El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, señaló este jueves que no se puede aceptar una «práctica injerencista» en las atribuciones constitucionales del país, luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio recomendaciones sobre institucionalidad democrática en el Perú.
En Ampliación de Noticias, Alberto Otárola calificó de «muy interesante» y «poco extraño» las recomendaciones del citado informe CIDH ,donde se abordó la situación de los derechos humanos en el Perú durante las protestas registradas entre el 7 de diciembre del 2022 y el 23 de enero de este año.
«Eso tiene un límite. La Comisión ha entrado a un análisis de nuestro modelo político, que ciertamente tiene algunas contradicciones que es menester abordar un solo poder del Estado que es el Congreso de la República, en cuyo caso nosotros nos remitimos a nuestra Constitución Política. Es decir, podemos recibir un informe muy interesante, con algunas recomendaciones, con varias críticas y sugerencias, pero no se puede aceptar ciertamente es que se pretenda realizar una práctica injerencista en las atribuciones constitucionales en los organismos constitucionalmente autónomos del Perú», dijo.
Alberto Otárola aclaró que el Estado peruano analizará las 36 recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y «ver la aplicación de su pertinencia» en el marco del Pacto de San José de acuerdo a nuestra propia legislación interna.
«Son recomendaciones que serán remitidas a todos los sectores y seguramente del sector Justicia se van a estar haciendo un seguimiento adecuado para poder remitir los informes a que se comprometa el Perú, de eso se trata», indicó.
Cabe indicar que en las recomendaciones de la CIDH sobre la institucionalidad democrática, se plantea, entre otros temas, delimitar las figuras de acusación constitucional, vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y disolución unilateral del Congreso, de forma que precisen, con parámetros claros y objetivos, «las conductas sancionables y sus correspondientes consecuencias».
«Deficiente análisis»
Alberto Otárola consideró también que el informe de la CIDH tiene un «deficiente análisis» a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en las protestas, por lo que aseguró el Gobierno ratifica el respaldo de las fuerzas del orden.
«En el caso de los heridos militares y policiales la Comisón Interamericana de Derechos Humanos ha realizado un deficiente análisis porque pese a que ellos son los que han resguardado y cuidado el orden interno y actuado según digamos la responsabilidad constitucional, seguramente con algunos errores en la ejecución de los mismos, en el caso por ejemplo de la Polícía, el caso del señor (José Luis) Sonjo que fue quemado vivo dentro de un patrullero solo ha sido mencionado como un hecho más, 10 palabras se refieren a él dentro del informe», dijo.
El informe ‘Situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales’ que ayer presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos.
Precisa que de la información que recibió en Lima, Ica, Arequipa y Cusco se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma con el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones.
También por el número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando en la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad. Hechos que deben ser investigados, juzgados y sancionados.
Considera que la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada para mantener o restituir el orden público o para proteger bienes jurídicos menos valiosos que la vida como, por ejemplo, la propiedad. “Solo la protección de la vida y la integridad física ante amenazas inminentes puede ser un objetivo legítimo para usar dicha fuerza”.
Y menciona que 56 personas perdieron la vida, entre ellas ocho adolescentes y un agente policial; y al menos 912 personas resultaron heridas.
Sobre Ayacucho
El informe de la CIDH señala que en el caso de Ayacucho se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial.
Anota que, al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
Además, “al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”.
Refiere que como resultado de estos hechos, 10 personas perdieron la vida. Y que, según la información suministrada por el Ministerio Público, todas las necropsias fueron realizadas por una persona médica legista en compañía de fiscales.
Las necropsias arrojaron que todas las personas murieron por disparos letales de armas de fuego dirigidos al tórax, abdomen y cabeza. Adicionalmente, el servicio de salud reportó que alrededor de 72 individuos resultaron heridos por armas de fuego y objetos contundentes.
Ejecutivo. Boluarte y Otárola, a la cabeza de este Gobierno. Foto: Félix Contreras/La República
Respecto a Juliaca
En cuanto a lo sucedido en Juliaca, región Puno, la CIDH indica que en esa ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas.
Anota que todo esto ocurrió en el marco de una compleja situación violenta, que se inició con enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto Inca Manco Cápac, en donde las fuerzas de seguridad fueron atacadas con piedras, palos y fuegos pirotécnicos, como avellanas.
De los graves hechos de violencia y represión policial que se dieron luego en el terminal aéreo y otros lugares de la ciudad de Juliaca, 226 personas resultaron heridas entre los días 6 y 10 de enero, y a la fecha de cierre del este informe, 18 habían perdido la vida.
