José Jerí expresó su apoyo a Edmundo González para iniciar un «proceso de transición» hacia la institucionalidad democrática en Venezuela

El presidente José Jerí le expresó este miércoles su apoyo a Edmundo González para que el proceso de transición en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, culmine con el respeto a la voluntad expresada en las urnas el pasado 28 de julio de 2024.

“El mandatario sostuvo esta mañana una conversación telefónica con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, a quien le manifestó su decidido apoyo para que el proceso de transición hacia la institucionalidad democrática en su país culmine con el respeto de la voluntad popular venezolana, manifestada en julio de 2024”, informó la Presidencia del Perú en su cuenta oficial de X.

No se brindaron por el momento más detalles de dicha conversación, aunque se conoció que Jerí estuvo junto al canciller Hugo de Zela durante la conversación con González Urrutia, quien vive en España.

Apoya acciones de USA

Jerí es uno de los mandatarios en la región que ha expresado estar a favor de la detención de Maduro tras un operativo autorizado por Donald Trump.

El presidente, a través de su cuenta en X, escribió que «Venezuela inicia una nueva era en democracia y libertad» y que, desde el sábado 3 de enero, «muchas familias podrán reencontrarse en su país».

En esa línea, sostuvo que el Perú brindará a los venezolanos en el país «facilidades para su regreso inmediato, sin importar su condición migratoria». «Nuestra región también tiene la posibilidad de recuperar su seguridad e iniciar una época de prosperidad (…) De igual manera, reforzaremos aún más la presencia en nuestra frontera para garantizar la tranquilidad y el respeto a los procedimientos», expresó.

Caso Alas Peruanas: Fuerza Popular en nueva investigación de lavado de activos por los aportes «ilícitos» de Joaquín Ramírez

Fuerza Popular fue incorporado en la investigación contra Joaquín Ramírez por el delito de lavado de activos en el caso Alas Peruanas. El cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó que el partido de Keiko Fujimori forme parte del proceso a solicitud del Ministerio Público.

La Fiscalía sostiene que Fuerza Popular habría recibido aportes de Joaquín Ramírez provenientes del fraude en la administración de la Universidad Alas Peruanas, institución que estuvo dirigida por su tío Fidel Ramírez Prado, durante las campañas presidenciales 2011 y 2016

En su hipótesis asegura que el partido fujimorista recibió, entre los años 2014 y 2015, la suma de 54 mil 536 65 soles; mientras que, en el 2011, aceptó un total de 210 mil soles. De igual forma, se registran aportes a su favor por la transferencia de dos inmuebles ubicados en la avenida Bucaré de la urbanización Camacho (La Molina) y en la avenida Arequipa (Miraflores).

De acuerdo a la indagación de la Fiscalía, en caso Fuerza Popular hubiera ganado las elecciones presidenciales, los aportes de Ramírez luego serían devueltos en beneficios e intereses personales.

«De haber alcanzado el Poder Ejecutivo, el partido habría tenido como objetivo retribuir dichos aportes ilícitos mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas, beneficios tributarios o marcos normativos favorables que permitieran el funcionamiento de cooperativas y universidades privadas», detalla la Fiscalía en su hipótesis.

Se precisa, además, que el partido habría sido utilizado como un brazo político o empresa de fachada para el ingreso y ocultamiento de dinero ilícito que agenciaba Joaquín Ramírez.

«La imputación formulada contra el partido Fuerza Popular consiste en haber favorecido la comisión del delito de lavado de activos agravado mediante el uso de su organización, estructura financiera y operativa por parte de los procesados Keiko Sofía Fujimori y Pier Paolo Figari Mendoza, quienes son imputados en calidad de autores de dicho delito, con la agravante de haber pertenecido a una organización criminal liderada en su momento por el extinto ciudadano Fidel Ramírez Prado, ejecutando actos de ocultamiento y tenencia de dinero ilícito proveniente de las empresas de Joaquín Ramírez Gamarra», menciona la referida tesis.

Poder Judicial le da la razón a la Fiscalía

Tras los alegatos del Ministerio Público, la jueza a cargo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado el pedido de la Fiscalía.

