El pasado 27 de diciembre, la presidenta Dina Boluarte anunció el aumento del sueldo mínimo de S/1 025 a S/1 130. De inmediato, la medida fue criticada por los detractores del Ejecutivo, quienes aseguraron que la misma sería una respuesta de la mandataria para hacerle frente al bajo índice de aprobación que tiene en las encuestas. Según un estudio de Datum, la jefa de Estado culminó el 2024 con el 3 % de aceptación.
El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, negó en Enfoque de los Sábados que la medida promulgada por el Ejecutivo haya sido producto del “populismo”.
“Descartamos completamente que haya sido un gesto de populismo o una medida política”, señaló.
Asimismo, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo (MTPE) aclaró que el Gobierno ha tardado “año y medio en hacer efectivo el incremento del sueldo mínimo porque las condiciones no estaban dadas” anteriormente.
“Este anuncio la presidenta lo hizo en julio del 2023 […] Me ha costado mucho conversar con los dirigentes sindicales para que puedan comprender que el 2023 no era momento de incrementar el sueldo mínimo vital. He salido constantemente a explicar a los trabajadores que no era posible porque estábamos en recesión”, indicó.
“Cuando llegamos al 2024, también les dije a los trabajadores que no podíamos incrementar el [sueldo mínimo], debíamos esperar a que la economía se recupere y -quizá- en el segundo semestre podíamos debatir el tema. […] Reconozco la paciencia de los trabajadores, que han esperado casi año y medio para que este incremento se dé”, acotó.
La Fiscalía de la Nación intervino algunas oficinas del Congreso para investigar las irregularidades detectadas en el Área de Seguros del Legislativo a mediados del 2024. La diligencia estuvo a cargo de la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro e involucró a las áreas de Administración, Recursos Humanos, Tecnologías de la Información y Tesorería del Congreso de la República.
Al respecto, el Ministerio Público informó, en sus canales oficiales, que las acciones fiscales se realizaron en el marco de la investigación contra Judith Uceda Hidalgo, quien en su condición de trabajadora de Seguros del Servicio Parlamentario, habría realizado descuentos indebidos por concepto de seguros a servidores del Legislativo.
Esta irregularidad fue alertada por el Órgano de Control Institucional del Congreso y difundida por Latina en junio del 2024. De acuerdo con un informe del OCI, un total de 15 extrabajadores del Congreso y sus familiares seguían siendo beneficiarios de la cobertura de seguros Rímac, a pesar de que ya habían cesado sus funciones entre el 2020 y el 2023.
Trabajadora del Congreso provocó desfalco de casi medio millón de soles
Según la investigación, la Oficina de Recursos Humanos del Congreso sí informó a la técnica del Área de Seguros, Judith Uceda Hidalgo, de la desvinculación con los trabajadores, sin embargo, ella los mantuvo como «afiliados activos», lo que provocó desembolso ilegal de S/ 546,841.
Al conocer de ello, la empresa aseguradora devolvió S/380,396, por lo que el perjuicio económico al Congreso de la República fue de S/.166,444.
Además, se denunció penalmente a Judith Uceda por el presunto delito de peculado. También, fue dada de licencia desde enero del 2024, pero con goce de haber. “Viene siendo investigada de manera administrativa, una vez que concluya ese proceso se definirá su situación, pero el procurador del Congreso ha cumplido con denunciarla ante el Ministerio Público”, explicó el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, a Latina.
A la fecha, se conoce que algunos de los funcionarios beneficiarios fueron: Roberto Carlos Tarazona Palma, Salvith Erika Bernuy Salazar, David Andrés Morales Cárdenas, Jorge Sabino Torres Cáceres, Luis Alexander Velásquez Calderón, Radiolfo Ramírez Acosta, Antonio Salustio Cornejo Maldonado, Orlando Fernández Félix, Sharon Hadelli Guevara Vargas, Mayte Pamela Chumberiza Túpac Yupanqui, Vicentina Callata Quispe, Ita Lizbet Diego Pérez e Iladura Gisela Rojas Caballero.
Judith Uceda se benefició con seguro, pero no pagó por el
En la misma línea de ilegalidad, Uceda Hidalgo obtuvo el beneificio de la EPS, pero su salario nunca fue descontado. Desde el 1 de abril del 2019 hasta fines del 2023, los padres de esta trabajadora fueron atendidos 183 veces en clínicas asociadas a Rímac, por lo que se le debió descontar un total de S/82,087.58 de su salario, sin embargo, ello nunca sucedió.
