Lo ocurrido en la Institución Educativa “Nuestra Señora del Carmen” no es un simple “procedimiento administrativo”, es un hecho gravísimo que configuraría un abuso de autoridad y un conjunto de otras faltas administrativas y/o penales..
El Director del plantel, Edwin Fernando Pizarro Cherre, ha encendido las alarmas al denunciar formalmente a la UGEL N.° 10 de Huaral, dirigida por Roxana Camán Vigo, ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, por la presunta vulneración de derechos fundamentales de docentes, trabajadores y estudiantes, incluidos menores de edad.
El 3 de julio de 2025, funcionarios de la UGEL N.° 10 ingresaron al colegio en una visita calificada por ellos mismos como “inopinada”. ¿El resultado? La extracción de alrededor de doce horas de grabaciones de las cámaras de seguridad del plantel, sin resolución administrativa o Resolución Judicial alguna..
Estamos hablando de material audiovisual sensible, donde aparecen trabajadores y alumnos, muchos de ellos niños y adolescentes, cuyas imágenes están protegidas por la Constitución y por leyes expresas. Aun así, la UGEL actuó como si la escuela fuera tierra de nadie.
La denuncia es clara y demoledora: se habría vulnerado el derecho constitucional a la intimidad, al honor y a la propia imagen, además de infringir abiertamente la Ley N.° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales.
Dicha norma no deja lugar a interpretaciones: el tratamiento de datos personales exige consentimiento expreso, finalidad definida y medidas de seguridad estrictas. Nada de eso ocurrió. Peor aún, se habrían pisoteado principios básicos como:
-Finalidad: nunca se explicó para qué se necesitaban las grabaciones.
-Proporcionalidad: ¿doce horas de video para una inspección?
-Seguridad: ¿Quién custodió esas imágenes?, ¿Dónde están ahora?, ¿Quién garantiza que no fueron copiadas o difundidas?
A esto se suma el presunto incumplimiento de la Ley N.° 27444, que obliga a toda entidad pública a actuar con competencia, motivación y legalidad. Aquí, nada de eso existió.
LAS PRUEBAS QUE DESNUDAN A LA UGEL.
La UGEL N.° 10 no puede alegar desconocimiento. En los documentos adjuntos a la denuncia:
1.-Su propia Oficina de Asesoría Jurídica reconoce la descarga de los videos en memorias USB.
2.-Se admite que la visita fue “inopinada”, es decir, sin planificación ni sustento formal.
3.-Existe un oficio firmado por la directora de la UGEL, Roxana Camán Vigo, que remite dicho informe.
4.-Y un documento del colegio exigiendo la devolución inmediata del material y una explicación que, hasta hoy, no convence a nadie.
La pregunta es incómoda pero necesaria:
¿DESDE CUANDO UNA UGEL PUEDE LLEVARSE IMÁGENES SIN UNA ÓRDEN JUDICIAL?
¿Quién responde si esas grabaciones son usadas indebidamente o terminan circulando fuera del ámbito institucional?
El Director del Colegio FERNANDO PÏZARRO CHERRE, ha pedido que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales actúe con firmeza, determine las responsabilidades y aplique sanciones ejemplares, que podrían incluir multas severas.



