Presidente José Jerí asegura que no postulará en el futuro: “Voy a disfrutar de mis mascotas y vida personal”

¡LO AFIRMÓ! El presidente José Jerí aseguró que no pretende postular nuevamente una vez que termine su periodo como jefe de Estado. Indicó que en el 2026 retomará sus actividades personales y familiares.

En rueda de prensa desde Huánuco, un periodista le preguntó sobre sus planes políticos a futuro y Jerí aseguró que está enfocado en cumplir con todas las obligaciones impuestas y dejar al Perú encaminado para las próximas elecciones. Luego de ello, se enfocará en su vida personal.

“Yo estoy esperando cumplir esa responsabilidad que se me encomendó por mandato constitucional y de ahí tomaré nuevamente mis actividades. Voy a estar muy contento de volver a ser José Jerí”, respondió el mandatario.

Añadió: “Disfrutar de la tranquilidad de mis hábitos y costumbres que siempre he tenido con mis mascotas y con mi vida personal y mi relación familiar”.

NO PROMETERÁ COSAS QUE NO CUMPLIRÁ

Consciente que su gobierno durará pocos meses y tras las críticas por su plan contra la delincuencia y la criminalidad, el presidente José Jerí indicó que está enfocado en el ahora.

“Si uno hace, ¿por qué hace? Si no hace, no hace, es indolente, insensible. O sea, estamos en el punto que lamentablemente algún sector muy puntual, muy minúsculo, llamémoslo así, critica cualquier tipo de acción u omisión. A mí me preocupa el día de hoy”, respondió.

Además, descartó que vaya a prometer cosas que no pueda llegar a cumplir, pues reconoce que es un presidente transitorio.

“No me gusta ofrecer cosas que no puedo cumplir. Prefiero ofrecer o prometer lo mínimo y no fallar diciendo mil cosas que no voy a hacer noventa y nueve o novecientas noventa y nueve. Lo poco que puedo ofrecer es lo poco que voy a hacer, y lo que no pueda hacer ahora lo voy a dejar encaminado”, remarcó.

Gobernadora Rosa Vásquez solo destinó 20 mil soles para seguridad en toda la región Lima

En Huaura la gestión se mide con hechos, no con discursos. El alcalde Santiago Cano la Rosa ha ejecutado S/ 1 millón 840 mil 671 en acciones directas de seguridad ciudadana, alcanzando un avance del 92.4% en la Meta 30: Reducción de Delitos y Faltas, mientras que la gobernadora regional Rosa Vásquez Cuadrado apenas destinó S/ 20 mil soles para las nueve provincias de la Región Lima. Sí, veinte mil soles para toda una región. Una cifra irrisoria que evidencia la irresponsabilidad y el desinterés absoluto de su gestión frente al crimen y la inseguridad.

El reporte oficial de ejecución presupuestal 2025 deja sin argumentos a la llamada “prensa amiga” del gobierno regional, que insiste en maquillar cifras. Los números son contundentes: mientras Huaura avanza con 11 camionetas operativas, 6 motos, 40 chalecos antibalas, 92 cámaras de videovigilancia, tres casetas de seguridad (Atalaya, Manzabares y Víctor Raúl) y una próxima en Ciudad Satélite, el Gobierno Regional apenas figura con un gasto simbólico de 20 mil soles en un expediente que nunca se concretó.

El contraste no solo es técnico, es moral. Mientras Cano apuesta por una seguridad moderna, con inversión real y resultados palpables, Rosa Vásquez sigue gobernando desde la indiferencia, amparada por una red mediática pagada que oculta su fracaso en materia de seguridad pública. La verdad hoy se impone con documentos oficiales: Huaura ejecuta, protege y avanza; el Gobierno Regional de Lima miente, oculta y se estanca.

En un contexto de creciente delincuencia, lo ocurrido con la Meta 30 roza el escándalo: 20 mil soles para toda la región no es gestión, es negligencia, y podría configurar incluso una omisión dolosa del deber de proteger a la ciudadanía. En cambio, Huaura se consolida como la única provincia con una política de seguridad ciudadana activa, descentralizada y con resultados comprobables.

Fuente: Gilber Macedo

Policía sufre daño cerebral tras caer 4 metros por limpiar una ventana en comisaría de SJM: orden violaba reglamento policial

El suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Roger Quispe Aranda, cayó cuatro metros desde una ventana de primer piso mientras acataba una orden de tareas de limpieza en la comisaría de Pamplona II, en el distrito de San Juan de Miraflores. El accidente le ha ocasionado un traumatismo craneoencefálico severo, lo cual impide que realice sus actividades cotidianas con normalidad, ya que la parte derecha de su cuerpo no responde.

Según cuentan los padres del policía, los médicos tuvieron que operar una parte del cerebro a fin de salvarle la vida; sin embargo, ha quedado con secuelas irreversibles por una orden que habría sido dada por la capitán Lisset Quispe, lo cual aún es materia de investigación. «Me dice ‘Mayor’. Él piensa que va a ir a trabajar», sostuvo Reinaldo Quispe, padre del suboficial.

