En la obra de riego Catán–Pichuancan (Naván, Oyón, CUI 2135518) el OCI halló valorizaciones que se pagaron al 100% pese a que la obra tenía evidentes defectos. Filtraciones de agua, falta de pruebas de calidad, etc.; casi S/570 mil de perjuicio entre partidas inconclusas, mayores gastos y penalidades no cobradas.
Además, al exdirector de Proyectos Agrarios le habrían falsificado su firma para avalar pagos.
El informe de Contraloría tiene casi 200 páginas de hechos técnicos, documentos, fechas, montos.
Mientras la propaganda de Rosa Vásquez dice que apoya al agricultor, la realidad es todo lo contrario, un aprovechamiento desleal para robarles su presupuesto, y a cambio les entregan ceremonias vacías y regalitos de consuelo. El cinismo de esta gestión es repugnante.
El Hospital de Barranca publicó un concurso CAS para contratar un chofer… pero exige cursos de “reentrenamiento policial” y “peritaje en accidentes de tránsito”. El sindicato advierte direccionamiento.
En un hospital donde faltan médicos, medicinas y ambulancias operativas, la administración ahora convoca concurso para contratar un chofer con perfil de policía perito. Sí, leyó bien. Entre los “conocimientos” obligatorios figuran CURSO INTENSIVO DE REENTRENAMIENTO POLICIAL Y PERITAJE EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO, requisitos que nada tienen que ver con las tareas que el mismo documento asigna al puesto.
LO QUE DICEN LAS FUNCIONES
El cuadro de funciones es clarísimo y rutinario. Se quiere contratar a un chofer para conducir el vehículo y trasladar a funcionarios, mantener en buen estado la unidad, reportar fallas y gestionar el taller, verificar niveles de gasolina, aceite, agua, frenos y llantas, llevar agenda diaria y cumplir las disposiciones del jefe inmediato. Incluso listan como “funciones” la licencia y la tarjeta de circulación, que en realidad son requisitos documentarios. Nada sobre peritajes o entrenamiento policial.
EL OLOR A TRAFA
Pedir peritaje en accidentes y reentrenamiento policial para un chofer hospitalario no es razonable ni guarda relación con el puesto. Si el trabajo fuese de ambulancia o emergencias, lo lógico sería exigir conducción defensiva, primeros auxilios/RCP, normativa de tránsito y SOAT, mecánica básica y gestión de rutas en servicio público. En cambio, han colado requisitos que restringen la competencia y apuntan a un tipo de postulante “a medida” —por ejemplo, un ex PNP—. Eso se llama direccionamiento: moldear las reglas para que gane quien ya estaría elegido previamente.
EL SINDICATO SÍ CUMPLE SU ROL
El sindicato de trabajadores ha encendido la alarma pública y anuncia acciones para frenar el direccionamiento. Eso no es obstrucción, es función social, defender la transparencia y el derecho de la ciudadanía a un hospital administrado con criterios técnicos, no por operadores políticos. Porque en Barranca ya no es un secreto que los operadores de la gobernadora Rosa Vásquez han tomado el hospital como botín, y estas bases son un capítulo más de esa captura.
Un hospital no se administra con favores, sino con mérito, competencia y respeto a la ciudadanía. Seguiremos este caso, porque la transparencia no se mendiga, se exige.
La Contraloría General de la República reveló que nueve municipalidades de la región Lima no ejecutaron ni un sol del presupuesto público asignado al Programa Vaso de Leche (PVL) durante el primer semestre del 2025. Esta inacción por parte de las entidades locales afectaría severamente la alimentación de miles de beneficiarios. De acuerdo con el documento, más de S/15 millones se dejaron de utilizar para la compra y abastecimiento de los principales productos a nivel nacional.
La Municipalidad de Barranca, titulada por el alcalde Luis Ueno, recibió del MEF el monto de S/698.217, de los cuales, según la entidad fiscalizadora, no se ha ejecutado ni un sol en lo que va del año. Esther Oré Gonzales, presidenta del comité Lucero del Amanecer, dijo que sí ha estado recibiendo los productos, pero que no les alcanza para los 33 beneficiarios inscritos. «Nosotros preparamos la leche con avena, para que alcance… no solo damos a los niños menores de 7 años, sino para sus hermanitos mayores, muchos de ellos son hijos de madres solteras». Además, indicó que la municipalidad les otorgó cocina y ollas para la preparación del producto.