En tanto, la defensa de Fuerza Popular cuestionó que el Ministerio Público requiera la incorporación del partido cuando el plazo de investigación se venció el 4 de mayo del 2025; sin embargo, la Fiscalía respondió que la solicitud fue presentada el 30 de abril de 2025, antes de que se venciera dicho plazo.

A ello, el juzgado verificó que el requerimiento fue presentado dentro del plazo vigente, por lo que descarta la afectación al derecho de defensa y señala que la tramitación oportuna del requerimiento se vio retrasada por recusaciones reiteradas formuladas por los investigados.

En esa línea, también rechazó la oposición formulada por las compañías Combustibles Granel SRL y Combustibles SAC, empresas de Joaquín Ramírez. El juzgado concluye que dichas empresas carecen de legitimidad para oponerse a la incorporación del Partido Fuerza Popular, al no ostentar la condición de socios, directivos ni representantes del partido.

Franco Vidal reclama a José Jerí brindar apoyo a personas vulnerables en Ate: «Deja de estar bailando y viajando sin sentido»

El alcalde de Ate, Franco Vidal, exhortó al presidente José Jerí a «dejar de bailar y viajar sin sentido» y, en lugar de ello, gestionar apoyo para las personas en estado de vulnerabilidad en el distrito de Ate.

Durante una transmisión en Kick, Vidal visitó a dos personas en situación de calle y consideró que es tarea del Estado poder ayudarlas. En ese contexto, se dirigió directamente a Jerí y lo exhortó a atender estos asuntos.

“Estas personas cuánto quisieran estar en una casa con techo, con agua. No pasando frío, no pasando hambre. No es trabajo de la municipalidad, es trabajo del Gobierno. Ustedes tienen ahí los recursos y tienen los programas. ¿Qué está pasando? En vez de estar bailando, en vez de estar viajando sin sentido, tienen que estar aquí“, dijo.

“José Jerí, este mensaje es para ti. Deja de estar bailando, deja de estar viajando sin sentido. Aquí en Lima, en Perú, esta es la triste realidad”, agregó.

«Acá en Ate ya no esperamos nada de ti»

Asimismo, consideró que se equivocó al esperar nuevos cambios tras la asunción de Jerí. «Ya me cansé de esperarte y me arrepiento, de verdad, me arrepiento de haber dicho que este Gobierno puede hacer un cambio. Ya no quiero ni una sola obra. Acá en Ate ya no esperamos nada de ti», dijo.

También, aseguró que los obras realizadas en Ate se han ejecutado con los impuestos pagados por los vecinos del distrito y apoyo de la Municipalidad de Lima. Aseguró que “ni en el Gobierno de Dina Boluarte ni en el Gobierno de José Jerí se pudo hacer una sola obra».

“Usted ha pasado de ser congresista a ser presidente de la noche a la mañana. Pero usted no tiene recorrido, como yo lo tengo, de conocer la realidad de la gente del pueblo y la gente de la calle”, mencionó.

Su disconformidad también se extendió a los miembros del gabinete:“¿Cuándo vas a hacer trabajar a tus ministros? Esas son las personas que tienen que ayudar, personas en situación de calle, personas que no tienen un techo”.

Poder Judicial admite demanda de amparo de Delia Espinoza que busca revertir su inhabilitación impuesta por el Congreso

El Poder Judicial admitió a trámite la demanda de amparo presentada por Delia Espinoza, con la que busca revertir la inhabilitación por diez años que le impuso el Congreso y dejar sin efecto las resoluciones legislativas aprobadas en su contra. La Sala Constitucional consideró que el recurso cumple con los requisitos legales para ser evaluado en el fondo.

La decisión judicial fue emitida por la Tercera Sala Constitucional de Lima, que declaró procedente el amparo contra los actos parlamentarios que apartaron a Espinoza de la función pública y habilitaron una acusación penal. El colegiado señaló que corresponde analizar si el procedimiento seguido por el Parlamento respetó el debido proceso.

La Sala Constitucional evaluará si el Congreso vulneró el debido proceso al inhabilitar a Delia Espinoza. Foto: La República

En su demanda, Delia Espinoza sostiene que el Congreso excedió sus atribuciones constitucionales al imponer la sanción política. También cuestiona la motivación de las resoluciones legislativas y menciona una afectación directa a sus derechos fundamentales como autoridad del Ministerio Público.