En diálogo con Exitosa, el exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eduardo Pérez Rocha, calculó la remuneración que recibiría la escolta de Dina Boluarte tras ser designada a la Embajada de Perú en España.
¿Cuánto ganaría la escolta de Dina Boluarte?
En conversación con Nicolás Lúcar en el programa ‘Hablemos Claro’, Pérez Rocha indicó que, entre los incentivos para la meritocracia de los policías, se encuentran las designaciones a cargos de servicio diplomático.
«Dentro de los incentivos para la meritocracia de los policías, están las designaciones a estos cargos de servicio diplomático. Aparte de recibir, aspecto de viáticos para el pasaje para el que es designado, para su familia, también está el aspecto de incorporación mientras consiguen vivienda, etc, eso le paga el Estado», mencionó.
Asimismo, el exdirector de la PNP aseguró que ir a una agregaduría, ya sea como agregado, adjunto o auxiliar, representa entre 6 mil a 10 mil dólares mensuales fuera del sueldo.
«Mensualmente reciben remuneraciones como diplomáticos, que es en dólares. Aparte de ese beneficio por el trabajo diplomático, siguen percibiendo el sueldo del Estado. Ir a una agregaduría sea como agregado, adjunto o auxiliar, le representa entre 6 mil a 10 mil dólares mensuales fuera de su sueldo», agregó.
Policías investigados no pueden ser designados a cargos diplomáticos
En esa misma línea, Pérez Rocha afirmó que está prohibido que se hagan designaciones a cargos diplomáticos a los efectivos policiales que están sometidos a una investigación administrativa o judicial.
«Está prohibido que se hagan designaciones a cargos diplomáticos, a los policías que están sometidos a investigación administrativa, que está pasando el caso del ‘cofre’, de esa suboficial y a investigación judicial, que es lo que está pasando en el Ministerio Público», acotó en nuestro medio.
Como se recuerda, Ruth Ligarda Castro, escolta de la presidenta de la República, Dina Boluarte, fue enviada en misión diplomática a España, ello a través de la Resolución Suprema n.° 230-2024-IN.
Ligarda Castro se desempeñará como «personal auxiliar de Agregaduría Policial de la Embajada del Perú en el Reino de España«, desde el 1 de enero del 2025 y por un periodo de dos años.
De esta manera, el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, estimó que la remuneración que recibiría la escolta de Dina Boluarte, tras ser designada a la Embajada de Perú en España, sería entre 6 mil a 10 mil dólares mensuales, ello «fuera de su sueldo».
A través de un comunicado, el expresidente Pedro Castillo, se pronunció ante sus seguidores enviándoles un mensaje por el nuevo año y aseguró que está secuestrado por un ‘gobierno usurpador’.
«Que este año 2025, más allá de los merecidos y legítimos anhelos individuales y familiares que, con tanto esfuerzo, como en cada nuevo año, buscamos alcanzar, desarrollemos principalmente y sobre todo una lucha político-social unitaria. Esta lucha debe tener como objetivo hacer realidad el anhelo general de nuestro pueblo: alcanzar la justicia económica y social.
Para lograrlo, es imprescindible derrotar a quienes, de manera usurpadora, dictatorial y políticamente interesada, conducen los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; asimismo, combatir y derrotar sus pretenciones de control total del sistema electoral que les garantice su fraude electoral.
Desde el penal de Barbadillo, donde me encuentro secuestrado, escucho los gritos del pueblo exigiendo mi libertad y restitución. Ante esta creciente exigencia, también oigo los temerosos alaridos de la ultraderecha.
Ni secuestrado me callarán, ni secuestrado me impedirán estar en primera fila en cada lucha junto a mi pueblo. ¡Solo el pueblo salva al pueblo!».
Surge un nuevo incidente en la administración del ministro Juan José Santiváñez. El Ministerio del Interior asumirá el costo de S/50.000 para la defensa del comandante en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP), Raúl Prado Ravines, quien se encuentra en la clandestinidad tras haber sido condenado a 35 años de prisión por homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir en el caso conocido como Escuadrón de la Muerte.
