La elección general del 2026 no solo definirá quién gobernará el país, sino que está revelando, desde ya, una profunda crisis en la política peruana. Más allá de discursos y promesas, la proliferación de candidaturas, alianzas frágiles y renuncias tempranas evidencia un rasgo preocupante: una clara vocación de poder que ha desplazado a la vocación de servicio.
Nunca antes habíamos visto un escenario tan fragmentado y, al mismo tiempo, tan carente de propuestas estructurales. Los aspirantes aparecen y desaparecen con rapidez, no por debates ideológicos ni por discrepancias programáticas, sino por cálculos personales, encuestas adversas o negociaciones de último minuto. La política se ha convertido en una plataforma para acceder al poder, no en un espacio para asumir responsabilidades frente a la Nación.
La vocación de servicio implica sacrificio, coherencia y compromiso con el bien común, incluso cuando ello supone costos personales o políticos. Sin embargo, lo que observamos es lo contrario: candidaturas construidas alrededor de egos, marketing electoral y oportunismo. Se habla mucho de liderazgo, pero poco de deber. Se invoca al pueblo, pero se legisla y gobierna de espaldas a él.
El proceso rumbo al 2026 refleja además una alarmante desconexión entre los problemas reales del país y las prioridades de quienes buscan gobernarlo. Inseguridad ciudadana, corrupción sistémica, informalidad económica y colapso institucional siguen siendo temas recurrentes en el discurso, pero ausentes en propuestas concretas y viables. La política se ha vuelto reactiva, superficial y cortoplacista.
Esta vocación de poder se manifiesta también en la ausencia de rendición de cuentas. Muchos de los actores que hoy aspiran a cargos mayores ya han ocupado posiciones de decisión, sin que se hagan responsables de sus fracasos o silencios. Cambian de partido, de narrativa y de aliados, pero no de prácticas. El problema no es la falta de experiencia, sino la falta de ética pública.
El Perú no necesita más candidatos; necesita servidores públicos. Personas dispuestas a anteponer el interés nacional a la ambición personal, a construir instituciones sólidas y a asumir el mandato popular como un encargo moral, no como un botín. La elección del 2026 será, en ese sentido, una prueba decisiva.
O recuperamos la vocación de servicio como eje de la política, como plantea Perú Acción, o seguiremos atrapados en un ciclo de poder sin propósito, donde los cargos se disputan con vehemencia, pero el país queda, una vez más, abandonado.
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ente rector del sistema electoral, resolvió declarar nulas las elecciones primarias efectuadas por la organización política Acción Popular a fin de definir a sus candidatos para las Elecciones Generales 2026, por presentar vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso.
La decisión la adoptó mediante Resolución N° 0745-2025-JNE, en la que se señala que se ha advertido que no existe coincidencia entre la relación de delegados declarados ganadores por el Comité Nacional Electoral (CNE) de la referida organización política y la lista de material electoral elaborada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en las elecciones primarias efectuadas el pasado 30 de noviembre en las circunscripciones de Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Provincias, Loreto, Piura, Tacna y Ucayali.
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones señala que la democracia interna es un pilar esencial de toda organización política, ya que asegura que la elección de candidaturas se realice mediante reglas claras, objetivas, transparentes y con participación de sus afiliados.
En ese marco, remarca que los partidos deben respetar los principios constitucionales y la normativa vigente, así como cumplir con los procedimientos fijados en sus propios estatutos.
Bajo ese criterio, el colegiado advierte que sería contrario a su deber constitucional dejar de pronunciarse sobre las impugnaciones y solicitudes de nulidad presentadas por afiliados de Acción Popular.
Precisa que la función de administrar justicia electoral implica, entre otras tareas, supervisar la legalidad del voto y verificar que los procesos electorales se desarrollen conforme a la ley.
La congresista Rosio Torres Salinas, de Alianza para el Progreso, presentó el Proyecto de Ley N.º 13561 con el objetivo de ampliar el alcance del proceso de devolución de aportes al Fonavi e incorporar a más de 375 mil aportantes que no fueron considerados inicialmente en el reembolso. La iniciativa busca incluir a quienes accedieron a préstamos para vivienda, autoconstrucción, adquisición de materiales o conexiones domiciliarias de servicios básicos, siempre que hayan cancelado o compensado dichas obligaciones.
