En el último giro de la tragicomedia judicial peruana, el Poder Judicial ha demostrado una inquietante capacidad para aplicar dos varas de medir cuando se trata de procesar a altos cargos públicos. Por un lado, Ciro Castillo Rojo, suspendido gobernador regional del Callao y acusado de liderar una red de organización criminal y colusión agravada en el caso Los Socios del GORE Callao, enfrentará una orden de 24 meses de prisión preventiva y búsqueda y captura, tras permanecer prófugo de la justicia desde diciembre de 2025.

Castillo, señalado de direccionar contrataciones irregulares al amparo del cargo que ocupaba y de supuestamente manipular más de 60 adjudicaciones públicas por más de 1.4 millones de soles, finalmente recibe del sistema judicial lo que parece ser un correctivo enérgico, aunque tardío y, hasta ahora, letra muerta, dado que continúa no habido.

Pero basta con voltear la vista un poco más allá de Callao para observar una realidad aún más grotesca: la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, ha sido condenada por el mismo Poder Judicial a 9 años y 5 meses de prisión efectiva por el delito de peculado agravado, por irregularidades en contrataciones públicas vinculadas, entre otros, al caso del Centro Cívico de Matucana.

Aquí viene la parte verdaderamente ridícula: a pesar de tener una sentencia firme en primera instancia que la condena a años de cárcel, Vásquez sigue libre y ejerciendo como gobernadora regional, manejando presupuestos, nombrando funcionarios y tomando decisiones que afectan a miles de ciudadanos. La defensa ha apelado la sentencia, y mientras el proceso sigue su tortuoso camino por las instancias superiores, la funcionaria goza de impunidad muy distinta a la aplicada a Castillo.

Esta dicotomía no es menor. Un gobernador regional reclamado por organización criminal queda prófugo y es buscado con órdenes de captura, un proceso que debería concluir en prisión efectiva si es hallado. Mientras tanto, otra autoridad con una sentencia de casi una década de prisión por corrupción ni siquiera es retirada de su cargo, ni tampoco enfrenta de inmediato la justicia física. No se puede echar la culpa simplemente a la “carga procesal”: este contraste es demasiado burdo y clama por una explicación más profunda.

Lo que ocurre aquí va más allá de la lentitud de los tribunales o la saturación del sistema penal. La situación deja en evidencia un Poder Judicial que prioriza la forma por sobre la sustancia, que acelera medidas cautelares para unos y deja a otros campar en libertad pese a condenas contundentes. Este doble estándar no solo socava la confianza en las instituciones, sino que embota la percepción misma de justicia en el país.

La justicia no puede ser un espectáculo de doble piso donde el ciudadano común ve cómo unos van directo a prisión mientras otros, con sentencia en mano, mantienen el poder, los recursos y la impunidad. Así, no sorprende que la indignación ciudadana crezca y que la frase “justicia para unos, impunidad para otros” deje de ser un cliché y se convierta en una descripción precisa de la realidad judicial peruana.

Fuente: Alterna TV