Fiscal José Domingo Pérez llegó con chaleco antibalas a juicio contra Keiko Fujimori

El fiscal José Domingo Pérez asistió al Poder Judicial para participar en el inicio del juicio oral contra Keiko Fujimori y otros acusados en el denominado caso Cócteles.

Bajo estrictas medidas de seguridad, Pérez se presentó en la Corte Superior de Justicia con un chaleco antibalas, para ‘evidenciar’ la gravedad y el riesgo asociados a este proceso judicial.

El fiscal, conocido por su papel en investigaciones de alto perfil, fue una figura central en el caso que involucra a la lideresa Keiko Fujimori.

La acusación incluye cuatro presuntos delitos, entre ellos el lavado de activos, por los cuales la Fiscalía está solicitando una condena de 30 años de prisión.

“Desde el inicio de la investigación, se ha dado tiempo a los acusados para revisar el expediente y preparar sus defensas”, indicó Pérez en declaraciones previas a la audiencia.

La llegada de Pérez con protección adicional subraya las tensiones y el alto interés público en este juicio. Las autoridades tomaron medidas excepcionales para garantizar la seguridad del fiscal.

Con la audiencia en marcha, se espera que este proceso judicial se instale de manera efectiva.

Defensa de Keiko Fujimori presentó recurso de nulidad contra resolución que fija inicio de juicio por caso ‘Cócteles’

Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, indicó este domingo que han presentado un recurso de nulidad contra la resolución que programa para este 1 de julio el inicio del juicio contra la lideresa de Fuerza Popular por el denominado ‘caso Cócteles’.

En declaraciones a RPP, la representante de la defensa legal de Keiko Fujimori sostuvo que han optado por este recurso, pues consideran que el proceso que ha realizado Fiscalía tiene deficiencias, que en su momento ameritaron que la acusación presentada sea devuelta en más de una oportunidad.

“Nosotros hemos pedido la nulidad del auto de enjuiciamiento, que es la nulidad de la resolución que da pase a juicio, porque consideramos que tiene una serie de deficiencias, las cuales en realidad son producto de las tantas devoluciones que mereció la acusación en su momento, lo que ha generado lamentablemente una confusión y que debiera subsanarse”, sostuvo.

La letrada añadió que la audiencia no debería instalarse con “deficiencias”, entre las cuales señaló que el expediente del caso no está completo. En ese sentido, dijo esperar que el colegiado resuelva su recurso a la brevedad.

No obstante, señaló que si el juicio debe instalarse espera que sea con audiencias en las que se garantice el debido proceso con la conducción de magistrados imparciales.

No pedirá prescripción de delitos

Asimismo, Loza señaló que no buscarán la prescripción de los delitos imputados a su defendida, pues a su criterio el Ministerio Público no ha presentado las pruebas que impliquen a la lideresa de Fuerza Popular en los ilícitos investigados por este caso.

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“Consideramos que no tenemos la necesidad de recurrir a la institución de la prescripción de algún delito, porque estamos firmes en nuestra posición de que aquí no existen pruebas de cargo en contra de Keiko Fujimori y lo que queremos lograr en su momento es el archivo definitivo del proceso”, dijo.

“Estamos seguros por dos motivos. Primero, porque es firme en la inocencia de Keiko; y en segundo lugar, la Fiscalía no ha logrado presentar prueba de cargo que pudiera determinar en perjuicio de ella”, añadió.

Inicio de juicio oral 

Este lunes 1 de julio, a las 9.00 a. m., inicia el juicio oral contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y más de 40 involucrados, acusados de la comisión de los presuntos delitos de crimen organizado y lavado de activos en el marco del denominado caso ‘Cócteles’.

El fiscal José Domingo Pérez dará inicio a la sustentación del caso de manera presencial en la sede de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, ubicada en la  calle Manuel Cuadros N° 182, en el Cercado de Lima.

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Para esta audiencia se contará con la participación obligatoria tanto de los representantes del Ministerio Público como de los acusados.

Además de Keiko Fujimori, se encuentran comprendidos en la acusación su exesposo, Mark Vito; los exdirigentes de Fuerza Popular José Chlimper, Jaime Yoshiyama, Pier Figari y Ana Hertz, así como también el propio partido y la empresa MVV Bienes Raíces S.A.C.

