La flamante presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, se pronunció sobre las críticas de la presidenta Dina Boluarte al sistema de justicia, el cual consideró que está parcializado. En ese sentido, le recordó a la mandataria que todos los funcionarios están bajo supervisión ciudadana.
“Debe estar mal asesorada porque en un momento donde requerimos que todos los poderes el Estado estemos unidos para hacer frente a problemas mayores, ella, de repente, se está ensimismando en asuntos que todos tenemos que responder cuando hay alguna investigación. Los funcionarios estamos siempre bajo la atenta mirada del ojo ciudadano”, dijo en RPP.
Tello aseguró que si ella fuese asesora de Boluarte, le recomendaría sentarse a trabajar «sobre los aspectos que interesa a la ciudadanía» para luchar contra la inseguridad ciudadana.
“Si fuese yo la asesora, le diría: ‘Señora presidenta, por favor, una vez más sentémonos a trabajar sobre los aspectos que interesa a la ciudadanía, de tal forma que podamos hacer un frente común a la inseguridad ciudadana”, señaló.
Solicita reforzar el sistema de justicia
La presidenta del Poder Judicial también se refirió a la alarmante cifra de 180 homicidios registrados en el mes de enero por el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) y pidió repotenciar el sistema penal «no con normas que lo debilitan».
“La delincuencia es algo muy crítico y es el momento que repotenciamos el sistema penal —no con normas que lo debilitan—, que reforcemos el sistema de unidades de flagrancia, que repensemos en todas las normas que se han dado y que no están en la línea de reforzar y repotenciar el sistema de administración de justicia, especialmente en el ámbito penal, que es el que, finalmente, va a servir a coadyuvar a la lucha contra esta lacra social y la lucha contra la impunidad”, manifestó.
La letrada consideró que la detención preliminar en caso de no flagrancia -que fue observada por el Ejecutivo- debe ser restituida. Además, se manifestó en contra de implementar ‘jueces sin rostro’ para luchar contra la delincuencia y advirtió que sería una medida inconstitucional.
«Ya la experiencia la tuvimos con los juzgamientos para casos de delitos de terrorismo. Fracasó. Se consideró que la garantía de la administración de justicia es que el ciudadano, el procesado, necesita saber quién es el juez que está juzgando”, enfatizó.
El nuevo ministro de Economía del gobierno de Dina Boluarte, José Salardi, fue denunciado por violencia física y psicológica por su exesposa, aseguró en el programa ‘Ocurre ahora’ el periodista Alonso Ramos. Según la información difundida, la denuncia fue presentada el 22 de enero de 2011. El testimonio de la denunciante señala que Salardi la habría agredido durante una discusión previa a su separación.
«(…) El hecho ocurrió mientras manteníamos una conversación sobre los problemas que teníamos como pareja. Él había decidido terminar definitivamente la relación, pero luego se desanimó de separarse. Entonces, le dije que esto no era un juego», se lee en la denuncia presentada ante la Policía.
Extracto de la denuncia presentada contra José Salardi por violencia física contra su exesposa. Créditos: Alonso Ramos/X
Ante esta acusación, Salardi declaró que la denuncia fue archivada y no tuvo mayores consecuencias. El ministro de Economía afirmó que el incidente fue superado y que actualmente ambos comparten la crianza de su hijo de manera respetuosa:
«Es preciso mencionar que tal imputación es totalmente falsa y que el caso fue superado. Tanto es así que mi exesposa no prosiguió con la denuncia, y logramos resolver una discrepancia de índole estrictamente privada, por lo que la denuncia fue archivada. Actualmente, tenemos un hijo en común y ambos nos encargamos de su crianza y manutención, manteniendo una comunicación constante, cordial y permanente, a pesar de estar divorciados», aseguró el ahora ministro de Economía en sus descargos al periodista Ramos.
En el Congreso también hay denunciados por violencia de género
No solo en el Poder Ejecutivo hay denunciados por violencia contra la mujer. El congresista José Jerí, representante de Somos Perú, se encuentra atravesando un proceso por una supuesta agresión sexual contra una mujer de 31 años. Según la denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral, la víctima señaló que el hecho ocurrió el 29 de diciembre, mientras se encontraba en estado de ebriedad en una casa de campo alquilada en Canta.
De acuerdo con el testimonio recogido por el portal Epicentro.tv, la denunciante viajó al lugar junto con su tío político, Marco Antonio Cardoza Hurtado, y el conductor Luis Alfredo Vega Heredia. Este desplazamiento se habría realizado por motivos recreativos y con previa coordinación con Jerí Oré. La mujer explicó que llegaron alrededor de las 8:30 a.m. y, tras desayunar y conversar, el congresista, con quien mantenía una amistad desde hacía varios meses, ofreció dos botellas de pisco, las cuales comenzaron a beber en copas de vidrio. Luego, al sentirse indispuesta tras consumir licor, decidió recostarse en un asiento reclinable cerca de la piscina, a pesar de que el parlamentario trajo otras dos botellas más.
