La congresista Rosio Torres Salinas, de Alianza para el Progreso, presentó el Proyecto de Ley N.º 13561 con el objetivo de ampliar el alcance del proceso de devolución de aportes al Fonavi e incorporar a más de 375 mil aportantes que no fueron considerados inicialmente en el reembolso. La iniciativa busca incluir a quienes accedieron a préstamos para vivienda, autoconstrucción, adquisición de materiales o conexiones domiciliarias de servicios básicos, siempre que hayan cancelado o compensado dichas obligaciones.

La propuesta legislativa plantea disposiciones complementarias a las Leyes 31173, 31454, 31604 y 31928, normativa que actualmente regula la devolución de los aportes al fondo de vivienda. Según el texto, la exclusión de miles de aportantes constituye una omisión que debe ser corregida para garantizar un proceso más justo y equitativo, en concordancia con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional.

Identificación de casos y prevención de doble devolución

El proyecto dispone que la Comisión Ad Hoc encargada del proceso de devolución deberá identificar a los aportantes que mantienen saldos deudores o que pagaron sus créditos mediante contingencias previstas en las Leyes 28275 y 29231. Esta medida tiene como finalidad determinar con precisión la situación de cada beneficiario y evitar casos de doble devolución que puedan generar perjuicio al fondo.

Asimismo, la iniciativa establece que los aportantes con deudas pendientes podrán acogerse a pagos compensatorios según lo previsto en la Ley 29625, permitiendo así que regularicen su situación y accedan al reembolso correspondiente. De esta manera, se busca garantizar que la mayor cantidad posible de aportantes pueda beneficiarse del proceso.

Exoneración de pagos por conexiones domiciliarias

Uno de los puntos destacados del proyecto es la exoneración de la obligación de pago por conexiones domiciliarias de saneamiento y electrificación. La propuesta considera que estas obras pertenecen a las empresas prestadoras de servicios y, por lo tanto, no deberían constituir una carga adicional para los aportantes que buscan acceder a la devolución de sus aportes al Fonavi.

Esta disposición responde a la necesidad de eliminar trabas administrativas que han impedido a miles de personas acceder al reembolso, especialmente en casos donde las conexiones domiciliarias fueron financiadas mediante préstamos del propio fondo pero las obras quedaron bajo responsabilidad de las empresas de servicios públicos.

Actualización de aportes y recuperación de recursos

La iniciativa dispone además la actualización del valor de las aportaciones realizadas entre 1980 y 1989, período en el que miles de trabajadores efectuaron contribuciones al Fonavi que con el tiempo perdieron poder adquisitivo debido a la inflación y otros factores económicos. Esta actualización busca reconocer el valor real de los aportes efectuados hace más de tres décadas.

Por otro lado, el proyecto faculta a la Comisión Ad Hoc a ejecutar acciones para recuperar la totalidad de los recursos financieros del Fonavi que se encuentren dispersos o que no hayan sido contabilizados adecuadamente. El financiamiento del proceso ampliado se efectuará exclusivamente con cargo al propio fondo, previa evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas, sin comprometer recursos del Tesoro Público.

La encuesta nacional de Proética 2025 revela que el Congreso es visto como la institución más corrupta del país por el 85% de la población. El estudio, aplicado en zonas urbanas, muestra además que esta percepción ha crecido un 25% desde 2022 y sitúa al Parlamento en un punto crítico.

El informe también identifica un agravamiento de la desconfianza hacia las principales entidades del Estado. La ciudadanía evalúa con fuerte desaprobación a la PNP, al Ministerio Público y al gobierno de Dina Boluarte, consolidando un escenario de rechazo que cruza todas las regiones y niveles socioeconómicos. Este clima contribuye al pesimismo colectivo y alimenta la impresión de que la corrupción seguirá aumentando en los próximos años.