Sin embargo, esta realidad es ajena al comité Vaso de Leche de Limoncillo, a cargo de Esther Melgarejo, quien sostuvo que desde que recibió la presidencia, hace cuatro meses, no tienen cocina ni olla. Asimismo, indicó que «la municipalidad tuvo un retraso con la entrega de productos durante junio y julio, y que recién en los próximos días le entregarán lo que corresponde a agosto». Su grupo de beneficiarios son niños, discapacitados y adultos mayores.
La entrega de kits de cocina fue una gestión realizada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) el pasado 7 de marzo en Barranca. No fue una compra ejecutada por el alcalde Luis Ueno. Estos equipos fueron derivados a las ollas comunes, comedores populares y algunos vasos de leche como parte del Programa de Complementación Alimentaria (PCA).
Las denuncias por parte de una mala gestión en los productos del Vaso de Leche, también alcanza a la Municipalidad de Supe Puerto, que consta con un presupuesto asignado de S/159.755. Este monto debe ser administrado por la Gerencia de Desarrollo Social encabezada por el alcalde Manuel Francia. Sin embargo, su gestión viene siendo criticada por sus ciudadanos, quienes señalan «procesos irregulares» en obras y programas sociales.
Jackeline Alarcón, presidenta del comité Evedardo Vitonera, junto a su madre Isabel, indicó que recién el jueves 28 de agosto —después de casi ocho meses— recibieron los productos del Vaso de Leche. «Después que hemos reclamado, nos han dado los productos… nos dijeron que si protestábamos no nos iban a dar nada», señaló. A ello, detalló que en su grupo hay 16 niños que no han recibido nada desde enero, «los niños no tienen que comer… Nos han dicho que en una semana volverán para darnos lo restante (julio y agosto) y después será mensualmente (hasta que termine el año)».
En tanto, la población aún espera una respuesta, mientras que decenas de niños, gestantes, discapacitados y adultos mayores se quedan sin el principal alimento del día, la leche.
COMUNICADO DE SOLIDARIDAD Y ACCION: REPUDIAMOS EL ATAQUE ARMADO CONTRA EL SECRETARIO GENERAL SUTADIRESA ARMANDO JUNCO GONZALES
Hoy, a las 3:00 a. m., en el domicilio del compañero Armando Junco Gonzales, ubicado por la Plazuela Lauriama de Huacho, sujetos aún no identificados dispararon varias veces contra su vehículo y la fachada/puerta de su vivienda, mientras él y su familia dormían. No se registraron llamadas ni mensajes de extorsión previos.
Denunciamos este hecho como presunto acto de amedrentamiento por su labor sindical y sus denuncias sobre presuntas irregularidades en la adquisición de uniformes institucionales y en concursos de contratación de personal en el sector Salud.
La libertad sindical es un derecho constitucional (art. 28) y está protegida por los Convenios OIT 87 y 98. Atacar a un dirigente es atacar a todo el movimiento de trabajadores.
EXIGIMOS DE INMEDIATO:
• Ministerio Público y PNP: apertura de investigación por tentativa de homicidio/amenazas; aseguramiento de evidencias (casquillos, planimetría, peritaje balístico), recuperación de videos de cámaras
de la zona y medidas de protección para el compañero y su familia.
• MININTER: supervisión del caso y reporte público de avances en plazos breves.
• Gobierno Regional de Lima y DIRESA Lima: garantías de no represalia, publicación inmediata de expedientes de compra de uniformes y bases/actas de concursos; intervención del OCI y
remisión a Contraloría.
• Contraloría y OSCE: control concurrente y, de corresponder, medidas cautelares/suspensión de procesos bajo sospecha.
• MTPE/SUNAFIL: verificación de actos antisindicales y tutela efectiva de la libertad sindical.
• Defensoría del Pueblo: seguimiento y recomendaciones interinstitucionales.
