Congreso aprobó por insistencia aumento de pensiones para maestros a 3 300 soles

El pleno del Congreso aprobó por insistencia este jueves la autógrafa de ley que garantiza un incremento en las pensiones de los maestros jubilados y cesantes de todo el país a un monto de 3 300 soles.

La representación nacional alcanzó una votación mayoritaria de 82 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones para ratificar la medida, la cual había sido observada previamente en octubre del 2025 por Dina Boluarte bajo argumentos de inconstitucionalidad y falta de sustento técnico.

La normativa establece que los docentes retirados de la Carrera Pública Magisterial reciban una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial, cifra que actualmente asciende a los 3 300 soles.

Este beneficio alcanza a los jubilados de educación básica regular, alternativa, especial y técnica-productiva que se encuentren comprendidos bajo los regímenes de los decretos ley 19990 y 20530, así como a quienes pertenecen a la Ley 29944 y a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones.

La vicepresidenta de la Comisión de Economía, Ana Zegarra Saboya (Somos Perú), fue la encargada de sustentar la norma y en su exposición afirmó que esta medida ofrece a una mejor calidad de vida a los docentes, quienes «son responsables de la conducción y formación de más de 6 millones de estudiantes públicos”.

Las objeciones del Poder Ejecutivo

El 7 de octubre del año pasado, en el último día del plazo legal para su promulgación, el Gobierno que presidía Dina Boluarte observó la ley tras considerar que la propuesta generaba mayores gastos públicos sin contar con la coordinación previa necesaria.

El Ejecutivo argumentó en su momento que el Congreso no posee facultad de iniciativa legislativa para crear o incrementar el gasto de recursos, responsabilidad que le corresponde en exclusiva al Poder Ejecutivo por ser el encargado de la hacienda pública.

Asimismo, el Gobierno señaló que establecer un tratamiento previsional preferente para los maestros carecía de un análisis técnico que evaluara la razonabilidad de dicha diferencia frente a otros pensionistas.

“Esta pretensión implica configurar un régimen paralelo o aislado, rompiendo la uniformidad que caracteriza a los sistemas previsionales”, indicó el gobierno en el oficio remitido al Parlamento.

Implementación y sostenibilidad de la medida

A pesar de las advertencias gubernamentales sobre riesgos financieros y una posible fragmentación del sistema de pensiones, el Parlamento procedió con la insistencia tras el dictamen favorable de la Comisión de Economía.

La aplicación del nuevo monto pensionario estará supeditada a la coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación, órganos encargados de establecer los mecanismos para que el incremento se haga efectivo en las cuentas de los maestros cesantes.

Con esta votación, el proyecto de ley se convierte en norma vigente, cerrando un proceso legislativo que involucró los proyectos de ley 3864, 4786 y 8911, entre otros.

Colectivo PAS: Dictamen aprobado por el Congreso debilita minería formal y favorece la ilegalidad

Nuevamente el Congreso de la República busca impulsar normas que promueven el crecimiento de la minería ilegal e informal, y sus delitos conexos.

Lejos de proponer normas que permitan la real formalización de la pequeña minería y minería artesanal, la trazabilidad de minerales e insumos u otras medidas para luchar contra la minería ilegal, el pasado martes 17, la Comisión de Energía y Minas aprobó un dictamen que modifica el régimen de concesiones para la minería formal. 

En la práctica, esta medida busca acelerar la caducidad de concesiones mineras formales, lo que desincentivará sus inversiones, generando condiciones para su ocupación por parte de minería informal o ilegal.

Actualmente alrededor del 70% de las concesiones invadidas por los mineros informales no pertenece a la gran y mediana minería, sino a la pequeña minería, que, con gran esfuerzo, ha logrado sacar adelante un proyecto.

Invocamos al Congreso a mirar con seriedad y técnicamente este tipo de medidas, impulsadas por los mismos congresistas que vienen aplazando el REINFO y flexibilizando leyes que están permitiendo el vertiginoso crecimiento de la minería ilegal, que amenaza la seguridad, el ambiente y la estabilidad de todos los peruanos.

Denisse Miralles renuncia a la PCM a un día de solicitar el voto de confianza al Congreso

La ahora exjefa del gabinete ministerial, Denisse Miralles, presentó su renuncia a la Presidencia del Consejo de Ministros a tan solo un día de acudir al Congreso para solicitar el voto de confianza.