También indica que hay graves denuncias de familiares de las víctimas por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, a quienes les atribuyen todas las muertes ocasionadas por armas de fuego.
Refiere que personas que rindieron testimonio a la comisión señalaron que, a partir del mediodía del 9 de enero, “la policía empezó a disparar bombas lacrimógenas, perdigones y balas de fuego”; y que “se dio una balacera contra las personas, los disparos eran al cuerpo y a quemarropa” por parte de fuerzas de seguridad del Estado.
Adicionalmente, algunas personas denunciaron la participación de agentes policiales, vestidos de civil y sin identificación entre los manifestantes, a los que señalaron como pertenecientes al llamado Grupo Terna.
También indica que, por su parte, los agentes del Estado manifestaron a la CIDH que el 9 de enero las fuerzas de seguridad estuvieron todo el tiempo dentro del perímetro del aeropuerto bajo un ataque sostenido de armas hechizas, como avellanas, dirigidas al cuerpo.
Asimismo, señalaron que no hubo fallecidos al interior del aeropuerto o alrededor del perímetro externo. Los agentes entrevistados negaron que la causa de las muertes hubiese sido el uso excesivo de la fuerza, aduciendo que los disparos y las muertes ocurrieron fuera de ese perímetro, incluso en lugares o calles alejadas del aeropuerto, a donde no se habrían hecho presentes integrantes de las fuerzas de seguridad ese día.
A su vez, solicitaron que los hechos sean investigados por las autoridades competentes para individualizar a las personas y armas que causaron los mismos, mediante la determinación de las circunstancias del tiempo, modo y lugar de cada una de las muertes.
Que se investiguen
La Comisión Interamericana condena los hechos acaecidos en Juliaca e insta a que las graves violaciones de derechos humanos allí cometidas sean investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial.
En reunión que sostuvo con autoridades del Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal le informó que todas las personas fallecidas en estos hechos murieron a causa de disparos de balas, perdigones y objetos contundentes que impactaron en la cabeza, cara, ojos, tórax y/o abdomen. Dicha información coincide con los registros del Ministerio de Salud y con los certificados de defunción a los que la CIDH tuvo acceso.
La Comisión Interamericana formuló recomendaciones
Entre las recomendaciones que hizo la CIDH, está el diseñar e implementar, desde el más alto nivel del Estado, una estrategia de diálogo genuino, con enfoque étnico y territorial.
Diseñar una política pública con alcance nacional y con perspectiva de derechos humanos, que esté dirigida a la eliminación y prevención de la discriminación y estigmatización de personas con base en su origen étnico-racial o condición socioeconómica.
Adoptar un plan permanente y obligatorio de capacitación y evaluación para las fuerzas de seguridad que intervienen en manifestaciones.
Tomar medidas de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales.
Aumentar el número de fiscalías especializadas en derechos humanos para que tengan presencia en todo el país.
El dato
Las muertes ocurridas en Ayacucho, según el informe, podrían llevar a calificar lo ocurrido “como una masacre”. Todas las personas murieron por arma de fuego.
Un informe contundente
CIDH se refiere a los sucesos en Ayacucho y afirma que observa con extrema preocupación lo sucedido.
Sobre Juliaca se indica que habría hechos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado.
Importante. El documento recomienda un “diálogo genuino” implementado desde el Estado con “enfoque étnico y territorial”.
El exministro de Defensa Walter Ayala presentó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que este órgano de la Organización de Estados Americanos ordene al Estado peruano la inmediata libertad de Pedro Castillo, así como la restitución de su patrocinado como presidente del Perú. El letrado oficializó solicitud ante la demora de los juzgados constitucionales nacionales en resolver los recursos de amparo a favor del exmandatario.
«Ante demora injustificada del Poder Judicial en resolver amparo, Pedro Castillo solicita a la CIDH su restitución como presidente constitucional del Perú, y su inmediata libertad. En los próximos días habrá novedades», anunció Ayala.
Ayala da a conocer la pretensión de Castillo Terrones luego de que la Fiscalía de la Nación formalizara la investigación preparatoria contra el exmandatario por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias en agravio del Estado. Esto en el marco de los casos Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
A estos casos se le suma el de los presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, en 2021. En esta diligencia se encuentra implicado el exministro Walter Ayala. En noviembre, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley, rechazó una tutela de derechos del extitular de Defensa con la que buscaba no ser investigado por el presunto delito de organización criminal.