El fiscal del caso Lava Jato solicitó penas de hasta más de 30 años de prisión contra Keiko Fujimori y los demás implicados. Asimismo, pidió la disolución del partido político Fuerza Popular y de la empresa inmobiliaria de Mark Vito, pues consideró que habrían incurrido en los delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado.

Alberto Fujimori: juicio por caso Pativilca se quebraría por cierre de la Sala de Derechos Humanos

El proceso contra Alberto Fujimori como autor mediato de los crímenes de seis campesinos de Pativilca, se quebraría debido al cierre de la 4ta Sala Penal Superior Liquidadora que ve casos de derechos humanos, ordenada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que preside Javier Arévalo, para fines de julio.

El abogado de Aprodeh, Christian Huaylinos, que lleva el caso Pativilca, advirtió que con el cierre de dicho tribunal el juicio oral que empezó en diciembre del año pasado, tendría que reiniciarse. Explicó que por norma si se cambian dos jueces de un colegiado se quiebra el proceso, lo que ocurriría en este juicio porque lo verían tres nuevos magistrados.

«En este caso se cambiarían tres jueces porque es el cierre de toda la Sala, y señalan que los casos van a ser redistribuidos a otro colegiado, a otros jueces, y eso implica el quiebre del proceso porque es imposible que para julio se tenga una sentencia en este caso», explicó.

Precisó que en este momento la Sala, presidida por la jueza Miluska Cano, están tomándose las declaraciones de los integrantes del Destacamento militar Colina, pero faltan otras etapas, por lo que es imposible que en un mes se tenga un fallo.

Recordó que Vladimiro Montesinos y algunos miembros del grupo Colina se acogieron a la terminación anticipada.

Advirtió que el juicio volvería a fojas cero, con lo que se anularía todas las decisiones tomada por la Sala anterior, entre ellas la resolución del 2018 señalando que el juicio debía continuar porque el indulto que le otorgaron no aplicaba el derecho de gracia.

Sostuvo que la defensa de Fujimori volvería a pedir que lo separen del proceso por el indulto, lo que será evaluado por una nueva Sala, que no ha visto casos de derechos humanos.

«Si el nuevo colegiado decide aceptar el pedido se separaría a Fujimori del proceso y eso seria un daño irreparable», advirtió.

Por su parte, el abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), calificó la decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial como un grave retroceso, pues muchos casos se quebrarían o se tendría que apurar su culminación.

«Es una resolución tomada por unanimidad y nos ha dejado sin una Sala que vea casos de derechos humanos. Es un colegiado que tenía 15 años viendo estos temas. Prácticamente es el cierre del subsistema de derechos humanos, porque la resolución dice que a partir del 1 de agosto los expedientes que tenía esta Sala pasarán aleatoriamente a los demás colegiados, es decir, que irán a tribunales que ven delitos comunes», alertó.

Sostuvo que uno de los afectados es el juicio a efectivos de la Marina por la desaparición forzada del periodista de La República, Jaime Ayala Sulca, a quien representa, y otros pobladores de Huanta, así como los crímenes contra evangélicos en la comunidad de Callqui y las fosas con 50 cadáveres halladas en Pucayacu. Son hechos cometidos en 1984 en Huanta, Ayacucho.

Actualmente hay audiencias dos veces por semana, lo que se o tendrá que ampliar. Aún así, es demasiado apresurado dada la etapa en que está el caso.

«Está bien que se avance, que se incrementen las audiencias por semana, pero se afectará a los otros casos. Si hay tres o cuatro audiencias por semana por varias horas, le quitará horas a los otros, como el caso Luccmahuaycco», refirió.

En este momento en el proceso por las violaciones a derechos humano en Huanta se está terminando el debate de piezas procesales de los abogados de las víctimas, luego viene las piezas procesadas de la defensa de los acusados y del tercero civil responsable. También falta la requisitoria fiscal, los alegatos de todos los abogados y la defensa de los propios acusados. Cinco días después fijan fecha para dictar sentencia.

Esos son solo dos de los numerosos casos sobre violaciones a derechos humanos que siguen esperando justicia y que se verán afectados con la decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de desactivar la sala que ve casos de derechos humanos.

Alejandro Soto, presidente del Congreso, denuncia a periodista por presunto ‘reglaje’

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, realizó una denuncia penal contra el periodista José Miguel Hidalgo Rodríguez por presuntamente cometer el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de marcaje o reglaje, alegando invasión a su vida privada.