En un documento firmado por Alonso Tenorio, secretario general del despacho presidencial, agradece a Miralles por “su destacada labor al frente de la PCM”. Agrega además que “el jefe de Estado deja constancia de la alta estima personal y reconocimiento institucional por su incansable servicio a la Patria”.

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Esta dimisión del cargo ocurre luego de que varias bancadas como Avanza País y Renovación Popular adelantaron su rechazo al gabinete, lo que ponía a Miralles en una situación crítica. Incluso había asegurado recientemente que no se había discutido un eventual reemplazo con el presidente interino José María Balcázar.

“No es algo que hayamos conversado con el presidente. Nosotros estamos seguros de que vamos a explicar nuestro plan de trabajo, todo lo que hemos hecho. Creo que es momento de que tomemos consciencia de que el Gobierno necesita decisiones rápidas que es lo que hemos demostrado”, señaló en una entrevista para Panorama.

Pese a ello, Miralles insistía en que lograría convencer al Parlamento mediante el diálogo y la presentación de su plan de gobierno. Sin embargo, el escenario real mostraba un gabinete debilitado, sin los votos asegurados y con un escaso margen de maniobra frente a un Congreso fragmentado.

Ahora, el Ejecutivo deberá nombrar a un nuevo presidente del Consejo de Ministros y reconfigurar el gabinete en tiempo récord, a pocas horas de que deban solicitar el voto de confianza ante el Legislativo.

Elecciones 2026: Renovación Popular, Somos Perú, APP, Perú Primero y Avanza País llevan a exfujimoristas al Congreso

La presencia del fujimorismo en las próximas elecciones del 12 de abril no se limita únicamente al partido de Fuerza Popular. Excongresistas fujimoristas y personajes con pasado naranja candidatean ahora en por lo menos otros seis partidos políticos. En algunos casos, inclusive, estuvieron inscritos por muchos años como militantes de la agrupación liderada por Keiko Fujimori.

Alianza Para el Progreso de César Acuña es quien lleva a más exfujimoristas en sus filas. En su caso, nombres como el de Edward Zárate Antón llegaron hasta ser elegidos como congresistas por Fuerza Popular en periodos anteriores. En otras agrupaciones se evidencia una vinculación con la cúpula partidaria, como el exparlamentario andino Rolando Sousa, quien fue presentado por todo lo alto como parte del equipo técnico de Renovación Popular de Rafael López Aliaga.

Así también, un actual congresista que ingresó en 2021 apoyando la candidatura de Keiko Fujimori ahora postula con otro partido; una exconsejera regional respaldada por Rosa Bartra y el reemplazo de Kenji Fujimori cuando fue desaforado por el caso Mamanivideos son parte de las figuras con pasado naranja.

Alianza Para el Progreso lleva a 4 exfujimoristas

Alianza Para el Progreso lleva a José Luis Elías Ávalos como postulante al Senado. Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Elías Ávalos perteneció a Fuerza Popular por casi ocho años. Se afilió al partido fujimorista el 29 de octubre del 2009 y se desafilió el 28 de junio del 2017. La organización lo presentó como miembro del Comité de Ica el 29 de octubre del 2009. Sin embargo, no lo eligieron como dirigente o representante de la misma. En 2011 fue elegido como congresista del departamento antes mencionado luego de obtener 44.210 votos.

El otro caso es el de Francisco Ramos Santillán, quien perteneció a las filas del partido de Keiko Fujimori entre el 1 de septiembre del 2013 y el 23 de diciembre del 2014. Ramos Santillán no fue elegido como dirigente o representante de ningún comité provincial o distrital de la organización. Sin embargo, en 2018 participó de las Elecciones Regionales y Municipales y postuló como vicegobernador regional de Amazonas, pero no fue elegido. Actualmente, postula al Senado.

El otro caso es de Edward Zárate Antón, quien integró las filas del fujimorismo entre el 25 de septiembre del 2010 y el 17 de agosto del 2011. Tampoco fue presentado o elegido como dirigente o miembro del comité provincial o distrital. Según InfoGob, Zárate Antón postuló tres veces con Fuerza Popular a cargos públicos. La primera fue en 2014 como presidente regional de Piura, en la que no fue elegido a pesar de obtener el 4,668% de votos. La segunda fue en 2018 como alcalde provincial de Sechura, Piura. Tampoco fue electo pese a obtener el 8,745% de votos. Su historia cambió en 2020 cuando fue elegido como congresista con 19.708 votos para el breve periodo de transición hasta 2021. Actualmente, es candidato al Senado por APP.

