Sujeto arroja balde de gasolina a mesera y amenaza con quemarla viva en restaurante lleno de comensales

Un intento de asesinato se registró en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, en Arequipa, donde un cliente atacó a una trabajadora de un restaurante al rociarla con gasolina y amenazar con prenderle fuego, generando pánico entre los comensales y el personal del local.

El agresor fue identificado como Enrique Roque Cary, quien responsabilizó a la joven trabajadora por la pérdida de sus pertenencias mientras permanecía dentro del establecimiento. El incidente ocurrió en plena jornada laboral y quedó registrado por las cámaras de seguridad del negocio.

La víctima es Maryori Huamaní, una mesera de 23 años que atendía en el mostrador al momento de los hechos. De acuerdo con información policial, el conflicto se originó luego de que el cliente se quedara dormido en una de las mesas y fuera víctima de un hurto cometido por un tercero.

Las imágenes de videovigilancia muestran cómo un sujeto desconocido, vestido con polo rojo y gorra, se aproxima sigilosamente al hombre dormido y sustrae su celular antes de retirarse rápidamente del restaurante, sin ser advertido por el personal.

Ataque ocurrió tras reclamo por celular robado

Minutos después, Enrique Roque Cary despertó y continuó consumiendo sus alimentos sin notar de inmediato el robo. Al percatarse de la falta de su equipo móvil, increpó violentamente a Maryori Huamaní, exigiéndole explicaciones por lo sucedido dentro del local.

Ante la ausencia de una respuesta que lo convenciera, el sujeto salió del restaurante y regresó poco después con un balde que contenía combustible. Según fuentes oficiales, ingresó nuevamente al establecimiento y arrojó el líquido inflamable sobre la trabajadora, profiriendo amenazas de muerte.

La propietaria del restaurante, al presenciar el ataque, salió a la vía pública para pedir auxilio. La rápida reacción de transeúntes y efectivos policiales permitió la intervención inmediata y la detención del agresor, quien fue trasladado a la comisaría del sector.

Maryori Huamaní presenta secuelas físicas y un fuerte impacto emocional tras el ataque, por lo que solicitó garantías para su vida ante las autoridades. En tanto, Enrique Roque Cary permanece bajo custodia policial mientras el Ministerio Público evalúa su situación legal por el presunto delito de tentativa de homicidio, apoyado en las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Jerí incumple cita que él mismo convocó y desaira a trabajadores de Petroperú

El presidente interino, José Jerí, incumplió el compromiso asumido con los trabajadores de Petroperú y las centrales sindicales, al no asistir a la reunión programada del martes 27 de enero, en la que debía revisarse la legalidad y viabilidad técnica del decreto de urgencia 010-2025, que dispone la reorganización patrimonial de la petrolera estatal y abre la puerta a su privatización.

La cita había sido pactada por expreso pedido del propio Jerí, luego de una primera reunión sostenida en Palacio de Gobierno la noche del miércoles 21 de enero, un día después de la movilización nacional contra el decreto. En dicho encuentro participaron dirigentes sindicales de Petroperú, representantes de la CGTP, y el ministro de Trabajo, Óscar Fernández.

Durante dicha reunión, el mandatario escuchó las preocupaciones de los gremios sobre el impacto económico, laboral y energético del DU y se comprometió a evaluar los fundamentos técnicos y legales de la norma junto con sus asesores, solicitando además que los trabajadores conformen un equipo técnico para sustentar el desempeño de la empresa estatal a octubre del 2025.

Como resultado de ese diálogo, se acordó una segunda reunión para continuar con la evaluación del decreto, la cual fue reprogramada para este martes 27 de enero por solicitud del propio presidente, según confirmó un oficio de la PCM.

Jerí no llegó y envió una comitivaSin embargo, la reunión no se concretó. Tras más de una hora de espera en la sede institucional de Petroperú ubicada en San Isidro, el presidente José Jerí nunca apareció. En su reemplazo, llegó una comitiva integrada por la presidenta del directorio de Petroperú, Elba Rojas Álvarez de Mares, la gerente general Rita López Saavedra, funcionarios de ProInversión y asesores de los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Energía y Minas (Minem).

