Mientras el país lidia con crisis económicas y la ciudadanía exige mayor inversión para combatir el crimen organizado, el Congreso de la República se asegura un banquete de primera. De acuerdo con una investigación de ‘Cuarto Poder’, un nuevo contrato de alimentación, valorizado en 1.6 millones de soles, garantizará a los legisladores desayunos, almuerzos, cenas y hasta bocadillos especiales durante sesiones del Pleno. Más carne, más mozos y un comedor exclusivo son parte de los privilegios que, lejos de generar indignación entre los parlamentarios, parecen ser una prioridad para ellos a pocos meses de dejar sus curules.

El millonario gasto contrasta con la creciente desaprobación del Parlamento y la falta de avances en reformas clave, como el debate de la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia. Mientras los ciudadanos enfrentan dificultades económicas, los congresistas disfrutan de un servicio gastronómico reforzado con mayores raciones y atenciones adicionales. ¿Es realmente una necesidad o solo otro exceso de quienes legislan de espaldas al pueblo?

Nuevo contrato de alimentación será más costoso y por menos tiempo

El nuevo contrato de alimentación del Congreso representa un incremento en costos y beneficios para los legisladores, asegurando un servicio gastronómico ampliado y con mayores exigencias. A diferencia del acuerdo anterior, que tuvo un costo de 2 millones de soles por 36 meses, este nuevo contrato costará 1.6 millones de soles por solo 16 meses, elevando significativamente el gasto mensual destinado a la alimentación de los parlamentarios.

El servicio cubrirá desayuno, almuerzo, cena y alimentos extra para los congresistas durante sesiones plenarias, reuniones de comisiones y juntas de portavoces. Además, se ha incluido una nueva prestación: «servicio de alimentación complementaria/extraordinaria en sesiones vespertinas», que garantiza refrigerios adicionales con una variada selección de frutas, sándwiches y bocaditos dulces como alfajores, brownies y trufas.

Otro aspecto que encarece el contrato es el aumento en las porciones de carne y proteínas. Según los documentos del proceso de licitación, se determinó que los 120 gramos de filete de res, pollo o pescado que se servían en 2022 eran insuficientes, por lo que ahora se exige 130 gramos por porción. Lo mismo ocurre con la chuleta de cerdo, que sube de 180 a 200 gramos. Consultado sobre este cambio, el congresista Flavio Cruz admitió desconocer la modificación, pero comentó: «Uy, no sabía, pero bueno, hay que tener cuidado, yo que tengo poliglobulia, menos carne. Voy a estar en problemas».

El incremento de raciones no es la única novedad. También aumentará el número de atenciones: en 2022 se brindaron 16.692 servicios de alimentación por año, mientras que para 2025 se contemplan 24.210 atenciones, es decir, 7.518 adicionales. Un analista consultado criticó esta ampliación, señalando: «Parece que aumentan justo la cantidad de eventos para que tengan estos beneficios culinarios a su disposición. Con el nivel de desaprobación que tiene el Congreso, estas acciones les siguen restando».

Por si fuera poco, el personal del comedor exclusivo del Congreso también se incrementará. Mientras que en el contrato anterior diez trabajadores se encargaban de la atención, ahora se requerirán quince. La cantidad de mozos pasará de dos a cinco, y en la cocina, de dos a cuatro ayudantes.

Sobre la necesidad de este millonario gasto, el congresista Wilson Soto trató de deslindar responsabilidades al afirmar: «No es que el congresista lo haya pedido». Sin embargo, son los mismos parlamentarios quienes disfrutan de este servicio y quienes, en medio de una crisis de representación, parecen priorizar su bienestar sobre las demandas ciudadanas.

Contraloría niega parcialidad en el informe que exonera a Dina Boluarte de un desbalance patrimonial

Tras la emisión del reportaje periodística, la Contraloría emitió un comunicado. «En el marco de sus funciones y competencias establecidas en la normativa vigente, la Contraloría lleva a cabo el proceso de fiscalización a las declaraciones juradas conforme a las normas y procedimientos aplicables a todos los funcionarios públicos, sin distinción alguna», se lee.

«En el caso de la funcionaria en mención, el periodo fiscalizado corresponde a los años 2022 y 2023, el cual se efectuó entre marzo y octubre del año 2024, respectivamente. El proceso de fiscalización se ha realizado con total imparcialidad y transparencia», agrega la institución.

Comunicado de la Contraloría. Foto: Contraloria/X