Juárez: Retiro de la CIDH exige marco normativo y debate

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, declaró que no ha revisado el proyecto de ley relacionado con la soberanía nacional y una posible salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria fujimorista señaló que solo ha conocido aspectos generales del mismo por declaraciones de la presidenta del Congreso.

Juárez afirmó que cualquier iniciativa para retirar al Perú de la CIDH requeriría de un marco normativo y de un debate amplio dentro del Congreso de la República. Reconoció que no tiene claro si el proyecto mencionado tiene ese objetivo específico.

Crítica a sanción del Jurado Electoral Especial (JEE)

La congresista cuestionó la resolución del JEE Lima Centro, que la sanciona por vulnerar el principio de neutralidad al actuar como directiva de Fuerza Popular.

Juárez consideró que esta interpretación resulta provocadora y abusiva, ya que los congresistas, al militar en partidos, también integran su estructura orgánica.

Defensa del derecho a participación política

Juárez argumentó que prohibir a congresistas ser parte del Comité Ejecutivo Nacional de un partido político sin evidencia de proselitismo atenta contra los derechos constitucionales de participación política.

Indicó que esto desconoce el derecho a ejercer funciones dentro de las organizaciones políticas legalmente reconocidas. La parlamentaria señaló que Fuerza Popular presentó sus descargos dentro del plazo de 24 horas requerido por el JEE y expresó su confianza en que el tema quede zanjado. Reiteró que la sanción representa un intento de limitar libertades políticas fundamentales.

CIDH demanda al Congreso no aprobar la ley de impunidad para militares y policías procesados en casos de lesa humanidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demanda al Estado peruano a abstenerse de aprobar la ley de amnistía para militares y policías procesados por su accionar en el periodo del conflicto armado interno.

La comisión recalcó que la prohibición de otorgar amnistías en casos que involucran violaciones de derechos humanos es una obligación de derecho internacional reconocida en el sistema interamericana desde 1992.

«En el caso Barrios Altos, así como en el marco de supervisiones con el caso La Cantuta, la Corte Interamericana ha señalado, consistentemente, que son inadmisibles las amnistías, prescripciones y excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación», dice el pronunciamiento de la CIDH.

Y, además, recordó que, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el proyecto de ley afectaría a 156 casos con sentencia firme y más de 600 procesos en curso que incluyen casos sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, masacres, entre otros.

El proyecto de ley de amnistía para agentes del Estado peruano fue aprobado en la legislatura que terminó el 15 de junio. Falta la segunda votación en el Pleno del Congreso y que el Ejecutivo luego la promulgue.

No es la primera vez que la CIDH se pronuncia sobre esta iniciativa. Hace dos semanas, la comisión afirmó que «en el caso de Perú son inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción o que excluyen de responsabilidad para impedir la investigación y sanción de los responsables de desaparición forzada, tortura o ejecuciones extrajudiciales».

Congreso contra la CIDH

Tampoco es la primera vez que el Congreso pretende desacatar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Como se sabe, uno de los objetivos de esta institución es que el Estado peruano se retire del Pacto de San José. Para eso buscaron crear una comisión de alto nivel.

El primer ministro Eduardo Arana, cuando solicitó el voto de confianza al Congreso, propuso también crear una comisión multisectorial para evaluar la permanencia del Estado peruano en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El ministro de Justicia, Enrique Alcántara, respondió que esa propuesta responde a un pedido de los congresistas y la sociedad civil. «Pero nada asegura que el Perú salga de la entidad internacional», dijo.

CAL presentará denuncia ante la CIDH por resolución de la JNJ que repone a Patricia Benavides como fiscal de la Nación

En exclusiva para Exitosa, el decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, anunció que desde esta asociación de carácter profesional presentarán denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la resolución de la JNJ que repone a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. 

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, Canelo dejó entrever que esta resolución sería parte del grupo que tienen formato jurídico, «pero están haciendo irregularidades«.

«El Colegio de Abogados está denunciando todos estos hechos y, probablemente, el día de hoy se le informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo que está aconteciendo. El Perú ha estado bajo la mira de organismos internacionales», declaró para nuestro medio.

Resolución de la JNJ es «ilegal», según CAL

De acuerdo con el decano del Colegio de Abogados de Lima, la resolución de la JNJ que repone a Patricia Benavides como fiscal de la Nación resultaría ser «totalmente ilegal» y únicamente le permitiría regresar a su cargo de fiscal supremo. 

Canelo sostuvo que, en caso la JNJ tenga razones para la nulidad, Benavides regresaría únicamente a su cargo de fiscal supremo. Sin embargo, para ello deberán de darse las condiciones presupuestarias necesarias.

«Es una resolución totalmente ilegal y menos la fiscal de la Nación. Creo que ahí hay un graso error al establecer que tiene facultades coercitivas para decirle a la fiscal de la Nación: ‘tú ya no eres fiscal de la Nación, te destituyo porque tiene que regresar la que a mi me interesa’. Así funciona el derecho», mencionó. 

Patricia Benavides no volvería a ser fiscal de la Nación

Raúl Canelo cuestionó la resolución de la JNJ que repone a Patricia Benavides como fiscal de la Nación indicando que resulta imposible debido a que ya hay una persona destinada legalmente en el cargo.

De acuerdo con el decano del Colegio de Abogados, la Junta de Fiscales es la única que puede nombrar al Fiscal de la Nación. Es decir, la Junta Nacional de Justicia no cuenta con esta facultad. 