Prado Ravines es sindicado como el cabecilla de este grupo conformado por policías — en retiro y en actividad — que asesinó extrajudicialmente a 33 presuntos delincuentes en Lima y provincias entre el periodo del 2012 al 2016.
De acuerdo con la Fiscalía, el Escuadrón de la Muerte buscaba tener incentivos policiales como ascensos, reconocimientos y condecoraciones. Para ello, en su modus operandi simulaban situaciones delictivas para llevar a cabo operativos policiales destinados a atentar a las víctimas y, acto seguido, matarlas en Piura.
Esto les permitía obtener cobertura mediática, mostrando «operativos exitosos y la desarticulación de una organización criminal», lo cual contribuía a mejorar la imagen de la Policía Nacional del Perú (PNP) ante la opinión pública.
Escuadrón de la Muerte: ¿quién fue Raúl Prado Ravines?
Según la sentencia del Poder Judicial, a Prado Ravines se le atribuye haber dirigido intervenciones policiales simuladas con el fin de obtener incentivos en la Policía.
Este fallo se emitió en relación con los hechos que tuvieron lugar el 27 de febrero de 2015, en la Urbanización Los Bancarios, en el distrito de Piura, donde Raúl Rivas Rimaycuna, Martin Alfredo Tello Monja, Gian Marco Fiestas Aquino y Hugo Yajahuanca Tineo fueron asesinados durante un falso de operativo policial.
Actualmente, el programa ‘Los más buscados’ de la Policía Nacional del Perú (PNP) ofrece S/100.000 por información que conduzca a las autoridades al paradero de Prado Ravines, quien se encuentra en la clandestinidad.
Defensa legal del líder del Escuadrón de la Muerte costará S/50.000
El último 18 de diciembre, el Ministerio del Interior convocó a un concurso público para obtener la buena pro para asumir la defensa legal de Raúl Prado Ravines por un monto total de S/50.000. El único postor que se presentó y ganó la licitación fue Abanto Verastegui Arce Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada.
Documento de otorgamiento de buena pro que ganó estudio de abogados que asumirá la defensa legal de Raúl Prado Ravines. Foto: La República
La convocatoria se basó en el Decreto Supremo N° 022-2008-DE/SG, que dispone que el Ministerio de Defensa e Interior es responsable de proporcionar defensa legal a los miembros de las Fuerzas Armadas y la PNP, tanto en servicio activo como en retiro, que estén involucrados en investigaciones por violaciones a los derechos humanos «en el ejercicio regular de sus funciones».
De acuerdo con el artículo 5 del DS citado, la Comisión de Defensa legal del Mindef se encarga de evaluar los pedidos de los agentes policiales para su aprobación o rechazo. Además, si dicha persona es hallada culpable, deberá reembolsar el dinero otorgado a la institución que fue destinado para la asesoría legal.
Recompensa por Raúl Prado Ravines, prófugo y sentenciado por homicidio y asociación ilícita.
Ministro del Interior dice que esto es legal
La República pudo contactarse con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para que nos pueda brindar su declaración sobre la defensa legal que asumirá su cartera sobre Raúl Prado Ravines y otros investigados por el caso Escuadrón de la Muerte y resaltó que suplir con los gastos de los abogados de los involucrados es legal.
«La defensa legal de un efectivo policial que sea incriminado en un proceso por delito de lesa humanidad es un derecho que está previsto en la ley. No conozco los pormenores de los procesos porque no es mi función, sino que depende de una comisión que evalúa la solicitud y emite la resolución viceministerial. En todo caso, como te repito, el beneficio de la defensa está en la ley desde el año 2008, y es un derecho que no se puede negar al personal policial y militar», declaró.
Asimismo, Santiváñez destacó que, anteriormente, el excandidato presidencial y ahora presidiario Daniel Urresti se acogió a esta norma.
«Tanto así, por ejemplo, bajo ese mismo marco jurídico el exministro del interior Daniel Urresti también accedió a dicho beneficio en todos los procesos en los que he estado involucrados por la humanidad, porque como te reitero no es un favor – como creería que erróneamente quieren enfocarlo – sino un derecho que está previsto expresamente en la ley», manifestó.
