El Gobierno de Dina Boluarte promulgó el proceso del Reinfo que amplía por 6 meses el plazo de formalización minera integral de la actividad en la pequeña minería y minería artesanal. Este tema fue de suma importancia para los trabajadores de dicho sector, que durante el mes de noviembre protestaron exigiendo su extensión, a pesar de que esta iniciativa en 7 años solo el 2% de los mineros pudo formalizarse.
La prórroga del Reinfo será de 6 meses y podría extenderse por otros 6 meses más, llegando a un máximo de un año, según lo planteado por el Ministerio de Energía y Minas. La justificación para esta extensión radica en la intención de proporcionar más tiempo a los mineros informales para que cumplan con los requisitos necesarios para operar de manera formal. No obstante, esta medida no representaría una solución efectiva.
De acuerdo a un informe de La República, Desde la implementación del Reinfo en junio de 2017, se han realizado 90,265 registros, de los cuales únicamente 2,108 lograron formalizarse, lo que representa un 2.34%. Una vez que obtuvieron la formalización, fueron eliminados de la lista del Reinfo. La extensión aprobada por el Congreso no alterará esta tendencia.
La Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas informa que, actualmente, hay 84,434 inscripciones en el Reinfo. Los mineros pueden encontrarse en estado de suspendidos o vigentes, y en ambos casos están en proceso de formalización por diversas razones. De los 84,434 registros, 19,266 (23%) son considerados vigentes, mientras que 65,168 (77%) están en estado de suspendidos.
El Reinfo es un fracaso absoluto: en 7 años solo el 2% de los mineros pudo formalizarse
Las estadísticas muestran que al prorrogar el plazo de caducidad del Reinfo, los principales beneficiarios son los mineros que se niegan a cumplir con la normativa.
Arequipa (19.2%), Puno (14.3%) y Madre de Dios (10.6%) concentran casi la mitad de los mineros registrados en el Reinfo. Sin embargo, también son las regiones con un alto porcentaje de mineros que tienen sus inscripciones suspendidas por no cumplir con la ley: en Arequipa, el 76%; en Puno, el 67%; y en Madre de Dios.
Otras regiones con elevados índices de inscripciones suspendidas incluyen Áncash (84%), Cusco (83%), Ayacucho (83%), Apurímac (79%) y La Libertad (70%). No es sorprendente que Arequipa y La Libertad figuren entre las regiones con los mayores porcentajes de registros suspendidos, ya que han sido escenarios de violentos crímenes entre mineros.
Extender la vigencia del Reinfo no mejorará esta situación, que refleja el fracaso del Estado en su intento de formalizar a los mineros durante los últimos siete años, concluye el informe de la Unidad de Investigación de La República.
Mediante una resolución, el Ministerio Público declaró compleja la investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Cofre, en el que se le acusa de haber encubierto al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. En consecuencia, se ha citado a la mandataria a comparecer ante las autoridades judiciales el 15 de enero, a las 9:00 a. m. Asimismo, se confirmó que la investigación preliminar tendrá una duración de ocho meses.
Según el documento, la presidenta deberá presentarse junto a su defensa legal en la oficina de la fiscalía ubicada en la avenida Abancay. De igual manera, también ha sido citado el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien está señalado por presuntamente haber cometido el delito contra la administración pública en la modalidad de demora, omisión o rehusamiento de actos funcionales.
Además de los funcionarios mencionados, han sido convocados Alberto Otárola, exprimer ministro; Gabriel Gustavo Herrera, representante de la Junta de Propietarios del condominio Mikonos; y Félix Montalvo, chofer del vehículo presidencial. Los mencionados deberán declarar en calidad de testigos sobre el caso que involucra a la mandataria y al líder del partido Perú Libre.
Durante la comparecencia, Santiváñez será sometido a una prueba pericial que comparará su voz con la de los audios filtrados, donde presuntamente se le escucha compartiendo información del caso con el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, también conocido como ‘Culebra’. Además, se revisarán las listas de ingreso y salida del condominio Mikonos, lugar donde, según las investigaciones, habrían estado tanto Dina Boluarte como Vladimir Cerrón.
Caso Cofre: Dina Boluarte ha negado asistencia a condominio Mikonos
La presidenta Dina Boluarte se dirigió al país el pasado 12 de noviembre, asegurando no haber estado en el condominio Mikonos, ubicado en Asia, donde presuntamente habría estado el líder prófugo de Perú Libre, Vladimir Cerrón. La mandataria señaló que se han construido «leyendas mediáticas» en torno al caso conocido como ‘El Cofre’, las cuales, según ella, tienen el objetivo de generar una crisis en su gestión gubernamental. Boluarte lamentó el «acoso constante» del que asegura ser víctima, calificándolo como parte de intentos sistemáticos por desestabilizar el Gobierno y promover mociones de vacancia sin fundamentos sólidos.
