Colaborador eficaz señala que Guillermo Bermejo cobró presuntas coimas para impulsar obras en Huachac

El parlamentario Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) es señalado por un colaborador eficaz de haber cobrado una serie de presuntas coimas para impulsar la inclusión de un proyecto de obras en el distrito de Huachac, de la provincia de Chupaca, en la reguón de Junín, dentro del presupuesto del año 2022.

De acuerdo con el dominical Panorama, el testimonio del colaborador eficaz 11-2024 da cuenta que, a solo semanas de haber asumido como legislador por Lima, Bermejo habría comenzado a cobrar para sacar adelante obras del municipio de Huachac. Ello tras una visita que realizó a dicho distrito en agosto de 2021, donde se comprometió para dicho fin con el alcalde Jaime Cueva.

Para ello, según el testimonio del colaborador, la entrega de sobornos era gestionada por Yul Valdivia, quien según el dominical es viejo amigo de Bermejo. Él se encargaba de entregar el dinero a Jaime Jara, quien también tiene amistad con el parlamentario y era trabajador de su despacho en el Parlamento.

Las entregas de dinero se realizaron entre septiembre y octubre de 2021, siempre en el Cercado de Lima, muy cerca del despacho de Bermejo. Si bien no se precisa una cantidad total, se menciona que al menos el primer monto habría sido de 40 000 soles. Asimismo, al menos una de las entregas habría sido directamente al legislador, de acuerdo con el dominical.

Yul Valdivia le hizo entrega de dinero a Jaime Jara en sobres manila amarillos en varias oportunidades. Esto fue unas cinco veces para el apoyo en la inclusión de un proyecto de obras de la Municipalidad de Huachac, en el presupuesto del año 2022, este dinero cuando lo recibía Jaime Jara, lo entregaba al congresista Guillermo Bermejo”, señala el colaborador, según Panorama.

Reunión con el alcalde

También se mencionó que el alcalde de Huachac, Jaime Cueva, ingresó al Congreso el 25 de octubre de 2021, junto con Yul Valdivia, y se reunió con Bermejo, a quien regaló artesanías y quesos, conforme la versión del delator.

El programa televisivo indica, además, que ese mismo octubre el Gobierno del entonces presidente Pedro Castillo emitió un decreto de urgencia por el cual se incluyeron dos proyectos de obras para Huanchac en el presupuesto para 2022.

En 2023 se detuvo a Jaime Jara y Yul Valdivia en el marco de una investigación por el caso ‘La Unión’ en el cual se investiga el presunto cobro de dinero para la ejecución de obras que corresponden a Reconstrucción con Cambios durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.

Al respecto, el congresista Bermejo dijo en su momento: “Si alguien de mi entorno, alguien que trabajó conmigo ha cometido este tipo de acciones, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos”. Panorama indicó también que, si bien buscaron su versión sobre este nuevo caso, no obtuvieron respuesta.

Congreso evalúa interpelar al ministro de Transportes

El Congreso de la República sigue debatiendo el trágico accidente ocurrido en Chancay, que dejó dos muertos, 41 heridos y un desaparecido. El incidente ha provocado una fuerte reacción entre los legisladores, quienes exigen respuestas del gobierno y del Ministerio de Transportes.

El congresista Roberto Sánchez (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) anunció que presentará una moción de interpelación contra el ministro Raúl Pérez Reyes, para que explique las medidas preventivas adoptadas antes del desastre. Mientras tanto, Flavio Cruz (Perú Libre) pidió responsabilidad y calma en el control político de la situación.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, prefirió no señalar responsabilidades aún y afirmó que esperará los resultados de las investigaciones. Su postura fue mantener la prudencia hasta contar con más información.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral ya está investigando el caso por presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y atentado contra los medios de transporte, en perjuicio de las víctimas.

Óscar Medelius pretendía postular al Congreso con el partido A.N.T.A.U.R.O.

El exlegislador fujimorista Óscar Eliseo Medelius Rodríguez dejó la vida política solo porque fue puesto al descubierto. Era operador del exasesor Vladimiro Montesinos, organizó la fabricación de firmas falsas para que Alberto Fujimori sea reelegido en 2000, y un año después huyó del país tras la caída del régimen. Sin embargo, hasta su trágica muerte, se consideraba aún un político.

