El pasado 27 de agosto, el Poder Judicial dio a conocer que este miércoles 3 de septiembre se dará la lectura de sentencia contra Alejandro Toledo y otros implicados en el caso Ecoteva. La audiencia iniciará desde las 14:15 horas y estará a cargo de la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima.

Alejandro Toledo y el caso Ecoteva
Primero, el juez a cargo del caso escuchará los alegatos finales por parte de la defensa legal del exmandatario y de parte de la Fiscalía. Luego da indicará la decisión final del órgano de justicia el cual implicaría la segunda condena efectiva contra el nacido en Cabana.

De acuerdo a la investigación realizada por el Equipo Especial Lava Jato a cargo de Rafael Vela, Alejandro Toledo habría cometido el delito de lavado de activos agravados al adquirir inmuebles a través de la empresa Ecoteva Consulting Group, de propiedad de la madre de Eliane Karp, Eva Fernenbug.

El dinero utilizado para estas compras se dio a través de depósitos hechos en Costa Rica los cuales provendrían de coimas entregadas de la constructora brasileña Odebrecht. Por ello, la Fiscalía solicita una condena de 16 años y 8 meses de prisión conta el otrora jefe de Estado.

Es importante precisar que su esposa, Eliane Karp, se encuentra en Israel prófuga de la justicia. Otro que afrontaría la misma pena es el empresario Avraham Dan On, quien se habría encargado de adquirir los inmuebles que son parte de la investigación.

Responsabiliza a Josef Maiman

En una de las últimas audiencias al juicio oral que se le sigue, Alejandro Toledo negó rotundamente ser responsable del delito que se le imputa por el caso Ecoteva. El expresidente señaló directamente a su anterior colaborador cercano y amigo Josef Maiman se haber realizado todos los pagos irregulares detectados por la Fiscalía.

«Lo niego rotundamente. Desde lo más profundo de mi ser. No he lavado dinero ni he participado en corrupción. El señor Maiman fue al banco y pagó todo. Nosotros no lo autorizamos», indicó aquella vez.

Además, el exjefe de Estado reveló un informe donde reveló una supuesta ruta del dinero que apuntaba directamente al peruano israelí y a su hermana a través de una cuenta suiza.

De esta manera, el Poder Judicial dará lectura de sentencia contra Alejandro Toledo por el caso Ecoteva donde es acusado de cometer el presunto delito de lavado de activos agravado.

El expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) solicitó este lunes a la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional su traslado a una clínica de Lima debido a su “delicado” estado de salud, que, según indicó, se agravó en los últimos días por un cuadro de sangrados intermitentes.

El exgobernante, quien por momentos habló con la voz entrecortada, se dirigió al tribunal durante una audiencia relacionada con el proceso que busca revertir la condena de 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos, vinculados a los sobornos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht.

“Ahora me encuentro muy complicado de salud”, dijo al señalar que sus problemas médicos no se originaron en el penal de Barbadillo, donde permanece recluido, sino que ya se presentaban durante su estancia en Estados Unidos. “He logrado algunos síntomas muy complicados, he llegado a 190 grados de presión arterial cardiaca, y tengo un cáncer. Aquí se ha iniciado un proceso de sangrado, tengo un problema serio de ansiedad (…), tomo 16 medicinas diarias”, detalló.

Seguidamente, mencionó que el Tribunal Constitucional ordenó días atrás su traslado a la clínica San Pablo, que cuenta con antecedentes sobre su historial cardíaco, oncológico y psiquiátrico. “Aquí en esta prisión ha comenzado el tema de mis sangrados, que no son continuos”, añadió.

Toledo recordó, además, que presentó un habeas corpus hace dos años sin obtener respuesta. “Me asusta el tema del sangrado y hace dos años presenté un habeas corpus ante el juez de Ate Vitarte y no ha sido atendido. El TC recientemente ha emitido una orden para que me lleven a la clínica”, indicó.

