El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, sostuvo que en noviembre pasado el Pleno del Parlamento eliminó “por error” la detención preliminar en casos de no flagrancia.

El legislador alegó que cuando se votó la Ley 32181– cuya disposición complementaria derogaba el literal A, del numeral 1, del artículo 261 del Código Procesal Penal y eliminaba la detención preliminar en esos casos – el centro del debate era que esta norma prohíbe la detención de policías que usen sus armas de forma reglamentaria.

“No fue una situación deliberada ni una decisión que se tomó para eliminar una figura legal, el error fue no leer, como se dice, en las letras pequeñas. Y es que la parte en la disposición final, en la disposición final complementaria, señalaba la derogación del artículo tal, del inciso tal, del artículo tal. No se puso de manera textual…”, declaró en el programa La Rotativa del Aire.

Muñante señaló que la bancada de Perú Libre y la Comisión de Justicia hicieron una “jugada”, porque, según dijo, en el texto no se especificaba el nombre de la figuraba que se estaba derogando.

“Simplemente se dijo se dispone la derogación del inciso tal, del artículo tal, del código tal. No se entendió…”, apuntó.

Consultado si es que votó sin haber leído el contenido de la ley, respondió: “No, repito, nosotros nos enfrascamos en el debate del tema de fondo. El tema de fondo era proteger la labor de la Policía Nacional”.

La Comisión de Justicia del Congreso ya cuenta con un nuevo predictamen que propone la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia, tras las observaciones realizadas por el Gobierno de Dina Boluarte al proyecto de ley del Parlamento el último día en que se cumplía el plazo.

En conversación con La República, los parlamentarios Isaac Mita y Pasión Dávila señalaron que el próximo miércoles 5 de febrero los miembros de la Comisión de Justicia están citados a las 9:00 a. m., con el fin de analizar la propuesta de detención preliminar, en la que también se recogerán las opiniones de especialistas y expertos en la materia.

En comunicación con este medio, el abogado penalista Joel Córdova indicó que la iniciativa contiene puntos positivos, pero reitera algunos errores, debido a que considera innecesario limitar los tipos penales bajo la técnica de la enumeración de los mismos. En esa misma línea, criticó que en la lista de delitos no se hayan considerado el de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Por otro lado, Córdova resaltó que la restitución de la detención preliminar no puede limitarse a una cantidad de delitos, sino que debe regularse a un mínimo de pena. «Creo que sería más coherente que se establezca como límite para aquellos delitos cuya pena inferior es superior a los cinco años (…) para que vaya en coherencia con los requisitos de la prisión preventiva», dijo.

Congreso: predictamen sobre detención preliminar omite propuestas del Gobierno

De acuerdo con el documento, la Comisión de Justicia del Congreso decidió no allanarse completamente a la propuesta presentada por el Gobierno de Dina Boluarte, en el que se dejaban de lado delitos graves para la aplicación de la ley de detención preliminar. En ese sentido, el grupo de trabajo liderado por Isaac Mita incorporó una serie de delitos que se encuentran tipificados con una pena privativa de la libertad mayor a los cuatro años.

De igual manera, la comisión calificó como «ineficaz» la propuesta del Ejecutivo en la lucha contra la criminalidad, que proponía que una persona sea detenido preliminarmente siempre y cuando el delito imputado tenga una pena mayor a los ocho años.

«La comisión ha desestimado dicha propuesta por considerarla ineficaz en el marco de la lucha contra la criminalidad, ya que excluye diversos delitos graves que no superan los ocho años de pena privativa de libertad, tales como lesiones graves, minería ilegal, marcaje, banda criminal, entre otros», indica el predictamen.

Congreso: ¿qué propone el predictamen sobre la detención preliminar?

La propuesta del equipo de trabajo dirigido por Isaac Mita propone que se le dicte detención preliminar a una persona después de que se haya llevado a cabo una audiencia judicial donde el fiscal y el investigado deben estar presentes.

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso La República, la iniciativa legislativa señala que, tras ser detenido un imputado, este será puesto a disposición del juez que emitió la orden y se realizará una audiencia para decidir ese mismo día si debe ser detenido preliminarmente y el tiempo de duración. Este predictamen incluye 129 delitos por los cuales una persona podría ser detenida.

Por otro lado, este documento prohíbe al fiscal de la investigación y a la Policía Nacional del Perú divulgar cualquier tipo de información relacionada con las actividades llevadas a cabo en el desarrollo de las diligencias contra el imputado. No obstante, en caso de no cumplirse con el mandato legal, se considerará como una infracción muy grave conforme a la ley que rija la carrera del funcionario público.

En tanto, si la iniciativa legislativa propone que, en caso de que el juez deniegue la detención, este pueda optar por una medida de comparecencia con restricciones para asegurar la presencia del imputado en las diligencias dispuestas.

Además, el artículo 2 del predictamen propone modificar el literal d) del numeral 1 del artículo 53 del Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, y señala que, en caso de que el juez que impuso el mandato de detención preliminar sea revocado por otra instancia, no podrá conocer el requerimiento de prisión preventiva contra el imputado.