La mujer indicó que, desde ese momento, perdió la noción de lo ocurrido hasta que, horas más tarde, aún aturdida, se dio cuenta de que estaba acostada en una cama dentro de una habitación.
La presidenta Dina Boluarte reafirmó su compromiso con una gestión transparente y eficiente, destacando que su Gobierno impulsa la inversión pública sin corrupción.
Durante la presentación de los logros en la pesca industrial de anchoveta y el cierre de la segunda temporada 2024 en el Instituto del Mar Peruano (Imarpe) del Callao, la mandataria subrayó el avance en la ejecución de proyectos y el fortalecimiento de la economía nacional.
Boluarte resaltó que, en enero de 2025, la inversión pública alcanzó un récord de 3,157 millones de soles, reflejando un incremento del 47% respecto al mismo mes del año anterior.
Además, precisó que los gobiernos locales fueron clave en este crecimiento, con una ejecución municipal que llegó a los 850 millones de soles, superando ampliamente los niveles de años previos.
“Estas son las noticias que realmente importan, las que los peruanos quieren escuchar y tienen derecho a exigirnos, y no aquellos que pretenden desestabilizar a nuestro amado país”, declaró la jefa de Estado, en alusión a las críticas a su administración.
Dina Boluarte a sus detractores
Asimismo, destacó la implementación de reuniones virtuales especializadas con municipios, estrategia que permitió optimizar la ejecución de inversiones y destrabar proyectos paralizados.
En este contexto, exhortó a la Contraloría y al Poder Judicial a acelerar la reactivación de aproximadamente 2,000 obras detenidas por razones administrativas o judiciales.
Boluarte insistió en que su gestión se diferencia por la transparencia en el uso de los recursos públicos. “Estamos impulsando más inversión que en gobiernos anteriores, pero lo que es importante también decirlo es siempre con las manos limpias. Estos resultados no son fruto del azar ni de la buena suerte. Acá es solo efecto del trabajo y la dedicación de los alcaldes, alcaldesas, gobiernos regionales y nosotros”, enfatizó.
Finalmente, dejó claro que en su administración no hay espacio para la corrupción. “No me voy a cansar de decirlo en cada espacio que nos encontremos. En nuestro Gobierno puedo decir: un Gobierno con las manos limpias y la conciencia tranquila. No hay espacio para obras contaminadas por organizaciones criminales como Odebrecht, el ‘Club de la Construcción’ y la empresa OAS”, afirmó.
Un total de 65 personas deberán rendir su declaración en calidad de “testigos” dentro del juicio oral que afrontará el expresidente Pedro Castillo y otros desde el martes 4 de marzo por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
Son 40 testigos presentados por elMinisterio Públicoy 25 testigos ofrecidos por los acusados que fueron aceptados por el Poder Judicial, entre los cuales se encuentran los exministros, Emilio Bobbio, Félix Chero, César Landa, Alejandro Salas; los Congresistas, Martha Moyano, Heidi Juárez, Vivían Olivos, Adriana Tudela y Diego Bazán.
A ellos se suman Benji Espinoza, exabogado de Pedro Castillo, los excomandantes generales de la Policía Nacional, Jorge Angulo y Raúl Alfaro, y el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, entre otros testigos.
También deberán participar en este juicio oral tres peritos presentados por el Ministerio Público y los acusados y se someterá a debate diversa documentación relacionada al caso.
Juicio oral
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema dispuso que la audiencia de instalación de este juicio oral se lleve a cabo de manera “presencial” el martes, 4 de marzo, desde las 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde en la sala de audiencias del Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate, donde el expresidente Pedro Castillo se encuentra recluido.
El tribunal supremo dispuso que las audiencias de este juicio oral se lleven a cabo tres veces por semana (martes, jueves y viernes) inicialmente en forma presencial en el mismo horario.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió 34 años de prisión para el exmandatario, Pedro Castillo, así como su inhabilitación por tres años y seis meses para ejercer cargo público al acusarlo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en agravio del Estado y la sociedad.
Tras finalizar la investigación inicial contra la presidenta Dina Boluarte por enriquecimiento ilícito, y con la incorporación de un nuevo informe pericial que evidenciaría un desbalance patrimonial adicional de más de 50.000 soles, fuentes de La República han indicado que Delia Espinoza está evaluando la posibilidad de presentar una denuncia constitucional contra la mandataria ante el Congreso. Esta denuncia sería crucial para avanzar en la indagación contra Boluarte y facilitar el inicio de una investigación preparatoria en su contra.