• MINJUSDH (Mecanismo de Protección): activación urgente por tratarse de defensa de derechos laborales y colectivos.
LLAMADO A LA CIUDADANÍA
Solicitamos a vecinas y vecinos de la Plazuela Lauriama y alrededores que compartan imágenes o videos entre 2:30 y 3:30 a. m. directamente a la PNP o a la dirigencia de nuestra institución. La colaboración ciudadana es crucial para identificar a los responsables.
SOLIDARIDAD EN ACCIÓN.
Convocaremos a una jornada de solidaridad y veeduría ciudadana en las próximas horas, pedimos estar atentos a nuestro llamado. No nos intimidarán.
Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos de las y los trabajadores.
La actuación del magistrado Roberto Carlos de la Cruz Escalante en el juicio conocido como “El Matucanazo” es por decirlo menos, sospechosa, ya que ha decido tomar una postura defensiva frente a la acusación fiscal, lo que lo aleja de la imparcialidad.
EL JUICIO
El juicio continúa. La Fiscalía Anticorrupción imputa a la gobernadora Rosa Vásquez el delito de peculado doloso por presuntas irregularidades vinculadas a la obra “Centro Cívico de Matucana”. Se solicita 9 años y 5 meses de pena privativa de libertad, inhabilitación y días-multa contra la gobernadora.
Además, se formula pretensión resarcitoria por S/ 4.3 millones, compuesta por S/ 1.3 millones de daño patrimonial (perjuicio económico a la entidad) y S/ 3 millones por daño extrapatrimonial, a pagarse solidariamente por los acusados.
La acusación alcanza también a Walter José Tovar Macutela (ingeniero civil) y a Constantino Javier Ventura Morote (administrador), como coautores de peculado; para Tovar y Ventura, la Fiscalía añade el delito de falsificación de documento público. La etapa de juzgamiento se sigue el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate (CSJ Lima Este) —integrado, entre otros, por Roberto Carlos De la Cruz Escalante.
JUEZ SUSPENDIDO Y ABSUELTO
El Órgano de Control de la Magistratura – OCMA, a través de la Resolución N.° 25, 14/03/2023 sancionó al juez Roberto Carlos De la Cruz Escalante con tres meses de suspensión por tolerar un patrón de reprogramaciones, notificaciones mal hechas y ausencia de apremios en el Exp. N.° 00201-2014-39-2901-JR-PE-02.
En apelación, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CE-PJ) —sesión del 21/02/2025; declaró infundada su excepción de prescripción, pero revocó la suspensión y lo absolvió, bajo un argumento formalista: la supervisión de especialistas y notificaciones no sería del juez, sino del Administrador del Módulo Penal.
Este mensaje corrosivo desplaza la responsabilidad hacia abajo mientras el conductor del proceso queda blindado frente a la inercia que él mismo debe corregir. El propio expediente disciplinario, además, culmina con destitución del auxiliar Luis A. Recuay Navarro por cobros indebidos en la Sala Mixta de Pasco, evidenciando un entorno contaminado. Que el juez De la Cruz haya intentado, además, hacer valer la prescripción del procedimiento alimenta el incentivo de “estirar” casos hasta dejarlos morir. Finalmente, la decisión premia el formalismo y castiga al eslabón bajo, debilitando el deber de dirección, celeridad y tutela efectiva contra la corrupción.
El 4 de diciembre del 2020, el juez Roberto Carlos De la Cruz Escalante emitió una sentencia que generó profunda polémica y cuestionamientos. Se trata del proceso seguido bajo el Expediente N.° 00122-2020-0-3208-JR-PE-01, en el cual se juzgaba la difusión no consentida de imágenes íntimas, tipificada en el artículo 154-B del Código Penal.
Pese a tratarse de un delito de violencia digital con graves impactos en la dignidad y privacidad de las víctimas, el magistrado decidió absolver penalmente a la querellada, aunque a la vez le impuso una reparación civil de S/ 3,000, configurando una contradicción evidente.
