El Poder Judicial recuperó más de US$90 millones por extinción de dominio

El Poder Judicial recuperó para el Estado peruano 93.5 millones de dólares en dinero y bienes obtenidos por las actividades ilícitas vinculadas a las organizaciones criminales, aplicando el proceso de extinción del Subsistema Nacional de Extinción de Dominio, juez supremo Manuel Luján Túpez.

El funcionario resaltó que nuestro país es considerado como un referente internacional de cómo debe aplicarse el proceso de extinción de dominio. “Es un monto muy representativo en bienes y valor, ha pasado al Estado para que lo destine a obras de bien social, construcción de caminos y puentes, escuelas y hospitales”, explicó Luján, calificando este proceso como “un logro incalculable”.

Para el magistrado, el Perú ha alcanzado un nivel de eficiencia en cantidad de sentencias y que entre los países de América Latina que tienen el modelo oral de extinción de dominio nos encontramos en primer lugar con 1,089 sentencias.

“El segundo logro es que tenemos un sistema oral, muy ágil, este proceso en promedio demora un año hasta que se obtiene la sentencia final. Al ser un proceso oral es muy célere. Este logro ha convertido el modelo de Perú en un referente mundial”, señaló.

El magistrado señaló, además, que el máximo logro obtenido por la justicia peruana en extinción de dominio es la eficiencia, no solo en cantidad sino en calidad de las sentencias, medida a través de un sistema creado por la Real Sociedad Estadística de Oxford, en Gran Bretaña.

Luján precisó que para que los bienes sean extinguidos (decomisados) no basta con que sean ilegales, sino que, generen ganancias ilícitas o estén vinculados al crimen organizado.

“Un juez de extinción de dominio lo que hace es evaluar el artículo 70 de la Constitución que dice que la propiedad es inviolable, el Estado la garantiza, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley; (los jueces) nos encargamos de determinar si los bienes han sido adquiridos, o se tienen, dentro de la ley o en armonía con el bien común”, indicó el juez supremo.

Las declaratorias de emergencia no sirven para nada

Por Dante Pacheco:

En el tema de seguridad el Perú sigue sumido en una gran crisis que lleva a la desesperación a los miles de hogares que son sometidos por la delincuencia, hogares enlutados por la actuación de extorsionadores y sicarios que siembran dolor y muerte y al respecto el Gobierno permanece inactivo, con acciones tibias, si ningún norte con declaratorias de emergencias que no tienen ni son ni ton.

Una de las muestras de fracaso de estas declaraciones de emergencia se vio primero en tres distritos capitalinos donde la delincuencia en lugar de retroceder avanzó sustancialmente y donde en la mayoría de los casos la propia población denunció que ni siquiera se notó la presencia de mayor número de policías y mucho menos la presencia de soldados. Lo más grave se ha dado en la zona norte del país, particularmente en el Departamento de La Libertad donde hace poco se ha extendido por treinta días más la declaratoria de emergencia en materia de seguridad, sin embargo tenemos más de lo mismo, es decir que durante la emergencia han aumentado los actos de extorsión, también aumentaron el número de muertos por parte de sicarios que a modo de burla ni siquiera se dan por enterados de las emergencias; de modo que su actuación crece exponencialmente. En algún momento se habló de la presencia de soldados para ayudar a la policía con en el afán de enfrentar estos  hechos, sin embargo nada de lo que se anuncia se cumple y peor aún, como si se tratase de desafíos, los delincuentes recrudecen sus acciones, como ocurre en Pataz donde todo se mueve por la minería ilegal, allí en lugar de retroceder han terminado por iniciar el derribamiento de torres de alta tensión, al mismos estilo terrorista, razón por la que muchos opinan que estamos en una etapa del terrorismo urbano, pero que eso no quiere reconocer el Gobierno a fin de no radicalizar su accionar en contra de la inseguridad ciudadana.

