Dina Boluarte: Poder Judicial falla a favor de la presidenta y fiscal deberá escuchar a técnicos de Contraloría

El juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley Soria acogió el pedido de la presidenta Dina Boluarte para que el despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza interrogue y escuche a los analistas técnicos de la Contraloría General de la República antes de decidir si presenta una denuncia constitucional ante el Congreso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La fiscalía se negó a interrogar a los testigos técnicos, la contadora pública Sandra Calderón Lázaro y la abogada Martha Antezana Córdova al considerar que esta diligencia corresponde a etapas más avanzadas del proceso, pues en la investigación preliminar lo que se busca es reunir indicios de la existencia de un probable delito, a fin de iniciar la investigación preparatoria para el juicio público.

Sin embargo, Checkley consideró que el pedido presentado por el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal es pertinente, útil y necesario pues permitirá a la fiscal de la Nación tener una mejor comprensión de los hechos, tratándose de una investigación preliminar que busca indicios para presentar una denuncia constitucional ante el Congreso de la República.

Los motivos del juez a favor de Boluarte

Juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley

Juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley

«Es verdad que en este caso se viene investigando a una alta funcionaria de la Nación, la presidenta de la República, quien goza de la prerrogativa del antejuicio, esto es, que previa la formalización de la investigación preparatoria, se requiere una denuncia constitucional por la fiscal de la Nación y el correspondiente trámite parlamentario; ello significa que las diligencias preliminares cuenten con todo el material de investigación necesario, útil, pertinente y conducente, además de idóneo para que en el foro político se evalúe adecuadamente los términos de la acusación», argumentó el juez.

«También es verdad -añadió- que el delito materia de investigación es el de enriquecimiento ilícito, uno en el que por su propia naturaleza, la prueba fundamental, en un eventual juicio por su propia naturaleza, la prueba fundamental, en un eventual juicio, es la pericia; en este sentido, la actividad pericial es fundamental en las diligencias preliminares».

Sobre los referidos testigos técnicos precisa que se trata de profesionales de la subgerencia de fiscalización de la Contraloría General de la República que realizaron el informe de Fiscalización Específica de las declaraciones juradas de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra del periodo febrero de 2022 a febrero 2024.

«Debe tenerse en cuenta que se trata de una evaluación realizada por una entidad descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía (…); como es de verse es un informe en el cual las partes no tienen participación alguna, por lo cual es factible, teniéndose en cuenta que resulta relevante a los efectos de la investigación (en este caso una preliminar a una posible o no denuncia constitucional) que las partes puedan obtener las declaraciones de quienes formularon dicho informe».

Un informe técnico que limpia a Boluarte

El abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal busca que el informe de la Contraloría prevalezca sobre el peritaje oficial

El abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal busca que el informe de la Contraloría prevalezca sobre el peritaje oficial

El informe de la subgerencia de fiscalización de la Contraloría General de la República fue elaborado por las contadoras públicas Sandra Calderón Lázaro, analista de fiscalización, María Acuña Morales, supervisor, y la abogada Martha Antezana Córdova, analista legal. Dicho informe fue aprobado por la subgerente de fiscalización, la abogada Vanessa Walde Ortega, la hija menor del ex juez supremo Vicente Walde Jáuregui.

Dicho informe indica que luego de analizar las respectivas declaraciones juradas y las aclaraciones de Boluarte Zegarra se «concluye que no se han identificado indicios de un presunto incremento patrimonial no justificado en el periodo fiscalizado». Uno de los motivos por lo que el abogado defensor quiere que los fiscales interroguen a los testigos técnicos de la Contraloría, es que el informe que limpia a la presidente aparezca en los documentos que podrían llegar al Congreso.

PJ cambia a jueza del Colegiado que anuló el juicio por el caso Cócteles

La presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello Gilardi, dio por concluida la designación de la jueza penal titular Juana Mercedes Caballero García, magistrada que formó parte del colegiado que anuló el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y más de 32 acusados, por el caso Cócteles.

Janet Tello, presidenta del Poder Judicial,dio por concluida la designación de la jueza Juana Caballero. (Foto: César Bueno / @photo.gec)
Janet Tello, presidenta del Poder Judicial,dio por concluida la designación de la jueza Juana Caballero. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

DETALLES

Caballero García se desempeñaba como presidenta del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, sala que tiene a su cargo el caso Cócteles, proceso vinculado a los presuntos aportes irregulares a las campañas electorales de Keiko en los años 2011 y 2016.

