Alejandro Toledo llora en audiencia e informa que presenta un cuadro de sangrado severo: “Necesito ir a la clínica por mi gravedad”

El expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) solicitó este lunes a la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional su traslado a una clínica de Lima debido a su “delicado” estado de salud, que, según indicó, se agravó en los últimos días por un cuadro de sangrados intermitentes.

El exgobernante, quien por momentos habló con la voz entrecortada, se dirigió al tribunal durante una audiencia relacionada con el proceso que busca revertir la condena de 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos, vinculados a los sobornos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht.

“Ahora me encuentro muy complicado de salud”, dijo al señalar que sus problemas médicos no se originaron en el penal de Barbadillo, donde permanece recluido, sino que ya se presentaban durante su estancia en Estados Unidos. “He logrado algunos síntomas muy complicados, he llegado a 190 grados de presión arterial cardiaca, y tengo un cáncer. Aquí se ha iniciado un proceso de sangrado, tengo un problema serio de ansiedad (…), tomo 16 medicinas diarias”, detalló.

Seguidamente, mencionó que el Tribunal Constitucional ordenó días atrás su traslado a la clínica San Pablo, que cuenta con antecedentes sobre su historial cardíaco, oncológico y psiquiátrico. “Aquí en esta prisión ha comenzado el tema de mis sangrados, que no son continuos”, añadió.

Toledo recordó, además, que presentó un habeas corpus hace dos años sin obtener respuesta. “Me asusta el tema del sangrado y hace dos años presenté un habeas corpus ante el juez de Ate Vitarte y no ha sido atendido. El TC recientemente ha emitido una orden para que me lleven a la clínica”, indicó.

En otro momento, reiteró su inocencia y afirmó contar con pruebas a su favor, las cuales remitirá al tribunal. “Voy a presentar evidencias contundentes de que nunca fui parte de este tramado que han hecho este señor Maiman. (…) Espero que van a resolver mi apelación (…) En Estados Unidos me trataron el cáncer que ahora ha revivido y tengo un nuevo síntoma que es la pérdida de sangre. Por favor, necesito ir a la clínica por mi gravedad de condición de salud”, concluyó.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional deberá decidir si ratifica la condena dictada en octubre de 2024 por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, que consideró que el exmandatario favoreció a la constructora en la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, que conecta Perú y Brasil, entre 2004 y 2005.

Condenado

El fallo, leído por la magistrada Inés Rojas, sostiene que Toledo, de 78 años, “se coludió con particulares interesados como Odebrecht para que, mediante una coima de 35 millones de dólares, se otorgue a la empresa brasileña la licitación de la construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, causando perjuicio al Estado”.

Además, señala que el exmandatario, para obtener el dinero del soborno, “convenció a su amigo Josef Maiman (empresario israelí fallecido) de que fuera su intermediario y reciba, a través de sus empresas creadas, la coima de Odebrecht”.

Toledo fue el primer expresidente peruano condenado por el megacaso de corrupción de Odebrecht. La sentencia también impuso nueve años de prisión a dos exfuncionarios de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), Alberto Pasco-Font y Sergio Bravo, así como 14 años al empresario José Castillo Dibós.

Alejandro Toledo: TC ordena que expresidente reciba atención médica en una clínica privada

El Tribunal Constitucional (TC) resolvió declarar nula la resolución emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate que impedía que el expresidente Alejandro Toledo sea trasladado a la Clínica San Pablo para tratamiento médico. La decisión, que se remonta a marzo de 2025, fue impugnada por el abogado del exmandatario, quien argumentó que la resolución previa vulneró los derechos a la salud e integridad personal.

Toledo, quien padece diversas enfermedades graves, había solicitado atención médica privada debido a la complejidad de su estado de salud, una solicitud que, según el Tribunal Constitucional, no fue adecuadamente evaluada. La Corte también resaltó la necesidad de tomar en cuenta la situación crítica de Toledo, quien lleva más de dos años esperando una respuesta formal a su solicitud de atención médica, lo que cuestiona la eficacia del sistema judicial en la protección de los derechos humanos.

Fallo del TC que declara nula resolución judicial que impedía a expresidente Toledo recibir atención médica privada.

Fallo del TC que declara nula resolución judicial que impedía a expresidente Toledo recibir atención médica privada.

Cabe indicar que Toledo Manrique fue sentenciado a 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad por los delitos de lavado de activos y colusión agravada por el caso Interoceánica. La pena contra el exmandatario se computará a partir del 23 de abril del 2023, fecha en que fue extraditado desde los Estados Unidos al Perú, por lo cual se cumplirá el 22 de octubre del 2043.

