos Rodríguez Orihuela, y narcos peruanos que operaban en el puerto del Callao.

En los archivos de la Brigada de Homicidios de la Policía Metropolitana de Santiago de Chile se encuentra la declaración del ciudadano peruano Jorge Saer Becerra, alias “El Coqui”. Este personaje vinculó a Medelius con un grupo de narcos peruanos que se vieron involucrados con el asesinato del bio-químico Eugenio Berrios, un agente de la dictadura chilena que dirigió un programa para producir gas Sarín, ante la posibilidad de una guerra con el Perú.

Saer Becerra declaró a los policías chilenos que al ser detenido en Lima, por un embarque de 285 kilos de cocaína con destino a Alemania,  Medelius lo contactó con agentes de la policía que le facilitaron documentos con identidad falsa para salir de Lima.

Las declaraciones de un narcotraficante

Gerson Gálvez, alias Caracol cumple una condena de 35 años de prisión

Gerson Gálvez, alias Caracol cumple una condena de 35 años de prisión

“ En relación con mi situación, debo declarar que cuando la policía me busca en el Perú y encontrándome prófugo, hablé con mi abogado Oscar Medelius, y éste con el jefe de policía a cargo del operativo. Después me dijo que la única forma de ayudarme era entregando información y ellos me sacaban del país con identidad falsa “, relató Saer.

“Una vez que entregué esos documentos, la policía, por intermedio de mi abogado, me entregó un pasaporte, libreta electoral y carnet de conducir, todos a nombre de Antonio Saez Rivero, con mi fotografía. Una vez con toda la documentación falsa, me acompañaron unos policías hasta el aeropuerto de Lima, viajando con la suma de 12 mil dólares a Santiago-Chile, esto fue en el mes de julio de 1989 “, refirió Saer.

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Al momento de ser interrogado por los agentes de homicidios, Saer se había convertido en un próspero empresario en Santiago de Chile. La policía chilena no pudo relacionarlo con actividades de narcotráfico.

En los expedientes de la policía antidrogas peruana, Jorge Saer era un prófugo de la justicia por un sonado caso de narcotráfico que involucró a líderes del partido aprista. Además, tenía contactos con Willy Cornejo Huallpa, detenido por el transporte de cocaína en un buque de la Marina de Guerra, Máximo Bocanegra García, años después detenido en Chile por narcotráfico y los hermanos Aybar Cancho, condenados por el tráfico de armas que Vladimiro Montesinos realizó a las FARC de Colombia.

Nuestro vecino del norte, Colombia, es recurrente en el historial de Óscar Medelius

De panamá hasta Puente Piedra

Canal de Panamá

Canal de Panamá

Los registros públicos de Panamá reportaron que, entre mayo de 1998 y marzo de 1999, Óscar Medelius fundó tres empresas offshore: Camus EnterprisesBausset Trading y Odessa Universal, a nombre de apoderados, reveló una investigación del portal Convoca. Las offshore se suelen utilizar para ocultar dinero y negocios poco transparentes que se desea que las autoridades no puedan rastrear fácilmente.

Según los registros públicos, las offshore Bausset Trading y Odessa Universal, movieron fondos por tres millones de dólares y fueron utilizadas para crear en el Perú, la empresa Tecnología Nuevo Milenium, que se utilizó para comprar un inmueble en Puente Piedra, al norte de Lima, por 14 millones de soles. Medelius declaró que hizo la operación a pedido de uno de sus clientes.

En prisión y Fujimori.

Óscar Medelius cumplió seis años de prisión por la masiva falsificación de firmas para la inscripción de Perú 2000, la agrupación política con la cual el fallecido ex dictador Alberto Fujimori logró su tercera reelección consecutiva en la presidencia.

Durante las investigaciones de este caso el 2001, el ex congresista huyó a Estados Unidos. De ese país recién pudo ser extraditado el 2008 para ser juzgado. Le impusieron ocho años de cárcel, de las que cumplió seis años de encierra efectivo. Recuperó su libertad el 2014.

Presidenta del Poder Judicial: Es grave “cada hora” sin detención preliminar

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, solicitó ayer directamente al Congreso que restituya la figura penal de la detención preliminar al recordar que es una herramienta que evita la impunidad.