En otro momento, reiteró su inocencia y afirmó contar con pruebas a su favor, las cuales remitirá al tribunal. “Voy a presentar evidencias contundentes de que nunca fui parte de este tramado que han hecho este señor Maiman. (…) Espero que van a resolver mi apelación (…) En Estados Unidos me trataron el cáncer que ahora ha revivido y tengo un nuevo síntoma que es la pérdida de sangre. Por favor, necesito ir a la clínica por mi gravedad de condición de salud”, concluyó.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional deberá decidir si ratifica la condena dictada en octubre de 2024 por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, que consideró que el exmandatario favoreció a la constructora en la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, que conecta Perú y Brasil, entre 2004 y 2005.

Condenado

El fallo, leído por la magistrada Inés Rojas, sostiene que Toledo, de 78 años, “se coludió con particulares interesados como Odebrecht para que, mediante una coima de 35 millones de dólares, se otorgue a la empresa brasileña la licitación de la construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, causando perjuicio al Estado”.

Además, señala que el exmandatario, para obtener el dinero del soborno, “convenció a su amigo Josef Maiman (empresario israelí fallecido) de que fuera su intermediario y reciba, a través de sus empresas creadas, la coima de Odebrecht”.

Toledo fue el primer expresidente peruano condenado por el megacaso de corrupción de Odebrecht. La sentencia también impuso nueve años de prisión a dos exfuncionarios de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), Alberto Pasco-Font y Sergio Bravo, así como 14 años al empresario José Castillo Dibós.

Los días de Alejandro Toledo en la cárcel llegarían pronto a su fin. Y todo por una norma aprobada por el Congreso de la República. El expresidente sentenciado a 20 años de prisión efectiva por recibir coimas de la empresa Odebrecht solo está a la espera de que termine el trámite para irse a su casa.

Roberto Su, abogado del exmandatario, confirmó a Perú21 que días después de que su patrocinado cumpliera 80 años, el pasado 28 de marzo, requirió al Poder Judicial que se aplique la nueva ley.

La Ley Nº 32181 fue promulgada el 11 de diciembre de 2024 y, entre otros cambios, modificó el artículo 22 del Código Penal que refiere a la reducción de la pena por edad.

La directriz ahora señala claramente que los mayores de 80 años, por razones humanitarias, afrontarán sus condenas conforme a lo que estipulan los artículos 288 y 290 del Nuevo Código Procesal Penal. En ambos se especifican las restricciones que puede imponer un juez a un procesado considerando la detención domiciliaria.

No se hacen distinciones, corruptos, violadores, asesinos y hasta terroristas podrían invocar la norma para su beneficio.

“Hace más de un mes hemos presentado el pedido, el juez decide si resuelve o convoca a una audiencia previa, pero lo que ya debió hacer el magistrado es haber notificado a la Fiscalía para que emita su opinión”, expresó Su a este diario.

Esa solicitud se encuentra en el despacho del juez de garantías Richard Concepción Carhuancho. Se trata de un proceso diferente a la apelación que interpuso la defensa de Toledo Manrique a la sentencia por corrupción, que aún no tiene fecha de audiencia para evaluarse.

Toledo fue sentenciado en octubre de 2024 por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional, pero ya se encontraba recluido en el penal de Barbadillo desde abril de 2023, luego de haber sido extraditado desde Estados Unidos.

El ejemplo más claro de que el exgobernante será beneficiado sucedió el último lunes. El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a 35 años de prisión a Rómulo Peñaranda, exdirectivo de la empresa Alpha Consult que recibió coimas de Odebrecht para aprobar informes de supervisión de obras que ejecutó la constructora brasileña.

Los jueces, no obstante, aclararon que Peñaranda cumplirá la condena en arresto domiciliario ya que tiene 82 años.

Y así como ellos hay otros personajes que pronto gozarán de esa ley. Uno de los más próximos: el exasesor Vladimiro Montesinos.

El ‘doc’ sonríe

En 18 días, Montesinos cumplirá 80 años y al día siguiente podrá requerir a la justicia que se adecúe la Ley Nº 32181 a su caso. Es decir, culminar el arresto en su vivienda.

Sobre el ‘doc’ pesan condenas por violación de derechos humanos, pero por un fallo del Tribunal Constitucional (TC) en diciembre de 2024, este podrá recuperar su libertad plena en 2026.

La sentencia del TC fue emitida por un recurso que interpuso el exjefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), Juan Rivero Lazo, en el caso del asesinato y desaparición del ciudadano Fortunato Gómez Palomino.