Finalmente también aparece en la lista Pedro Rejas Tataje que actualmente candidatea a la Cámara de Diputados con el partido de Acuña. Según el Registro de Organizaciones Políticas, estuvo inscrito como afiliado al partido naranja desde octubre de 2009 hasta enero de 2014. Rejas es un exintegrante del Comando Chavín de Huántar que relató haber recibido llamadas de Vladimiro Montesinos para apoyar la candidatura de Keiko Fujimori.

Renovación Popular: un exministro de Alberto Fujimori en sus filas

Renovación Popular también lleva a exfujimoristas. Uno de esos casos es el de Absalón Vásquez Villanueva como candidato al Senado. Si bien no figura como militante fujimorista, fue ministro de Agricultura durante la dictadura de Alberto Fujimori entre 1992 y 1996. Además, fue asesor presidencial en temas agrarios entre 1996 y 1999. En junio del 2015, el candidato denunció que fue registrado como militante de Fuerza Popular sin su autorización. «Ciudadano solicitó ser excluido de la Organización Política, la cual no lo había presentado como afiliado ante el ROP», se lee en el portal.

El otro caso es de la exfujimorista Lourdes Alcorta. Alcorta fue congresista de Fuerza Popular en representación de Lima y peruanos en el extranjero entre el 2016 y 2020. La exparlamentaria obtuvo 58.460 votos y fue parte de los 73 congresistas que obtuvo Fuerza Popular en el año que perdió las elecciones presidenciales contra PPK. Ahora, busca volver al Legislativo como candidata al Senado por el partido de López Aliaga.

El partido de López Aliaga también lleva al excongresista fujimorista Rolando Sousa en sus filas como parte de su equipo técnico, como el encargado de implementar la reforma del Estado que propone su plan de gobierno. De profesión abogado, postuló en las elecciones de 2006 como segundo vicepresidente en la plancha presidencial de Martha Chávez, quien tuvo que asumir tras el rechazo de la candidatura de Alberto Fujimori. En ese proceso, Sousa se convirtió en parlamentario por Alianza por el Futuro, que reunía a agrupaciones fujimoristas.

En el 2013 fue elegido como magistrado del Tribunal Constitucional tras ser propuesto por Fuerza 2011 (Fuerza Popular); sin embargo, renunció tras el escándalo del caso de repartija. Tres años después, fue elegido integrante del Parlamento Andino también por el fujimorismo.

Somos Perú, Avanza País, Perú Primero e Integridad Democrática también llevan a exfujimoristas

El otro caso es del actual congresista de Somos Perú, Jorge Morante Figari. Estuvo afiliado a Fuerza Popular entre el 25 de septiembre del 2010 y el 10 de julio del 2014. En 2020 fue candidato al Congreso por el partido naranja, obtuvo 6.097 votos, pero no fue elegido. En 2021, postuló por Fuerza Popular y sí salió elegido con 5.548 votos. No obstante, ahora pertenece a las filas de Somos Perú desde el 11 de julio del 2014. Es decir, en menos de cinco años pasó de ser elegido por FP, renunció, se afilió a otro partido y ahora postula al Senado por esa misma agrupación que también lleva a Forsyth como candidato presidencial.

En Avanza País llevan a Asceli Rabasa Barboza como candidata a diputada. Ella no estuvo afiliada a Fuerza Popular, según los registros del ROP. Sin embargo, fue candidata en tres ocasiones por el partido naranja. La primera fue en 2014 al ser postulante como regidora provincial por Lima, pero no fue elegida. En 2016, se lanzó como representante del Parlamento Andino, consiguió 37.123 votos, pero tampoco fue electa. La tercera fue en 2020. Se lanzó como congresista en representación de Lima y residentes extranjeros. Tuvo 12.129 votos, pero no alcanzó una curul.

En Perú Primero Milagros Catalan Corman postula como candidata a diputada. Nunca fue militante fujimorista, pero intentó en dos ocasiones acceder cargos públicos con esa agrupación. En 2014, se lanzó como regidora provincial de Sánchez Carrión, La Libertad, pero no fue elegida. Sin embargo, en 2018 sí fue elegida como consejera regional de esa misma localidad.

En el año que fue elegida, la excongresista Rosa Bartra la felicitó en su cuenta de X. «Felicito a Jennifer Catalán Cormán, representante de la juventud y de la mujer huamachuquina que participa en política, consejera electa por Sánchez Carrión, representante de Fuerza Popular; desde el consejo regional impulsará una agricultura sostenible para nuestra provincia», publicó.