Alférez y 2 suboficiales PNP van a prisión por robo agravado e intervención irregular a extranjeros

La Justicia recibió la denuncia el año pasado: Un oficial y dos subalternos de la Policía Nacional del Perú que allanaron un hospedaje donde se apropiaron de bienes y dinero en efectivo y, además, y exigieron dinero a extranjeros a cambio de su libertad, pasarán 18 meses en prisión preventiva, según lo dispuso hoy el Poder Judicial.

El caso le llegó a un representante del Ministerio Público en mayo del 2025. El noviembre del 2025 también se les investigó y se les intervino también por otro caso juntos a un coronel PNP y a otros cuatro suboficiales de la misma institución.

La fiscalía dispuso asimismo intervenir los teléfonos de los policías, revisar los videos de las cámaras de seguridad y confirmó la denuncia.

El alférez Junior Bryan Mauricio Kohatsu y los suboficiales Marcelo Alexander Benavides Masgo y Neil Eduardo Rafael Román son investigados por los delitos de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, y robo agravado en agravio de una ciudadana.

El oficial prestaba servicios en la comisaría de Chaclacayo, los otros dos en el Departamento de Investigación Criminal de San Martín de Porres.

De acuerdo a la denunciante (cuya identidad no se difundió para garantizar su seguridad) ellos habrían intervenido ilegalmente a extranjeros en un hospedaje, valiéndose del estado de emergencia decretado por el Gobierno, para luego pedirles dinero a cambio de su liberación.

Los policías investigados se habrían apropiado violentamente de fuertes sumas de dinero y bienes hallados en el inmueble, para luego intervenir a los ciudadanos que se encontraban dentro del hospedaje y trasladarlos a la sede del Depincri.

Los detalles que la denunciante dio al fiscal habrían sido confirmados por los videos y las escuchas telefónicas.

El alférez y los dos suboficiales habían sido detenidos junto a un coronel Marvin Sánchez y a los suboficiales Petter Llanca, Ronaldo Castillo, Julio Rayme y Miguel Egas por participar, en noviembre pasado, en la siembra de drogas y cobro de coimas.

larepublica.pe

El Fiscal Provincial Jorge Mauro García Juárez, precisó que los efectivos policiales involucrados habrían participado en la intervención de dos ciudadanos en Lurín, a quienes se les quitó su vehículo y luego los subieron a un patrullero, para después llevarlos a su sede policial, en el distrito de San Martín de Porres, donde intentaron sembrarles drogas y otras especies.

Ante la negativa de los ciudadanos por la detención y el presunto ‘sembrado’ de elementos ilícitos se habría producido un enfrentamiento entre ellos, siendo que el alférez Junior Mauricio, quien laboraba en esa Depincri, les dijo ‘que arreglen’ con Mervin Sánchez, quien en ese momento era el comandante y sería él quien habría pedido 3 mil soles para liberarlos.

Los ciudadanos intervenidos habrían aceptado pagar el dinero y luego uno de ellos procedió con denunciar los hechos ante las autoridades fiscales.

La última medida de 18 meses de prisión preventiva fue dispuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte (primer despacho) tras una investigación por los delitos de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la fu8nción policial y robo agravado.

Adultos mayores fingían ser clientes y robaban en chifas de Jesús María

Parecían una pareja cualquiera. Se sentaron, revisaron la carta y esperaron el momento preciso. Pero no habían llegado a comer. Una pareja de adultos mayores fue captada por cámaras de seguridad mientras cometía un robo dentro de un chifa ubicado en la residencial San Felipe, en el distrito de Jesús María.

Las imágenes muestran cómo ambos se acomodan en una mesa contigua a la de su víctima. Mientras uno de ellos fingía leer la carta del restaurante, su acompañante aprovechó la cercanía para rebuscar con calma en la cartera que el cliente había dejado sobre la silla.

Ni el paso de una mesera por el lugar interrumpió el delito. Durante aproximadamente dos minutos, el sujeto logró revisar el interior de la billetera sin levantar sospechas, hasta sustraer un teléfono celular y la suma de mil soles.