En lo que fue su último mensaje a la Nación hasta la fecha, Boluarte criticó al Ministerio Público por aceptar «escenarios hipotéticos» que, a su juicio, generan gastos innecesarios al Estado y comprometen la seguridad jurídica. Asimismo, expresó su disposición a declarar sobre el caso. Entonces, Boluarte aseguró que la nueva fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no la había citado pese al tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación. Boluarte aseguró que está dispuesta a colaborar con las autoridades, pero advirtió que hasta ahora solo se han tomado en cuenta rumores irresponsables y no su versión de los hechos.
Ponen nuevamente presión al Gobierno. Los mineros informales de Confemin —liderados por su presidente, Máximo Franco Bequer, militante de Renovación Popular, de Rafael López Aliaga; del asesor legal del gremio, Adolfo Valverde, militante de Perú Libre, de Vladimir Cerrón; y del principal dirigente de Pataz (Ama-Pataz), José Torrealva, militante de Podemos, de José Luna Gálvez— anunciaron, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, que realizarán una movilización nacional para el próximo lunes 30.
Esto, para exigir al Ejecutivo que promulgue la ley que amplía el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), hasta antes del 31 de este mes, porque si no desde esa fecha pasarán a ser mineros ilegales.
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Este es el comunicado de Confemin en el que anuncia las protestas.
Según el comunicado de Confemin, en una reunión nacional del referido gremio, en el que participaron los dirigentes, las bases mineras y los asesores —realizada el día 23 de este mes—, tomaron esa decisión debido a que el Ejecutivo aún «no promulga la autógrafa de la ley que establece la rectoría y la ampliación del plazo del proceso de formalización minera integral de la actividad en la pequeña minera y minería artesanal».
Confemin justificó que la nueva jornada de protesta se realizará debido a «que el proceso de formalización concluye el 31 de diciembre del 2024 y que a partir del 01 de enero del 2025 todos los mineros en proceso de formalización seremos Ilegales y ante la falta de una decisión política de la presidenta Dina Ercllia Boluarte Zegarra de promulgar la autógrafa de la ley, poniendo en grave riesgo nuestro derecho al trabajo que perjudicará a 500 mil familias de manera directa y a 4 millones de personas de manera indirecta».
PIDEN RENUNCIA DE VICEMINISTRO Y DIRECTOR DEL REINFO
Los dos acuerdos tomados, indica el comunicado, son: convocar a la quinta movilización nacional de Confemin, a partir del 30 de diciembre del 2024, en Lima y todo el Perú, hasta la solución final, «garantizando la participación aproximadamente de 500 mil operadores mineros y su cadena productiva», y exigir al Poder Ejecutivo la remoción inmediata de Henry Luna Córdova, viceministro de Minas, y de Mayra Mercedes Elisabeth Figueroa, directora general de formalización minera, por ser enemigos de los mineros artesanales del Perú».
PUSIERON AGENDA AL MINISTRO
El pasado viernes 13, que supuestamente es una fecha de mala suerte, para los mineros informales no lo fue, informó Perú21 el viernes 20 último.
A la cabeza de Máximo Franco Bequer, militante de Renovación Popular de Rafael López Aliaga; de José Torrealva Iparraguirre, militante de Podemos de José Luna; y de Alfonso Valverde Capiluy, militante de Perú Libre de Vladimir Cerrón, un puñado de casi 20 mineros informales se reunió, ese día, con el flamante ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero.
Tras lograr la censura de Rómulo Mucho y la ampliación de un año del Reinfo, y favorecer a la minería ilegal, ahora han comenzado a meter sus manos en la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal, Ley MAPE, para que sea escrita tal como ellos quieren.
Esto, para salir favorecidos, y colocar algunas de sus demandas y gollerías, en esa norma, como son el acortamiento del tiempo de las concesiones mineras y la redistribución de las mismas.
La agenda que tienen los mineros informales de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) y de otros gremios, juega en pared con los mineros ilegales, aunque ellos lo nieguen, porque estos últimos le sacan la vuelta al Reinfo.
El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, ha señalado el pasado lunes 16 a Perú21 que los mineros ilegales usan los papeles del Reinfo, al que pertenecen los mineros informales, que se los proporcionan los que tienen ese documento vigente, para transportar explosivos y el millonario oro sucio para comercializarlo.