Medelius quería regresar al poder. Según los registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el excongresista se inscribió en la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.) el 12 de julio de 2024, el último día de plazo para los que querían ser candidatos a la Presidencia o al Congreso en 2026.

No es solo una suposición. El personero legal de A.N.T.A.U.R.O., partido que perdió su inscripción tras ser considerado ilegal por el Poder Judicial, confirmó a Perú21 que el abogado chalaco tenía esa aspiración.

“Óscar Medelius era del círculo de confianza de Antauro Humala, nunca participó de las actividades partidarias, pero hizo toda la gestión (para inscribirse), los que se afilian lo hacen porque tienen pretensiones políticas”, dijo Rubén Ramos, el representante legal de la extinta organización que lideraba Humala.

Ramos aclaró, pese a que él era el encargado de entregar al JNE las fichas de militantes, que no sabe cómo llegó el fallecido notario.

“Imagínese, yo tenía que entregar 11 mil fichas de afiliados, ahora me llaman otros partidarios diciendo ‘¿cómo es posible que un fujimorista estaba afiliado al partido’?”, expresó.

Si bien reconoció que vio más de una vez al letrado junto a Antauro, el etnocacerista y exparlamentario dijo que este buscaba pasar desapercibido. “Medelius no viajaba con el resto, solo asistía a reuniones de manera reservada”, refirió.

Nadie en el círculo de Antauro, condenado por asesinar policías en el Andahuaylazo, puede explicar cómo llegó Óscar Medelius a esa agrupación.

Aunque Carmen Huidobro, abogada de Humala Tasso, lo conoció bien. Fue su defensora legal en 2009, cuando se confirmó la sentencia de 8 años de prisión contra Medelius por la falsificación de firmas. Detalló que su función fue presentar habeas corpus para que declaren nula la condena.

“Yo vi a Óscar Medelius hasta 2010, luego me dediqué a ver la defensa de la gente de Antauro (…) en esa época, Medelius me dijo que tenía simpatía por Antauro, después lo vi en 2024 en el partido, pero yo no lo llevé, nunca supe cómo llegó”, declaró Huidobro a este diario.

Medelius, eso sí, cumplía con el perfil que caracteriza a un legislador en estos tiempos: con un prontuario relacionado con el delito.

Fue abogado del temido narcotraficante Gerson Gálvez ‘Caracol’. Estaba vinculado al tráfico de terrenos y la minería ilegal en Carabayllo, el distrito donde fue asesinado junto a su socio Juan Miguel Huidobro. Este último tenía denuncias por estafa, lavado de activos y defraudación tributaria.

Para la Policía, el homicidio de Medelius Rodríguez tuvo como causa estas conexiones con el crimen. No podría ser de otra forma.

Aybar Cancho niegan estar detrás

La Policía investiga las causas del homicidio de Óscar Medelius, muerto de 20 balazos disparados por sicarios. Una de esas hipótesis recala en los conflictos mineros que este mantenía con la familia Aybar Cancho por la posesión de terrenos mineros en Carabayllo que, según Reinfo, está bajo la titularidad de la empresa D & H Contratistas Generales SAC.

A José y Luis Frank Aybar Cancho, condenados por tráfico de armas durante el fujimorato, los vinculan con Medelius las mismas funciones: haber sido operadores de Montesinos.

Respecto al asesinato, el abogado de los hermanos, Luis Barranzuela, dijo a Perú21 que sus patrocinados no tienen nada que ver con ese feroz ataque.

Admitió que los Aybar Cancho tienen diferencias legales con la compañía que representó el exparlamentario, pero insistió en que se debe esperar las investigaciones para aclarar los hechos.

“Cuando existe superposición de propiedades puede generar tensiones, pero una relación que lo vincule con el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, un asesinato, eso tendría que investigarse”, refirió Barranzuela, quien fue ministro del Interior durante el gobierno de Pedro Castillo.