En Integridad Democrática llevan a Ángel Neyra Olaychea como candidato al Senado. Estuvo en las filas del fujimorismo entre el 12 de julio y 2 de diciembre del 2014. En 2011 fue elegido como congresista del partido en representación por Lima y residentes en el extranjero con 31.975 votos. En 2016, intentó la reelección, pero no fue electo; solo obtuvo 11.439 votos.

Sin embargo, retornaría al Congreso en junio de 2018, pero esta vez como reemplazo de Kenji Fujimori, luego de que este fuera desaforado por el escándalo por el caso Mamanivideos. Su nuevo periodo parlamentario fue truncado por el cierre del Legislativo decretado por el expresidente Martin Vizcarra.

La presencia del fujimorismo en SíCreo

Si bien no registra una militancia política con Fuerza Popular, el hermano del actual candidato presidencial por SíCreo, Carlos Espá, fue parte de un grupo clandestino de empresarios que sostenían reuniones secretas con Keiko Fujimori, según reveló la unidad de investigación de este diario. Fernando Espá Garcés es, además, fundador de ese partido.

En su testimonio ante la fiscal Elvia Caro Izquierda, del Equipo Especial Lava Jato, del 10 de diciembre de 2019, el entonces colaborador eficaz Jorge Yoshiyama Sasaki lo identificó como uno de los asistentes a las reuniones celebradas con la lideresa del fujimorismo.

“Los integrantes de este grupo fueron Fernando Espá (Garcés-Alvear). Federico Aramayo Málaga, Julián Siucho (Dextre), Carlos Urrea (Farías), Bernardo Álvarez Calderón, José Sam (Yuen), José Antonio Osterling, Miguel Castro Grandez y otros que no recuerdo en este momento”, mencionó.

Cabe precisar que al hermano de Carlos Espá no se le inició investigación en el marco del caso Lava Jato.

Congreso aprueba leyes de gasto para captar votos a un mes de las Elecciones 2026

El Congreso se juega sus últimas cartas para captar votos en las elecciones de 2026. Ayer, jueves 11 de marzo, desde el Legislativo se promovieron leyes de gasto para beneficiar a trabajadores CAS, personal militar y policial, nombramientos en EsSalud y una bonificación económica excepcional para los veteranos que combatieron el terrorismo.

En el caso de la Ley CAS, el Pleno aprobó —en segunda votación— el proyecto que pretende modificar el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) con la finalidad de que los trabajadores reciban gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Al respecto, el congresista de APP, Alejandro Soto, indicó que el régimen CAS cuenta con aproximadamente 348.750 trabajadores; sin embargo, no argumentó cómo se financiará el gasto, menos si se realizó un estudio para viabilizar la propuesta.

El Consejo Fiscal adelantó el impacto negativo de las propuestas que plantea el Congreso. Con respecto a la Ley CAS, el CF indicó que la iniciativa costaría 3.050 millones de soles anuales. S/2.000 millones corresponderían a gratificaciones y S/1.050 millones al pago de CTS.

Eso no fue todo. Ayer también el Pleno aprobó por insistencia la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que modifica el Decreto Legislativo N.° 1133, para el ordenamiento del régimen de pensiones del personal militar y policial.

Según mencionó el exministro Luis Miguel Castilla, la medida tiene un gasto de 3.800 millones de soles anuales, por lo que aprobar la propuesta observada es perjudicial.

«El caso de otorgarle gratificación y CTS a los trabajadores CAS significa un gasto de 3.050 millones de soles sin fuente de financiamiento. Esto es gasto permanente, a lo que se suma la insistencia de la autógrafa que le otorga, en buena medida, la cédula viva nuevamente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Esto suma 3.800 millones de soles», dijo Castilla.

«Entonces estamos hablando de más de 6.800 millones de soles de gasto rígido que se va sin financiamiento y que el Congreso irresponsablemente ha aprobado. Esto va a hacer mucho más difícil el cumplimiento de las reglas fiscales y dudo que el Ejecutivo tenga la capacidad de observar estas leyes», añadió el exministro.

CAS COVID y beneficio a licenciados veteranos

Pero no solo el CAS a trabajadores y el beneficio económico al servicio militar y policial sacó adelante el Congreso; Fernando Rospigliosi aprovechó la oportunidad para firmar la autógrafa de la ley que autoriza el nombramiento al régimen laboral 728 a trabajadores del EsSalud.