El máximo intérprete de la Carta Magna concluyó que el conteo de la pena, por más que sean múltiples contra una persona, se subsumen en la pena mayor y empieza desde que el condenado fue detenido en prisión.

Montesinos fue capturado en junio de 2001 y la condena mayor que acata es la de 25 años de cárcel por la masacre de Barrios Altos. Por eso el conteo termina para él en junio de 2026, en plenas elecciones.

Otros beneficiados

Hace dos semanas, el 15 de abril, el número 2 de Sendero Luminoso, Osmán Morote Barrionuevo, cumplió 80 años y si bien fue sentenciado a cadena perpetua por el atentado de la calle Tarata en 1992, puede requerir pasar sus últimos días en arresto domiciliario.

En el caso Lava Jato hay más exfuncionarios públicos que también serán beneficiados con esa norma impulsada por el Congreso. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, procesado por los contratos que suscribió su empresa con Odebrecht mientras fue ministro, tiene 86 años y califica con el requisito.

Otro es el exsecretario presidencial de Alan García, Luis Nava Guibert, quien recientemente fue acusado por la adjudicación irregular del Metro de Lima durante el segundo gobierno aprista (2006-2011).

La Fiscalía ha requerido contra Nava la pena de 30 años de cárcel por interceder para beneficiar a Odebrecht modificando el marco legal del proyecto y a cambio de ello recibió US$4 millones.

El exhombre de confianza de García cumplirá 80 años el 19 de marzo del 2026, fecha para la que aún no se habrá emitido sentencia en el proceso que afronta.

Según el penalista Fernando Silva, el Poder Judicial no actúa de oficio sino a pedido de las defensas. En su opinión, debería convocarse a audiencias para que se evalúe el requerimiento uno a uno.

“Los jueces deben meditar sus decisiones, creo que tendría que haber una audiencia al respecto porque las normas penales son de aplicación inmediata; acá la evaluación no es por la persona sino en determinar si los sentenciados cumplen el requisito procesal”, dijo Silva a Perú21.

Ante las consecuencias que trae la Ley Nº 32181, desde el Congreso han empezado a tomar medidas.

La congresista Milagros Aguayo (Renovación Popular) presentó un proyecto de ley que propone excluir de este beneficio penal a los mayores de 80 años que fueron sentenciados por violación de menores de edad, terrorismo, sicariato, extorsión, secuestro, robo agravado y tráfico ilícito de drogas.

La Comisión de Justicia del Parlamento aprobó el dictamen final, sin incluir delitos de corrupción ni lavado de activos, y ahora este debe ser debatido en el Pleno para proceder con los cambios.

De esta forma empezará el desfile de sentenciados que buscarán regresar a la comodidad de sus hogares, muy lejos de reformarse en prisión y de arrepentirse de sus delitos.

Más de una vez gritó su inocencia. La justicia no le creyó, el país, que siguió de cerca su juicio, tampoco. Alejandro Toledo pagará sus culpas en prisión. El expresidente fue sentenciado a 20 años y 6 meses de cárcel por colusión y lavado de activos en el caso Odebrecht y la mayoría de los peruanos está conforme con que el Poder Judicial haya logrado una condena contra el exgobernante, según revela la última encuesta que Ipsos realizó para Perú21.

Un 89% de entrevistados está de acuerdo con que el exmandatario haya recibido esa sentencia. En Lima, un 91% quedó conforme con lo dictado por la jueza Inés Rojas, que confirmó que Toledo favoreció a la empresa brasileña Odebrecht a cambio de un soborno de 35 millones de dólares.

Para el abogado penalista Andy Carrión, los resultados de la encuesta revelan lo bien informada que estaba la población de este proceso y de la culpabilidad de Toledo.

“Estas estadísticas porcentuales dan cuenta claramente de lo informados que se encuentran los peruanos en cuanto al proceso contra Alejandro Toledo y de las abrumadoras pruebas en su contra. Eso es un indicativo de no solamente el buen trabajo que ha hecho la prensa en cuanto a la información que ha ventilado sobre el caso, sino además del trabajo de la Fiscalía y del Poder Judicial en observar estos actos ilícitos de Toledo”, dijo el especialista a Perú21.