La propuesta legislativa plantea disposiciones complementarias a las Leyes 31173, 31454, 31604 y 31928, normativa que actualmente regula la devolución de los aportes al fondo de vivienda. Según el texto, la exclusión de miles de aportantes constituye una omisión que debe ser corregida para garantizar un proceso más justo y equitativo, en concordancia con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional.
Identificación de casos y prevención de doble devolución
El proyecto dispone que la Comisión Ad Hoc encargada del proceso de devolución deberá identificar a los aportantes que mantienen saldos deudores o que pagaron sus créditos mediante contingencias previstas en las Leyes 28275 y 29231. Esta medida tiene como finalidad determinar con precisión la situación de cada beneficiario y evitar casos de doble devolución que puedan generar perjuicio al fondo.
Asimismo, la iniciativa establece que los aportantes con deudas pendientes podrán acogerse a pagos compensatorios según lo previsto en la Ley 29625, permitiendo así que regularicen su situación y accedan al reembolso correspondiente. De esta manera, se busca garantizar que la mayor cantidad posible de aportantes pueda beneficiarse del proceso.
Exoneración de pagos por conexiones domiciliarias
Uno de los puntos destacados del proyecto es la exoneración de la obligación de pago por conexiones domiciliarias de saneamiento y electrificación. La propuesta considera que estas obras pertenecen a las empresas prestadoras de servicios y, por lo tanto, no deberían constituir una carga adicional para los aportantes que buscan acceder a la devolución de sus aportes al Fonavi.
Esta disposición responde a la necesidad de eliminar trabas administrativas que han impedido a miles de personas acceder al reembolso, especialmente en casos donde las conexiones domiciliarias fueron financiadas mediante préstamos del propio fondo pero las obras quedaron bajo responsabilidad de las empresas de servicios públicos.
Actualización de aportes y recuperación de recursos
La iniciativa dispone además la actualización del valor de las aportaciones realizadas entre 1980 y 1989, período en el que miles de trabajadores efectuaron contribuciones al Fonavi que con el tiempo perdieron poder adquisitivo debido a la inflación y otros factores económicos. Esta actualización busca reconocer el valor real de los aportes efectuados hace más de tres décadas.
Por otro lado, el proyecto faculta a la Comisión Ad Hoc a ejecutar acciones para recuperar la totalidad de los recursos financieros del Fonavi que se encuentren dispersos o que no hayan sido contabilizados adecuadamente. El financiamiento del proceso ampliado se efectuará exclusivamente con cargo al propio fondo, previa evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas, sin comprometer recursos del Tesoro Público.
Mediante Resolución Ejecutiva Regional N°000700-2025, firmada por la gobernadora de la región La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, se dejó sin efecto la designación del médico Hugo Valencia Mariñas en el cargo de director del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) – Norte.
La destitución del galeno, que fue colocado en el cargo por el exgobernador César Acuña Peralta en febrero de 2024, se da en medio de una ola de cuestionamientos a su gestión, debido a que se ha denunciado el desabastecimiento de insumos y medicamentos, además de un ineficiente gasto del presupuesto que se le asignó a la institución.
INSATISFECHO
Robert De La Cruz, consejero regional por Trujillo, saludó ayer la decisión de la gobernadora de retirarle la confianza a Hugo Valencia, ya que, desde su punto de vista, era “necesario” y “urgente” hacer cambios en la dirección del IREN – Norte.
Sin embargo, cuestionó que hayan dejado encargada en el puesto a la actual gerenta regional de Salud, Cyntia Quesquén García, pues de acuerdo a De La Cruz, es una funcionaria que ha demostrado desconocimiento en el sector salud.
Ante ello, el consejero dijo que espera que pronto se nombre a un director permanente.
“Se necesita un técnico que tenga conocimientos en el sector público y sensibilidad con los pacientes. Ojalá que no se le ocurra a la gobernadora (Joana Cabrera) nombrar a un amigo o a un militante del partido Alianza para el Progreso, para salir de la situación”, comentó.
La semana pasada, personal médico, enfermeros y pacientes protestaron en los exteriores del IREN .– Norte contra la gestión de Hugo Valencia por los cuestionamientos antes indicados. Sin embargo, al día siguiente el galeno negó lo que dijeron los manifestantes y aseveró que demostraría que todo era mentira.