La motivación del magistrado introduce la idea de “autopuesta en peligro”, trasladando la culpa a la víctima porque habría enviado el material por error vía WhatsApp, lo cual equivale a responsabilizarla del delito cometido contra ella misma. Además, sostiene que el tipo penal sancionaría solo la “primera difusión”, dejando impunes a quienes re-comparten el material, una interpretación sin sustento legal. Esta sentencia carece de perspectiva pro-víctima y de género, omite diligencias técnicas para esclarecer la trazabilidad digital y termina normalizando la viralización no consentida de imágenes íntimas y culpabiliza a la agraviada.
El fallo de este juez no solo parece jurídicamente débil y contradictorio, sino que también retrocede en la protección de derechos fundamentales en un contexto donde la justicia debería ser firme y garantista frente a la violencia digital.
UN JUEZ QUE SE COMPORTA COMO ABOGADO DEFENSOR
La actuación del juez Roberto Carlos De la Cruz Escalante en el caso de la gobernadora Rosa Vásquez despierta serias dudas sobre su imparcialidad. En la audiencia cuya transcripción hemos revisado, se observa cómo el magistrado abandona el rol de árbitro neutral para asumir un papel casi defensivo en favor de la acusada. Lejos de limitarse a garantizar el orden y la legalidad del debate, cuestiona reiteradamente los fundamentos de la fiscalía, llegando incluso a interrumpir y poner en tela de juicio la pertinencia de los cargos.
Sus intervenciones no buscan esclarecer hechos en beneficio del tribunal, sino socavar el trabajo del Ministerio Público, como si se tratara de un abogado defensor. En un proceso donde están en juego más de 4.3 millones de soles de perjuicio al Estado, este comportamiento resulta alarmante, pues erosiona la confianza ciudadana, proyecta una imagen de indulgencia hacia la corrupción y deja abierta la sospecha de que el magistrado favorece a la gobernadora en vez de cumplir su deber de impartir justicia con objetividad.
LO QUE VIENE
En el próximo informe presentaremos un análisis detallado de las intervenciones del juez durante las audiencias, citando textualmente sus preguntas y observaciones dirigidas a la fiscal.
Pondremos bajo la lupa esas expresiones para mostrar cómo, en vez de buscar esclarecer, parecen alinearse con la estrategia de defensa de la gobernadora Rosa Vásquez. Esto permitirá al público apreciar con claridad el presunto sesgo que contamina el proceso y entender por qué la imparcialidad judicial está seriamente comprometida en este caso.
* Es egresada en el año 2019 de la Universidad Autónoma del Perú S.A.C., que funciona en Villa el Salvador.
* Su nombramiento como fiscal se realizó el 13 de Junio del 2023
* No tiene Maestría y es fiscal adjunta provincial provisional
Llamaba la atención la actuación tan ingenua y candorosa de la fiscal designada para un caso tan emblemático como es el caso “Construcción del Cívico de la Municipalidad provincial de Huarochirí – Matucana” y que tiene como protagonista principal a la ex alcaldesa de esa provincia y hoy gobernadora regional, Rosa Gloria Vásquez Cuadrado.
Resulta que esta fiscal no tiene la experiencia necesaria para estar presente en un caso tan delicado. Ella es egresada en el mes de diciembre año 2019 y ya el 13 de junio del 2023, estaba siendo nombrada como Fiscal Adjunta Provisional Transitoria del distrito fiscal de Lima Centro, en el despacho de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
¿ Y quién firma ese nombramiento ?
La denunciada ex fiscal de la Nación Liz Patricia Benavides Vargas, que hasta el momento no presenta sus tesis de maestría y doctorado.
Señala la resolución de su nombramiento, que el Tribunal Constitucional, “en reiterada jurisprudencia ha manifestado que, la suplencia o provisionalidad como tal, constituye una situación que no genera más derechos que los inherentes al cargo que provisionalmente ejerce quien no tiene titularidad alguna”.
“Ello se complementa con el fundamento de que la incorporación a la carrera fiscal de los fiscales provisionales no titulares, no se ha efectuado conforme a lo establecido en los artículos 150° y 154° de la Constitución Política del Perú, por lo cual la provisionalidad de los fiscales tiene naturaleza temporal”.