Ministerio del Interior asumirá la defensa legal de otros 14 investigados por el Escuadrón de la Muerte
El nombre que más destaca en la lista de beneficiarios es el de Félix Montalvo Guevara, exchofer de la unidad presidencial de Dina Boluarte, quien todavía no se ha presentado ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para declarar sobre el caso ‘El Cofre’. Su defensa tendrá un costo para el Estado de S/50.000 y será llevada a cabo por Abanto Verastegui, Arce Abogados S. Civil de R.L.
Investigado
Puesto
Abogados
Monto S/
Eduardo Miguel León Arroyo
Suboficial de primera de la PNP
Bustamante Montalvo Edwin Joel
60.000
Nolberto Fernández Heredia
Técnico de primera de la PNP
Abanto Verástegui, Arce Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada
50.000
Marco Jara Ulrich
Comandante de la PNP
Abanto Verástegui, Arce Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada
50.000
Rudy Orlando Herrera
Técnico de segunda de la PNP
Abanto Verástegui, Arce Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada
50.000
Williams Smith Castaño Martínez
Técnico de segunda de la PNP
Bustamante Montalvo Edwin Joel
65.000
Fernando Chuquisengo Salas
Suboficial de primera de la PNP en retiro
Bustamante Montalvo Edwin Joel
60.000
Félix Enrique Montalvo Guevara
suboficial de primera de la PNP
Abanto Verástegui, Arce Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada
50.000
Edgardo Alex Vilela Mandujano
Suboficial de primera de la PNP
Bustamante Montalvo Edwin Joel
60.000
Miguel Barrios Ramírez
Suboficial técnico de segunda de la PNP
Abanto Verástegui, Arce Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada
50.000
Jorge Kristopher Guerrero
Suboficial de primera de la PNP
Abanto Verástegui, Arce Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada
50.000
Luis Alberto Mio Morocho
Suboficial brigadier de la PNP
Bustamante Montalvo Edwin Joel
50.000
Oscar Martin Sierra Córdova
Suboficial técnico de primera de la PNP
Abanto Verástegui, Arce Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada
60.000
César Cutti Sueldo
Suboficial brigadier de la PNP
Bustamante Montalvo Edwin Joel
60.000
Martín Manuel Quispe Medrano
Suboficial superior de la PNP
Abanto Verástegui, Arce Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada
Janet Tello Gilardi asumirá este jueves, 2 de enero, la presidencia del Poder Judicial para el período 2025-2026, sucediendo en el cargo a Javier Arévalo.
Dicho acto oficial, que dará inicio al Año Judicial 2025, se llevará a cabo a las 11 de la mañana en el Salón Manuel Vidaurre del Palacio Nacional de Justicia.
Durante el evento el presidente saliente presentará un balance sobre los logros y retos de su gestión en el período 2023-2024.
Luego, Tello Gilardi tomará la palabra para expresar sus objetivos, planes y desafíos que afrontará como nueva titular de la institución encargada de administrar justicia en el país.
Cabe mencionar, que a dicho evento fueron convocadas las principales autoridades de los poderes del Estado, así como representantes de diversas instituciones que conforman el Sistema de Administración de Justicia y otras entidades estatales.
¿Quién es Janet Tello?
La magistrada de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, Janet Tello, fue elegida a inicios de diciembre como nueva presidenta del Poder Judicial, convirtiéndose en la segunda mujer en asumir el cargo luego de Elvia Barrios.
La jueza suprema titular fue elegida por la Sala Plena de la Corte Suprema, la cual está integrada por 18 miembros, para reemplazar a Javier Arévalo al frente del Poder Judicial.
La elección, que se llevó a cabo desde el mediodía del pasado 5 de diciembre, tenía como candidatos a los magistrados Carlos Arias Lazarte y Manuel Luján Túpez.
Tello Gilardi es abogada de profesión y Magister en Derecho con mención en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es egresada de la Maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales, así como del Doctorado en Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
En el Poder Judicial, Tello se ha desempeñado como integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la Comisión de Justicia de Género, de la Comisión de Acceso de Justicia para Poblaciones Vulnerables.
En tanto, ha sido reconocida con la Orden al Mérito de la Mujer 2018, el premio Líderes de Derechos Humanos: Rostros por la Igualdad 2019 (Canadá) y la distinción de la Asociación Nacional de Juezas del Perú por su «impecable y destacada trayectoria».
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