La encuesta nacional de Proética 2025 revela que el Congreso es visto como la institución más corrupta del país por el 85% de la población. El estudio, aplicado en zonas urbanas, muestra además que esta percepción ha crecido un 25% desde 2022 y sitúa al Parlamento en un punto crítico.
El informe también identifica un agravamiento de la desconfianza hacia las principales entidades del Estado. La ciudadanía evalúa con fuerte desaprobación a la PNP, al Ministerio Público y al gobierno de Dina Boluarte, consolidando un escenario de rechazo que cruza todas las regiones y niveles socioeconómicos. Este clima contribuye al pesimismo colectivo y alimenta la impresión de que la corrupción seguirá aumentando en los próximos años.
Para la mayoría de peruanos, el problema ya no es abstracto: afecta la economía familiar, limita el acceso a servicios esenciales y profundiza la crisis institucional. Las conclusiones de Proética apuntan a un país donde las instituciones pierden legitimidad, mientras la ciudadanía asume que el deterioro será difícil de revertir.
El estudio también profundiza en experiencias cotidianas como las coimas, el uso de contactos, la corrupción sexual y el avance de economías ilícitas. Estos factores forman un cuadro amplio de cómo la corrupción impacta la vida diaria y condiciona el escenario electoral rumbo a los comicios de 2026.
Gobierno de Dina Boluarte es catalogado como el más corrupto de los últimos 10 años
La encuesta muestra un consenso casi unánime: la corrupción ha aumentado en los últimos años y seguirá en esa tendencia. Ocho de cada diez ciudadanos creen que la situación empeorará o se mantendrá igual, reflejo de un pesimismo que se arraiga en todas las regiones del país. Este panorama afecta la estabilidad política y alimenta la idea de que el Estado carece de capacidad para frenar la crisis.
El gobierno de Dina Boluarte concentra un nivel de desaprobación sin precedentes. El 72% de los encuestados afirma que su administración es la más corrupta de los últimos diez años, superando ampliamente a gestiones pasadas involucradas en investigaciones fiscales. Esta percepción es más fuerte fuera de Lima, donde la población siente mayor distancia con el poder central.
El gobierno de Dina Boluarte se posiciona como el más corrupto de la década, según Proética.
La desconfianza también se traduce en la expectativa ciudadana sobre el futuro inmediato. La mayoría sostiene que la corrupción seguirá afectando su vida diaria, desde el acceso a servicios públicos hasta la pérdida de oportunidades laborales. Con este escenario, la crisis institucional se instala como un problema estructural que condiciona la gobernabilidad del país.
Ministerio Público, Poder Judicial y PNP también son percibidas como corruptas por la población
La encuesta de Proética confirma que el Congreso concentra el mayor rechazo ciudadano, seguido por el Ministerio Público, el Poder Judicial y la PNP. Estas entidades, claves en la lucha contra la corrupción, aparecen entre las peor evaluadas por su falta de resultados y su incapacidad para frenar abusos, sobornos o redes delictivas internas.
El informe también identifica un agravamiento de la desconfianza hacia las principales entidades del Estado. La ciudadanía evalúa con fuerte desaprobación a la PNP, al Ministerio Público y al gobierno de Dina Boluarte, consolidando un escenario de rechazo que cruza todas las regiones y niveles socioeconómicos. Este clima contribuye al pesimismo colectivo y alimenta la impresión de que la corrupción seguirá aumentando en los próximos años.
Para la mayoría de peruanos, el problema ya no es abstracto: afecta la economía familiar, limita el acceso a servicios esenciales y profundiza la crisis institucional. Las conclusiones de Proética apuntan a un país donde las instituciones pierden legitimidad, mientras la ciudadanía asume que el deterioro será difícil de revertir.
El estudio también profundiza en experiencias cotidianas como las coimas, el uso de contactos, la corrupción sexual y el avance de economías ilícitas. Estos factores forman un cuadro amplio de cómo la corrupción impacta la vida diaria y condiciona el escenario electoral rumbo a los comicios de 2026.