FISCAL CABEZAS FUE ASIGNADA A OTRO CASO DE PRESUNTA CORRUPCIÓN
El diario Correo, en su edición del 03 de julio del 2025, da cuenta del pedido de archivamiento de “un presunto caso de corrupción durante la gestión de Vizcarra y la empresa Gilat”.
Señala el diario Correo que “la nueva fiscal asignada al caso, solicitó el archivamiento del proceso. El Poder Judicial debe evaluar en una audiencia la solicitud para determinar si proceso o no la petición”.
“La Fiscalía solicitó archivar una investigación que alcanza a ex altos funcionarios del MTC, Proinversión, la empresa Gilat y otros.
¿ Quién es la nueva fiscal asignada a este caso?: Kelly Cabezas Vilca.
Correo denunció el 26 de mayo del 2025, sobre la asistencia de la ahora ex viceministra de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Carla Sosa, a la fiesta de Gilat Perú, una empresa implicada en un presunto caso de corrupción por la adjudicación de dos proyectos por 150 millones de dólares durante el Gobierno de Martín Vizcarra”.
Dice Correo, que a “Tan solo tres semanas después de la publicación de la información, la nueva fiscal asignada al caso, solicitó el sobreseimiento (archivo) del mismo”.
Todo ese proceso estuvo en manos del fiscal provincial Edwin Manrique Durand y la fiscal adjunto Haydee Zulema Arias Condori.
En noviembre del 2024, tras el cese de Juan Carlos Villena como fiscal de la Nación, se hicieron una serie de cambios. Así, la fiscal adjunta Mariana Vásquez Lozano asume el caso por seis meses, mientras que entre enero y febrero de este año se suma la fiscal adjunto Yanet Euscategui Roque por 28 días.
En marzo de este año, el caso pasa a manos del fiscal provincial Juan Carlos de la Cruz Tito.
De acuerdo con la información a la que accedió Correo, el caso tenía más de 10 tomos, cada uno con 300 a 400 páginas.
Además, la acusación estaba pronta a presentarse. Sin embargo, todo indica que el caso tomó un rumbo distinto.
ENTRA A TALLAR LA FISCAL KELLY WENDY CABEZAS VILCA
La investigación pasó a manos de la fiscal adjunto Kelly Wendy Cabezas Vilca, quien el 16 de junio del 2025, solicitó al Poder Judicial el sobreseimiento de la carpeta fiscal, es decir, el archivo del caso.
Por ahora, el Poder Judicial debe fijar una audiencia en la que un juez definirá si acepta o no el pedido de archivo del caso.
Correo consultó directamente con la fiscal Cabezas para obtener su versión sobre el motivo de su requerimiento. Sin embargo, nos indicó que “la investigación penal es reservada”, por lo tanto, no podría ofrecer mayores detalles dado que implicaría una responsabilidad de su parte.
Este medio también solicitó una versión oficial desde la Fiscalía. Al respecto nos indicaron: “El Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Contra la Corrupción de Funcionarios de Lima Centro ha presentado el requerimiento de sobreseimiento de la causa ante el Poder Judicial, decisión que será resuelta por el juzgado correspondiente”.
Por otro lado, fuentes de la Procuraduría indicaron que todavía, el Poder Judicial nos les informó de la solicitud de sobreseimiento que planteó la Fiscalía.
ANÁLISIS
Al respecto, el penalista Andy Carrión explicó que una solicitud de sobreseimiento se presenta cuando no existen indicios o pruebas para que el caso pase a la siguiente parte.
En diálogo con Correo, el abogado precisó que cuando un fiscal pasó por la etapa de investigación preliminar y luego investigación preparatoria, tiene mayores indicios para determinar si el caso debe pasar o no a la siguiente etapa.
Sin embargo, al ser consultado por el caso de los ex funcionarios del MTC y Gilat, indicó que la petición de archivo “se podría tomar con cierta extrañeza”.
Finalmente, precisó que todo dependerá del juez asignado al caso, pues durante la audiencia, la Procuraduría puede mostrar su oposición a que el caso sea archivado.
ENFOQUE REAL 