Congreso modifica Código Penal para facilitar expulsión de extranjeros

Por mayoría, el Congreso de la República aprobó una iniciativa legislativa, para facilitar la expulsión de extranjeros inmersos en hechos delincuenciales y actos afines, con la finalidad de mejorar la lucha contra la inseguridad ciudadana en el país.

Durante la sesión del pleno del Parlamento se debatió el dictamen recaído en los proyectos de ley 62112021-CR, 155412021 CR, 281112022 re, 426412022-CR, 437612022-CR y 4810/2022-CR, que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635; el Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo 654; y el Decreto Legislativo 1350, de migraciones; para facilitar la expulsión de extranjeros y fortalecer la seguridad ciudadana.

El parlamentario Américo Gonza Castillo (PL) sustentó la iniciativa legislativa manifestando la necesidad de mejorar la legislación para combatir en mejores condiciones, a todos los actos delincuenciales, principalmente, realizado por los extranjeros en nuestro país.

“Se requiere proteger a nuestros ciudadanos de la delincuencia principalmente ejercida por extranjeros, que vienen desatando matanzas, asaltos, secuestros y otros actos delincuenciales en perjuicio a la población peruana. Por ello la necesidad de la aprobación de la presente ley que permitirá poner orden y lucha frontal contra la delincuencia organizada”, manifestó

Se modifican los artículos 30, 52, 52-A, 368 y el numeral 3 del artículo 440, incorporándose también a este el numeral 8, del Código Penal, Decreto Legislativo 635, precisándose en el caso del artículo 30 como pena la expulsión del país para extranjeros, durante o después de cumplida la pena privativa de libertad o la concesión de un beneficio penitenciario, quedando prohibido su reingreso por el tiempo que fije la sentencia.

En el caso de expulsión por concesión de beneficios penitenciarios, el Perú mantiene jurisdicción exclusiva sobre la condena impuesta.

La modificación del artículo 52 está relacionada con la conversión de la pena privativa de libertad, en tanto que la modificación del artículo 52-A, está vinculada a la conversión de la pena privativa de libertad en ejecución, y los cambios en el artículo 368, se relacionan a la resistencia o desobediencia a la autoridad.

Luego de la sustentación, el congresista Alejandro Cavero Alva (A. País) refirió que la iniciativa tiene contenido homofóbico y que debería revisarse mejor dicha iniciativa porque permitiría el abuso. Su colega Alejandro Muñante Barrios (RP) también refirió la necesidad de mejorar las normas para este caso y regular los procesos sancionadores para este caso, en especial para los extranjeros.

Pedro Martínez Talavera (AP) dio a conocer su apoyo a la propuesta por ser justa contra quienes cometen delitos contra la población. Carlos Anderson Ramírez (NA) también dio a conocer su opinión en contra sobre el proyecto de ley. Su colega Kira Alcarraz Agüero (Podemos) solicitó mejorar la norma, y el parlamentario Isaac Mita Alanoca (PL) dio a conocer su respaldo.

Al término del debate parlamentario, la propuesta legislativa fue aprobada por 93 votos a favor, quince en contra y tres abstenciones.

Congreso aprueba, en segunda votación, la creación de la Comisión Especial Multipartidaria que elaborará un nuevo Código Penal

El pleno del Congreso aprobó, en segunda votación, el texto sustitutorio del dictamen del proyecto que propone la creación de una Comisión Especial Multipartidaria encargada de elaborar un nuevo Código Penal, recogiendo el trabajo existente de las comisiones anteriores.

La propuesta, presentada por la bancada de Perú Libre, obtuvo 64 votos a favor, 41 en contra y 2 abstenciones.

Este grupo estará compuesto por un representante elegido por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que será quien lo presida, además de un representante de cada grupo parlamentario.

“El Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y demás instituciones involucradas se encuentran obligadas a cooperar con dicha comisión”, se detalla en el texto.

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Isaac Mita Alanoca (PL), alegó que la comisión coordinará con los sectores involucrados y que recogerá opinión de los especialistas en materia penal.

En la propuesta se indica que el plazo para que la Comisión Especial Multipartidaria cumpla con la entrega del trabajo encomendado no debe exceder del periodo parlamentario 2021-2026.

“El plazo se computa a partir de la entrada en vigor de la presente ley”, se acota.

Gobierno de Dina Boluarte pretende modificar el Código Penal para endurecer las penas de los delitos por las protestas

En la iniciativa extendida al Congreso, que ya reside en la Comisión de Justicia, se hace alusión a los crímenes que afectan “la vida, el cuerpo y la salud, así como los bienes públicos y privados”.

El Ejecutivo presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal para “reforzar la respuesta del Estado” frente a diversos delitos en el marco de las manifestaciones.

La iniciativa lleva una carta firmada por la presidente de la república, Dina Boluarte, y el primer ministro Alberto Otárola. En el documento se saluda al titular del Congreso, José Williams Zapata, y se solicita considerar la aprobación de esta medida con carácter de “urgencia”.

“La presente ley tiene por objeto (…) establecer medidas inmediatas, urgentes y excepcionales para reforzar la respuesta del Estado frente a los delitos que afectan la vida, el cuerpo y la salud, así como los bienes públicos y privados, cometidos durante la vigencia de la declaratoria de un Estado de emergencia”, se lee en la propuesta.

De aprobarse el texto, aumentarían las penas de los siguientes delitos en los rangos mencionados:

• Lesiones leves: con una pena actual de 2 a 5 años, pasarían a aumentar en una sanción de 8 a 14 años.

• Formas agravadas de daño de bienes: con una pena actual de 1 a 6 años, pasarían a aumentar en una sanción de 4 a 8 años.

• Atentado contra medios de transporte: con una pena actual de 3 a 6 años, pasarían a aumentar en una sanción 8 a 20 años.

• Entorpecimiento al funcionamiento de Servicios Públicos: con una pena actual de 6 a 8 años, pasarían a aumentar en una sanción de 8 a 10 años.

• Disturbios: con una pena actual de 6 a 8 años, pasarían a aumentar en una sanción no menor de 15 años.

Para aplicar dichas medidas, el documento solicita la modificación de los artículos 121; 122; 159; 186; 189; 200; 204; 206; 273; 279; 279-A; 279-B; 279-G; 280; 283; 315; 365; 366 y 367 del Código Penal.

A la fecha, el proyecto ya se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidido por el congresista Américo Gonza Castillo (Perú Libre), para su eventual evaluación.

“La presente propuesta normativa representa un beneficio tanto para la ciudadanía (en la medida que podrá verse protegida frente a tales actos, a través del establecimiento de medidas más disuasivas, en contextos de emergencia), como para el Estado (en la medida que le permitirá afrontar los problemas que pudieran presentarse y agravar los contextos de crisis que dan pie a la declaratoria de un Estado de emergencia)”, se puntualiza.

Jefe de la Divpol detalla detención de banda «los babys chanquis de la soledad» y pide que se modifique el Código Penal para que los menores sean juzgados como adultos

Coronel Manuel Farias, jefe de la División Policial de Huaral, informó sobre la detención de la presunta banda delincuencial “los babys charquis de la Soledad”, integrada por tres menores de edad, entre ellas una mujer de 14 años.

En declaraciones a los medios de comunicación, el coronel Farias pidió que se modifique la parte legal del Código Penal con el fin de que los menores de edad, que son infractores a la ley, lleven un tratamiento de juzgamiento de acuerdo a sus actos delictivos y sean sancionados como tales.

Así también, pide que la información de los datos de los menores delictivos sea pública ante los medios de comunicación y la ciudadanía para su identificación.