Gobierno de Dina Boluarte es catalogado como el más corrupto de los últimos 10 años
La encuesta muestra un consenso casi unánime: la corrupción ha aumentado en los últimos años y seguirá en esa tendencia. Ocho de cada diez ciudadanos creen que la situación empeorará o se mantendrá igual, reflejo de un pesimismo que se arraiga en todas las regiones del país. Este panorama afecta la estabilidad política y alimenta la idea de que el Estado carece de capacidad para frenar la crisis.
El gobierno de Dina Boluarte concentra un nivel de desaprobación sin precedentes. El 72% de los encuestados afirma que su administración es la más corrupta de los últimos diez años, superando ampliamente a gestiones pasadas involucradas en investigaciones fiscales. Esta percepción es más fuerte fuera de Lima, donde la población siente mayor distancia con el poder central.
El gobierno de Dina Boluarte se posiciona como el más corrupto de la década, según Proética.
La desconfianza también se traduce en la expectativa ciudadana sobre el futuro inmediato. La mayoría sostiene que la corrupción seguirá afectando su vida diaria, desde el acceso a servicios públicos hasta la pérdida de oportunidades laborales. Con este escenario, la crisis institucional se instala como un problema estructural que condiciona la gobernabilidad del país.
Ministerio Público, Poder Judicial y PNP también son percibidas como corruptas por la población
La encuesta de Proética confirma que el Congreso concentra el mayor rechazo ciudadano, seguido por el Ministerio Público, el Poder Judicial y la PNP. Estas entidades, claves en la lucha contra la corrupción, aparecen entre las peor evaluadas por su falta de resultados y su incapacidad para frenar abusos, sobornos o redes delictivas internas.
Fiscalía, Poder Judicial y PNP dentro de las 5 instituciones estatales percibidas como corruptas por la población.
Los encuestados también consideran que las entidades que deberían encabezar la lucha anticorrupción son, paradójicamente, las mismas que identifican como las más corruptas. El Parlamento, la Policía y el Ejecutivo aparecen como los principales responsables de liderar reformas, pese a tener los índices de credibilidad más bajos. Esto evidencia una contradicción profunda entre las expectativas ciudadanas y la realidad institucional.
87% de la población culpa a la corrupción por baja de calidad de vida
El 87% de los ciudadanos afirma que afecta su vida diaria, especialmente en la economía familiar y el acceso a servicios públicos. La sensación de perjuicio es más fuerte entre mujeres, personas mayores de 43 años y habitantes del norte y Lima Metropolitana. La ciudadanía asocia la corrupción con obras de mala calidad, atención deficiente en salud y educación, y falta de oportunidades laborales.
87% de los ciudadanos encuestados señalan que la corrupción perjudica su vida cotidiana. Foto: Proética
El estudio también evidencia un fenómeno de externalización: mientras la mayoría considera que los peruanos son corruptos, casi todos se perciben a sí mismos como honestos. Esta brecha revela un problema estructural en la comprensión del fenómeno y alimenta prácticas que perpetúan la corrupción cotidiana.
Además, muchos ciudadanos normalizan el uso de contactos para resolver trámites o acceder a servicios urgentes, especialmente en hospitales. Estas prácticas, aunque consideradas moralmente cuestionables, son vistas como respuestas a un Estado lento, burocrático e ineficiente.
Ciudadanía reconoce que pagó coimas o conoce a alguien que lo hizo en el último año
El 31% de los encuestados admite haber pagado o conocer a alguien que pagó una coima en el último año. Los escenarios más comunes son trámites del Estado, multas de tránsito y atención en hospitales públicos. El principal detonante es la idea de que “si uno no paga, las cosas no funcionan”, una frase que describe con crudeza la descomposición de los servicios públicos.
Encuestados reconocen haber pagado coimas.
La tolerancia hacia ciertas formas de corrupción también se mantiene alta. Muchas personas consideran aceptable usar relaciones personales para agilizar trámites o conseguir citas médicas. En contraste, los sobornos directos a policías o inspectores municipales generan mayor rechazo, aunque incluso esos casos no alcanzan un consenso absoluto.
La mayoría de víctimas de coimas no denuncia por desconfianza en el sistema, temor a represalias o desconocimiento de los canales formales. Esta falta de denuncias contribuye a la impunidad y a la permanencia de prácticas corruptas en el Estado.