Según el exministro del Interior, Carlos Basombrío, en una comunicación con este medio, de esa misma fecha, ha señalado que la minería ilegal mueve al año 6 mil millones de dólares, y que esa cifra es cuatro veces mayor a lo que comercializa el narcotráfico.
Eso no es todo. El miércoles 18, el presidente de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz, Ama-Pataz, José Torrealva, dijo a este medio que en su distrito ubicado en La Libertad, al día, un minero informal puede llenar una volqueta de oro cuya carga está valorizada entre 15 mil a 20 mil dólares. Y que, además, un minero informal puede comercializar entre una y cuatro cargas al mes.
Es decir, en Pataz, un minero informal de su gremio, compuesto por 1,500 hombres, puede obtener ganancias de más de 80 mil dólares al mes. Negocio redondo.
BANCO PARA MINERO INFORMALES
Ese viernes 13, los mineros informales no solo le pusieron la agenda sino que el ministro les puso la música que les gusta a sus oídos.
Una vez concluida la reunión, el ministerio de Energía y Minas (Minem) sacó un comunicado en el que impulsará la creación de un Fondo Minero para la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que traducido al buen cristiano es un banco para los mineros informales.
Montero les dijo en esa reunión -según el comunicado- que los mineros que deseen participar de los beneficios de este fondo podrán inscribirse y comprometerse a aportar un gravamen anual de 0.5% que podría ascender a unos 50 millones de dólares al año.
SE VA LA SOCIEDAD MINERA
Para colocar la cereza a la torta de esta trama minera informal-ilegal, este medio reveló, el miércoles 18, que tas comprobarse una evidente parcialización del presidente de la Comisión de Energía, Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), con los mineros ilegales e informales, la Sociedad Nacional de Minería (SNMPE) anunció su retiro de la mesa de trabajo de la elaboración de la nueva Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, Ley MAPE.
«Es de prioritario interés para nuestro gremio el promover actividades mineras sostenibles y responsables, con énfasis en el respeto por el Estado de Derecho y las garantías constitucionales que nos permiten funcionar como sociedad y nación. Lamentablemente, vemos que usted ya sentó su posición respecto a cómo abordar los problemas en torno a las actividades mineras de pequeña escala, plasmada en la iniciativa legislativa que ya presentó y que consideramos que aparta de dicho enfoque, sin haber terminado de escuchar y analizar las opiniones y propuestas técnicas de los invitados a la mesa», señala el gremio en una carta dirigida al titular de la comisión.
Hasta el momento, los mineros informales, que juegan en pared con la minería ilegal, van ganando el partido. Pero, como en toda novela, siempre el final es inesperado e ilógico.
Mientras la presidenta desestima las encuestas y pide que le coloquen ‘cero’ de aprobación, Dina Boluarte podría ser nuevamente cuestionada por los lujos que exhibe en actividades oficiales. Durante su visita a Chalhuanca, Apurímac, el 19 de diciembre, la mandataria habría usado un anillo de la marca Cartier, cuyo valor supera los cinco mil soles.
Así lo informó el portal periodístico independiente Mataperrea a través de sus redes sociales, quienes destacaron que se trata del anillo modelo «Alianza Love» de oro amarillo, valorizado en 1.370 euros (aproximadamente S/5.303 al tipo de cambio actual). El mismo medio ya había revelado en noviembre que la mandataria lo habría utilizado durante el APEC 2024.
De hecho, informaron también que -en el mismo mes-, durante un evento acompañada del canciller Elmer Schialer, habría lucido una pulsera de la casa joyera francesa en su modelo ‘Love’ de oro, cuyo precio, en su versión más pequeña, asciende a 5.200 euros, equivalentes a aproximadamente S/20.128,16. Esta pieza de lujo habría sido utilizada por la mandataria desde octubre del presente año.
Tras la información publicada por el portal periodístico independiente Mataperrea y según fotos oficiales recientes de Presidencia, la mandataria habría usado estas dos joyas de la misma marca (pulsera y anillo) durante las últimas actividades oficiales que tuvo, además de su visita a Chalhuanca.
Pues, según la descripción de Mataperrea sobre la pulsera Cartier que Dina Boluarte lució durante el APEC, esta coincidiría con la misma que usó en la ceremonia de graduación de los alféreces de fragata de la Escuela Naval del Perú el 17 de diciembre. Además, el anillo que la mandataria mostró en Chalhuanca coincidiría con el que llevó en la ceremonia de clausura del año lectivo de la Academia Diplomática el 21 de diciembre.