Así lo explicó Joel Enrique Córdova, exabogado de la Procuraduría General del Estado, quien sostuvo para este medio que, para que la investigación fiscal avance a la siguiente fase, es necesario un antejuicio político a través de la denuncia constitucional.
«Con esta prueba pericial es más que suficiente para poder pasar a la siguiente etapa, que sería la investigación preparatoria, pero previamente se tiene que presentar la denuncia constitucional ante el Congreso, dado el privilegio del antejuicio del que goza la Presidencia. (…) Para que se inicie la investigación preparatoria, el Congreso debe autorizarla mediante una acusación constitucional que sería tramitada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales», explicó el letrado.
Según las fuentes consultadas, ante esta situación, el abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal Sánchez, acudió al Poder Judicial, específicamente al despacho del juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, con el fin de solicitar la ejecución de tres nuevas diligencias. Con esta medida se busca que el Ministerio Público pueda tomar una decisión más informada, ya sea archivando definitivamente el caso o procediendo con la denuncia constitucional, en un intento por frenar o aplazar la evaluación en curso.
Como se recuerda, Dina Boluarte enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito en el marco del denominado caso Rolex. Las pesquisas comenzaron luego de que se revelara que la jefa de Estado poseía relojes y joyas de lujo no consignados en sus declaraciones juradas de patrimonio.
Informe pericial demuestra desbalance patrimonial de Dina Boluarte
La investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte ha revelado un desbalance financiero que supera los 50.000 soles, según un informe pericial. Dicho análisis, elaborado por los peritos Richard Daniel Sánchez Solórzano y Margalinda Salinas Moncada, concluyó que su patrimonio aumentó en 58.699,97 soles mediante depósitos bancarios cuyo origen no ha sido identificado.
Este hallazgo se enmarca en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta la mandataria. La Fiscalía la investiga por un posible incremento irregular de su patrimonio, supuestamente aprovechando su posición en el Poder Ejecutivo.
Además del dinero detectado por los peritos, también se han identificado como parte del patrimonio no justificado diversas joyas y relojes de alta gama. Estos artículos de lujo habrían sido obsequiados por Wilfredo Oscorima, actual gobernador de Ayacucho, lo que añade un nuevo elemento a la indagación en su contra.
La presidenta Dina Boluarte Zegarra ha mostrado un aumento inexplicable en sus ingresos bancarios de origen desconocido, de hasta 58,699.97, desde que comenzó su labor en el Estado, el 29 de julio de 2021, cuando ocupó el cargo de vicepresidenta y ministra de Inclusión Social, hasta marzo de 2024, ya en su rol como presidenta de la República, según la investigación preliminar que realiza el despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
Por lo cual, informaron fuentes de La República, partir del 16 de enero de 2025, que concluyó el plazo de la investigación preliminar, la fiscal de la Nación está evaluando la información, peritajes contables y financieros, los informes de la Contraloría y diversas pruebas recogidas desde el 17 de marzo de 2024 para decidir la presentación de una nueva denuncia constitucional contra la presidenta ante el Congreso. El objetivo es lograr que el Congreso autorice pasar a la etapa de investigación preparatoria para pasar a juicio público.
Con el objetivo de congelar o paralizar dicha evaluación, dicen las fuentes, el abogado de la presidenta Juan Carlos Portugal Sánchez recurrió al Poder Judicial, al despacho del juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley, para pedirle que disponga la realización de tres nuevas diligencias de investigación que permitan al Ministerio Público, dijo, tomar una mejor decisión, sea a favor de archivar el caso de manera definitiva o para la presentación de la respectiva denuncia constitucional.
El informe financiero contable que la presidenta busca ocultar
El juez Checkley realizó el 31 de enero último una audiencia para escuchar los argumentos del abogado y darle una respuesta. En dicha audiencia se puso en evidencias los motivos detrás de esa solicitud: El 30 de octubre de 2024, los peritos oficiales designados por la fiscalía de la Nación, Richard Daniel Sánchez Solorzano y Margalinda Salinas Moncada emitieron un informe pericial contable financiero N° 12-2024 en el que determinan que la presidenta Boluarte presenta un incremento patrimonial de 58,699.97 soles en depósitos bancarios cuyo origen se desconoce.
Aparte están los aretes, pulseras y relojes Rolex que su «wayki» Wilfredo Oscorima le regaló o presto. Es decir, se establece que la presidenta Dina Boluarte presenta graves indicios de un enriquecimiento ilícito en su desempeño como funcionaria pública, que hacen necesario ampliar las investigaciones.