Sumándose a la invocación de la Fiscalía de la Nación, la titular del Poder Judicial remarcó que “cada día, cada hora, se pierde la posibilidad de encontrar a los autores de delitos y que el hecho no quede impune”.

La ley 9733, que restituye la detención preliminar, fue observada por el Poder Ejecutivo pero aprobada por insistencia en la Comisión de Justicia la semana pasada.

Ahora requiere de un pleno extraordinario, cuya convocatoria requiere de 78 firmas.

“Bien sabemos que la detención preliminar lo que busca es recopilar indicios porque evidentemente es un estado de sospecha, pero si nosotros no vamos a restituir la detención preliminar, perdemos esa gran oportunidad de que el hecho no quede impune”, agregó Tello.

Al respecto, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, que presidió la mesa de trabajo técnico, anunció que la detención preliminar podría retrasarse hasta marzo debido a que aún no se consiguen las firmas para un pleno extraordinario.

La norma no puede ser aprobada por la Comisión Permanente.

LA OTRA LEY

De otro lado, Tello advirtió sobre la ley 32130, que permite a los investigados impugnar el auto de enjuiciamiento, la fase previa al juicio oral.

“Nunca jamás se impugnó un auto de enjuiciamiento, esto será un caos, no tendrá solución y será una hecatombe como ya viene siendo”, sostuvo.

Alertó que estas apelaciones harán colapsar el sistema de justicia pues hasta octubre de 2024 se tenían 3 mil casaciones por resolver y dicho número se elevó en enero de 2025 a 14, 500 causas, lo que sobrepasa las capacidades de los cinco magistrados supremos que se ocupan de estos procesos.

Betssy Chávez permanecerá en prisión hasta 2026: Corte Suprema extiende su detención por 15 meses

La exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, permanecerá en prisión tras la confirmación por parte de la Corte Suprema de una resolución que extiende su prisión preventiva por 15 meses. Esta medida se enmarca en el proceso penal que enfrenta debido a su supuesta implicación en el intento de golpe de Estado liderado por el expresidente Pedro Castillo.

La Sala Penal Permanente del tribunal supremo desestimó el recurso de apelación presentado por Chávez, quien buscaba su liberación inmediata. La decisión se basa en la existencia de riesgos de fuga y obstaculización del proceso judicial en su contra.

La Fiscalía ha solicitado una condena de 25 años y la inhabilitación de Chávez para ejercer cargos públicos, acusándola de ser coautora del delito de rebelión en agravio del Estado.

Persiste el peligro de fuga

La situación legal de Betssy Chávez ha captado la atención pública debido a su rol como exjefa del Gabinete Ministerial durante el gobierno de Pedro Castillo. La Corte Suprema, al confirmar la resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley, ha decidido que la prisión preventiva se extienda hasta el 19 de marzo del 2026, argumentando que persiste el peligro de fuga y la posibilidad de que la acusada obstaculice el proceso judicial.

El recurso de apelación presentado por la defensa de Chávez fue declarado infundado, lo que significa que no se encontraron fundamentos suficientes para revocar la decisión del juez. La Sala, presidida por el juez supremo César San Martín, también desestimó la solicitud de la Segunda Fiscalía Suprema, que buscaba aumentar el plazo de prisión preventiva a 18 meses.

¿Cuáles fueron los motivos de la Fiscalía para pedir la ampliación de la prisión preventiva?

El fiscal supremo Alcides Chinchay alegó que la ampliación de la prisión preventiva responde a dos factores principales: el tiempo necesario para completar el juzgamiento y el riesgo de fuga o interferencia en el proceso por parte de la expremier.

Además, respecto de la duración de la medida restrictiva de libertad, explicó que el juicio, podría extenderse debido a la cantidad de pruebas y al número de procesados.

Junto a Chávez Chino, el juicio incluye al expresidente Pedro Castillo y los exministros Aníbal Torres, Willy Huerta, Roberto Sánchez y tres oficiales de la Policía Nacional.

Sobre el riesgo de fuga, la fiscalía señala incidentes pasados, como el pedido de Chávez a un conductor de la PCM para que la trasladara a la Embajada de México tras el fallido golpe de Estado, aprovechando que ese país había ofrecido asilo político a Castillo y su familia.