Luego del robo, la pareja se levantó y se retiró del local como si nada hubiera ocurrido. Ningún gesto apresurado, ninguna reacción que alertara a los demás comensales. Todo quedó registrado por las cámaras del establecimiento.

“Mis papás fueron a Lima por una cita médica que tuvieron en el Hospital Rebagliati. Tuvieron un tiempo bastante largo para poder rebuscar dentro de la cartera. ¿Quién iba a pensar que ahí le iban a robar?”, relató la hija de la víctima.

UNA MODALIDAD SILENCIOSA Y SIN SOSPECHAS

El caso ha generado alarma en la zona, pues evidencia una modalidad en la que los delincuentes se valen de su edad para pasar desapercibidos. La tranquilidad del local y la confianza de los clientes se convierten en el escenario ideal para este tipo de robos.

Según las imágenes, los adultos mayores actuaron con paciencia, sin movimientos bruscos y con total coordinación, lo que sugiere experiencia en este tipo de delitos dentro de locales concurridos.

Horas después, otro hecho delictivo se registró en el mismo distrito, esta vez protagonizado por tres jóvenes que robaron la mochila de un estudiante de 21 años en otro restaurante de la residencial San Felipe.

En ese caso, uno de los delincuentes utilizó el pie para arrastrar lentamente la mochila que la víctima había dejado en el suelo, mientras una joven fingía ser su pareja y hablaba por teléfono para distraerlo.

Dentro de la mochila se encontraba una laptop valorizada en más de 4 mil soles, donde el estudiante guardaba información clave para su tesis. “Yo soy becario. Esa laptop la usaba bastante para mis temas de investigación”, contó el agraviado.

Tras concretar el robo en menos de dos minutos, los delincuentes huyeron del local. La Policía ya se encuentra tras los pasos de los involucrados en ambos casos, mientras las autoridades advierten que estas imágenes servirán para alertar a más posibles víctimas en restaurantes de Jesús María.

PJ levanta el secreto bancario del Partido Aprista, Jorge del Castillo, Luis Alva y Luciana León por caso Odebrecht

El juez de investigación preparatoria nacional Richard Concepción Carhuancho ordenó levantar el secreto bancario del Partido Aprista, así como de exdirigentes y figuras de la agrupación como parte de la investigación por presuntos aportes de Odebrecht a la campaña presidencial del fallecido Alan García del 2006.

La medida alcanza específicamente a Jorge del CastilloLuis Alva CastroHernán Garrido-LeccaMercedes CabanillasCésar ZumaetaLuciana LeónLuis Antonio Gasco Bravo y Franklin Santiago Chávez Montenegro. La Fiscalía le imputa a todos ellos la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

Como se recuerda, Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, declaró haber entregado un monto de 200 mil dólares a Alva Castro para la campaña presidencial aprista de 2006, monto que, según la imputación de la Fiscalía, habría llegado a ingresar a las cuentas del APRA.

Al resto de los investigados –Del Castillo y compañía- se les atribuye presuntamente haber colaborado en el lavado del dinero de fuente ilícita, como compras de inmuebles, pagos de publicidad, falsos aportes, entre otras vías presuntamente simuladas.

Respecto al cargo de asociación ilícita para delinquir, el Ministerio Público sostiene que los investigados supuestamente ejecutaron un “plan criminal” para copar el Estado a fin de, dicen, beneficiar a Odebrecht y a otras personas jurídicas.

Cabe precisar que el requerimiento del levantamiento del secreto bancario también incluía a Mauricio Mulder y Javier Velásquez Quesquén; sin embargo, el juez Richard Concepción Carhuancho rechaza de plano el pedido en este extremo porque se anuló la investigación preparatoria contra ellos.PJ levanta el secreto bancarioPJ levanta el secreto bancario del APRA y militantes

Levantan secreto bancario

En la resolución a la que accedió Infobae, el juez Richard Concepción Carhuancho argumenta que es “amparable” acceder al pedido del levantamiento del secretario bancario para que se esclarezcan los hechos investigados.

Con el levantamiento del secreto bancario, dice el magistrado, se podrá “corroborar o descartar la tesis imputativa” de la Fiscalía contra el Partido Aprista y sus militantes.