El Gobierno de Dina Boluarte hace agua por todos los lados y su máxima debilidad es la lucha contra la inseguridad, no obstante, a estas alturas no se tiene planes a la vista, solo se conforman con acciones paliativas, pero que no reflejan el interés por controlar ni disminuir la presencia delincuencial en este país que se desangra, mientras la Presidenta y los inoperantes Ministros, juntos con los políticos de dos por medio se distraen con los relojes ROLEX y otras sandeces más. ¿Hasta cuándo?

Indulto de Alberto Fujimori: «Expresidente no volverá a prisión por mandato de la Corte IDH», afirma Elio Riera

En diálogo con Exitosa, el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, descartó que el expresidente de la República vaya a volver a prisión por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

No está dentro de sus competencias

Durante el programa Informamos y Opinamos con Karina Novoa, el letrado indicó que el Estado peruano ha cumplido con revisar la legalidad del indulto del exmandatario y, tras ratificar su excarcelación, el órgano internacional «más no puede hacer».

En detalle, Elio Riera especificó que la Corte IDH no tiene dentro de sus competencias ordenar este tipo de medidas.

«Lo que ha dicho la Corte IDH es que se tiene que revisar el control de legalidad y para el Estado peruano ya se realizó. Más ya no puede hacer la Corte. El señor expresidente no va a volver a prisión por mandato de la Corte. Eso es algo equivocado. El Estado cumplió, brindó los descargos y presentó las justificaciones. Más no se puede hacer.», declaró para nuestro medio.

En ninguna lista negra

Asimismo, el abogado de Alberto Fujimori respondió a José Quispe, defensa de las víctimas de Barrios Altos que advertía que el Estado peruano iba a entrar en una lista negra con el indulto del expresidente.

Al respecto, Elio Riera rechazó dicha posibilidad y aseguró que si bien es un argumento respetable, el mencionado letrado está equivocado.

«¿Usted cree que el Estado peruano se ha visto afectado porque el expresidente salió? Verdaderamente, yo creo que es magnificar algo. El Estado peruano no va a estar en ninguna lista negra. (…) Ese es un argumento equivocado. Respetable, pero válido», aseveró.

Gobierno defiende excarcelación

Del mismo modo, el abogado del exjefe de Estado se refirió a la defensa del Gobierno de Dina Boluarte al indulto del expresidente y sostuvo que el discurso del ministro de Justicia, Eduardo Arana, busca transmitir un mensaje de respeto hacia el Tribunal Constitucional.

«Yo considero que el mensaje del Ejecutivo es claro: respetar el mandato del TC. En efecto, según la Corte, se habría cometido desacato. Pero, finalmente, el Estado peruano lo que hace prevalecer es un mensaje por el cual resalta que el TC emitió una orden conforme a derecho», agregó.

Y es que tras garantizar que el indulto del expresidente Alberto Fujimori obedeció los principios de legalidad y justicia, el titular del Minjusdh indicó que no están defendiendo el derecho de un ciudadano en particular.

Más vergüenza no puede darnos el Congreso de la República

POR DANTE PACHECO:

Lo del Parlamentario Darwin Espinoza refleja lo hondo que ha caído el Congreso de la República, no solamente está lleno de mediocres y corruptos, gran parte son sinvergüenzas que aprovechan lo mínimo para satisfacer sus intereses personales, aunque lo que realizan sea contra a ley Y la ética.

