Comisión de Fiscalización aprueba pedir facultades de investigación para abordar presunto abandono de cargo de Dina Boluarte

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó solicitar facultades de comisión investigadora para indagar por el presunto abandono de cargo en el que habría incurrido la presidenta Dina Boluarte, en junio de 2023, tras someterse a una intervención quirúrgica.

Con 8 votos a favor y 4 abstenciones, los integrantes del referido grupo de trabajo aprobaron la moción, que deberá ser refrendada por el pleno parlamentario. Con ello, la comisión podrá recibir las declaraciones de ministros de Estado y altos funcionarios del Ejecutivo sobre esta causa.

En el debate, el parlamentario Jorge Marticorena (Alianza para el Progreso) manifestó su posición en contra de la moción al señalar que no es un tema relevante y que ya había una investigación en curso por parte del Ministerio Público. No obstante, la congresista Ariana Orué (Podemos) manifestó su respaldo a la investigación.

Los votos en abstención fueron de Noelia Herrera (Renovación Popular), Jorge Marticorena (APP), Elizabeth Medina (Bloque Magisterial) y Elvis Vergara (Acción Popular).

Fiscalía investiga presunto abandono del cargo de la presidenta Boluarte

El pasado 13 de enero, la presidenta Dina Boluarte acudió a la sede del Ministerio Público para rendir su testimonio ante la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en el marco de las diligencias que se le siguen por el presunto delito de omisión de funciones y, alternativamente, abandono de cargo en agravio del Estado. Boluarte declaró desde las 9am. y se retiró de la sede fiscal pasada la 1:15 p.m.

Cabe señalar que el inicio de las pesquisas fueron dispuestas por la Fiscalía tras la declaración que dio el extitular del gabinete Alberto Otárola, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso respecto a la intervención quirúrgica que se le practicó a Boluarte Zegarra, en junio del año pasado, pero consideró que no hubo «ningún vacío de poder».

«Como es de conocimiento público, la presidenta de la República, en las fechas indicadas, pasó por un procedimiento quirúrgico; pero, en este procedimiento, como le sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo mucho menos las labores que le competían al cargo y me consta, porque yo fui en ese momento presidente del Consejo de Ministros», indicó entonces Otárola Peñaranda. 

Asimismo, el último jueves, el Ministerio Público requirió a la presidenta de la República que cumpla con remitir, en el plazo de 24 horas, las 91 normas que, de acuerdo con la jefa del Estado, «suscribió entre el 28 de junio y 9 de julio de 2023, y los documentos sobre su estado de salud que motivaron la intervención quirúrgica».

En un breve comunicado, el organismo público indicó que, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, planteó esta solicitud en mérito a su declaración brindada tres días antes. 

Congreso: Alejandra Aramayo acusa a Julio Talledo de comunicado sobre muerte de Andrea Vidal

La jefa de Comunicaciones del Congreso, Alejandra Aramayo, se presentó ante la Comisión de Fiscalización, y al ser consultada sobre el comunicado que emitió el Parlamento en el que se adelanta opinión sobre la muerte de la extrabajadora del Legislativo Andrea Vidal, acusó al funcionario Julio Talledo como el responsable de dicha publicación.

Este viernes 24 de enero, Alejandra Aramayo evadió su responsabilidad en el hecho y negó que la iniciativa haya sido suya, pues indicó que toda información que se publica es coordinada con el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, pero que el asesor de prensa se encontraba de vacaciones cuando se dio la publicación sobre la muerte de la extrabajadora.

Incidió en que no redactó el comunicado emitido con la necropsia de la extrabajadora del Congreso. “Un tweet es una comunicación actual, esta es una noticia en desarrollo. El tweet no tenía por sí mismo ninguna pertinencia, yo asesoré que ese tuit era impertinente. Entiendo yo que otra asesoría como en otros casos ha ocurrido fue más relevante”, declaró.