La decisión que tomó la titular del PJ no solo es dar por concluidas sus funciones en ese puesto, sino regresar a la mencionada magistrado como jueza penal titular a su juzgado de origen, en la Corte Superior de Justicia de Huaura.

Cabe recordar que la jueza Juana Caballero y el juez Maz Vengoa, decidieron anular todo lo avanzado por el caso Cócteles y retrotraer lo actuado a la etapa anterior, es decir, el control de acusación.

La jueza Nayko Coronado fue la única que se pronunció a favor de solo excluir a José Chlimper del proceso y seguir juzgando al resto de los acusados, tras la sentenciad del Tribunal Constitucional (TC).

Los jueces del Tercer Juzgado Colegiado de la CSNJPE durante el tercer día del juicio contra Keiko Fujimori. Foto: GEC / Britanie Arroyo
Los jueces del Tercer Juzgado Colegiado de la CSNJPE durante el tercer día del juicio contra Keiko Fujimori. Foto: GEC / Britanie Arroyo

REEMPLAZO

El lugar de Juana Caballero García será ocupado por juez penal titular Wilmer Roy Quispe Umasi, quien fue nombrado en diciembre pasado como magistrado titular por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El Tercer Juzgado no solo se avoca al caso contraKeiko Fujimori, sino también el juicio contra el expresidente Ollanta Humala por los aportes de Odebrecht y OAS a su campaña.

Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior  también tiene a su cargo el juicio contra Ollanta Humala. Foto: Poder Judicial.
Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior también tiene a su cargo el juicio contra Ollanta Humala. Foto: Poder Judicial.

Caso Andrea Vidal: Documento desmiente a Martínez sobre Cajo

Un documento oficial contradice la versión del congresista Edwin Martínez sobre la contratación de Isabel Cajo.

A pesar de que el legislador afirmó que la responsabilidad de revisar su currículum recaía en el área de Recursos Humanos, el documento que envió desde su despacho, con fecha 16 de octubre de 2024, revela que fue él mismo quien ordenó su incorporación en octubre pasado.

Esto, para que sea contratada como personal de confianza de él, con el cargo de técnico en el nivel 6.

Imagen

Edwin Martínez pidió la contratación de Isabel Cajo.

En entrevista con Perú21, el congresista Martínez dijo que la responsabilidad de revisar el curriculum vitae (CV) de Isabel Cajo recae en sus asesores Roberto Mamani y Willy Paredes.

Según Martínez, ellos revisaron el CV de Cajo´, y decidieron que sea contratada.

El legislador señaló además que antes de ordenar la contratación de ella, nunca la entrevistó ni tuvon contacto con ella.

PJ rechazó pedido de Dina Boluarte para ordenar el cierre de la investigación preliminar por caso ‘Cofre Presidencial’

La presidenta de la República, Dina Boluarte, seguirá afrontando una investigación preliminar en la Fiscalía de la Nación por el presunto uso del vehículo presidencial en la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, durante un operativo policial que se realizó, en febrero del 2024 en el distrito de Asia, en la provincia limeña de Cañete.

Esto debido a que el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada una solicitud de control de plazo que presentó la mandataria, a través de su defensa legal, para que se ordenara a la Fiscalía de la Nación que concluya está investigación preliminar que afronta por el presunto delito de encubierto personal en agravio del Estado, a raíz de este caso denominado ‘Cofre Presidencial’.

La defensa legal de la presidenta Dina Boluarte sostuvo que el plazo de 90 días que se estableció inicialmente en este caso venció el 23 de diciembre de 2024 y añadió que cuando solicitó a la Fiscalía de la Nación que diera por concluida está investigación preliminar obtuvo como respuesta una disposición fiscal de fecha 20 de diciembre del 2024, que le fue notificada el 26 de diciembre del 2024,  por la cual se declaró compleja está investigación preliminar fijando un plazo de ocho meses, una ampliación que, a su criterio, es extemporánea.