Asimismo, se mencionó el retiro de bienes del despacho de Chávez tras la crisis política, según declaraciones de su exsecretaria.

El fiscal Chinchay subraya que la ampliación de la prisión preventiva es necesaria para garantizar la presencia de la acusada durante el proceso judicial y evitar que eluda la acción de la justicia, lo que podría frustrar las siguientes etapas del caso.

Por su parte, en su resolución, el magistrado Juan Carlos Checkey sostuvo que existe peligro de fuga y de obstaculización y, por ende, la posibilidad de que la acusada pueda sustraerse de la acción de la justicia u obstaculizar el proceso.

Contradicción en el Congreso: institución rechaza proyecto en la playa Santa Maria del Mar, pero informe de la SBN prueba lo contrario

Mientras un documento niega, otro afirma. El Congreso del Perú, a través de su cuenta institucional en X (antes Twitter), publicó un comunicado en el que negaba tener un proyecto o expediente técnico para la construcción de infraestructura en el balneario de Santa María del Mar. Según la publicación, el Parlamento solo cuenta con un predio cedido por la Superintendencia de Bienes Estatales (SBN) para su uso con fines institucionales.

No obstante, un informe de La República de 2023 demuestra la existencia de documentación y planos para la edificación del denominado «Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios».

Congreso niega proyecto en playa Santa María del Mar

 Comunicado del Congreso sobre sede en playa de Santa María | Foto: Congreso.

Comunicado del Congreso sobre sede en playa de Santa María | Foto: Congreso.

La documentación citada por este medio hace referencia a los estudios arqueológicos mencionados tanto en el comunicado del Congreso de la República como por su presidente, Eduardo Salhuana. Sin embargo, omite otros detalles contenidos en el informe técnico al que tuvimos acceso, como la descripción detallada de la infraestructura, el plazo de ejecución —propuesto del 1 de junio de 2023 al 31 de diciembre de 2025—, el presupuesto estimado de S/ 17 240 685 y los planos de ubicación del centro parlamentario.

 Planos del proyecto para el Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios | Foto: La República

Planos del proyecto para el Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios | Foto: La República

El origen de este proyecto se remonta a 2023. Durante la gestión de José Williams, representante de Avanza País en la Mesa Directiva, su director general administrativo, Pablo Noriega, presentó planos que respaldaban la intención del Congreso de construir un centro de capacitación. Posteriormente, la directora general administrativa en la gestión de Alejandro Soto, Marisol Espinoza, respaldó el proyecto, argumentando que tanto el Tribunal Constitucional (TC) como la Contraloría cuentan con sus propios centros de formación.

Aquí adjuntamos la resolución de la SBN

Eduardo Salhuana afirmó que el espacio se usará con «fines institucionales»

Este martes 11 de febrero, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, no fue ajeno al comunicado del Congreso y se pronunció sobre el proyecto. Durante sus declaraciones, el actual titular de la Mesa Directiva también incurrió en contradicciones al hablar sobre la sede del Parlamento en la playa de Santa María del Mar. Sobre ello, Salhuana se limitó a confirmar que el terreno fue cedido por la SBN y que debe someterse a los estudios arqueológicos requeridos.

«Ni esta ni anteriores directivas han realizado un proyecto. Si realizamos una inversión, estará destinada a fines institucionales. (…) Lo que sucede es que este es un terreno cedido por la SBN al Congreso de la República. Tenemos la posesión del bien y, para hacer el cerco perimétrico y otras adecuaciones, debemos realizar un estudio arqueológico por exigencia del Ministerio de Cultura», sostuvo.

El congresista de Alianza para el Progreso (APP) confirmó que será decisión de la actual o futura directiva definir el destino del proyecto. Asimismo, aseguró que la construcción de este espacio se planificó en Santa María del Mar porque ese fue el terreno cedido por la SBN.

«Lo que usted dice, que existe un proyecto para construir un centro de capacitación del Congreso, es correcto. La SBN otorgó ese terreno para fines del Congreso, (…) pero en este momento, la directiva planea evitar invasiones en el área. La directiva actual o la que venga tomará la decisión correspondiente (…). (Se eligió Santa María) porque es el terreno que tenemos, es el terreno que nos han cedido», afirmó Salhuana.