Para la mayoría de peruanos, el problema ya no es abstracto: afecta la economía familiar, limita el acceso a servicios esenciales y profundiza la crisis institucional. Las conclusiones de Proética apuntan a un país donde las instituciones pierden legitimidad, mientras la ciudadanía asume que el deterioro será difícil de revertir.

El estudio también profundiza en experiencias cotidianas como las coimas, el uso de contactos, la corrupción sexual y el avance de economías ilícitas. Estos factores forman un cuadro amplio de cómo la corrupción impacta la vida diaria y condiciona el escenario electoral rumbo a los comicios de 2026.

Gobierno de Dina Boluarte es catalogado como el más corrupto de los últimos 10 años

La encuesta muestra un consenso casi unánime: la corrupción ha aumentado en los últimos años y seguirá en esa tendencia. Ocho de cada diez ciudadanos creen que la situación empeorará o se mantendrá igual, reflejo de un pesimismo que se arraiga en todas las regiones del país. Este panorama afecta la estabilidad política y alimenta la idea de que el Estado carece de capacidad para frenar la crisis.

El gobierno de Dina Boluarte concentra un nivel de desaprobación sin precedentes. El 72% de los encuestados afirma que su administración es la más corrupta de los últimos diez años, superando ampliamente a gestiones pasadas involucradas en investigaciones fiscales. Esta percepción es más fuerte fuera de Lima, donde la población siente mayor distancia con el poder central.

El gobierno de Dina Boluarte se posiciona como el más corrupto de la década, según Proética.

La desconfianza también se traduce en la expectativa ciudadana sobre el futuro inmediato. La mayoría sostiene que la corrupción seguirá afectando su vida diaria, desde el acceso a servicios públicos hasta la pérdida de oportunidades laborales. Con este escenario, la crisis institucional se instala como un problema estructural que condiciona la gobernabilidad del país.

Ministerio Público, Poder Judicial y PNP también son percibidas como corruptas por la población

La encuesta de Proética confirma que el Congreso concentra el mayor rechazo ciudadano, seguido por el Ministerio Público, el Poder Judicial y la PNP. Estas entidades, claves en la lucha contra la corrupción, aparecen entre las peor evaluadas por su falta de resultados y su incapacidad para frenar abusos, sobornos o redes delictivas internas.

El informe también identifica un agravamiento de la desconfianza hacia las principales entidades del Estado. La ciudadanía evalúa con fuerte desaprobación a la PNP, al Ministerio Público y al gobierno de Dina Boluarte, consolidando un escenario de rechazo que cruza todas las regiones y niveles socioeconómicos. Este clima contribuye al pesimismo colectivo y alimenta la impresión de que la corrupción seguirá aumentando en los próximos años.

Para la mayoría de peruanos, el problema ya no es abstracto: afecta la economía familiar, limita el acceso a servicios esenciales y profundiza la crisis institucional. Las conclusiones de Proética apuntan a un país donde las instituciones pierden legitimidad, mientras la ciudadanía asume que el deterioro será difícil de revertir.

El estudio también profundiza en experiencias cotidianas como las coimas, el uso de contactos, la corrupción sexual y el avance de economías ilícitas. Estos factores forman un cuadro amplio de cómo la corrupción impacta la vida diaria y condiciona el escenario electoral rumbo a los comicios de 2026.

Gobierno de Dina Boluarte es catalogado como el más corrupto de los últimos 10 años

La encuesta muestra un consenso casi unánime: la corrupción ha aumentado en los últimos años y seguirá en esa tendencia. Ocho de cada diez ciudadanos creen que la situación empeorará o se mantendrá igual, reflejo de un pesimismo que se arraiga en todas las regiones del país. Este panorama afecta la estabilidad política y alimenta la idea de que el Estado carece de capacidad para frenar la crisis.

El gobierno de Dina Boluarte concentra un nivel de desaprobación sin precedentes. El 72% de los encuestados afirma que su administración es la más corrupta de los últimos diez años, superando ampliamente a gestiones pasadas involucradas en investigaciones fiscales. Esta percepción es más fuerte fuera de Lima, donde la población siente mayor distancia con el poder central.