Orden incumple con el reglamento policial

De acuerdo con la Resolución Directoral N.º 541-2016-DIRGEN/EMG PNP, «ningún suboficial de armas PNP deberá ser asignado a cumplir labores ajenas al servicio policial tales como (cocinero, conservador de ambiente, mozo, etc.)». Por ello, la tarea de limpieza de ventanas entra dentro de las actividades prohibidas por dicha norma, según precisa José Palacios, abogado de Roger Quispe.

Pese a ello, el suboficial Roger Quispe se encontraba en el tragaluz de la institución, cumpliendo con la tarea asignada cuando cayó al vacío. De acuerdo a los testimonios recogidos por Cuarto Poder, el efectivo fue asignado a limpiar zócalos, techos, pisos y ventanas, instantes previos al accidente que ha ocasionado que no pueda hablar ni reconocer a sus familiares.

«Está completamente prohibido porque no es la función de un funcionario público, ni de un suboficial (…) él cae después de haber estado limpiando las lunas de la comisaría. Hay mentiras y, a la luz, saldrá la verdad», afirmó Palacios. Asimismo, el dominical intentó comunicarse con la capitán Lisset Quispe para obtener su versión de los hechos. «El caso está siendo investigado y está bien porque así veremos cómo sucedieron los hechos», sostuvo antes de cortar la llamada.

El reclamo de los familiares del policía

Los padres de Roger Quispe señalaron que, inicialmente, se les informó que el accidente fue causado por un choque vehicular. Asimismo, aseguraron que no recibieron un apoyo logístico ni asistencia oficial para cubrir los tratamientos médicos.

Hilda Aranda, madre del suboficial, solicitó la ayuda del Ministerio del Interior, ya que su hijo requiere de una placa de titanio. Asimismo, la familia ha presentado la denuncia, la cual está a cargo de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Miraflores.

Empresario denunció por el robo de medio millón de soles a 9 policías, incluido el coronel Montúfar

Un empresario inmobiliario ha puesto en la mira a la División de Investigación de Robos de la Dirincri tras denunciar el presunto robo de una cuantiosa suma de dinero por parte de los efectivos que participaron en un operativo realizado en su vivienda de Huacho, reveló este domingo el programa Panorama.

El denunciante, identificado como José Antonio Muchaipiña, sostiene que los agentes, entre ellos el coronel Juan Carlos Montúfar Lezama —jefe de toda la División de Investigación de Robos de la Dirincri—, se llevaron medio millón de soles en efectivo de su casa.

La acusación ya fue presentada ante el Ministerio Público y cuenta con una carpeta fiscal abierta.

En total, la denuncia incluye al coronel Montúfar y a los nombres de ocho agentes de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, sumando un total de nueve efectivos involucrados.

El empresario Muchaipiña asegura que el dinero robado se encontraba oculto en una bolsa negra de basura dentro de un cajón de su zapatera, ubicado en el segundo piso de su habitación.

El dueño de la empresa inmobiliaria afirma que puede acreditar la posesión del medio millón de soles con documentos formales, entre ellos estados de cuenta bancarios, vouchers de retiro y declaraciones ante la Sunat.

La versión policial y las irregularidades en el operativo

El operativo cuestionado se habría iniciado a raíz de un incidente delincuencial que dejó tres muertos en el norte chico, con la Policía aduciendo que buscaban a los autores del crimen, supuestamente venezolanos, quienes se habrían refugiado en la Asociación de Vivienda Nuevo San Juan que Muchaipiña representa.

El coronel Juan Carlos Montúfar Lezama, quien fue visto ingresando a la casa intervenida, ha negado firmemente cualquier irregularidad o la comisión de un presunto delito.

El jefe policial reconoció que el estuvo al mando del operativo», pero se reservó comentarios sobre la ausencia del medio millón de soles que Muchaipiña asegura le fue extraído por los agentes de la Dirincri.

«Eso es materia de investigación, yo reservo mi comentario, y eso ya las entidades que investigarán darán a conocer lo pertinente», dijo a Panorama.

Montúfar también defendió la acción policial argumentando que los órganos de inteligencia les hicieron saber que había personas en el interior de la vivienda, pero no hubo detenidos en el acta por que los presuntos delincuentes huyeron, de acuerdo a su versión, aprovechando le neblina registrada ese día.

Rompieron y extrajeron la cámara de seguridad

El empresario asegura que el operativo se realizó sin la presencia de un fiscal. Además, indicó que se rompieron y se llevaron una cámara de seguridad que podría contener la prueba de la inspección.

«(La cámara de seguridad) es crucial, porque si te estás llevando una cámara en la que consta la inspección, la prueba madre, es porque estás cubriendo algo que te puede involucrar», dijo el empresario.

Muchapiña sostiene que, en su historia de conflictos por terrenos, ya ha sido acusado de traficante y que el operativo en Huacho podría haber sido una venganza o un intento de «sembrarme» por una denuncia previa que hizo contra otro grupo de policías de la Dirincri de Lima.

JEE de Pacasmayo halla responsabilidad de Fernando Rospigliosi y otros por usar cámara del Congreso en acto político de Keiko

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo determinó que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y otros dos funcionarios incurrieron en infracción al deber de neutralidad durante el periodo previo a las Elecciones Generales 2026, al permitirse el uso de una videocámara institucional del Parlamento en un evento partidario de Fuerza Popular.

