𝗣𝗼𝗿: 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗠𝗲𝘀í𝗮𝘀
Edwin Ferrer Salazar pretende presentarse ante Chancay como el candidato de la ética, la fiscalización y la renovación política. Sin embargo, ese discurso empieza a podrirse cuando se conoce que llevaría como primera regidora a Gloria Inés Salazar García, señalada públicamente como su tía. La pregunta cae por su propio peso: ¿qué clase de fiscalización independiente puede ofrecer un concejo municipal encabezado políticamente por dos familiares directos?
Es necesario decirlo con claridad, el parentesco, por sí solo, no constituye actualmente un impedimento legal para que dos familiares integren una misma lista electoral. La Ley de Elecciones Municipales establece los impedimentos para postular, pero no prohíbe expresamente que un candidato a alcalde lleve a una tía como regidora. Pero que algo no esté prohibido por la ley no significa que sea políticamente correcto, éticamente saludable o moralmente defendible.
La primera regiduría no es un puesto decorativo ni una recompensa familiar. Los regidores tienen la obligación legal de fiscalizar la gestión municipal, pedir información, denunciar irregularidades y vigilar el uso de los recursos públicos. Esa responsabilidad exige autonomía, firmeza e independencia frente al alcalde. Por eso, resulta legítimo preguntar: si Edwin Ferrer llegara a la alcaldía, ¿su tía tendría la libertad real de cuestionarlo, investigarlo o denunciar decisiones inconvenientes para Chancay? ¿O la fiscalización terminaría subordinada a la lealtad familiar?
La contradicción se vuelve todavía más evidente porque Ferrer ha cuestionado públicamente la labor fiscalizadora de los actuales regidores de Chancay. Quien reclama independencia y vigilancia a los demás, debería comenzar aplicando ese mismo estándar dentro de su propia lista. No se puede predicar fiscalización en la plaza pública y, al mismo tiempo, construir una fórmula electoral que genera razonables dudas sobre la independencia del futuro concejo.
A ello se suman los cuestionamientos difundidos sobre los servicios de asesoría que Edwin Ferrer habría brindado al Hospital de Huaral y los pagos recibidos por dichos trabajos. Algunas publicaciones sostienen que el monto superaría los 90 mil soles; sin embargo, esta cifra debe ser contrastada con órdenes de servicio, comprobantes de pago, contratos y productos entregados antes de formular una imputación definitiva. Precisamente por tratarse de dinero público, Ferrer debería transparentar voluntariamente cuánto cobró, durante qué periodo, qué funciones desarrolló y, sobre todo, qué resultados concretos dejó su contratación.
Quedaría claro que para Edwin Ferrer cuestionar la ética de los demás, simplemente es pura propaganda electoral.