«Ahí hay un problema. Es un imposible en la medida que ya hay una persona designada legal y legítimamente. Esa nulidad no tendría porque afectar a terceros. (…) Lo correcto sería que retorne al cargo de fiscal suprema. Es la Junta de Fiscales la que puede nombrar al fiscal de la Nación», señaló. 

De esta manera, se dio a conocer que el Colegio de Abogados de Lima presentará denuncia ante la CIDH por resolución de la JNJ que repone a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. 

Colegio de Abogados de Lima denuncia amenazas del Gobierno tras reunión con la CIDH: “busca silenciar a un sector”

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) denuncia que el gobierno de Dina Boluarte “ha intentado amordazar y amedrentar» al decano y a miembros de la Junta Directiva de la institución tras sostener una reunión virtual con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 26 de diciembre de 2024.

¿QUÉ TEMAS SE TRATARON EN DICHA REUNIÓN?

Por medio de un comunicado, el CAL señala que durante dicha reunión se cuestionó la aprobación de normas inconstitucionales no observadas por el Poder Ejecutivo.

“Lamentamos que la presidenta Dina Boluarte, abogada, agremiada y ex directiva del CAL, desconozca las normas estatutarias e incurra a través de órganos del Poder Ejecutivo en amordazar y vulnerar la dignidad de colegas que ejercen su derecho constitucional de libertad de opinión y expresión ante lo que acontece en el país”, se lee en el documento.

Estas normas incluyen cambios en la ley de crimen organizado, iniciativas para retirar al Perú de la jurisdicción de la CIDH, al igual que otras disposiciones que podrían comprometer la autonomía del Ministerio Público.

Finalmente, la Junta Directiva del CAL rechaza la demanda interpuesta por el MINJUS, alegando que esta tiene como objetivo “silenciar a un sector que legítimamente cuestiona el deficiente accionar del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo en perjuicio de la sociedad civil”.

Coronel Harvey Colchado recurre a la CIDH para no ser dado de baja por Gobierno tras allanamiento a casa de Dina Boluarte

El coronel Harvey Colchado Huamaní ha presentado una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se le otorguen medidas cautelares que garanticen su integridad y la de otros 800 policías que enfrentan amenazas de ser despedidos por el Gobierno de Dina Boluarte. Esta acción se interpreta como una posible represalia en respuesta a las investigaciones fiscales que Colchado llevó a cabo contra la presidenta.

«Que, el Estado Peruano a través del Ministerio del Interior adopte las medidas adecuadas para proteger eficazmente los derechos de vida, en la vertiente de desarrollo y la integridad personales de Harvey Colchado Huamaní y otros 800 policías que vienen sufriendo acoso desde el propio Poder Ejecutivo, bajo la amenaza permanente e inminente de ser dados de baja de la Policía Nacional del Perú en venganza por haber participado en investigaciones fiscales que tienen que ver con alta corrupción en el poder y en el allanamiento a la casa de la señora presidenta de la República Dina Boluarte Zegarra», se lee en el documento.

Cabe recordar, que el coronel Colchado tuvo una destacada labor cuando era jefe de la Diviac, incluso llegando a allanar la casa de la presidenta Dina Boluarte en Surquillo que se dio en el pasado mes de marzo con la finalidad de encontrar evidencia del caso Rolex, en dicha diligencia encontró tarjeteros de la lujosa marca que provenían de la Casa Banchero.

Solicitud de Harvey Colchado a la CIDH. Foto: LR

Solicitud de Harvey Colchado a la CIDH. Foto: LR

Gobierno envíó a Harvey Colchado a cuidar un paradero del Metropolitano

El coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) Harvey Colchado, quien anteriormente lideró la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), fue captado realizando labores de patrullaje en una estación del Metropolitano.

Este hecho ocurrió después de haber sido suspendido temporalmente de su cargo debido a una presunta falta grave que consistió en la publicación de un estado en WhatsApp que incluía una fotografía de una torta alusiva al allanamiento realizado en la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, relacionado con el caso Rolex.

Juan José Santiváñez negó tener alguna responsabilidad en el patrullaje del coronel Colchado

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, dijo no tener ningún tipo de injerencia o responsabilidad en el patrullaje del ex jefe de la Diviac, Harvey Colchado y dijo que varios oficiales de la Policía Nacional del Perú suelen apoyar para los operativos que se realizan.

«Como ministro del Interior,yo no tengo injerencia en la distribución ni asignación de cargos en la PNP. Por mandato constitucional esto es exclusivamente una potestad de la Comandancia General de la PNP, y en este momento todos los oficiales están apoyando y ayudando, estratégicamente, en la ejecución del plan operativo Marea Verde», aseguró.

CIDH realizará mañana audiencia sobre crisis de Fiscalía peruana

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó a una audiencia para mañana donde se observará la situación del Ministerio Público del Perú. En ella, organizaciones harán denuncias sobre supuestas presiones que sufre la Fiscalía.

La sesión fue solicitada en diciembre de 2023 por el Instituto de Defensa Legal (IDL), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

De acuerdo a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, presentarán “antecedentes que revelan influencias y presiones externas sobre ella [Patricia Benavides] con el fin de impedir que pueda funcionar de forma independiente”. Asimismo, informa que también se dará “información actualizada sobre amenazas, riesgos, presiones y afectaciones a la independencia de fiscales”.

La audiencia se realizará en Washington D.C mañana a la 1:00 p.m., donde estarán presentes miembros de la CIDH y representantes del Estado peruano.