Determinación

No obstante, el juez supremo Checkley Soria precisó que en el presente caso se evidencia que la disposición fiscal que declara compleja está investigación preliminar y la amplía por ocho meses fue emitida el 20 de diciembre del 2024 y el cuestionamiento de la defensa legal de la mandataria respecto a que se le haya notificado este documento con un retardo de seis días, es en todo caso, un aspecto que puede tener un efecto disciplinario, más no afecta la validez de la decisión de complejidad del caso (que no fue cuestionada por la defensa) y en consecuencia el mayor plazo determinado.

«En consecuencia, debe declararse infundado el recurso; y estando a lo expuesto, la investigación preliminar vencería el 23/05/2025» concluye el juez supremo Juan Carlos Checkley en su resolución emitida el último 10 de febrero a la que tuvo acceso RPP.

En declaraciones a RPP, el último 7 de febrero, Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte indicó que su patrocinada tiene la intención de declarar ante las autoridades del Ministerio Público por el caso ‘Cofre Presidencial’ si el Poder Judicial señala que la citación que se le hizo no fue extemporánea, sino en el plazo de ley.

Fiscalía realizará el 27 de febrero la toma de muestra de voz de Juan José Santiváñez por audios que se le atribuyen

El Ministerio Público programó para el próximo 27 de febrero la diligencia de toma de muestra de voz del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en el marco de la investigación que se le sigue por la difusión de presuntas conversaciones que habría tenido con el capitán de la Policía Nacional, Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’.

Así lo dispuso el fiscal Carlos Ordaya del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), como parte de las pesquisas contra el titular del ministro y otros.

En el documento fiscal, al que tuvo acceso RPP, se precisa que la diligencia se realizará desde las 10 de la mañana en la Oficina de Peritajes del Ministerio Público, Área de Fonética y Acústica Forense.

Se señala también que se notificará a Juan José Santiváñez en su condición de funcionario “no aforado”, a través de su domicilio procesal indicado en la presente investigación.

En la decisión fiscal también se indica que el capitán Junior Izquierdo también será sometido a una diligencia de toma de muestra el próximo 20 de marzo. Para ello deberá acudir a las 11 de la mañana a las oficinas del Instituto de Medicina Legal del distrito fiscal de Moquegua (sede principal).

Peritos encargados

Para estas diligencias se designó a los peritos propuestos por la Oficina de Peritajes del Ministerio Público, Jhon Jiméñez Peña, perito lingüista, Erick Carlos Cervantes Peralta, perito ingeniero electrónico y telecomunicaciones, además de Edson Guzmán Guerreros, perito físico.

Ellos se encargarán de determinas si las conversaciones corresponden a Juan José Santiváñez en su condición de funcionario “no aforado” o al testigo Junior Izquierdo. La diligencia se realizará sobre un audio extraído mediante un informe pericial de análisis digital forense N° 236-2025 del pasado 31 de enero.

Óscar Medelius tenía vínculos con narcos de Barrio King y el Cartel de Cali

“Oscar Medelius era excongresista, también ex abogado de la organización criminal Barrio King y de su líder ‘Caracol’. La PNP está recabando información y, según los primeros indicios que hemos podido analizar, la forma en que se llevó a cabo el crimen confirma que definitivamente fue un ajuste de cuentas”, afirmó el ministro Juan José Santiváñez.

Ciertamente, el 2016, Óscar Medelius apareció como abogado defensor del líder “Barrio King”, Gerson Gálvez Calle. Esta organización tenía el control del tráfico de cocaína a través del puerto del Callao. ‘Caracol’ fue extraditado de Colombia, país al que había huido para evitar su captura en el Perú, luego que se conocieran sus actividades en el tráfico internacional de cocaína.

Medelius poco pudo hacer por defender a ‘Caracol’. Los jueces le impusieron 35 años de cárcel, que cumple actualmente en el penal de Challapalca. El 20 de octubre de 2017, otro abogado de ‘Caracol‘, Jaime Coasaca Torres fue acribillado por un sicario, cuando salía de su casa en Surco. Tras las investigaciones, en noviembre del 2019, la policía determinó que su ejecución estuvo a cargo de sicarios de la banda “Los Injertos del Cono Norte”, luego recibir un pago de 50 mil soles desde Colombia.

Un asesinato por encargo al norte de Lima

Sicarios en moto acribillaron a Óscar Medelius

Sicarios en moto acribillaron a Óscar Medelius

Óscar Medelius fue acribillado el lunes 10 de enero, por sicarios, en momentos en que, el ex congresista fujimorista, conducía su vehículo por la avenida Universitaria, en Carabayllo, al norte de Lima.