El gobierno de Dina Boluarte se posiciona como el más corrupto de la década, según Proética.

La desconfianza también se traduce en la expectativa ciudadana sobre el futuro inmediato. La mayoría sostiene que la corrupción seguirá afectando su vida diaria, desde el acceso a servicios públicos hasta la pérdida de oportunidades laborales. Con este escenario, la crisis institucional se instala como un problema estructural que condiciona la gobernabilidad del país.

Ministerio Público, Poder Judicial y PNP también son percibidas como corruptas por la población

La encuesta de Proética confirma que el Congreso concentra el mayor rechazo ciudadano, seguido por el Ministerio Público, el Poder Judicial y la PNP. Estas entidades, claves en la lucha contra la corrupción, aparecen entre las peor evaluadas por su falta de resultados y su incapacidad para frenar abusos, sobornos o redes delictivas internas.

Fiscalía, Poder Judicial y PNP dentro de las 5 instituciones estatales percibidas como corruptas por la población.

Los encuestados también consideran que las entidades que deberían encabezar la lucha anticorrupción son, paradójicamente, las mismas que identifican como las más corruptas. El Parlamento, la Policía y el Ejecutivo aparecen como los principales responsables de liderar reformas, pese a tener los índices de credibilidad más bajos. Esto evidencia una contradicción profunda entre las expectativas ciudadanas y la realidad institucional.

87% de la población culpa a la corrupción por baja de calidad de vida

El 87% de los ciudadanos afirma que afecta su vida diaria, especialmente en la economía familiar y el acceso a servicios públicos. La sensación de perjuicio es más fuerte entre mujeres, personas mayores de 43 años y habitantes del norte y Lima Metropolitana. La ciudadanía asocia la corrupción con obras de mala calidad, atención deficiente en salud y educación, y falta de oportunidades laborales.

87% de los ciudadanos encuestados señalan que la corrupción perjudica su vida cotidiana. Foto: Proética

El estudio también evidencia un fenómeno de externalización: mientras la mayoría considera que los peruanos son corruptos, casi todos se perciben a sí mismos como honestos. Esta brecha revela un problema estructural en la comprensión del fenómeno y alimenta prácticas que perpetúan la corrupción cotidiana.

Además, muchos ciudadanos normalizan el uso de contactos para resolver trámites o acceder a servicios urgentes, especialmente en hospitales. Estas prácticas, aunque consideradas moralmente cuestionables, son vistas como respuestas a un Estado lento, burocrático e ineficiente.

Ciudadanía reconoce que pagó coimas o conoce a alguien que lo hizo en el último año

El 31% de los encuestados admite haber pagado o conocer a alguien que pagó una coima en el último año. Los escenarios más comunes son trámites del Estado, multas de tránsito y atención en hospitales públicos. El principal detonante es la idea de que “si uno no paga, las cosas no funcionan”, una frase que describe con crudeza la descomposición de los servicios públicos.

Encuestados reconocen haber pagado coimas.

La tolerancia hacia ciertas formas de corrupción también se mantiene alta. Muchas personas consideran aceptable usar relaciones personales para agilizar trámites o conseguir citas médicas. En contraste, los sobornos directos a policías o inspectores municipales generan mayor rechazo, aunque incluso esos casos no alcanzan un consenso absoluto.

La mayoría de víctimas de coimas no denuncia por desconfianza en el sistema, temor a represalias o desconocimiento de los canales formales. Esta falta de denuncias contribuye a la impunidad y a la permanencia de prácticas corruptas en el Estado.

PNP e instituciones educativas concentran casos de corrupción sexual

La encuesta registra que el 13% de ciudadanos ha sido víctima o conoce a alguien que sufrió pedidos de favores sexuales en el último año. Este tipo de abuso se concentra principalmente en instituciones educativas y en la PNP, donde se reporta un riesgo significativo. Las mujeres y los jóvenes aparecen como los más vulnerables a este tipo de agresiones vinculadas al poder.