Este diario informó que el predio en disputa tiene una extensión de 580 hectáreas. En el registro del Reinfo se muestra que sobre esa área, se reconoce la tutela de D & H Contratistas Generales SAC, mientras que los Aybar Cancho figuran con posesión “suspendida” sobre el mismo terreno que lleva de nombre “Acumulación Cristopher”.

Harvey Colchado: APP impulsa proyecto de ley que impediría su postulación al Congreso

Tal como La República lo informó hace unos días, la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) presentó un proyecto de ley que busca modificar el artículo 91 de la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones para impedir que funcionarios que hayan tenido acceso a información secreta, reservada o confidencial en los últimos cinco años puedan postular al Congreso. Sin embargo, la propuesta es inconstitucional y podría afectar directamente al coronel Harvey Colchado, según señalan especialistas.

«No pueden ser elegidos miembros del Congreso de la República los funcionarios que, por razón de su cargo, tuvieron acceso a información secreta, reservada o confidencial hasta cinco (5) años antes de la elección, por razones de seguridad nacional. Este impedimento no es aplicable a los congresistas que integran comisiones investigadoras o la Comisión de Inteligencia», se lee en el documento que ha sido enviado a la Comisión de Constitución y Reglamento.

Harvey Colchado no podría postular al Congreso

El abogado en temas electorales, Jorge Jáuregui, advirtió que esta reforma constitucional afecta a ex altos funcionarios que tuvieran pensado postular en los próximos comicios electorales, siendo Harvey Colchado un claro y puntual ejemplo. «Sí, podría aplicarse en un caso como ese. Porque la parte de la información que ha manejado en las investigaciones tiene carácter reservado», explicó el especialista para La República.

Además, los especialistas alertaron que la iniciativa es antidemocrática. «La proposición legislativa es inconstitucional porque establece diferencias entre las personas, afectando el principio de igualdad ante la ley. Porque considera que una persona que trabaja en el Poder Ejecutivo, que accede a información secreta, confidencial, etc. no puede postular a cargos de representación en el Parlamento, pero no establece el límite para las personas que en su condición de parlamentarios accedan a ese tipo de información o diferencia», afirmó Jáuregui.

Mientras que para el abogado constitucionalista Heber Joel Campos, lo más preocupante de la iniciativa legislativa «es el tufillo antidemocrático que presenta». «Un poco el mensaje parece ser el siguiente: no queremos competencia. Estamos buscando formas de sacar del juego a nuestros potenciales competidores», acotó el letrado.

El proyecto ha sido impulsado por el congresista Alejandro Soto y cuenta con el respaldo de sus colegas de bancada María Acuña, Magaly Ruiz, Juan Carlos Lizarzaburu, Nelcy Heidinguer e Idelso García. Sin embargo, los especialistas consideran que la propuesta de APP tiene una clara intencionalidad política y representaría una amenaza a la democracia.

Alejandro Soto asegura que el proyecto no tiene a Harvey Colchado como objetivo

Por su parte, el congresista Alejandro Soto, autor de esta reforma constitucional, respondió a la comunicación de La República y aseguró que su proyecto de ley no tiene nombre propio y deberá ser debatido en el pleno del Congreso cuando corresponda.

«Falso. Mi proyecto de ley no tiene ningún nombre propio, No veo porque tanto temor, es solo una propuesta que será analizada y debatida por 130 parlamentarios», manifestó.

Congreso: solo 26 legisladores respaldan la convocatoria de Pleno extraordinario para aprobar ley de detención preliminar

La congresista de Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, publicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter) que, hasta el momento, ha recogido 26 firmas para convocar a una sesión de Pleno extraordinario en el Congreso para votar la insistencia del proyecto de ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia aprobada por la Comisión de Justicia, encabezada por Isaac Mita, el último 5 de febrero. Sin embargo, aún se encuentra a la espera de 52 rúbricas para poder llamar a una sesión extraordinaria. Las bancadas de los partidos políticos de la lideresa, Keiko Fujimori, Fuerza Popular; César Acuña, Alianza para el Progreso, Vladimir CerrónPerú Libre, y Acción Popular no se han sumado a la iniciativa de la legisladora.