PNP e instituciones educativas concentran casos de corrupción sexual
La encuesta registra que el 13% de ciudadanos ha sido víctima o conoce a alguien que sufrió pedidos de favores sexuales en el último año. Este tipo de abuso se concentra principalmente en instituciones educativas y en la PNP, donde se reporta un riesgo significativo. Las mujeres y los jóvenes aparecen como los más vulnerables a este tipo de agresiones vinculadas al poder.
La mayoría de víctimas no denuncia por miedo, desconfianza o desconocimiento. En este caso, el temor a represalias es la principal barrera, lo que genera un círculo de silencio que facilita la impunidad. La corrupción sexual se consolida como una expresión extrema de abuso de poder, que afecta especialmente a poblaciones vulnerables.
Este fenómeno también revela un Estado que no garantiza mecanismos efectivos de protección ni sanción. Aunque la ciudadanía reconoce la gravedad del problema, la falta de medidas concretas refuerza la percepción de que denunciar no sirve.
Ciudadanía relaciona a la minería ilegal y narcotráfico con la corrupción
Un 94% de los encuestados afirma que la corrupción está ligada a economías ilegales como la minería ilegal, la tala indiscriminada o el narcotráfico. La mayoría cree que estas actividades proliferan por la debilidad de las instituciones y la falta de control estatal. Además, cuatro de cada diez consideran que, en algunas regiones, estas economías son la única opción laboral disponible.
La deforestación y la minería ilegal son percibidas como problemas graves que el Estado no está enfrentando adecuadamente. Más del 90% sostiene que no se han tomado medidas efectivas para combatir estas amenazas, pese a su impacto social, ambiental y económico.
La encuesta también muestra preocupación sobre la violencia contra líderes ambientales e indígenas. Aunque muchos ciudadanos admiten estar poco informados, existe un apoyo mayoritario a la creación de mecanismos de protección para estas personas, que suelen enfrentar riesgos por denunciar actividades ilícitas.
Elecciones 2026: ciudadanos buscan honestidad en candidatos
Rumbo al 2026, la honestidad se impone como la cualidad más valorada en un candidato. Este atributo supera a la experiencia política, la eficiencia o la capacidad técnica. La crisis de confianza ha generado que la integridad sea vista como el principal requisito para ocupar cargos públicos.
La encuesta también registra un fuerte cuestionamiento a los partidos políticos. Siete de cada diez ciudadanos creen que ocultan información sobre el financiamiento de sus campañas. Esta percepción alimenta la idea de que existe poca transparencia en los procesos electorales y que los aportes privados influyen en las decisiones públicas.
Finalmente, la ciudadanía exige que los partidos expulsen a sus integrantes implicados en actos de corrupción y establezcan filtros más estrictos para seleccionar candidatos. La demanda de medidas punitivas refleja un cansancio acumulado frente a la impunidad política.
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, presentó un proyecto de ley para que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no tengan responsabilidad penal cuando empleen sus armas en defensa del orden público y frente a ataques contra infraestructura pública o privada.
El proyecto establece que el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que, en ejercicio de sus funciones y protegiendo instalaciones públicas o privadas, así como la vida e integridad de personas, cause lesiones o muerte al usar sus armas de manera reglamentaria, no será responsabilizado penalmente.
«La reparación civil se determina conjuntamente con la pena y es un derecho que solo corresponde a la víctima del delito (…) No corresponde pago de reparación civil a quien está exento de responsabilidad penal», precisa el proyecto que busca modificar el artículo 20 y 92 del Código Penal.
La iniciativa, actualmente en la Comisión de Justicia, fundamenta que, tras la vacancia presidencial de Pedro Castillo por intento de golpe de Estado, se registraron manifestaciones sociales y movilizaciones de protesta en todo el país.
En ese sentido, el congresista fujimorista busca sancionar a los manifestantes al argumentar que durante dichas movilizaciones se registraron daños en comisarías, sedes del Poder Judicial y diversas entidades del Estado. Agrega, además, que en la ciudad de Juliaca dos policías fueron atacados.
«No puede ser que aquellos que defendieron el orden constitucional, sean hoy día perseguidos por la fiscalía”, se excusó el congresista fujimorista tras ser consultado por el polémico proyecto
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