La mayoría de víctimas no denuncia por miedo, desconfianza o desconocimiento. En este caso, el temor a represalias es la principal barrera, lo que genera un círculo de silencio que facilita la impunidad. La corrupción sexual se consolida como una expresión extrema de abuso de poder, que afecta especialmente a poblaciones vulnerables.

Este fenómeno también revela un Estado que no garantiza mecanismos efectivos de protección ni sanción. Aunque la ciudadanía reconoce la gravedad del problema, la falta de medidas concretas refuerza la percepción de que denunciar no sirve.

Ciudadanía relaciona a la minería ilegal y narcotráfico con la corrupción

Un 94% de los encuestados afirma que la corrupción está ligada a economías ilegales como la minería ilegal, la tala indiscriminada o el narcotráfico. La mayoría cree que estas actividades proliferan por la debilidad de las instituciones y la falta de control estatal. Además, cuatro de cada diez consideran que, en algunas regiones, estas economías son la única opción laboral disponible.

La deforestación y la minería ilegal son percibidas como problemas graves que el Estado no está enfrentando adecuadamente. Más del 90% sostiene que no se han tomado medidas efectivas para combatir estas amenazas, pese a su impacto social, ambiental y económico.

La encuesta también muestra preocupación sobre la violencia contra líderes ambientales e indígenas. Aunque muchos ciudadanos admiten estar poco informados, existe un apoyo mayoritario a la creación de mecanismos de protección para estas personas, que suelen enfrentar riesgos por denunciar actividades ilícitas.

Elecciones 2026: ciudadanos buscan honestidad en candidatos

Rumbo al 2026, la honestidad se impone como la cualidad más valorada en un candidato. Este atributo supera a la experiencia política, la eficiencia o la capacidad técnica. La crisis de confianza ha generado que la integridad sea vista como el principal requisito para ocupar cargos públicos.

La encuesta también registra un fuerte cuestionamiento a los partidos políticos. Siete de cada diez ciudadanos creen que ocultan información sobre el financiamiento de sus campañas. Esta percepción alimenta la idea de que existe poca transparencia en los procesos electorales y que los aportes privados influyen en las decisiones públicas.

Finalmente, la ciudadanía exige que los partidos expulsen a sus integrantes implicados en actos de corrupción y establezcan filtros más estrictos para seleccionar candidatos. La demanda de medidas punitivas refleja un cansancio acumulado frente a la impunidad política.

De contrabando. Una disposición en la ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2026, aprobada por el Congreso de la República, obliga al Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) a transmitir las actividades parlamentarias en vivo por un espacio mínimo de dos horas a través del Canal 7 y Radio Nacional.

La medida también establece que los medios de transmisión emitan un resumen diario de las labores legislativas y los debates del Pleno del Parlamento. Asimismo, la norma indica que, a través de los canales de televisión digital terrestres (TDT) se transmita todo el desarrollo de las audiencias plenarias.

«Esta transmisión complementa el resumen diario establecido en el artículo 1, priorizando el acceso universal y la transparencia de los actos plenarios, sin perjuicio de otras señales del IRTP», se lee en la norma.

Disposición beneficiaría a Congresistas que buscan la reelección

En diálogo con La República, el exjefe del IRTP, Hugo Coya, expresó su sorpresa de que el Congreso haya aprobado esta medida mediante una ley de endeudamiento, algo que —según dijo— nunca había ocurrido. Además, explicó que, con este cambio, el canal del Parlamento pasaría a integrarse al IRTP, con lo que se elimina la separación que existía entre los canales del Ejecutivo y del Legislativo.

Asimismo, Coya cuestionó que, con esta disposición, los congresistas que buscan la reelección en 2026 tendrán mayores espacios para hacerse notar, mientras que los nuevos aspirantes a un cargo público no, pues solo contarían con unos pocos segundos en la franja electoral.