Ante la pregunta de quién realizó la publicación, al inicio Alejandra Aramayo se mostró reacia a contestar la pregunta de los congresistas de la Comisión de Fiscalización, y refirió que al estar de vacaciones el asesor del presidente de Congreso, un allegado de confianza a él realizó la coordinación del comunicado.

Ante la insistencia del legislador Edgard Reymundo para que informe el nombre de la persona responsable, la jefa de comunicaciones del Congreso finalmente acusó a Julio Talledo como el trabajador de confianza del presidente del Congreso.

Alejandra Aramayo indicó que Julio Talledo se puso en contacto con ella, en nombre de la presidencia, para coordinar la publicación. “Es un funcionario de Presidencia (…) se comunica con la suscrita a nombre de Presidencia para coordinar la comunicación, en ausencia del titular que estaba de vacaciones (…) sospecho que este funcionario sin mayor manejo de periodístico ha emitido este desafortunado tuit, por lo que correspondería que se retire del cargo”, sostuvo.

La congresista Norma Yarrow consideró que se debe eliminar inmediatamente el tuit sobre el caso de Andrea Vidal, porque en él se emite juicio por parte del Congreso respecto a la muerte de la extrabajadora. “El Congreso está adelantado opinión de un caso que aún está inconcluso”, refirió.

Alejandra Aramayo indicó en la Comisión de Fiscalización que además de ser funcionaria pública ella es una “política”.

Comunicado

Como se recuerda el 16 de enero de este año, la cuenta X (antes Twitter) del Congreso publicó un comunicado vinculado a la presunta existencia de la red de prostitución en el Parlamento.

El mensaje se solidarizaba con la familia de Andrea Vidal, la extrabajadora del Congreso vinculada a la red que fue acribillada, pero además, aseguraban que el objetivo no era ella, sino el conductor del taxi.

El comunicado del Congreso se sustentaba en un protocolo de necropsia que no tenía el sello de ninguna institución ni podía ser tomado en serio.

Tras la lluvia de críticas por el comunicado publicado en la cuenta del Parlamento en dicha red social, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, citó a la jefa de Comunicaciones del Congreso, Alejandra Aramayo, para responder por la publicación.

Este es el polémico comunicado publicado en las redes sociales del Congreso.
Este es el polémico comunicado publicado en las redes sociales del Congreso.

Juan José Santiváñez: «Hay malos alcaldes que no hacen nada, que lo único que hacen es criticar»

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, volvió a referirse al alcalde de Pataz ayer, jueves, durante una conferencia de prensa en Cajamarca, provincia a la que arribó para inaugurar el Centro de Emergencias policial de la jurisdicción, ubicado en el Gran Qhapac Ñan. 

Al respecto, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) resaltó la gestión de Joaquín Ramírez, alcalde provincial de Cajamarca, mientras que calificó de forma negativa a Aldo Carlos Mariños, alcalde provincial de Pataz. 

“Así como hay buenos alcaldes, como el doctor Joaquín Ramírez que inaugura esto, [también] hay malos alcaldes que no hacen nada, que lo único que hacen es criticar […] Tienes al alcalde aquí, que hace obras, y al alcalde de Pataz [que] va a quejarse, a decir que nadie lo atiende cuando se ha visitado Pataz dos veces, y encima él está más preocupado de que el ministro salga, porque resulta importante, de su interés, frente a las investigaciones que la Policía Nacional está haciendo”, indicó.

«Entonces, diferenciemos: hay buenos y malos, sumemos a los buenos. El trabajo con los buenos, absolutamente comprometidos, y con esos malos, lo que les espera es la cárcel, porque eso es lo que tenemos que hacer absolutamente todos en la lucha contra la inseguridad», agregó.

Cabe destacar que, los últimos días, se ha suscitado una polémica entre el ministro del Interior y el burgomaestre de Pataz. El primero indicó que al alcalde de esa provincia le “incomodan mucho” las investigaciones a organizaciones criminales, por lo que tendría “intereses personales” en que deje el cargo.

Por su parte, en una entrevista con RPP, Mariños dijo que el ministro «pretende» «distraer a la población».