TC ya había resuelto a favor de Alejandro Toledo

El Tribunal Constitucional emitió en abril de 2024 una sentencia que parcialmente favoreció la demanda de habeas corpus presentada por la defensa de Alejandro Toledo, exmandatario de Perú. En esa ocasión, el TC ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que se pronunciara de manera formal y motivada sobre la solicitud de Toledo para recibir atención médica ambulatoria en una clínica privada, a su propio costo.

Sin embargo, en marzo de 2025, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate rechazó la solicitud de traslado, argumentando que no había justificación suficiente para ello. La decisión se basó en una evaluación médica penitenciaria que declaró a Toledo como “clínicamente estable” y que confirmaba que ya recibía atención especializada en hospitales de Essalud. Ante esta resolución, la defensa de Toledo interpuso un recurso de apelación por salto ante el Tribunal Constitucional, argumentando que no se había cumplido con lo establecido en la sentencia de abril de 2024.

A esta última apelación, el TC emitió fallo el 31 de julio, ordenando que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ate emita, de manera inmediata, una nueva resolución que permita a Alejandro Toledo recibir atención médica en la Clínica San Pablo, bajo las condiciones solicitadas por su defensa: atención ambulatoria, sin internamiento y financiada por el propio exmandatario.

Por otro lado, el auto rechazó la solicitud de remitir el caso al Ministerio Público o a la Autoridad Nacional de Control Judicial para sancionar al juez o al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), considerando que, aunque las decisiones fueron insuficientes, sí se emitieron pronunciamientos sobre el tema.

Abogado de Toledo, Roberto Su, se pronuncia

En declaraciones para este diario, la defensa del expresidente, informó que se encuentran a la espera de que el TC notifique al Juzgado de Ate para que este ordene mediante una resolución, el traslado de Alejandro Toledo a la clínica para su atención médica ambulatoria, que incluye los exámenes clínicos, imágenes y pruebas de laboratorio que ordenen los médicos.

Alejandro Toledo se acoge a nueva ley para cumplir condena en casa al ser mayor de 80 años

Los días de Alejandro Toledo en la cárcel llegarían pronto a su fin. Y todo por una norma aprobada por el Congreso de la República. El expresidente sentenciado a 20 años de prisión efectiva por recibir coimas de la empresa Odebrecht solo está a la espera de que termine el trámite para irse a su casa.

Roberto Su, abogado del exmandatario, confirmó a Perú21 que días después de que su patrocinado cumpliera 80 años, el pasado 28 de marzo, requirió al Poder Judicial que se aplique la nueva ley.

La Ley Nº 32181 fue promulgada el 11 de diciembre de 2024 y, entre otros cambios, modificó el artículo 22 del Código Penal que refiere a la reducción de la pena por edad.

La directriz ahora señala claramente que los mayores de 80 años, por razones humanitarias, afrontarán sus condenas conforme a lo que estipulan los artículos 288 y 290 del Nuevo Código Procesal Penal. En ambos se especifican las restricciones que puede imponer un juez a un procesado considerando la detención domiciliaria.

No se hacen distinciones, corruptos, violadores, asesinos y hasta terroristas podrían invocar la norma para su beneficio.

“Hace más de un mes hemos presentado el pedido, el juez decide si resuelve o convoca a una audiencia previa, pero lo que ya debió hacer el magistrado es haber notificado a la Fiscalía para que emita su opinión”, expresó Su a este diario.

Esa solicitud se encuentra en el despacho del juez de garantías Richard Concepción Carhuancho. Se trata de un proceso diferente a la apelación que interpuso la defensa de Toledo Manrique a la sentencia por corrupción, que aún no tiene fecha de audiencia para evaluarse.

Toledo fue sentenciado en octubre de 2024 por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, pero ya se encontraba recluido en el penal de Barbadillo desde abril de 2023, luego de haber sido extraditado desde Estados Unidos.

El ejemplo más claro de que el exgobernante será beneficiado sucedió el último lunes. El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a 35 años de prisión a Rómulo Peñaranda, exdirectivo de la empresa Alpha Consult que recibió coimas de Odebrecht para aprobar informes de supervisión de obras que ejecutó la constructora brasileña.

Los jueces, no obstante, aclararon que Peñaranda cumplirá la condena en arresto domiciliario ya que tiene 82 años.

Y así como ellos hay otros personajes que pronto gozarán de esa ley. Uno de los más próximos: el exasesor Vladimiro Montesinos.

El ‘doc’ sonríe

En 18 días, Montesinos cumplirá 80 años y al día siguiente podrá requerir a la justicia que se adecúe la Ley Nº 32181 a su caso. Es decir, culminar el arresto en su vivienda.

montesinos
Vladimiro Montesinos. (Poder Judicial)

Sobre el ‘doc’ pesan condenas por violación de derechos humanos, pero por un fallo del Tribunal Constitucional (TC) en diciembre de 2024, este podrá recuperar su libertad plena en 2026.