Harvey Colchado alerta sobre próximos cambios en la Diviac: “No podrán investigar ningún tipo de corrupción”

El coronel PNP Harvey Colchado en entrevista con César Hildebrandt, alertó sobre cambios que se vienen en la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y señaló que varios oficiales han sido removidos de sus puestos para dejar de investigar delitos relacionados a corrupción; además comparó el Gobierno actual con el segundo mandato de Fujimori en el cual las esferas de poder se adueñaron de las instituciones.

«Recuerdo el gobierno de Fujimori, donde coparon instituciones (…) Ahora, han cambiado de los 136 oficiales de la Diviac, solo han quedado 3, 133 han sido cambiados, de esos 133, 7 están en la Dirección Nacional de Investigación Criminal y 11 han pasado a la Depincri que investiga delitos comunes, el resto ha sido pasado a unidades de prevención, tránsito, seguridad, temas preventivos, contraviniendo lo que señala nuestra línea de carrera (…) está por aprobarse el nuevo reglamento de la ley de la PNP, donde la Diviac pasará a la Dirincri y la Dirincri solo investiga delitos urbanos violentos, ya no investiga delitos de corrupción», mencionó Colchado.

Asimismo, Colchado dijo que es evidente que la presidenta Dina Boluarte está incurriendo en presuntos actos de corrupción y que mediante el Equipo Especial Policial de apoyo a la Eficcop, a través de investigar a su hermano, Nicanor Boluarte, lograron encontrar elementos de convicción que la vinculaban con actividades de supuestos integrantes de una organización criminal.

Cabe recordar que el coronel Colchado fue quien lideró el allanamiento a la vivienda de Dina Boluarte en el marco de la investigación por el Caso Rolex el pasado mes de marzo de 2024 y en el mes de diciembre fue pasado al retiro con un documento que llevó la firma del ministro del Interior y con el argumento de una «renovación de cuadros».

Harvey Colchado denuncia que ministro del Interior busca deslegitimar su carrera en la PNP

El coronel Harvey Colchado acusó que la medida de su pase al retiro fue tomada por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, como un acto de venganza por no alinearse con los intereses del Gobierno y por haber abandonado la investigación contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.

Ahora, Colchado ha hecho pública una nueva denuncia, en la que asegura que Santiváñez intentaría desacreditar su ascenso, obtenido con mérito, como policía de inteligencia hace 27 años y su promoción a coronel PNP en noviembre de 2016. A través de un post en X, Colchado fue contundente en su acusación, afirmando que «el Ejecutivo y su abogado litigante Santiváñez, en una maniobra desesperada, ahora intentan desacreditarme por un ascenso que conseguí con mérito hace 27 años en inteligencia policial».

Un 36% aprueba la gestión del alcalde de Lima Rafael López Aliaga

Hace solo cuatro meses Rafael López Aliaga experimentaba las peores cifras de su gestión al frente de la Municipalidad de Lima. Su aprobación se desplomó y el rechazo a su trabajo al frente de la comuna creció como nunca desde que asumió como alcalde.

Pero el burgomaestre capitalino respira hoy otros aires. La última encuesta de Ipsos realizada para Perú21 revela que un 36% de la ciudadanía aprueba la gestión de López Aliaga, un incremento de tres puntos porcentuales con respecto del mes anterior y de 12 puntos desde octubre pasado (24%). En el nivel socioeconómico A el respaldo a su trabajo llega al 50%.

La desaprobación del alcalde alcanza el 56%, cuatro puntos porcentuales menos que en enero último y 14 menos si lo comparamos con sus cifras de hace cuatro meses (70%).  

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Y mientras López Aliaga empieza a mejorar sus números, la presidenta Dina Boluarte volvió a tocar fondo en su aprobación, al alcanzar el 4%, la misma cifra con la que despidió 2024. Sin embargo, la mandataria ha bajado un punto porcentual el rechazo a su labor, que ahora es de 91%.

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El Legislativo alcanzó el 9% de aprobación, subiendo dos puntos porcentuales con respecto del mes de enero. Un 84% rechaza la gestión de este poder del Estado.

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