Sobre el tema, el Consejo Fiscal también adelantó un gasto de 944 millones de soles anuales que afectarían las finanzas públicas, por lo que se necesitan acciones urgentes para frenar su deterioro.

A ello se suma el proyecto de ley N.° 3385, que dispone un beneficio económico a los licenciados que cumplieron servicio militar obligatorio entre 1980 y 2000 en zonas declaradas en estado de emergencia.

 Alejandro Soto Reyes, participante también de esta medida, explicó que la norma dispone una bonificación económica de 1.130 soles mensuales, la cual será otorgada de manera progresiva, priorizando a los veteranos de mayor edad y a aquellos que presenten discapacidad permanente.

Al respecto, el exministro Castilla dijo que es presumible que la permisividad y la subordinación del Ejecutivo continúen, lo que podría marcar el inicio de un fuerte populismo legislativo de cara a las elecciones que se realizarán en un mes.

«Eso es lo que yo pienso, y creo que pueden venir más bombas fiscales como esta, que van a constreñir o reducir el espacio fiscal, es decir, la disponibilidad presupuestal del siguiente gobierno. Esto se suma a este desgobierno en materia económica propiciado por un Congreso prepotente y un Ejecutivo absolutamente permisivo. un párrafo digerible», sentenció Castilla.

Pacto del Congreso presiona al Gabinete de Denisse Miralles: piden que analice su renuncia, no privatice Petroperú y cambios de ministros

La estabilidad del Gabinete Ministerial encabezado por Denisse Miralles pende de un hilo. Las principales bancadas del Congreso de la República parecen haber sellado un pacto de unidad para exigir una reestructuración profunda del Ejecutivo, y han condicionado el voto de confianza a cambios inmediatos en el equipo ministerial y a la ratificación del Estado como administrador de los activos estratégicos de Petroperú.

A puertas de la presentación del voto de confianza el próximo miércoles 18 de marzo, varios legisladores y líderes políticos expresan su rechazo a la composición del gabinete como el resultado de una repartija de cuotas políticas y a sus recientes medidas en medio de la emergencia energética que vive el país.

Condicionan voto de confianza para que no privaticen Petroperú

Diversas bancadas parlamentarias han adelantado que el voto de confianza no está garantizado y que su otorgamiento dependerá estrictamente de un compromiso formal por parte del Ejecutivo: descartar cualquier plan de privatización de Petroperú.

Al respecto, el segundo vicepresidente del Congreso, Ilich López de Acción Popular, se mostró en contra de la elección de la premier Millares y sus funciones, al considerar como improvisaciones las últimas medidas de la emergencia energética y la educación. De hecho, sostuvo que la primera ministra debería meditar la posibilidad de su renuncia.

“Tanta improvisación llevará a que se elija un nuevo presidente en breve tiempo. Ojalá ocurra lo primero”, señaló en su cuenta de X.

La bancada de Podemos Perú elevó la apuesta política también al anunciar que su respaldo al Gabinete está sujeto a una garantía tangible. Guido Bellido informó que el grupo parlamentario exige un compromiso documentado por parte del Ejecutivo que asegure la permanencia de Petroperú bajo administración estatal antes de definir su postura en el voto de confianza.

Según indicó Bellido, el Gobierno no debería entregar las empresas nacionales a compañías privadas o monopolios y advirtió que su bancada necesita garantizar la soberanía energética del país.

“Lo que nosotros estamos pidiendo es que el gabinete garantice que no se va a privatizar Petroperú. Queremos un compromiso documentado, no solamente palabras”, sostuvo.

En esa misma línea, José Luna, fundador del partido Podemos Perú, manifestó su rechazo a la continuidad del Gabinete Miralles, endureciendo la postura de su bancada frente al Ejecutivo. El político fue tajante al señalar que si no se adoptan acciones concretas para garantizar que Petroperú no será privatizada no darán el voto de confianza.

“Debemos defender nuestros recursos estratégicos y la soberanía energética nacional, dejando atrás la política de favorecer a empresas transnacionales en desmedro de los peruanos”, agregó.

Al respecto, Denisse Miralles señaló que el gobierno de Balcázar adoptó una postura clara frente a los cambios que se realizan en Petroperú para solucionar los problemas financieros que afronta la empresa. Asimismo, señaló que el decreto de urgencia promulgado cuando era ministra de Economía busca optimizar la operatividad y reactivar sus activos.

