El Poder Judicial ordenó el embargo en forma de inscripción y orden de inhibición sobre ocho bienes inmuebles del exministro del Interior, Willy Huerta, como parte del proceso penal que se le sigue por su presunta participación en el fallido golpe de estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.
El juez supremo Juan Carlos Checkley adoptó esta medida al declarar fundada la solicitud que hizo la Procuraduría General del Estado para que se ordenara la ejecución de estas medidas cautelares reales sobre estos bienes inmuebles consistentes en un inmueble, una finca, un departamento, un terreno, una tienda y un lote ubicados en Lima y sobre un inmueble y un lote en el Callao.
El magistrado ordenó trabar embargo en forma de inscripción y orden de inhibición hasta por la suma de dos millones 287 mil 271.11 soles sobre los derechos y acciones que le corresponderían al extitular del Interior respecto a estos bienes inmuebles por lo que dispuso que se oficie su decisión al Jefe de Registros Públicos (SUNARP) – Zona Registral número IX -Sedes Lima y Callao – Oficina Registral de Lima y Callao remitiendo los partes judiciales correspondientes, a fin de que se cumpla con lo ordenado por su despacho en este caso.
Pedido busca asegurar pago de reparación civil
Mediante una resolución emitida el último 26 de diciembre, el juez supremo Juan Carlos Checkley determinó que resulta atendible el pedido de la Procuraduría General del Estado, ya que se cumple con los presupuestos establecidos en la ley para imponerse las medidas de embargo en forma de inscripción y orden de inhibición sobre estos bienes inmuebles.
Ello con el fin de asegurar el pago de la reparación civil que pretende la defensa legal del estado peruano que asciende a la suma de 67 millones 711 mil 48.33 soles que deban pagar el exministro Willy Huerta, en forma solidaria, junto al expresidente Pedro Castillo y los demás acusados en este caso de ser hallados culpables de los cargos que les atribuye la Fiscalía en este proceso penal.
“En consecuencia, se cumple con los presupuestos establecidos en la Ley para imponer la medida de coerción procesal de carácter real solicitada – embargo en forma de inscripción y orden de inhibición-; por lo que, es atendible el pedido del actor civil”, precisa el magistrado.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió 25 años de prisión contra el exministro del Interior, Willy Huerta, así como su inhabilitación por dos años y seis meses para ejercer cargo público al acusarlo como presunto coautor del delito de rebelión en agravio del Estado.
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