Es preciso recordar que el Gobierno de Dina Boluarte observó la autógrafa que le fue remitida en diciembre del 2024, luego es esperar hasta el último día del plazo legal para pronunciarse. «Pleno extraordinario: hasta el momento tenemos 26 firmas para pedido de pleno extraordinario y abordar la restitución de la detención preliminar en delitos de no flagrancia. Nos faltan 52 firmas. ¡Seguiremos insistiendo!», escribió Ruth Luque.

Congreso: demora de restitución preliminar impide detención de delincuentes

Asimismo, en el oficio que sería enviado al presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, la congresista Luque indica que la demora de la detención preliminar «impide la detención de cabecillas de mafias de extorsionadores, criminales, sicarios y violadores, identificados plenamente por la Fiscalía, porque no están en flagrancia».

«Ante este escenario, la población espera una respuesta firme por parte del Congreso y frente a la irresponsabilidad del Ejecutivo al no promulgar la autógrafa que se le envió, todavía, el 16 de diciembre del 2024″, sostuvo Ruth Luque.

 Lista de congresistas que firmaron el documento para convocar a un Pleno extraordinario.

Lista de congresistas que firmaron el documento para convocar a un Pleno extraordinario.

Congreso: ¿qué congresistas y bancadas han firmado para convocar un Pleno extraordinario?

De acuerdo con el documento publicado por la congresista Ruth Luque, hasta el momento son 26 congresistas de distintas bancadas: sin embargo, aún se encuentran divididas. Hasta el momento, faltan recolectar 52 firmas para poder convocar a un Pleno extraordinario para la votación de la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia.

CongresistaBancada
Ruth Luque IbarraBloque Democrático Popular
Patricia Chirinos VengasRenovación Popular
Margot Palacios HuamánNo agrupado
Isabel Cortez AguirreBloque Democrático Popular
Susel Paredes PiquéBloque Democrático Popular
Alejandro Muñante BarriosRenovación Popular
Sigrid Bazán NarroBloque Democrático Popular
María Córdova LobatónRenovación Popular
Norma Yarrow LumbrerasRenovación Popular
Miguel Ciccia VásquezRenovación Popular
Cheryl Trigozo ReáteguiRenovación Popular
Diego Bazán CalderónRenovación Popular
Noelia Herrera MedinaRenovación Popular
Guillermo Bermejo RojasJuntos por el Perú – Voces por el Pueblo
Flor Pablo MedinaNo agrupado
Segundo Acuña PeraltaHonor y Democracia
Silvana Robles AraujoBancada Socialista
Karol Paredes FonsecaAvanza País
María de los Ángeles JaureguiRenovación Popular
Juan Burgos OliverosPodemos Perú
Alfredo Azurín LoayzaSomos Perú
Bernardo Quito SarmientoBancada Socialista
Luis Picón QuedoPodemos Perú
Carlos Andersón RamirezNo agrupado
María del Carmen AlvaNo agrupado
Alex Flores RamirezBancada socialista

Congreso: 4 bancadas aún no firman pedido para convocar a Pleno extraordinario

Hasta el momento, el documento que circula la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) no cuenta con las firmas de los miembros de cuatro bancadas del Parlamento como Fuerza Popular, Alianza para el ProgresoPerú LibreAcción Popular y Bloque Magisterial.

Es preciso mencionar que el grupo fujimorista cuenta con 22 legisladores, mientras que Alianza para el Progreso (APP) 14 integrantes, por su parte, Perú Libre lleva consigo 12 miembros, Acción Popular 9 y Bloque Magisterial 8. En suma, serían la firma de 65 legisladores que podrían alcanzar para convocar a un Pleno extraordinario.

Dina Boluarte se rehúsa a convocar un Pleno extraordinario

La presidenta Dina Boluarte puede convocar a un Pleno extraordinario, pero hasta el momento no lo hace para aprobar por insistencia la ley de detención preliminar en casos de no flagrancia, como una medida en la lucha contra la delincuencia en el Perú.