EL escándalo se desató cuando los medios nacionales dieron cuenta de la forma vil en que utiliza los bienes, servicios y recursos del Estado para provecho propio como el de pretender formar un Partido o Movimiento Político ajeno al que pertenece, como es Acción Popular, y para ello no tenga reparos en usar la impresora de su oficina, material de su mismo despacho, personal que tiene a su cargo y demás recursos, incluyendo que obliga a sus trabajadores a viajar a Ancahs para obtener firmas ofreciendo artículos que los mismos trabajadores tienen que adquirir con sus propios recursos. El resultado del informe periodístico a dado pie a que la Fiscalía de la Nación actúe de oficio y ya se haya producido el allanamiento de la oficina de Darwin Espinoza a fin de constatar o que se difundió en la televisión nacional. No cabe dudas que le cayó la noche a este congresista implicado en otras denuncias por formar parte de una organización criminal denominada los niños y otras denuncias mas que con todo esto lo colocan entre las cuerdas. Lamentablemente esta es la situación cuasi normal En el Congreso, donde cada vez mas nos avergüenzan y revelan que estamos frente a un Parlamento que nos llena de indignación… esa es la clase política que debe desaparecer y que esa lista de Congresistas pase a formar parte del padrón negro de políticos mediocres y corruptos.

Gobierno de Boluarte dice que indulto a Alberto Fujimori fue legal y pide a Corte IDH respetar soberanía

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, informó la respuesta del Gobierno de Dina Boluarte a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el indulto otorgado a Alberto Fujimori, en diciembre del 2023.

En una conferencia de prensa, Arana explicó que en el informe presentado a la Corte IDH por el caso Barrios Altos y la Cantuta se señala que la liberación de Alberto Fujimori se hizo en el marco de la legalidad y respetando los procedimientos establecidos.

“Es fundamental recalcar que nuestro país ha actuado conforme a su marco jurídico interno y externo, y ha seguido los procedimientos establecidos para el caso Fujimori en estricto apego a los principios de legalidad y justicia”, detalló.

En esa misma línea, Arana pidió a la Corte IDH que se respeten las decisiones y soberanía del Estado peruano.

«Desde el Gobierno promovemos el respeto recíproco entre la soberanía y la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instando a la consideración respetuosa de las decisiones judiciales internas y soberanas del Estado peruano», agregó.

En la conferencia de prensa, el ministro Arana estuvo acompañado por los agentes del Estado peruano ante la Corte IDH, Dr. Jorge Luis Cáceres Arce y el Dr. César Pastor Briceño; y por el experto ante el Sistema Interamericano de Derechos Dr. Adrián Simons.

Jorge Cáceres argumentó que lo que se defendió ante la Corte IDH no “es una decisión ideológica ni política ni partidaria”.

“Es una decisión debidamente motivada en el ordenamiento constitucional y con base en la defensa, sin apasionamientos políticos ni ideológicos ni posturas extremas. Es defender al Estado peruano y a una decisión del Tribunal Constitucional”, explicó.

Por su parte, César Pastor Briceño indicó que se acreditó ante la Corte que el Estado peruano no cometió desacato con la liberación del exdictador.

“La defensa del Estado peruano acreditó que no ha existido tal supuesto desacato, que se ha ejecutado en los términos señalados por la Corte la obligación del Estado peruano de realizar el control constitucional del indulto y el resultado de ello ha sido determinar la validez en sede jurisdiccional interna de este acto de derecho de gracia”, puntualizó Briceño.

Barrios Altos y la Cantuta: masacres por las que condenaron a Fujimori

El 3 de noviembre de 1991, miembros del Grupo Colina entraron a una quinta en Barrios Altos, donde se llevaba a cabo una pollada, y dispararon contra todos los asistentes. Murieron 15 personas, entre ellas un menor de 8 años.

Unos meses después, el 18 de julio de 1992, miembros del Grupo Colina secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, más conocida como La Cantuta. 

El 2009, Alberto Fujimori fue condenado como autor mediato de estas matanzas y lo sentenciaron a 25 años de cárcel. Sin embargo, el 6 de diciembre del 2023, el exdictador abandonó el penal de Barbadillo luego de que una sentencia del Tribunal Constitucional autorizara su liberación al ratificar un fallo que restituía el indulto humanitario otorgado por Pedro Pablo Kuczynski en el 2017.