«Yo le preguntaría a él: él en el tiempo del ejercicio de su profesión probablemente podría haber defendido a delincuentes, pero en mi caso nunca ha ocurrido eso, es por eso que pido que se me investigue […] Es más, presto todas las facilidades si él quiere le entrego mi celular sin resetear para que investigue si realmente yo estaría involucrado con una banda criminal», indicó. 

MP presenta denuncia constitucional contra congresistas Guido Bellido y Roberto Sánchez

La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República, en contra de Guido Bellido Ugarte, como presunto autor del delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado.

De igual forma contra el legislador Roberto Helbert Sánchez Palomino, como presunto autor del delito de negociación incompatible, en agravio del Estado.

Se atribuye a Guido Bellido Ugarte, en su condición de expresidente del Consejo de ministros, haber ejercido influencias en el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Helbert Sánchez Palomino, para que este contrate a Daniel Abarca en dicho ministerio. 

El hecho se concretó cuando se le designó como asesor I del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Mincetur; obteniendo por ello, la cesión o préstamo de un departamento ubicado en el distrito de San Miguel; y la compra de pasajes aéreos a favor de terceras personas.

Además, se incrimina a Roberto Helbert Sánchez Palomino, en su actuación de exministro de Comercio Exterior y Turismo, haberse interesado indebidamente en la contratación de dicho asesor en beneficio de este y de Guido Bellido Ugarte.

Corte Suprema confirmó prisión preventiva a Pedro Castillo por intento de golpe de Estado

El expresidente Pedro Castillo seguirá recluido en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo ubicado en el distrito limeño de Ate, luego que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó el mandato de prisión preventiva que se le impuso por su fallido golpe de estado del 7 de diciembre del 2022.

El tribunal supremo declaró infundado el recurso de apelación que presentó el exmandatario para que se revoque o anule la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el 17 de octubre del 2024, en la que rechazó su pedido para que se realice una revisión de oficio de dicha medida restrictiva que pesa en su contra a fin de poder afrontar bajo mandato de comparecencia con restricciones este proceso penal.

La defensa legal del expresidente Pedro Castillo alega una falta de valoración de nuevos medios de investigación referidos , de un lado, a la realidad de la flagrancia delictiva, a partir de las declaraciones de altos mandos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y de videos de la detención de su patrocinado, al cuestionamiento de la fiscal de la Nación que inició las averiguaciones en contra de su defensa y la presunta vulneración de la inmunidad presidencial; y de otro lado a que se enervó el peligro de fuga, de asilarse en la Embajada de México en el Perú, y que se ofreció garantía de residencia en Lima si se le otorga libertad mediante mandato de comparecencia restrictiva.

Resolución ratificada

No obstante, el tribunal presidido por el juez supremo César San Martín confirmó lo resuelto por el magistrado Checkley Soria al precisar que «El riesgo de alejarse de la justicia permanece latente, a lo que se agrega un pedido de pena elevadísimo y la procedencia del juicio oral dictada por el Juez Supremo de la Investigación Preparatoria».

«Es patente lo público del golpe de Estado y que se detuvo al imputado en flagrancia delictiva cuando salió raudamente del Palacio de Gobierno, tras el fracaso de la constitución del denominado “Gobierno de Emergencia Excepcional”, se encontraba en el vehículo oficial –y otro más– y se dirigía a la Embajada de México en el Perú, acompañado de su familia y del asesor Aníbal Torres Vásquez, antes de que logre su propósito de solicitar formalmente y obtener asilo político» precisa el colegiado supremo en su resolución a la que tuvo acceso RPP.

Respecto al peligro de fuga, centrado en su huida de Palacio de Gobierno y dirigirse a la Embajada de México en el Perú, la sala suprema precisa que «constan declaraciones ya valoradas con anterioridad y las propias declaraciones públicas del presidente de México respecto a que el exmandatario Castillo se comunicó con él con ese propósito y que, por ello, se comunicó con el embajador para que se le facilite el ingreso al local de la Embajada».