La Resolución N.° 00133-2025-JEE-PCYO/JNE, emitida el 13 de noviembre, concluye un expediente iniciado tras la denuncia por el uso indebido de bienes públicos en el evento realizado el 30 de octubre de 2025 en Huanchaco, Trujillo, donde Keiko Fujimori anunció su precandidatura presidencial.

Responsabilidades establecidas.

El JEE identificó tres niveles de responsabilidad:

1. Fernando Rospigliosi – Omisión funcional

El presidente del Congreso fue declarado responsable por omisión, al no implementar controles que impidieran el uso de bienes estatales con fines proselitistas. La resolución indica que, como máxima autoridad administrativa, tenía la obligación de resguardar el patrimonio público.

El JEE también señala que Rospigliosi es afiliado a Fuerza Popular.

2. Jaime Abensur Pinasco – Omisión en la suplencia de la Oficialía Mayor

Abensur, quien ejercía la suplencia de la Oficialía Mayor, fue hallado responsable debido a la falta de supervisión que permitió la salida de la cámara. El documento señala que no garantizó un control adecuado sobre el patrimonio del Congreso y también menciona su afiliación a Fuerza Popular.

3. Daniel Constantino Luza Amésquita – Acción directa

El servidor parlamentario fue identificado como el autor del uso de la cámara institucional, inventariada con el código 29459, para registrar el evento partidario.

Aunque alegó haber cometido un “error involuntario” al confundirla con un equipo personal similar, el JEE descartó su argumento por falta de sustento.

Su renuncia posterior no lo exime de responsabilidad en sede electoral.

Debido a que la conducta atribuida a Luza Amésquita encajaría en el presunto delito de peculado por uso, el JEE dispuso remitir copias del expediente al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y al Congreso para las acciones correspondientes.

La resolución determinó que Giovanni Carlo Antonio Forno Flórez, oficial mayor del Congreso, no incurrió en infracción, ya que durante los hechos se encontraba de vacaciones y había delegado formalmente sus funciones.

Por ello, no existió nexo causal entre su ausencia y la infracción cometida.

Transportistas advierten paro general de 48 horas por inacción del Estado tras atentado a conductor en SMP: «No nos someteremos al terror»

La asociación de Transporte Urbano (TU), liderada por Martín Ojeda, emitió un comunicado oficial este domingo 16 de noviembre advirtiendo un paro general de 48 horas en Lima y Callao si es que el gobierno del presidente José Jerí no toma acciones inmediatas para enfrentar el desborde criminal en el sector.

«Los transportistas no nos someteremos al terror ni a la inacción del Estado. Si ocurre un nuevo acto de criminalidad contra el transporte urbano tradicional y convencional, nos veremos obligados a realizar un paro general de 48 horas, como medida de defensa legítima ante el abandono del Estado», se lee en el comunicado.

Transportistas exigen que se tomen acciones inmediatas contra la criminalidad que continúa en aumento a pesar del estado de emergencia en Lima y Callao. Foto: TU/cortesía

¿Qué exigen los transportistas?

Los transportistas están disconformes con las medidas optadas por el Estado, ya que los atentados a las empresas del sector continúan infundiendo miedo y temor en sus trabajadores. Señalan que el modelo operativo actual, no estaría dando resultados, por lo que exigen tomar acciones de impacto real. Estas son:

Captura de los autores del atentado al conductor de la ET San Germán S. A.
Ampliación del Estado de Emergencia con medidas más drásticas y efectivas orientadas a desarticular bandas de extorsión que hoy operan con total impunidad.
Neutralizar a grupos criminales extranjeros que están generando terror en múltiples distritos, restableciendo el orden mediante operaciones coordinadas, sostenidas y con control territorial real.
Control territorial con presencia de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, despliegue de bases militares móviles en zonas críticas, especialmente en las fronteras que son una coladera sin control, intervenciones con inteligencia operativa y uso de tecnología, armamento y logística adecuada para recuperar el control de las calles.
Instalación de Mesa Técnica por Resolución Suprema de la PCM y Mesa de Trabajo en el Ministerio del Interior para articular acciones, hacer seguimiento de todos los casos de extorsiones, garantizando resultados y rendición de cuentas.

Atentados a transportistas continúan en Lima y Callao

Durante el fin de semana, el sábado 15 y domingo 16 de noviembre, se registró dos atentados a unidades de transporte en los distritos de San Juan de Miraflores y San Martín de Porres, respectivamente. Los conductores de los vehículos de ambas unidades lograron salir ilesos del ataque; sin embargo, en el caso de SJM, un pasajero falleció tras recibir los impactos de bala.

A raíz de ello, la asociación de Transporte Unido se manifestó e indicó que las acciones del Ministerio Público y la Policía Nacional «no ha diminuido la criminalidad; por el contrario, los ataques al transporte urbano se han vuelto más violentos y frecuentes. El modelo operativo actual no está dando resultados y es urgente adoptar medidas de impacto real».