Mininter designó a Franco Moreno Panta como nuevo jefe de la DIVIAC en reemplazo de Harvey Colchado

El Ministerio del Interior (Mininter) designó al coronel PNP Franco Moreno Panta como nuevo jefe de la División de Alta Complejidad (Diviac), en reemplazo del suspendido Harvey Colchado.

Como se sabe, el último sábado, Colchado fue separado temporalmente del referido cargo por disposición de la Inspectoría General de la Policía Nacional. Dicha entidad inició un procedimiento administrativo disciplinario por una infracción «grave» y otra «muy grave», que se habría cometido en el marco de la celebración del cumpleaños de Harvey Colchado.

A raíz de ello, el Mininter oficializó el nombramiento de un nuevo deje para dicha división, lo cual se oficializó el lunes por la noche en la página web de dicho sector y la plataforma del Estado.

«Conformar el Equipo Especial de apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, de acuerdo al siguiente detalle: Coronel Franco Raúl Moreno Panta, jefe de la (DIVIAC) de la PNP, quien ejerce la coordinación general», indica la resolución suscrita por el ministro del Interior, Walter Ortiz Acosta. 

En el mismo documento, se designó al coronel PNP Segundo Pericles Argomedo Vásquez como jefe de la División de Inteligencia Antidrogas de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, como integrante de dicho equipo especial de la Policía. 

Cabe resaltar que Moreno Panta ocupó la jefatura de la Diviac en el 2022, cuando el titular del Mininter era Alfonso Chávarry durante el gobierno de Pedro Castillo.

Posteriormente, fue designado jefe de la División de Investigación de Robos (DIVINROB PNP) donde permaneció hasta su cambio a la Diviac.

Abogado de Harvey Colchado niega que torta de cumpleaños haya aludido a allanamiento a casa de Dina Boluarte

El último sábado, el coronel Harvey Colchado fue separado temporalmente de la jefatura de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) por disposición de la Inspectoría General de la Policía Nacional, como parte de un procedimiento administrativo disciplinario que se le aperturó por una infracción «grave» y otra «muy grave».

Según declaración de su abogado, Stefano Miranda, la medida habría sido originada por la foto de la torta de cumpleaños de su cliente -que fue difundida por terceros a través de las redes sociales- con un decorado que hacía alusión al allanamiento de un local con un ariete. Como se recuerda, dicho procedimiento fue el que se aplicó a la casa de la mandataria Dina Boluarte, el pasado 30 de marzo. 

Ante ello, en diálogo con RPP, Miranda indicó que dicha foto fue subida por su cliente a su estado de WhatsApp personal, pero negó que el decorado hiciera alguna alusión al allanamiento del domicilio de la presidenta.

«Ha sido difundida en su estado de WhatsApp como celebración de su natalicio, el día de su cumpleaños, que fue regalada esta torta por el personal de protocolo de la Diviac, y por sus compañeros de trabajo», indicó.

«Lo que estamos haciendo el día de hoy (es) hacer ver que no ha sido alusión al allanamiento de la casa de la presidenta, y que ha sido una torta preparada con una temática, días antes de su natalicio, y la persona que ha preparado la torta es clara en señalar que es producto de la acción de la Diviac, de manera constante», agregó. 

Asimismo, el jurista sostuvo que la interpretación personal de un decorado no debería ameritar siquiera la apertura de una investigación.

«Las interpretaciones que podamos tener las personas tienen que ser acordes al derecho disciplinario, y el subir una fotografía por celebración de tu cumpleaños, me parece que no debería ni siquiera ameritar una investigación«, aseveró.

«Vamos a pedir el levantamiento de la medida, para que esta misma oficina de Disciplina que ha emitido esta resolución, reconsidere con nuevos hechos que estamos presentando, que acreditarían que no es una mofa contra la presidenta, que no lo ha presentado con una situación de difundir ante los medios de comunicación, y que la interpretación de una periodista, fuente abierta, no significa una clara difusión y daño de la imagen institucional», sostuvo.