El ministro de Defensa, Walter Astudillo, prefirió responder en sesión reservada las preguntas relacionadas con el proceso de adquisición de aviones de combate para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), apelando a “razones de seguridad nacional”. Sin embargo, durante la intervención de los congresistas de las diferentes bancadas, estos citaron información que expuso Astudillo al contestar el pliego interpelatorio.

El titular del Ministerio de Defensa sustentó destinar US$3.500 millones a la compra de 24 cazas de última generación, porque desde hace 12 años la FAP ha elevado el requerimiento debido a la obsolescencia del material disponible. Ante esta situación, señaló Astudillo, es un mandato constitucional modernizar la flota aérea de guerra para la defensa de la soberanía. 

Sobre estos aspectos, la mayoría de los legisladores estuvo de acuerdo. Pero también fueron varios los que dudaron de la transparencia del proceso de contratación, debido a recientes eventos registrados en el actual Gobierno.

El caso de los fusiles

El congresista que expresó esta posición fue Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, quien, en nombre de su bancada, respaldó a las Fuerzas Armadas, así como al programa de renovación del equipamiento para que cumplan con las misiones que se les encomienda. Empero, exigió explicaciones al ministro Walter Astudillo por el incumplimiento de un contrato de compra de 10.000 fusiles israelíes Arad 7, entre la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) y la institución castrense. El contrato lo suscribió el actual Gobierno. 

“Tenemos que señalar las irregularidades que existen en ciertas adquisiciones que nos hacen dudar de que las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa estén actuando correctamente. Por ejemplo, el caso de los fusiles Arad 7 que se adquirieron sin licitación mediante un encargo que le hizo el Ejército a FAME, y FAME compra lo que le da la gana”, explicó Fernando Rospigliosi. 

Como varios reportajes de investigación de La República lo han detallado, efectivamente, el Ejército al principio convocó a licitación a varias empresas extranjeras, las que trajeron al país sus modelos para competir y sean probadas. De pronto, el excomandante general del Ejército, general David Ojeda Parra, anuló el proceso. Y en coordinación con el entonces presidente de FAME, general César Briceño Valdivia —que en ese momento era su segundo—, le pidió que hiciera una oferta. Le presentó el Arad 7 de Industrias de Armamentos de Israel (IWI).

Más cuestionamientos

Rospigliosi indicó que el expresidente de FAME, general Briceño, convertido ahora en comandante general del Ejército, debe responder porque no se ha cumplido con el plazo de entrega de un año. De esta manera, enfatizó, no se puede tener confianza en la transparencia de las adquisiciones militares. 

“Sí, respaldamos la renovación del equipamiento militar, pero tenemos serias dudas sobre la capacidad del Ministerio de Defensa como en este y otros casos, de adquirir material de calidad con honestidad”, apuntó Rospigliosi. 

Las evaluaciones técnicas de la FAP han identificado tres potenciales modelos de cazas (ver infografía): el F-16 Block 70 Viper (Estados Unidos), el Dassault Rafale F3R (Francia) y el SAAB Gripen E/F (Suecia).

Según las fuentes consultadas, la elección dependerá de la definición del costo de adquisición y operación, la tecnología disruptiva, capacidad de disuasión, adaptabilidad a la geografía peruana, el sostenimiento y capacidad logística del país para mantener la flota operativa, entre otras. 

Se han registrado los primeros contactos con las autoridades estadounidenses, francesas y suecas, teniendo en cuenta que el contrato se efectuará mediante la modalidad de gobierno a gobierno. El proceso de adquisición en sí corresponde a la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA). 

Si bien algunos congresistas cuestionaron que se destina US$3.500 millones a la modernización de la flota de cazas de la FAP, en lugar de gastar la extraordinaria cifra en carreteras, hospitales y colegios, el ministro Walter Astudillo alegó que para dichos fines existen otros presupuestos, y que era un imperativo contar una fuerza aérea disuasiva.

Entre la necesidad y la opacidad

Durante su intervención, el congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Pueblo/Voces del Pueblo) citó tres informes de la Contraloría relacionados justamente con contrataciones durante el actual Gobierno, que están bajo cuestionamiento: la adquisición de 30 blindados 8×8 por parte del Ejército, que se frustró por oposición de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA); la modernización de 4 submarinos a cargo de los Servicios Industriales de la Marina (SIMA) y la adquisición de los 10.000 fusiles Arad 7. 

Sánchez, desde un punto de vista similar al de Rospigliosi, llamó la atención sobre la intención del Gobierno de gastar US$3.500 millones en aeronaves, cuando tiene recientes registros de falta de transparencia en contrataciones que han sido reportados por la Contraloría. 

El exministro de Defensa y congresista Roberto Chiabra fustigó a los que están en contra de la llamada ley FAME n° 31684, que él promovió y obtuvo el voto de la mayoría. 

“(Ahora no quieren la ley FAME), será porque neutraliza a todos esos infames lobistas que se oponen a todos los procesos de adquisición de las Fuerzas Armadas. Son los mismos que estuvieron en contra del Fondo de Defensa. Y ahora están en desesperación y lo que quieren es derogar la ley FAME. ¿Por qué? ¿No les gusta o no les conviene?”, argumentó Chiabra en evidente alusión a Fernando Rospigliosi, quien ha presentado un proyecto para dejar sin efecto la mencionada norma. 

“Lo que tenemos que controlar es que las adquisiciones se hagan con transparencia y sin corrupción. Para que no se repita la historia. Seamos más sinceros y digamos si estamos a favor de la defensa nacional o de otros intereses”, dijo Chiabra en tono sarcástico al culminar con su intervención. 

Recuadro

ASTUDILLO: “LA CORRUPCIÓN ES UNA AMENAZA”

● “Si la responsabilidad de la defensa nacional es de las Fuerzas Armadas, ¿cómo pretendemos que se cumpla esa función si no le otorgamos la capacidad necesaria para el cumplimiento de esa función?”, dijo el ministro Walter Astudillo al término de la intervención de los congresistas. 

● “Claro que existen prioridades, pero no se pueden contraponer aspectos de seguridad con aspectos de desarrollo”, precisó. 

● “Tenemos que reconocer que la corrupción es una de las principales amenazas que afectan a la seguridad y al desarrollo del país. Y para eso existen los entes fiscalizadores, como el Ministerio Público. Cuando se vea un atisbo de corrupción, se tiene que hacer de inmediato la denuncia al Ministerio Público”, respondió Astudillo ante los recientes contratos de las FFAA intervenidos por la Contraloría.