Ayala Gonzáles apeló la decisión, por lo que se elevó el expediente a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Dicha instancia declaró bien concedida la apelación del exministro. Ahora, se deberá programar la vista de la causa para resolver el recurso del exjefe del Mindef.
Segunda solicitud
Esta es la segunda solicitud a favor del expresidente Pedro Castillo, quien está recluido en el penal de Barbadillo por el golpe de Estado que intentó perpetrar el 7 de diciembre.
El 10 de diciembre, la abogada María Hurtado Ambrosio presentó un pedido ante la CIDH: «A la fecha, han ordenado detención arbitraria del presidente Pedro Castillo Terrones, quien fuera elegido democráticamente. La única esperanza es que esta CIDH atienda esta solicitud de manera urgente, declare fundado y ordene reponer en su cargo de presidente a Pedro Castillo Terrones”.
La letrada advirtió de una presunta vulneración al derecho de libertad de Castillo Terrones y acusó una supuesta persecución de Patricia Benavides. «Apenas juramentó (sic) como fiscal de la Nación, amenazó y creó un equipo especial para investigar al presidente Pedro Castillo Terrones, violando el artículo 117 de la Constitución Nacional del Perú”, aseveró.
Premier «advirtió» sobre recurso de Castillo
El último sábado, el primer ministro Alberto Otárola dio a conocer detalles del intento de Pedro Castillo sobre recurrir a la CIDH para regresar al sillón presidencial que actualmente ocupa Dina Boluarte.
“En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene trabajando activamente un grupo de abogados, de extrema izquierda, que han defendido improntas en otros países. Han estado dando vueltas por el penal Barbadillo, y pretenden enervar la decisión soberana del Perú de haber conducido una sucesión constitucional y la legitimidad del Gobierno de Dina Boluarte”, dijo Otárola en entrevista a RPP.
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, advirtió este viernes que el expresidente Pedro Castillo tiene intenciones de presentar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para recuperar su libertad y ser repuesto en el cargo de jefe de Estado.
En Ampliación de Noticias, el primer ministro precisó que, posiblemente, el exmandatario copie los parámetros empleados por el presidente colombiano, Gustavo Petro, para ser repuesto como alcalde de Bogotá en abril de 2014, luego de recibir un fallo favorable por parte del organismo internacional.
“Lo que nosotros advertimos es el intento de este señor de acudir a la jurisdicción internacional, probablemente, para pedir dos cosas: su libertad y su reposición como presidente. Es altamente probable que este señor presente una denuncia ante la Comisión Interamericana y una medida cautelar en ese sentido”, declaró en exclusiva a RPP Noticias.
“En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene trabajando activamente un grupo de abogados, de extrema izquierda, que han defendido improntas en otros países. Han estado dando vueltas por el penal Barbadillo [donde está recluido Castillo], y pretenden enervar la decisión soberana del Perú de haber conducido una sucesión constitucional y la legitimidad del Gobierno de Dina Boluarte”, agregó.
Premier pide acelerar procesos contra Castillo por presunta corrupción
Al recordar que Castillo Terrones cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo, en Ate, por su fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre, el primer ministro exhortó al Congreso y al Ministerio Público (MP) a acelerar los procesos iniciados contra el exmandatario por presuntos actos de corrupción durante su gestión (2021-2022).
Para el premier Otárola, los casos de corrupción “son los que menos se pueden defender” en la instancia internacional.
“Y es por eso que necesitamos urgentemente que, dentro de la independencia y competencias de los órganos de Estado, especialmente en el Congreso de la República y en la Fiscalía, se aceleren – en la medida posible y dentro de los cauces que da el debido proceso – los temas de corrupción, de acusación por corrupción que tiene este expresidente”, mencionó.
En ese sentido, el premier dijo que el Estado Peruano, a través de la Cancillería y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, está preparado para defenderse ante la jurisdicción internacional.
“[Pedro Castillo] va a pretender defender sus derechos políticos y cuestionar la prisión preventiva por el evidente golpe de Estado y el delito que cometió, y cuestionar la sucesión constitucional. Entonces, se nos va a abrir un escenario internacional”, aseveró.
Si bien se mostró confiado en que el exmaestro rural fracasará en su intento de recurrir al organismo internacional, el jefe del Gabinete Ministerial afirmó que “sería catastrófico” si la CIDH falla a favor de Pedro Castillo. “Ojalá que no tenga posibilidad mínima de éxito”, finiquitó.