La sentencia del TC fue emitida por un recurso que interpuso el exjefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), Juan Rivero Lazo, en el caso del asesinato y desaparición del ciudadano Fortunato Gómez Palomino.

El máximo intérprete de la Carta Magna concluyó que el conteo de la pena, por más que sean múltiples contra una persona, se subsumen en la pena mayor y empieza desde que el condenado fue detenido en prisión.

Montesinos fue capturado en junio de 2001 y la condena mayor que acata es la de 25 años de cárcel por la masacre de Barrios Altos. Por eso el conteo termina para él en junio de 2026, en plenas elecciones.

Otros beneficiados

Hace dos semanas, el 15 de abril, el número 2 de Sendero Luminoso, Osmán Morote Barrionuevo, cumplió 80 años y si bien fue sentenciado a cadena perpetua por el atentado de la calle Tarata en 1992, puede requerir pasar sus últimos días en arresto domiciliario.

En el caso Lava Jato hay más exfuncionarios públicos que también serán beneficiados con esa norma impulsada por el Congreso. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, procesado por los contratos que suscribió su empresa con Odebrecht mientras fue ministro, tiene 86 años y califica con el requisito.

Otro es el exsecretario presidencial de Alan García, Luis Nava Guibert, quien recientemente fue acusado por la adjudicación irregular del Metro de Lima durante el segundo gobierno aprista (2006-2011).

La Fiscalía ha requerido contra Nava la pena de 30 años de cárcel por interceder para beneficiar a Odebrecht modificando el marco legal del proyecto y a cambio de ello recibió US$4 millones.

El exhombre de confianza de García cumplirá 80 años el 19 de marzo del 2026, fecha para la que aún no se habrá emitido sentencia en el proceso que afronta.

Según el penalista Fernando Silva, el Poder Judicial no actúa de oficio sino a pedido de las defensas. En su opinión, debería convocarse a audiencias para que se evalúe el requerimiento uno a uno.

“Los jueces deben meditar sus decisiones, creo que tendría que haber una audiencia al respecto porque las normas penales son de aplicación inmediata; acá la evaluación no es por la persona sino en determinar si los sentenciados cumplen el requisito procesal”, dijo Silva a Perú21.

Ante las consecuencias que trae la Ley Nº 32181, desde el Congreso han empezado a tomar medidas.

La congresista Milagros Aguayo (Renovación Popular) presentó un proyecto de ley que propone excluir de este beneficio penal a los mayores de 80 años que fueron sentenciados por violación de menores de edad, terrorismo, sicariato, extorsión, secuestro, robo agravado y tráfico ilícito de drogas.

La Comisión de Justicia del Parlamento aprobó el dictamen final, sin incluir delitos de corrupción ni lavado de activos, y ahora este debe ser debatido en el Pleno para proceder con los cambios.

De esta forma empezará el desfile de sentenciados que buscarán regresar a la comodidad de sus hogares, muy lejos de reformarse en prisión y de arrepentirse de sus delitos.

dictamen

El 89% de peruanos está de acuerdo con la sentencia contra Alejandro Toledo

Más de una vez gritó su inocencia. La justicia no le creyó, el país, que siguió de cerca su juicio, tampoco. Alejandro Toledo pagará sus culpas en prisión. El expresidente fue sentenciado a 20 años y 6 meses de cárcel por colusión y lavado de activos en el caso Odebrecht y la mayoría de los peruanos está conforme con que el Poder Judicial haya logrado una condena contra el exgobernante, según revela la última encuesta que Ipsos realizó para Perú21.

Un 89% de entrevistados está de acuerdo con que el exmandatario haya recibido esa sentencia. En Lima, un 91% quedó conforme con lo dictado por la jueza Inés Rojas, que confirmó que Toledo favoreció a la empresa brasileña Odebrecht a cambio de un soborno de 35 millones de dólares.

Para el abogado penalista Andy Carrión, los resultados de la encuesta revelan lo bien informada que estaba la población de este proceso y de la culpabilidad de Toledo.

“Estas estadísticas porcentuales dan cuenta claramente de lo informados que se encuentran los peruanos en cuanto al proceso contra Alejandro Toledo y de las abrumadoras pruebas en su contra. Eso es un indicativo de no solamente el buen trabajo que ha hecho la prensa en cuanto a la información que ha ventilado sobre el caso, sino además del trabajo de la Fiscalía y del Poder Judicial en observar estos actos ilícitos de Toledo”, dijo el especialista a Perú21. 

¿Alejandro Toledo puede acceder a reducción de pena tras sentencia del Poder Judicial? Esto dice Rafael Vela

El expresidente Alejandro Toledo fue condenado a 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión agravada y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur, construcción de tramo 2 y 3. Tras la sentencia, el exmandatario fue enviado inmediatamente a la carceleta del penal Barbadillo, donde permanecerá hasta octubre del 2043.