Dina Boluarte: «Señor, perdónalos, porque no saben lo que dicen ni lo que encuestan»
Durante la misma actividad en Chalhuanca, la presidenta Dina Boluarte se tomó unos minutos de su discurso oficial y nuevamente minimizó las encuestas que señalan que su desaprobación alcanza el 95%. Al respecto, la mandataria expresó: «Cuando en Lima dicen 3% de aprobación, ¿qué les decimos? Aquí estamos. Solo sonrío y digo: Señor, perdónalos porque no saben lo que dicen ni lo que encuestan. Aquí está el pueblo chalhuanquino, aymarino y apurimeño».
Durante su intervención, Boluarte Zegarra también destacó su lugar de origen como muestra de su compromiso con el país, minimizando la importancia de las encuestas y las críticas ciudadanas. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre la situación de su hermano, actualmente prófugo y señalado como líder de la presunta organización criminal «Los Waykis en la sombra», investigada por la Policía Nacional del Perú.
El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró su profunda preocupación por la situación de los ciudadanos peruanos Renzo Huamachumo Castillo, Nelson Cubas Mendoza y Ricard Meléndez Guerrero, cuyo paradero es desconocido luego de que se les detuviera de forma arbitraria por autoridades de Venezuela entre el 22 de setiembre y el 18 de octubre de este año.
Mediante un comunicado, Cancillería expresó el rechazo del Gobierno peruano ante estas detenciones, las cuales indicaron carecen de fundamento legal y exigieron a las autoridades venezolanas respetar los derechos humanos de los citados ciudadanos.
Asimismo, pidieron que se brinde a brevedad información sobre su paradero, estado de salud y situación legal, en aplicación de los compromisos internacionales que ha asumido Venezuela.
“El Gobierno peruano continúa realizando, sin pausa, un estrecho seguimiento y gestiones para conocer la situación legal de los ciudadanos peruanos antes mencionados, así como para que las autoridades venezolanas cumplan con respetar el debido proceso y los derechos humanos de nuestros connacionales”, sostuvieron.
Gestiones
Indicaron también que en consideración a la ruptura de relaciones diplomáticas que Venezuela decidió ejecutar contra Perú, la Cancillería, a través de los canales correspondientes, ha efectuado reiteradas gestiones a través de la Sección de Intereses en Caracas, a cargo de la Embajada de la República Federativa del Brasil y otros Estados amigos.
De igual forma señalaron que se ha recurrido a instancias multilaterales para obtener información sobre los compatriotas, sin que, hasta la fecha, las autoridades venezolanas responsables cumplan con su obligación de dar respuesta a esos requerimientos.
Un nuevo documento, divulgado por Latina, muestra la firma de Víctor José Zanabria Angulo, general de la Policía del Perú, quien autoriza que los oficiales que estuvieron presentes en el operativo del allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte por el caso ‘Rolex’ y ‘Los Waykis en la Sombra’ sean removidos de la Diviac. Esto forma parte de la misma resolución que designa a 60 oficiales de la Diviac a comisarías, seguridad de penales, entre otros.
Resolución de la Comandancia de la PNP. Foto: X
En el documento se especifica los nuevos cargos dentro de la PNP para el año 2025. Como se recuerda, hace unos días, por resolución ministerial, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez autorizó el pase a retiro del coronel Harvey Colchado Huamán desde el 1 de enero de 2025.
Pase a retiro de Harvey Colchado habría sido una represalia por parte del Gobierno
Un informe presentado por La República reveló, días antes, las intenciones que tuvo el Gobierno de Dina Boluarte de resolver la situación juridica del coronel Colchado con su pase al retiro de manera prematura.
Esta acción estaría motivada como represalia por su accionar durante la investigación en contra de Dina Boluarte por el caso ‘Rolex’ y en la captura de su hermano, Nicanor por el caso ‘Waykis en la sombra’. La excusa que el Gobierno usó para justificar el proceso disciplinario contra Colchado fue la difusión, a través de WhatsApp, de la fotografía de una torta de cumpleaños que representaba el allanamiento contra la casa de la presidenta.
Diviac pasó a formar parte de la Dirincri
En julio de 2024, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, anunció que la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) pasaba a ser incorporada a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). De acuerdo con Zanabria, la medida se habría estado gestionando desde noviembre de 2023, cuando el titular de la cartera del Interior era Vicente Romero.
«Esto no es un trabajo de este año. Eso ya se decidió el año pasado. Esto se explicó con el ministro del año pasado, el general Romero. (…) sí, pasará a ser parte de la Dirección de Investigación Criminal. Con ello, evitaremos los cuestionamientos al manejo de gastos especiales de inteligencia porque esos son los niveles de control que tienen que ejecutarse operativamente», señaló Zanabria en su momento.
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