La denuncia presentada por Manuel Peña Tavera, procurador del Poder Legislativo, se debería a un reportaje emitido el 23 de junio. Este informe titulado «Alejandro Soto: relaciones negadas» habría mostrado a Soto saliendo de su residencia en Surco y a Lizeth Peralta Salas, con quien comparte la paternidad de su hijo.

También se reveló que Yeshira Peralta Salas, hermana de Lizeth, había sido contratada como coordinadora en el despacho de Soto, a pesar de las negaciones de Soto sobre cualquier relación personal con Lizeth Peralta.La denuncia argumenta que la difusión de esta información pondría en riesgo la seguridad e integridad de Alejandro Soto y su familia, al facilitar la comisión de delitos como robo, extorsión, secuestro e incluso homicidio. Según el documento, la exposición de detalles personales y el seguimiento a Soto y su familia comprometen su seguridad.

Asimismo, Alejandro Soto ha defendido su posición argumentando que el reportaje de Cuarto Poder se basó en un seguimiento que expuso a su hijo menor y a su madre. Soto también aseguró que la emisión reveló información personal como la dirección de su vivienda y otros detalles que podrían comprometer su seguridad.

En respuesta a la emisión del reportaje, Soto ha utilizado sus redes sociales para calificarlo de «bajeza» y acusar al medio de comunicación de recurrir a temas personales para desprestigiarlo, sin cuestionar hechos políticos o relacionados con su gestión. ‘Es una bajeza tener que recurrir a temas exclusivamente personales cuando no se tiene otro argumento para desprestigiarme. La nota emitida de forma irresponsable (….) expone a mi entorno familiar, sin cuestionar ningún hecho político o vinculado con mi gestión’, expresó Soto en X

IPYS se pronuncia

Ante la denuncia interpuesta, por Soto, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) ha condenado la denuncia, considerándola un acto de amedrentamiento contra la prensa de investigación. IPYS argumenta que la denuncia busca instrumentalizar la justicia penal para silenciar la libertad de expresión y ha solicitado a la Fiscalía que rechace el recurso presentado por Soto.

Darwin Espinoza: JNE oficializa expulsión del congresista de Acción Popular

El Jurado Nacional de Elecciones oficializó la expulsión del congresista Darwin Espinoza, de Acción Popular, luego de que el partido acordara retirarlo por «traición».

Pese a que Espinoza anunció que apeló la decisión del Tribunal de Disciplina, el JNE ratificó su salida del partido. Según la página web del JNE, en el historial de afiliación figura como que «el ciudadano no es actualmente afiliado de la organización», ya que fue «expulsado por la organización política».

El parlamentario está siendo investigado por utilizar recursos de su despacho para la inscripción del movimiento regional Adelante Áncash.

A través de un oficio dirigido al personero legal alterno de Acción Popular, Fernando Arias Stella Castillo, el director nacional del Registro de Organizaciones Políticas, Fernando Rodríguez Patrón informó que se registró la expulsión de Darwin Espinoza Vargas del padrón de afiliados del partido.

Darwin Espinoza aparece registrado como afiliado de Acción Popular desde el 18 de marzo del 2005, hasta el 27 de junio del 2024, fecha en la que se hizo efectiva su expulsión.

Hace más de un mes, el pasado 22 de mayo, la Primera Sala del Tribunal Nacional de Disciplina de Acción Popular decidió retirar a Espinoza Vargas de sus filas después de que se revelaran presuntos actos irregulares en su despacho.

Una denuncia periodística reveló que el parlamentario habría usado recursos de su despacho, para la inscripción de su movimiento regional ‘Adelante Áncash’. En las imágenes mostradas se vio a los trabajadores del despacho de Espinoza recolectando firmas en horario laboral.

María del Carmen Alva: «Lo que sigue es que la bancada expulse a Darwin Espinoza»

La congresista no agrupada, María del Carmen Alva se pronunció tras conocerse la decisión del JNE de la expulsión oficial de Darwin Espinoza del partido de Acción Popular.

Al respecto, la parlamentaria manifestó su conformidad con la decisión y pidió a la bancada que también lo expulse. Sin embargo, aclaró que según el reglamento de la bancada que se aprobó mientras Espinoza estaba a cargo de la vocería, las decisiones del partido no tendrían injerencia en los congresistas.

«Me acabo de enterar que ya es oficial la expulsión de Darwin Espinoza. Así que esperemos que ahora, lo que sigue es que la bancada lo expulse. Espero que así sea. Entiendo que esa es la voluntad y el requerimiento del secretario general y el presidente de Acción Popular que están exigiendo que se respete el trámite que se hizo al interior del partido», señaló.