Asimismo, Concepción Carhuancho sostiene que “no existe otra medida menos gravosa que cumpla la misma finalidad” porque “resulta poco probable que los bancos o los propios investigados entreguen voluntariamente dicha información requerida”.

Juez Richard Concepción Carhuancho.Juez Richard Concepción Carhuancho.

“Este Despacho está convencido que al acceder a la información que resguardan las entidades bancarias, tributarias y bursátiles de las personas jurídicas que se afectará su derecho a que se mantenga en reserva dicha información, sin embargo, la misma será menor en comparación al interés público referido a la averiguación de la verdad histórica (movimientos bancarios, tributarios y bursátiles de los investigados), como fin último del proceso penal”, resolvió el juez.

Así, las entidades bancarias estarán en la obligación de proporcionar a la Fiscalía toda la información bancaria (movimientos, depósitos, entre otros) del Partido Aprista, Jorge del CastilloLuis Alva CastroHernán Garrido-LeccaMercedes CabanillasCésar ZumaetaLuciana LeónLuis Antonio Gasco Bravo y Franklin Santiago Chávez Montenegro.

El levantamiento irá desde el 1 de enero de 2005, un año antes de las Elecciones Generales donde salió electo Alan García como presidente, hasta el 31 de diciembre de 2016.

El Poder Judicial dispuso 36 meses de prisión preventiva para Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, tras su extradición

El Poder Judicial dispuso 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, conocido bajo el alias de ‘El Monstruo’, en el marco de una investigación por los delitos de secuestro y organización criminal.

Esta medida fue establecida por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Independencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, según informó la institución a través de su cuenta en X. 

Moreno Hernández de 34 años arribó a Lima tras ser extraditado desde Paraguay, país donde fue capturado el pasado 24 de septiembre después de un extenso seguimiento policial.

Detalles de la llegada y el proceso de extradición

El operativo de traslado concluyó con el arribo del procesado a la sede de la Dirección de Aviación Policial en el Callao, a bordo de una aeronave de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El avión realizó paradas técnicas para reabastecimiento en la ciudad boliviana de Cochabamba y en el aeropuerto de Arequipa antes de aterrizar en la capital del país.

Tras su llegada, Moreno Hernández fue conducido a la sede de la Dircote en el Cercado de Lima, donde permanecerá bajo custodia en una carceleta mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

La entrega del detenido se concretó en las instalaciones del grupo aerotáctico de la Fuerza Aérea de Paraguay alrededor de las 7:00 de la mañana, hora peruana, tras haber permanecido recluido en una cárcel de la ciudad de Emboscada.

Durante la presentación del extraditado, quien vestía un traje rojo con la inscripción «detenido», el ministro de Justicia, Walter Martínez, sostuvo que el procesado regresa al país para enfrentar todo el peso de la ley.

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, resaltó que este resultado es fruto de un trabajo profesional y articulado entre las autoridades de ambos países.

Un historial criminal de alta peligrosidad

Las autoridades identifican a Moreno Hernández como el principal cabecilla de la organización criminal «Los Injertos del Cono Norte», la cual se dedicaba a ejecutar secuestros, cobros extorsivos, amenazas y diversos actos de violencia.

Entre los crímenes que se le atribuyen directamente figuran el secuestro de la empresaria Jacqueline Salazar Flores en mayo de 2024, el rapto de una menor en el distrito de Comas en diciembre de 2023 y una violenta balacera ocurrida durante un concierto del grupo Agua Marina en octubre de 2025.

El historial delictivo de Moreno se remonta a su juventud en el sector de Belaunde, donde inició con el robo de vehículos y la profanación de tumbas.

Debido a su peligrosidad, el Ministerio del Interior lo incluyó en la lista de los más buscados, ofreciendo una recompensa de un millón de soles por información que permitiera su captura.

Es importante destacar que, en diciembre de 2023, Moreno ya había sido condenado en ausencia a 32 años de prisión por delitos que incluyen secuestro, hurto, homicidio, sicariato y microcomercialización de drogas.

Además, en un proceso paralelo reportado por el Ministerio Público, su pareja Lisseth Ruiz también recibió 36 meses de prisión preventiva por presuntamente integrar la misma red dedicada a la extorsión de empresarios y transportistas.