Acerca de la inmunidad presidencial, el tribunal supremo remarca que «el asunto, en cuanto enfoque de puro derecho constitucional, igualmente ha sido profusamente evaluado e incluso existe sentencia del Tribunal Constitucional que zanja definitivamente el asunto. No constan, en todo caso, medios de investigación sólidos que enerven la situación jurídicamente apreciada».

«Siendo así, en vía de revisión de oficio, no procede revocar el mandato de prisión preventiva. El recurso de apelación defensivo no puede prosperar» concluye la sala suprema en su resolución.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo, así como su inhabilitación por 3 años y 6 meses para ejercer cargo público al acusarlo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en agravio del estado y la sociedad.

OCDE dice que el Perú debe fortalecer protección de fiscales y jueces ante “posibles interferencias políticas”

Entre el 21 y 22 de enero de 2025, una Misión de Alto Nivel del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) llegó a Lima para abordar los temas relacionados con la independencia judicial y fiscal en el Perú.

A través de un comunicado, el grupo de trabajo señaló que su llegada se da en el marco de la implementación de la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, de la cual el país es parte desde julio de 2018.

Durante su estadía en la capital, el grupo de trabajo manifestó su preocupación ante acontecimientos que “podrían poner en riesgo” la independencia judicial y fiscal en el Perú, tras el encuentro con autoridades gubernamentales y representantes de los poderes Legislativo y Judicial.

Advirtió también que, desde el 2023, algunos fiscales a cargo del Equipo Especial Lava Jato, una unidad anticorrupción creada en 2016 para coordinar las investigaciones del Perú sobre cohecho vinculadas al escándalo Lava Jato en Brasil, han sido objeto de “procesos disciplinarios e investigaciones fiscales mientras continúan en sus cargos y en ejercicio de sus funciones”.

Agregó que, en ese mismo periodo, se presentaron iniciativas para inhabilitar a ciertos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), además de presentarse una iniciativa para reemplazar a este organismo por una Escuela Nacional de la Magistratura.

“[Una] propuesta que deberá ser evaluada a fin de evitar un posible impacto en la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de nombramiento y disciplinarios de jueces y fiscales”, se lee en el comunicado.

De la misma forma, el grupo de trabajo alertó que las reformas recientes al marco legal nacional en materia de los acuerdos de colaboración y la incautación de bienes podría “socavar la capacidad de los fiscales para perseguir a los responsables de actos de corrupción”.

“Estos hechos generan preocupación sobre la capacidad para investigar los casos de cohecho internacional, como lo exige la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales”, agrega.

La presidenta del Grupo de Trabajo sobre Cohecho, Kathleen Roussel, destacó la reunión con los representantes de los tres poderes del Estado peruano para abordar “nuestras serias preocupaciones”.

“El Perú ha logrado avances significativos en la lucha contra la corrupción, y en los últimos años ha puesto en marcha varias investigaciones de alto perfil contra altos funcionarios. Para mantener este impulso es fundamental que el Perú tome medidas proactivas para proteger a los fiscales y jueces de posibles interferencias políticas”, apuntó Roussel.

Gobierno se pronuncia tras encuentro con OCDE y dice que hay politización de la justicia

Tras el encuentro con la misión, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, dijo que “es una preocupación permanente del Estado” la búsqueda de una mejor administración de justicia.

No obstante, indicó también que el Gobierno le expresó a la comisión de alto nivel que existen “algunos casos de politización de la justicia”.

“Y también en algunos casos que se ha pretendido invadir algunas esferas o contaminar, por parte algunos jueces, fiscales o algunos políticos; tratar de ingresar al terreno de la justicia invadiendo lo que no les corresponde [sic]”, declaró en conferencia de prensa.

Arana insistió en que la independencia y autonomía implica que ninguno de los poderes del Estado “debe invadir o contaminar las esferas de otras instituciones”.

“El Gobierno es enfático en ratificar el respeto de los atributos y funciones de cada una de las instituciones del estado”, finiquitó.

El grupo de trabajo de la OCDE volverá a evaluar la implementación de la convención por parte del Perú en diciembre de 2026.