Por otro lado, el extitular del IRTP advirtió que los más perjudicados con esta medida serían los ciudadanos que viven en las zonas más alejadas del país. Según detalló, al solo contar las señales de TV Perú o Radio Nacional para informarse de otros candidatos, se verían obligados a escuchar las sesiones del Pleno o de las comisiones del Congreso.

«Se están cambiando las reglas de la equidad que debería haber en un proceso electoral», criticó.

Los niños y jóvenes serán los más perjudicados por la aprobación del Congreso

Por otra parte, Coya advirtió que los niños y jóvenes serían los más afectados por la decisión del Congreso. Explicó que, al no destinarse un presupuesto para transmitir las sesiones parlamentarias, el IRTP se vería obligado a desplazar su programación infantil, educativa y cultural para dar espacio a los contenidos del Legislativo.

Y no solo eso, se tendría que trasladar al personal al recinto legislativo para que se puedan transmitir todas las sesiones de las comisiones. «Es un gasto enorme de recursos que deberían ser destinados para otros fines», dijo.

«Todos esos programas de educarse en casa que son importantes van a ser desplazados. Imagínate estar viendo un programa ‘Aprendo en Casa’ para los niños y, de pronto, tiene que entrar la sesión del Pleno del Congreso, van a tener que interrumpir la programación y van a tener que ver a los congresistas. Es un aberración, pero más preocupante es que se haga en pleno proceso electoral», acotó.

«Los que se benefician son los congresistas que van a la reelección. Los que se perjudican son niños, jóvenes, pueblos originarios, la cantidad de ciudadanos que van a ser perjudicados por esa decisión es enorme, sobre todo las zonas alejadas que solo tienen una señal de información», sentenció.

Después de seis años de haberse firmado el acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado y Odebrecht, ahora se conoce que los integrantes del Ministerio Público y de la Procuraduría que suscribieron el acuerdo le perdonaron el pago de más de 700 millones de soles a la constructora brasileña, pese al enorme daño económico ocasionado al país.

Así da cuenta el informe final de la comisión investigadora multipartidaria del Congreso a cargo del congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), y que se encargó de indagar todos los actos vinculados a la negociación, celebración, homologación y ejecución del acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Estado y Odebrecht.

“El monto de S/ 1,318’079,662.91 no debió ser reducido, y se debió pagar como restitución del bien o el dinero que Odebrecht no debió cobrar, por lo que faltaría devolver S/ 708’295,604.91”, señala una de las conclusiones principales del informe.

De acuerdo con el grupo de trabajo congresal, en el caso de la “Vía Evitamiento Cusco”, el daño establecido según los informes de Contraloría fue de S/ 71’615,251.67, mientras que la reparación civil de Odebrecht fue de S/ 12’495,977, pero el daño no considerado es de S/ 59’119,274.

En cuanto a la “Costa Verde Callao”, según la Contraloría, el daño fue de S/ 41’458,304, la reparación civil de la constructora brasileña de S/ 21’440,288 y el daño no considerado en la reparación civil es de S/ 20’018,016.

En el “Tren Eléctrico – Línea 1 y 2”, el daño establecido según el ente contralor fue de S/ 505’823,590, la reparación civil de Odebrecht de S/ 132’337,653 y el daño no considerado fue de S/ 373’485,937.

Lo mismo pasó en el proyecto “IIRSA SUR – Tramos II y III”, que, de acuerdo con la Contraloría, el daño establecido fue de S/ 699’182,516, la reparación civil de Odebrecht S/ 443’510,140 y el daño no considerado es de S/ 255’672,376.

Según el informe congresal, falta que la Procuraduría calcule la indemnización por los daños y perjuicios causados al Estado.

“Para ello, recomendamos que se haga un análisis económico más profundo para poder determinar la verdadera reparación civil; es decir, el daño emergente, el lucro cesante y los intereses al momento de pago”, indica el documento.