Justamente con el fin desacreditar ese peritaje el abogado Juan Carlos Portugal solicitó que se realice una audiencia para someter a los peritos oficiales a un interrogatorio y contrainterrogatorio para «esclarecer el contenido del Informe Pericial Contable Financiero N° 12-2024 de fecha 30 de octubre de 2024 como también el objeto de la pericia, la metodología empleada para el análisis pericial y explicar las conclusiones a las que arribaron».
La audiencia judicial permitió conocer detalles de la investigación fiscal
La defensa quiere explicaciones sobre las conclusiones del informe pericial oficial para saber a partir de qué elementos los peritos determinaron «la existencia de un incremento patrimonial no justificado de 58,699.97 soles y registraron abonos bancarios de cuyo origen se desconoce».
Portugal señala que Sánchez Solórzano y Salinas Moncada fueron designados mediante Providencia N° 29 como peritos oficiales contables a fin de determinar la existencia de incremento patrimonial no justificado y/o desbalance patrimonial de la presidenta durante el período entre el 29 de julio de 2021 hasta el 15 de marzo de 2024.
La Contraloría buscó limpiar a la presidenta
Contralor General de la República, César Aguilar designado por el Congreso con apoyo del gobierno de Boluarte
En contraparte, la defensa de la presidenta también plantea interrogar y contrainterrogar a los testigos técnicos Sandra Beatriz Calderón Lázaro y Martha Cecilia Córdova quienes elaboraron el Informe de Fiscalización Específica de la Contraloría de la República N° 017-2024-CG/FIS-FEDJ de fecha 04 de octubre de 2024.
A diferencia del informe oficial, la fiscalización específica realizada por la Contraloría concluye que las cuentas bancarias de la presidenta Boluarte están conforme con sus ingresos y que no hay indicio alguno de irregularidad. La Contraloría emitió este informe con posterioridad a la llegada del nuevo contralor de la República, el abogado César Aguilar Surichaqui.
Al asumir como nuevo contralor, Aguilar Surichaqui designó como vicecontralor de Gestión Estratégica, Integridad y Control a Luigino Pilotto Carreño, quien se había desempeñado como viceministro de Justicia y Derechos Humanos, en el Gobierno de Dina Boluarte.
El 15 de julio de 2024, el entonces contralor Nelson Shack informó a la opinión público y remitió a la fiscalía un informe en el que advertía un presunto desbalance patrimonial y, por tanto, un enriquecimiento ilícito de la presidenta al encontrarse más cuentas bancarias de las que ella había reportado a las autoridades de control.
«La Contraloría inició hace un par de meses la investigación sobre el caso de los Rolex y demás joyas. Ya se han hecho las investigaciones y se ha detectado una serie de omisiones. De hecho, a través de toda la capacidad operacional y analítica que ahora tiene la Contraloría, ha detectado que la señora Presidenta ha declarado menos cuentas de las que hemos nosotros detectado en el sistema financiero nacional y esto ha conllevado a que tenga un presunto desbalance patrimonial», afirmó Shack.
La necesidad de que el Congreso autorice pasar a juicio
Fiscal supremo adjunto Luis Ballón Saavedra señaló la necesidad de pasar a investigación preparatoria y juicio público
En base a los informes iniciales de la Contraloría y los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera, el Ministerio Público contempló un presunto enriquecimiento ilícito en las cuentas bancarias de hasta 432,932.25 soles en depósitos cuyo origen no se conocía, a partir de los ingresos oficiales de la presidenta. Además, se le investigó por no haber declarado tres relojes Rolex y otras joyas cuyo costo supéraba los 50 mil dólares.
Con un nuevo contralor, la Contraloría concluye que no hay nada sospechoso en los ingresos y cuenta de Boluarte. Un dato al que el fiscal supremo adjunto Luis Arturo Ballón Saavedra hizo mención en la audiencia virtual que realizó el juez supremo Checkley Soria a fin de decidir si acoge el reclamo de Portugal o lo rechaza.
La fiscalía considera que la investigación preparatoria es una fase de recojo de información donde no se puede realizar la actividad probatoria que reclama el abogado defensor. El interrogatorio y contrainterrogatorio de los peritos y testigos corresponde a la etapa de juicio público.
El juez supremo Juan Carlos Checkley dará una respuesta en los próximos días, a favor o en contra del pedido de la defensa de Boluarte. Antes de dar por concluida la audiencia, pidió a la defensa precisar en qué momento presentó su solicitud y la fecha en que recibió la respuesta. La fiscalía precisó que respondió antes de que concluya el plazo de la investigación.
ENFOQUE REAL 