El Poder Judicial evalúa decisiones del Congreso contra Delia Espinoza

La demanda de amparo se dirige contra la Resolución Legislativa que dispuso la inhabilitación de Delia Espinoza para ejercer función pública durante una década. Según el recurso, esa decisión se adoptó sin una evaluación objetiva de los hechos ni una garantía efectiva de defensa.

El escrito también cuestiona la resolución que declaró haber lugar a la formación de causa penal en su contra. Espinoza afirma que el Congreso adelantó opinión y transformó un procedimiento político en un mecanismo sancionador, sin respetar los límites que fija la Constitución.

Además, la exfiscal solicitó que se declare la nulidad de todo lo actuado en la denuncia constitucional seguida en su contra. A su criterio, el proceso parlamentario estuvo marcado por vicios que comprometen su validez y afectan la independencia de la Fiscalía.

Poder Judicial programa audiencia por demanda de amparo de Delia Espinoza

La Sala Constitucional también fijó una audiencia única para el 9 de marzo de 2026. En esa sesión virtual, las partes expondrán sus argumentos y se definirá el rumbo de un proceso con alto impacto político e institucional.

Además, el Poder Judicial otorgó un plazo de diez días al procurador del Congreso para responder la demanda de amparo. Esta etapa permitirá conocer la defensa institucional del Parlamento frente a los cuestionamientos planteados por Delia Espinoza.

Con la admisión de la demanda de amparo, el Poder Judicial deberá pronunciarse sobre la legalidad de las resoluciones emitidas por el Congreso y verificar si el procedimiento parlamentario respetó las garantías del debido proceso. El análisis se centrará en los actos que derivaron en la inhabilitación de Delia Espinoza y en la formación de causa penal, conforme a los límites establecidos por la Constitución.

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: «No daremos lugar a ninguna cacería de brujas»

María Teresa Cabrera juró este martes 6 de enero como nueva presidenta de la Junta Nacional de Justicia, en una ceremonia donde participaron diversas autoridades como el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Aladino, el primer ministro Ernesto Álvarez y la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco. Lo acompañará en la vicepresidencia Víctor Hugo Chanduvi.

«Agradezco a mis colegas por esta oportunidad de poder seguir aplicando mis conocimientos y experiencia de más de 30 años en la administración pública. En un contexto complejo debido a la crisis reputacional que afecta a diversas instituciones públicas, entre ellas las vinculadas al sistema de justicia, así como la corrupción y seguridad ciudadana», señaló Cabrera Vega en su discurso inicial.

Aprovechó, además, para agradecer a su antecesor Gino Ríos Patio y los demás miembros de la JNJ, destacando que durante este gestión se tuvo que regularizar «la deficiente administración institucional» que encontraron. Añadió que hallaron aproximadamente 108 procedimientos disciplinarios, 36 investigaciones preliminares y 226 denuncias pendientes de resolver con caducidad próxima.

Asimismo, si bien no hubo una mención directa, se refirió a los cuestionamientos alrededor de la gestión de Ríos Patio entre los que estuvo ocultar el acta de la sesión donde se acordó reponer a Patricia Benavides y negarse a acatar el fallo del Poder Judicial que ordenaba la reposición de Delia Espinoza.

«Por mi honor yo les aseguro que esta Junta Nacional de la Justicia realizará su labor con independencia, imparcialidad y objetividad, respetando el debido procedimiento y muestra de ello son las resoluciones emitidas como pleno en este primer año de trabajo […] cada caso es y será analizado aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad para ser justos en nuestras decisiones, acá no existe ni daremos lugar a ninguna cacería de brujas», agregó.

En ese sentido, cuestionó los procesos disciplinarios abiertos por las gestiones anteriores y las consideró «aberraciones procedimentales encubiertas para destituir a magistrados». «No debemos hacer a otros lo que no nos gustaría que nos hagan», sostuvo.

Sobre los procesos de selección y nombramiento, indicó que su gestión velará por la meritocracia teniendo en cuenta los más altos estándares de transparencia y que para las evaluaciones de magistrados serán firmes en la supervisión.