Como era previsible, la defensa de Toledo Manrique, Roberto Su, comunicó que apelará la decisión y dijo esperar que esta pueda ser revisada en una segunda instancia.

Ante este anuncio, se gesta la interrogante sobre si el exmandatario puede o no reducir su pena. Para resolver esta duda, La República entrevistó al coordinador del Equipo Especial de Lavado de Activos, Rafael Vela, quien precisó que sí habría posibilidad de ello en caso de que Toledo acuda a una instancia superior.

«En este colegiado ya no se puede reducir la pena Alejandro Toledo, pero si va a una instancia superior, a través de una apelación, sí, dicha sala puede anular, disminuir o confirmar la pena. En ese momento me toca representar como coordinador de la Fiscalía», indicó.

Así reaccionó Toledo al ser condenado a más de 20 años de cárcel por caso Interoceánica Sur

Al momento de escuchar su sentencia, el exmandatario se mostró calmado y riendo tras conversaciones con su abogado. Después, continuó escuchando la lectura de los jueces de forma calmada y, cada cierto tiempo, escribía en una libreta o sonreía.

Además de esto, Toledo Manrique habría insultado al fiscal José Domingo Pérez al conocer su condena, según la acusación de este último. Por esto, solicitó a la magistrada Inés Rojas que revise las cámaras de seguridad al afirmar que sufrió una agresión verbal por parte del exmandatario Alejandro Toledo, quien se habría referido a él con la expresión: «Con***».

La pena impuesta por el PJ será computada a partir del 23 de abril del año 2023, por ende, culminará el 22 de octubre del 2043. También, el Tribunal determinó que no habrá suspensión de la pena debido a que fue extraditado, causando daños al Estado peruano por los gastos incurridos.

Con esta sentencia, Alejandro Toledo se convierte en el primer expresidente del Perú en ser sentenciado por el caso Lava Jato, la red de corrupción que alcanza a funcionarios y políticos de Latinoamérica.

Los jueces dieron por probados las reuniones y los pedidos de dinero que el expresidente habría hecho a los directivos de la constructora brasileña, en Río de Janeiro y Palacio de Gobierno, para favorecerlos con los contratos de la construcción de la Carretera interoceánica Sur, tramo 2, 3 y 4, entre el 2004 al 2006. Conversaciones, dijeron, en la que también participó el hoy fallecido Josef Maiman.

Asimismo, según la lectura del expediente, a cargo de la magistrada Inés Rojas Contreras, Toledo habría acordado con la empresa la adjudicación del corredor interoceánico Perú-Brasil. Para esto se reunió en Palacio de Gobierno con funcionarios y otras personas, a fin de agilizar la licitación a favor de Odebrecht.

«Sobre la simulación de un contrato, entre las empresas de Maimam y Odebrecht. Ellos coincidieron que el 18 de enero del 2005, se había firmado un contrato ficticio en el que se adjudicaba a Odebrecht para la construcción de la Interoceánica tramo 2, 3 e, incluso, 4. Por lo tanto, cuando aún no había empezado la convocatoria de concesión, Barata ya decía que se había adjudicado la obra», indicó la letrada.

Al igual que Alejandro Toledo: ¿Qué otros expresidentes podrían ser sentenciados por caso Odebrecht?


Alejandro Toledo finalmente fue condenado a 20 años de cárcel por el caso Odebrecht, marcando un precedente para otros expresidentes que también podrían recibir sentencias en los próximos meses. Uno de ellos es Ollanta Humala, acusado de haber recibido casi tres millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña para sus campañas electorales de 2006 y 2011. La Fiscalía lo procesa por lavado de activos, argumentando que el dinero que recibió proviene de actividades ilícitas de Odebrecht.

Junto a Humala, su esposa y exprimera dama, Nadine Heredia, también está implicada en los mismos delitos. Sin embargo, el Ministerio Público ha solicitado para ella una pena de 26 años de prisión, comparado con los 20 años solicitados para Humala Tasso. La diferencia radica en que Heredia enfrenta un cargo adicional por lavado de activos en la modalidad de ocultamiento.

El juicio contra Humala y Heredia ya se encuentra en su fase final y se espera una sentencia en los próximos meses. Este proceso forma parte de una serie de investigaciones que han salpicado a varias figuras políticas peruanas, mostrando la magnitud del escándalo de corrupción de Odebrecht en el país.

CASO MARTÍN VIZCARRA

Otro expresidente con un panorama judicial complicado es Martín Vizcarra, acusado de haber recibido más de dos millones de soles en sobornos cuando era gobernador de Moquegua. La Fiscalía lo ha imputado por cohecho pasivo propio, en relación con los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. Vizcarra podría enfrentar una condena de 15 años de prisión, y su juicio oral está programado para iniciar el 28 de octubre.