Contraposición. Desde que comenzaron las movilizaciones que aclaman la renuncia de la clase política, la narrativa de la mandataria Dina Boluarte ha sido sugerir que los manifestantes son “manipulados” por “azuzadores internacionales”. El Congreso con 88% de desaprobación, que le otorgó la investidura al gabinete Otárola, replicó el discurso como si estuviese mimetizado. Se culpó a Evo Morales de injerencista y se pidió raciocinio a los demandantes. “No se dejen manipular”, dijo más de una vez la primera presidenta en la historia mundial republicana con casi media centena de muertes en contexto de protesta social, como escribió el historiador y analista internacional Isaac Bigio en Hildebrandt en sus Trece.
Estas acusaciones hechas por funcionarios no fueron expuestas con nombres que certifiquen ni descripciones de las articuladas mafias que supuestamente promovieron a las personas. Tanto Boluarte como su primer ministro insisten en que “ingresó armamento desde Bolivia” para equipar a los protestantes. Peor aún, este 2023, cada institución del Estado deberá encabezar sus documentos con “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”, cuando hay 49 muertos por salir a las calles a demandar políticas.
En ese contexto fue que llegó un grupo de diplomáticos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 11 de enero arribaron el primer vicepresidente y relator para Perú, Stuardo Ralón, y el comisionado Joel Hernández, acompañados de la secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo, cooperación técnica y capacitación, María Claudia Pulido, y el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca. Divididos en grupos para visitar Lima, Ica, Arequipa, Juliaca, Ayacucho y Cusco, pretendieron observar la situación de vulneración civil.
A Ralón le tocó ir a Juliaca, epicentro fúnebre de todas las ciudades del Perú en las que se han registrado fenecidos. En lugar de percatarse de la “manipulación” de “elementos externos”, Stuardo vio “mucho dolor y tristeza”, como recordó en “No hay derecho”.
“De los testimonios, no encontramos en las personas algo que dijera que están respondiendo a algún tipo de otra organización, sino una manifestación auténtica de un descontento por el abandono que esa región (Puno) ha tenido históricamente y que muchas veces, durante largo tiempo, sobre todo, cuando se acercan los procesos electorales, se ofrecen muchas cosas que posteriormente no se cumplen. Cuando se ven los resultados, sigue siendo una región, pareciera estar muy desconectada, digamos en un nivel de pobreza muy distinto al que (…) uno encuentra en la capital”, contó.
También percibió “un ambiente de estigmatización generalizada”, en el que se “pretende indicar que todas las personas que pueden estar manifestando su inconformidad podrían ser calificadas como terroristas o ‘terrucos’”. Este recurso discursivo invalida al señalado arbitrariamente, quitándole su condición de humano y volviéndolo un objetivo de la “insurgencia” a eliminar, según estudiosos de ciencias sociales.
A diferencia de la interpretación de Boluarte, “lo que hay en el ambiente es una generalización en el discurso, en las declaraciones de algunos funcionarios que alimentan un ambiente de molestia, indignación, que no ayudan a pacificar la situación, si no, alimentan la violencia”.
Parecer. Las reuniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Perú terminaron este 13 de enero. El grupo que investiga la situación de los 49 ciudadanos muertos en contexto de protesta social desde que la presidenta Dina Boluarte asumió el mando, visitó el Poder Judicial a fin de conocer la versión institucional dispuesta por su titular, Javier Arévalo.
Al lado suyo, el vicepresidente de la supranacional, Stuardo Ralón, escuchó la versión del presidente del PJ. Arévalo optó por mostrarle al grupo de la CIDH el estado deteriorado de las diferentes sedes institucionales del sur tras la ebullición de la violencia. Ordenó proyectar imágenes de las dependencias saqueadas por elementos delictivos.
Ralón respondió que lamentó “estos gravísimos hechos que sin duda alguna no son parte de una protesta pacífica. Mi solidaridad”.
A continuación, Arévalo pretendió separar dos tipos de reclamos: “Una justa protesta (…) y, por otro lado, una influencia negativa de elementos vinculados posiblemente a organizaciones criminales“. Señaló sin pruebas como posibles grupos con injerencia en la población al “narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal y terrorismo“.
Al terminar la reunión, el presidente del PJ le dijo a Ralón que “ya sabe cuál es la realidad“. Según su versión, “en el Perú no existe una política de violación de derechos humanos, sino más bien acá lo existe, en este momento, es una situación de violencia que tiene dos vertientes: los justos reclamos de la población y los actos vandálicos que usted ha visto“.
Cerró con un refrán: “hay que separar la paja del trigo. Esta es la realidad del Poder Judicial”.
ENFOQUE REAL 