Alberto Borea fue elegido por la OEA como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El experto en derecho internacional, Alberto Borea Odría, fue elegido por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) como juez miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Su elección fue efectiva luego de que su candidatura obtuviera 15 votos a favor. Vale resaltar que se presentaron 5 candidatos para tres vacantes, siendo que nuestro país obtuvo el segundo puesto, ya que Diego Moreno, representante de Paraguay, obtuvo 16 votos.

Asimismo, la Asamblea definió al tercer juez entre los candidatos Carlos Rodríguez Mejía de Colombia y Ricardo Pérez Manrique de Uruguay, quienes obtuvieron 12 votos cada uno. Tras dirimir, Pérez Manrique quedó como el tercer elegido.

Vale señalar que Leticia Bonifaz, representante de México, quedó fuera de la elección al obtener 11 votos.

Canciller González-Olaechea felicitó la designación de Borea

El canciller de la república, Javier González-Olaechea, en diálogo con RPP, saludó la designación de Alberto Borea, y destacó que desde hace 14 años nuestro país no postulaba un candidato a dicha instancia internacional de justicia. 

«Quiero comunicar al Perú que el Dr. Alberto Borea fue elegido juez de la Corte-IDH. El Perú propuso al doctor Borea al final de los plazos, comenzamos de cero recaudando el apoyo que hoy se ha reflejado en la segunda votación (…) Eran 5 candidatos para 3 plazas de juez de la Corte IDH”, indicó. 

“Creo que este triunfo, esta campaña en favor del jurista Borea, liderada por la señora presidenta de la república, el premier y por todo el trabajo conjunto de la Cancillería con la Misión del Perú ante la OEA, (con) el ministro de Justicia que actualmente representa a nuestro país en la Asamblea General (de la OEA) en Asunción, refleja un trabajo en equipo a favor de un candidato que tiene todas las dotes académicas y personales para integrar la Corte IDH”, agregó. 

El ministro de Relaciones Exteriores destacó también que el triunfo de Borea «significa el retorno de un candidato peruano a integrar la Corte IDH» y «la reafirmación de que el gobierno peruano no solo cree en el sistema de derechos humanos, aún cuando a veces podemos discrepar, sino que fortalece nuestra posición como país integrante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos».

«Quienes pudieran haber criticado en su momento tenían todo el derecho para hacerlo. En mi condición de canciller, yo siempre valoro las opiniones aunque sean críticas, las respeto, y finalmente conduzco la Cancillería en un trabajo en equipo», resaltó.

«Lo que quisiera es resaltar que de cinco candidatos y tres vacantes, el Perú ha obtenido el segundo puesto directamente, en primera votación. Felicito al Dr. Borea por su elección», puntualizó.

¿Quién es Alberto Borea?

Borea Odría es un experto en derecho constitucional que se licenció como abogado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y realizó estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Entre 1985 y 1990 fue diputado por el Partido Popular Cristiano (PPC) y luego senador en 1990. En la representación nacional, promovió diversos proyectos de ley como el de hábeas corpus y amparo; el que prohíbe fumar en lugares públicos y el de la prohibición de la reelección presidencial.

En 1993 fundó el Foro Democrático tras el autogolpe de Alberto Fujimori del 5 de abril de 1992. Asilado en Costa Rica, se desempeña como consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a cargo del programa de capacitación en la administración de justicia.

En el 2000 fundó el partido Fuerza Democrática con el que postuló a la Presidencia en el 2006. Obtuvo 24,584 votos. Entre 2004 fue embajador del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y un año después titular del Consejo Permanente del ente regional que tiene su sede en Distrito de Columbia, Estados Unidos.

En el 2011, Alberto Borea impulsó, junto al jurista Javier Valle Riesta, una iniciativa ciudadana para reformar la Constitución del 1993.

En el ámbito académico, se ha desempeñado como docente y expositor en diversas universidades del país y es autor de más de 12 libros, entre ellos La difícil democracia en América Latina, Derecho y Estado de Derecho y Los elementos del Estado moderno.

El 21 de diciembre del 2017, ejerció la defensa del entonces presidente de la república, Pedro Pablo Kucyznski (PPK) en el pleno del Congreso de la República, cuando se abordaba una moción de vacancia en su contra.