«Desde el primer momento fuimos bastante claros indicando que Petroperú no se privatiza (…) Nunca estuvo en el plan privatizarla, nunca fue una solución», indicó.

Asimismo, la premier del PCM también se pronunció sobre la virtualidad en las escuelas y recalcó que era una medida necesaria ante la crisis; además, también negó que el reinicio de clases presenciales se deba a una presión de los grupos políticos por el voto de confianza.

«No es la razón (…) al tener prácticamente el 10% de lo que normalmente teníamos de disponibilidad de GNV (…) teníamos una problemática, sino realizamos medidas de priorización, medidas de reducción de tránsito corríamos un gran riesgo (…) estas medidas no son improvisadas (…) Esas medidas han permitido ahorrar, reducir el tránsito vehicular y por tanto el consumo de esos combustibles. El lunes el tráfico en Lima se redujo entre 20 y 30 %», sentenció.

Previo a que el Ejecutivo oficializara la suspensión de las clases virtuales, Keiko Fujimori manifestó que Fuerza Popular condicionaría el voto de confianza a dicha medida. En la misma línea, la bancada de Avanza País adoptó una postura similar y anunció que promovería la interpelación y eventual censura de los titulares de Energía y Minas (Minem) y Transportes y Comunicaciones (MTC), a quienes responsabilizan por la crisis del GNV.

Bancadas piden cambios de Ministros

El gabinete de Denisse Miralles llega al Congreso con un lastre pesado: al menos cinco de sus integrantes enfrentan investigaciones fiscales activas por delitos que van desde colusión agravada hasta presunto genocidio. Este factor ha sido el principal argumento de bancadas como Fuerza Popular, APP y sectores de izquierda para exigir una limpieza inmediata del equipo ministerial.

Al respecto, Diego Bazán, congresista y candidato a diputado por La Libertad de Renovación Popular, recalcó la postura de su partido a negar al Gabinete Miralles por las “cuotas políticas”, pero también indicó que el Ejecutivo debe reestructurar el gabinete y postular perfiles técnicos.

“Se tiene que reformar (…) esperamos que tenga criterio esta vez para poder colocar gente evidentemente técnica sin cuotas políticas dentro de los gabinetes”, mencionó.

Desde las canteras de Alianza para el Progreso, intentan desmarcarse del gobierno interino de José María Balcázar y negar vínculos con el poder de turno. César Acuña sostuvo que no tiene relación con el renunciante Luis Quiroz, que hasta el último 10 de marzo ocupó la cartera de Salud.

Juan Carlos Velasco jura como nuevo ministro de Salud

Frente a este panorama y el pedido de confianza a cuestas, Juan Carlos Velasco Guerrero juró como nuevo ministro de Salud. Su llegada ocurre, sin embargo, horas después de que la misma Denisse Miralles declarara a la prensa que ella no había propuesto a nadie para reemplazar a Luis Quiroz. “No tenemos pensado hacer ese cambio inmediatamente», señaló.

Esta situación se suma a la nube de cuestionamientos alrededor del gabinete, recordando que la primera ministra había informado que al asumir el cargo, no conocía los nombres del equipo ministerial que la acompañaría. Además, pese a las investigaciones fiscales en su contra, diversos ministros permanecen en sus carteras con la expectativa de recibir el respaldo del Congreso durante la sesión de confianza.

El ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra, acumula investigaciones por colusión agravada y aprovechamiento indebido del cargo. Es el perfil más resistido por la oposición de derecha. Así como Jiménez, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, se encuentra investigado por colusión simple.

Hugo Begazo, ministro del Interior, también es investigado por la presunta falsificación de un documento público para el saneamiento de una comisaría de Santa Anita cuando se desempeñaba como jefe de región policial.

Wilfredo Alejandro Sifuentes, ministro de Vivienda, cuenta con seis procesos abiertos por usurpación de funciones, lavado de dinero y aprovechamiento indebido del cargo.

Lo mismo ocurre con Nelly Paredes del Castillo, ministra del Ambiente, quien enfrenta una pesquisa por omisión de funciones y genocidio, vinculada a su rol previo como ministra de Desarrollo Agrario y Riego durante las protestas sociales ocurridas en el gobierno de Dina Boluarte, entre 2022-2023.

En el caso de Denisse Miralles, titular del PCM, es investigada por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Chanchamayo; sin embargo, la primera ministra no ha detallado el delito por el que es investigada.