Así lo señaló el constitucionalista Omar Cairo tras sostener que la mandataria tiene la atribución de convocar al Pleno del Congreso, basándose en el artículo 118, inciso 6, de la Constitución Política que le permite convocar al Parlamento a una legislatura extraordinaria y firmar el decreto correspondiente. Esta facultad permitiría a la jefa de Estado dar prioridad a la aprobación de la norma sin necesidad de esperar hasta marzo, cuando inicia la segunda legislatura ordinaria.

Dina Boluarte: Poder Judicial falla a favor de la presidenta y fiscal deberá escuchar a técnicos de Contraloría

El juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley Soria acogió el pedido de la presidenta Dina Boluarte para que el despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza interrogue y escuche a los analistas técnicos de la Contraloría General de la República antes de decidir si presenta una denuncia constitucional ante el Congreso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La fiscalía se negó a interrogar a los testigos técnicos, la contadora pública Sandra Calderón Lázaro y la abogada Martha Antezana Córdova al considerar que esta diligencia corresponde a etapas más avanzadas del proceso, pues en la investigación preliminar lo que se busca es reunir indicios de la existencia de un probable delito, a fin de iniciar la investigación preparatoria para el juicio público.

Sin embargo, Checkley consideró que el pedido presentado por el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal es pertinente, útil y necesario pues permitirá a la fiscal de la Nación tener una mejor comprensión de los hechos, tratándose de una investigación preliminar que busca indicios para presentar una denuncia constitucional ante el Congreso de la República.

Los motivos del juez a favor de Boluarte

Juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley

Juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley

«Es verdad que en este caso se viene investigando a una alta funcionaria de la Nación, la presidenta de la República, quien goza de la prerrogativa del antejuicio, esto es, que previa la formalización de la investigación preparatoria, se requiere una denuncia constitucional por la fiscal de la Nación y el correspondiente trámite parlamentario; ello significa que las diligencias preliminares cuenten con todo el material de investigación necesario, útil, pertinente y conducente, además de idóneo para que en el foro político se evalúe adecuadamente los términos de la acusación», argumentó el juez.

«También es verdad -añadió- que el delito materia de investigación es el de enriquecimiento ilícito, uno en el que por su propia naturaleza, la prueba fundamental, en un eventual juicio por su propia naturaleza, la prueba fundamental, en un eventual juicio, es la pericia; en este sentido, la actividad pericial es fundamental en las diligencias preliminares».

Sobre los referidos testigos técnicos precisa que se trata de profesionales de la subgerencia de fiscalización de la Contraloría General de la República que realizaron el informe de Fiscalización Específica de las declaraciones juradas de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra del periodo febrero de 2022 a febrero 2024.

«Debe tenerse en cuenta que se trata de una evaluación realizada por una entidad descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía (…); como es de verse es un informe en el cual las partes no tienen participación alguna, por lo cual es factible, teniéndose en cuenta que resulta relevante a los efectos de la investigación (en este caso una preliminar a una posible o no denuncia constitucional) que las partes puedan obtener las declaraciones de quienes formularon dicho informe».

Un informe técnico que limpia a Boluarte

El abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal busca que el informe de la Contraloría prevalezca sobre el peritaje oficial

El abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal busca que el informe de la Contraloría prevalezca sobre el peritaje oficial

El informe de la subgerencia de fiscalización de la Contraloría General de la República fue elaborado por las contadoras públicas Sandra Calderón Lázaro, analista de fiscalización, María Acuña Morales, supervisor, y la abogada Martha Antezana Córdova, analista legal. Dicho informe fue aprobado por la subgerente de fiscalización, la abogada Vanessa Walde Ortega, la hija menor del ex juez supremo Vicente Walde Jáuregui.

Dicho informe indica que luego de analizar las respectivas declaraciones juradas y las aclaraciones de Boluarte Zegarra se «concluye que no se han identificado indicios de un presunto incremento patrimonial no justificado en el periodo fiscalizado». Uno de los motivos por lo que el abogado defensor quiere que los fiscales interroguen a los testigos técnicos de la Contraloría, es que el informe que limpia a la presidente aparezca en los documentos que podrían llegar al Congreso.