Los resultados, en su mayoría, estaban prácticamente previstos. Treinta y siete agrupaciones participaron ayer en sus elecciones primarias mediante delegados y eligieron a sus candidatos a la Presidencia, al Senado, a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino.

Las únicas agrupaciones que no participaron en los comicios de ayer fueron el Apra y Renovación Popular, tanto para la plancha presidencial como para el Congreso y el Parlamento, porque sus elecciones internas definieron el domingo 30 de noviembre y sus resultados quedaron oleados y sacramentados en esa jornada.

En la jornada de ayer 35 de los 37 participantes definieron sus planchas presidenciales, ya que Ciudadanos por el Cambio y Frepap no inscribieron planchas presidenciales. Sin embargo, ambas agrupaciones sí eligieron sus postulantes al Congreso Bicameral y al Parlamento Andino.

DENUNCIAS EN AP

Del total de agrupaciones, solo cinco presentaron más de una lista para elegir a su fórmula presidencial. Estas fueron Acción Popular, PRIN, Salvemos al Perú, Primero la Gente y el Partido Morado.

Debido a ello, hubo expectativa por conocer los resultados.

Sobre todo en AP, porque durante el proceso electoral un grupo de militantes se congregó en los exteriores del colegio Mariano Melgar, en Breña, para denunciar un presunto fraude en el proceso de selección de delegados.

Lista de candidatos a la Presidencia.

Ian Guimaray, precandidato por Lima 9, acusó en Canal N a Cinthia Pajuelo, expresidenta del Comité Nacional Electoral de Acción Popular, por haber modificado la lista de delegados electos sin el respaldo de las actas oficiales.

Sin embargo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) —a cargo de la organización de las elecciones— informó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que rechazaba las observaciones realizadas por el JNE a la lista de delegados del partido de la lampa.

“En relación con el contenido del presente informe (…) no existe vulneración a ningún derecho fundamental, se rechaza el contenido del informe de fiscalización”, indica el documento de la ONPE.

Al final, las elecciones en AP se llevaron adelante con normalidad y el ganador fue Alfredo Barnechea, de la lista N.° 6, quien obtuvo 37 votos frente a 26 de Julio Chávez, de la lista N.° 1.

Sin duda, fue un resultado que llamó la atención, porque Víctor Andrés García Belaunde, ‘Vitocho’, y el congresista Edwin Martínez, de las listas N.° 2 y N.° 3, solo obtuvieron 3 y 1 voto, respectivamente.

EMPATE EN SALVEMOS

Otro hecho curioso ocurrió en la elección del candidato presidencial de Salvemos al Perú. La contienda terminó en empate entre Mariano González y Antonio Ortiz Villano, quienes obtuvieron ocho votos cada uno.

El resultado, según la ONPE, se resolverá por sorteo —lanzando una moneda al aire— hasta antes del 15 de diciembre.

En Primero la Gente, la candidata presidencial será Marisol Pérez Tello, quien venció a Miguel del Castillo, con 19 votos frente a 1.

En el Partido Morado, Mesías Guevara consiguió 18 votos frente a 11 de Richard Arce, quien quedó en segundo lugar. Manuel Quiroz, de la lista N.° 3, solo obtuvo 1 voto.

Finalmente, en el partido  PRIN,  Wálter Chirinos venció a Liliana Humala con 41 votos. Ella no obtuvo ninguno.

Un día clave que ordenó el mapa electoral rumbo al 2026.

SABÍA QUE

-“Se ha instruido a nuestros personeros para impugnar los resultados. El JNE deberá determinar la legalidad de las elecciones”, dijo Julio Chávez, precandidato presidencial de Acción Popular.

-En Avanza País. En el partido del tren, ante la renuncia de Phillip Butters, el general José Williams será su candidato presidencial. Lo acompañan Fernán Altuve y Karol Paredes, en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

-Las actas observadas. Según la ONPE, serán enviadas al JNE. Luego de revisarlas, comunicaría lo resuelto a la ONPE para que siga la contabilización y se alcance el resultado final.