El caso de Betssy Chávez, ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, continúa generando controversia política y diplomática. Asilada en la embajada de México en Lima, su situación ha puesto bajo la lupa las decisiones del Poder Ejecutivo.

Durante un operativo en el Cercado de Lima, uno de los que abordó el tema fue el presidente José Jerí. EL mandatario fue claro al señalar que su gobierno aún no ha tomado una postura formal sobre el pedido de salvoconducto en favor de Chávez Chino.

“Lo que se entiende es que no nos vamos a pronunciar en este momento sobre ello y, en consecuencia, al no otorgarse el salvoconducto, no puede viajar a México. El efecto práctico es ese”, declaró Jerí.

Betssy Chávez deberá permanecer en la embajada de México
Jerí precisó que, mientras no exista un pronunciamiento definitivo, Betssy Chávez deberá permanecer dentro de la sede diplomática en Lima.

“El efecto práctico es ese”, señaló, enfatizando que la investigada no podrá abandonar el país hasta que haya una decisión formal.

El gobernante afirmó que el país respeta los compromisos internacionales, aunque manifestó su preocupación por el uso político del derecho de asilo.

“Nosotros reconocemos los tratados internacionales, sabemos las obligaciones y también sabemos los defectos que tiene el sistema internacional, por eso el canciller ha hecho un pronunciamiento con la propuesta de modificar para que no se tergiverse la figura del asilo”, explicó.

Cancillería cuestiona la “desnaturalización” del asilo
En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la forma en que algunos países vienen aplicando la figura del asilo. Según el documento, tras consultar con juristas de la región, se concluyó que desde la Convención de Caracas de 1954 “se ha producido una evolución negativa” en la interpretación de este derecho.

Ministro del Interior revela decisión del Gobierno

Por su parte, el ministro del Interior reveló la postura del Ejecutivo sobre Chávez, durante una entrevista con la periodista Milagros Leiva.

“Este proceso lo sigue la Cancillería. Es un manejo interno con la decisión presidencial, como el señor presidente lo ha anunciado. No le van a entregar el salvoconducto, esa es la decisión del Gobierno”, precisó el titular del sector en el programa Milagros Leiva, Entrevista.

“Las personas al margen de la ley deben ser sometidas a la justicia”

El alto funcionario fue contundente al expresar su posición personal respecto al caso. “Por supuesto. Yo pienso que las personas que han infringido y están al margen de la ley, tienen que ser sometidas a la justicia peruana”, refirió Tiburcio.

Finalmente, el titular del Interior comentó que es definitiva la decisión del Ejecutivo. “Esa es la decisión del Gobierno. Betssy se quedará el tiempo que sea reglamentario o regulado, de acuerdo con lo establecido por las cancillerías”, agregó.

El excanciller Javier González-Olaechea afirmó que el Estado peruano debe «negarle el salvoconducto» a la expremier Betssy Chávez «para no consolidar lo que ha sido una treta» de su parte y «una premeditada, continua y actitud de vieja data» del gobierno mexicano.

El extitular de Relaciones Exteriores recordó que si bien la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático reconoce que el país asilante —que en este caso específico es México— es el que califica el asilo y lo otorga sin necesidad de una justificación, esa misma norma, en su artículo 3, establece una excepción, «y es que cuando alguien —en este caso la señora Betssy Chávez— está incurso en un proceso como imputada por autoridad competente ante tribunales competentes en un proceso ordinario, dicho proceso es ilícito».

«Creo que correspondería al Estado peruano negarle el salvoconducto para no consolidar lo que ha sido una treta por parte de la señora Chávez, que no asistió a las audiencias a las que fue convocada», dijo, y enseguida cuestionó también la «premeditada, continua y de vieja data actitud la familia López Obrador que ha sido abiertamente hostil, maltratando el derecho constitucional y haciendo uso y abuso de la Convención de Caracas».

González-Olaechea advirtió que negarle el salvoconducto a Chávez no tendrían consecuencias negativas para el Estado peruano sino más bien positivas «por cuanto se invoca el párrafo primero del artículo tercero que establece con toda claridad que en su calidad de imputada (el asilo) es ilícito, es ilegal, contra la razón», subrayó.

«Las consecuencias son positivas desde el punto de vista del derecho porque lo que ha hecho México es un uso y abuso del derecho internacional público y de la Convención de Caracas, y pretende burlarse del Perú y en este caso sustraer de la justicia a una persona que está claramente comprometida en un intento de golpe de Estado bajo la figura de conspiración según el Código Penal», reiteró.

«La consecuencia política sería positiva desde el punto de vista interno porque con claridad el mensaje sería: ‘no vamos a permitir que se utilice un instrumento jurídico para evadir impunemente la justicia’; y entonces se constituye —porque hay otros que están haciendo cola y pudieran intentar hacer lo mismo respecto al mismo intento golpe de Estado— en un mensaje que sería: ‘no vamos a fomentar como parte de la lucha contra la corrupción y como parte de la lucha contra la impunidad que se le saque la vuelta al Perú por la vía del asilo», prosiguió.

Consultado sobre la posibilidad de que el Estado peruano sea demandado por incumplimiento de la convención ante la Corte Internacional de Justicia, el excanciller refirió que «como todos los juicios», este podría prolongarse siete u ocho años y es más probable —continuó— de que antes de que eso se resuelva «la familia política ampliada de López Obrador y la señora presidenta (Claudia) Sheinbaum llegue a su fin y cambie el giro político del gobierno mexicano.