“Es importante que quienes aspiren a ser magistrados tengan sólidos conocimientos jurídicos, pero también experiencia en el sector. Un juez no se hace de la noche a la mañana. Si bien es importante contar con los grados académicos completos, ello no garantiza la idoneidad, debiéndose privilegiar la probidad por experiencia propia”, sostuvo.

Mención al Consejo Nacional de la Magistratura

En otro momento, Cabrera mencionó al extinto Consejo Nacional de la Magistratura – la cual fue reemplazada por la Junta Nacional de Justicia debido a cuestionamientos de corrupción- y refirió que «las conductas dolosas son personales» y no debía de perjudicar a las instituciones.

Según indicó, ella misma invitó a participar en la ceremonia de juramentación a los exmagistrados de la CNM a quienes consideró «invisiblizados» y que son «profesionales de gran valía jurídica que nadie los considera».

«Lo paradójico que ocurrió con el anterior CNM, es que quien propuso su disolución fue vacado, inhabilitado y sentenciado expresidente Martín Vizcarra. Que esta vivencia nos sirva de reflexión para que la historia no se repita, los pesos y contrapesos son un principio fundamental en la democracia», señaló.

Fiscalía de la Nación desactivó equipos especiales Lava Jato, Eficcop, Eficavip y Cuellos Blancos

A través de cuatro resoluciones publicadas este martes, 6 de enero, en el diario oficial El Peruano; el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez Villegas dispuso la desactivación definitiva de los Equipos Especiales Lava Jato, Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip) y Cuellos Blancos del Puerto.

La decisión, que había sido anticipada por Gálvez en declaraciones previas, se sustenta en la necesidad de «unificar la estrategia de persecución penal» y reforzar los subsistemas especializados de Lavado de Activos, Corrupción de Funcionarios y Derechos Humanos.

«Se han considerado reyes»

La fecha de la oficialización no es casual. En declaraciones previas, Tomás Gálvez había adelantado con ironía el momento de la disolución: «La resolución, como estos se han considerado reyes, vamos a hacerlo el Día de la Bajada de Reyes, pero no por bajada de reyes a Jesucristo, sino porque bajamos a los reyes, [a] todos los equipos especiales, todos han servido para lo mismo».

Según el titular interino, estos grupos «no han dado resultado» y su existencia había generado, a su juicio, un escenario donde «llegó el encubrimiento y la impunidad, así como la persecución».

El fin del Equipo Especial Lava Jato

Mediante la Resolución N° 007-2026-MP-FN, se desactiva el equipo que lideraba las investigaciones por el caso Odebrecht. En consecuencia, se da por concluida la designación del fiscal superior Rafael Vela Barba como coordinador.

El personal fiscal y administrativo, así como la carga procesal (97 carpetas fiscales), pasarán a integrar el Subsistema Especializado en Delitos de Lavado de Activos. La resolución argumenta que esto permitirá «optimizar el talento fiscal» y garantizar la continuidad procesal bajo un mando unificado.

Desarticulación del Eficcop y Cuellos Blancos

De igual forma, la Resolución N° 008-2026-MP-FN ordena la desactivación del Equipo Especial contra la corrupción del poder (Eficcop). Se deja sin efecto la coordinación que ejercía la fiscal Vanessa Díaz Ramos (quien reemplazó a Marita Barreto). Los casos pasarán a la competencia de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Por otro lado, la Resolución N° 006-2026-MP-FN pone fin al Equipo Especial «Los Cuellos Blancos del Puerto». El fiscal Alfonso Barrenechea Cabrera deja la coordinación general de este grupo y será reasignado a la Fiscalía Superior Transitoria de Prevención del Delito.

Eficavip pasa a Derechos Humanos

Finalmente, la Resolución N° 005-2026-MP-FN desactiva el Eficavip, grupo encargado de investigar las muertes durante las protestas sociales de 2022-2023. El personal y las carpetas serán absorbidos por la Coordinación de Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, con el fin de evitar la dispersión de casos de graves violaciones a los derechos humanos.

Críticas previas

Antes de oficializarse la medida, el fiscal Rafael Vela había advertido en RPP que la disolución sería una «ofrenda a la corrupción» y convertiría a la Fiscalía de la Nación en una «mesa de partes del Congreso».

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez había señalado que Gálvez debía abstenerse por adelanto de opinión, responsabilizándolo de cualquier perjuicio en los casos emblemáticos.