Estos no son los primeros vínculos de Medelius con el narcotráfico. El 2002, La República rastreó los contactos del ex notario del Callao con narcotraficantes del desaparecido Cartel de Cali-Colombia, de los hermanos Rodríguez Orihuela, y narcos peruanos que operaban en el puerto del Callao.

En los archivos de la Brigada de Homicidios de la Policía Metropolitana de Santiago de Chile se encuentra la declaración del ciudadano peruano Jorge Saer Becerra, alias “El Coqui”. Este personaje vinculó a Medelius con un grupo de narcos peruanos que se vieron involucrados con el asesinato del bio-químico Eugenio Berrios, un agente de la dictadura chilena que dirigió un programa para producir gas Sarín, ante la posibilidad de una guerra con el Perú.

Saer Becerra declaró a los policías chilenos que al ser detenido en Lima, por un embarque de 285 kilos de cocaína con destino a Alemania,  Medelius lo contactó con agentes de la policía que le facilitaron documentos con identidad falsa para salir de Lima.

Las declaraciones de un narcotraficante

Gerson Gálvez, alias Caracol cumple una condena de 35 años de prisión

Gerson Gálvez, alias Caracol cumple una condena de 35 años de prisión

“ En relación con mi situación, debo declarar que cuando la policía me busca en el Perú y encontrándome prófugo, hablé con mi abogado Oscar Medelius, y éste con el jefe de policía a cargo del operativo. Después me dijo que la única forma de ayudarme era entregando información y ellos me sacaban del país con identidad falsa “, relató Saer.

“Una vez que entregué esos documentos, la policía, por intermedio de mi abogado, me entregó un pasaporte, libreta electoral y carnet de conducir, todos a nombre de Antonio Saez Rivero, con mi fotografía. Una vez con toda la documentación falsa, me acompañaron unos policías hasta el aeropuerto de Lima, viajando con la suma de 12 mil dólares a Santiago-Chile, esto fue en el mes de julio de 1989 “, refirió Saer.

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Al momento de ser interrogado por los agentes de homicidios, Saer se había convertido en un próspero empresario en Santiago de Chile. La policía chilena no pudo relacionarlo con actividades de narcotráfico.

En los expedientes de la policía antidrogas peruana, Jorge Saer era un prófugo de la justicia por un sonado caso de narcotráfico que involucró a líderes del partido aprista. Además, tenía contactos con Willy Cornejo Huallpa, detenido por el transporte de cocaína en un buque de la Marina de Guerra, Máximo Bocanegra García, años después detenido en Chile por narcotráfico y los hermanos Aybar Cancho, condenados por el tráfico de armas que Vladimiro Montesinos realizó a las FARC de Colombia.

Nuestro vecino del norte, Colombia, es recurrente en el historial de Óscar Medelius

De panamá hasta Puente Piedra

Canal de Panamá

Canal de Panamá

Los registros públicos de Panamá reportaron que, entre mayo de 1998 y marzo de 1999, Óscar Medelius fundó tres empresas offshore: Camus EnterprisesBausset Trading y Odessa Universal, a nombre de apoderados, reveló una investigación del portal Convoca. Las offshore se suelen utilizar para ocultar dinero y negocios poco transparentes que se desea que las autoridades no puedan rastrear fácilmente.

Según los registros públicos, las offshore Bausset Trading y Odessa Universal, movieron fondos por tres millones de dólares y fueron utilizadas para crear en el Perú, la empresa Tecnología Nuevo Milenium, que se utilizó para comprar un inmueble en Puente Piedra, al norte de Lima, por 14 millones de soles. Medelius declaró que hizo la operación a pedido de uno de sus clientes.

En prisión y Fujimori.

Óscar Medelius cumplió seis años de prisión por la masiva falsificación de firmas para la inscripción de Perú 2000, la agrupación política con la cual el fallecido ex dictador Alberto Fujimori logró su tercera reelección consecutiva en la presidencia.

Durante las investigaciones de este caso el 2001, el ex congresista huyó a Estados Unidos. De ese país recién pudo ser extraditado el 2008 para ser juzgado. Le impusieron ocho años de cárcel, de las que cumplió seis años de encierra efectivo. Recuperó su libertad el 2014.