El Congreso se juega sus últimas cartas para captar votos en las elecciones de 2026. Ayer, jueves 11 de marzo, desde el Legislativo se promovieron leyes de gasto para beneficiar a trabajadores CAS, personal militar y policial, nombramientos en EsSalud y una bonificación económica excepcional para los veteranos que combatieron el terrorismo.

En el caso de la Ley CAS, el Pleno aprobó —en segunda votación— el proyecto que pretende modificar el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) con la finalidad de que los trabajadores reciban gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Al respecto, el congresista de APP, Alejandro Soto, indicó que el régimen CAS cuenta con aproximadamente 348.750 trabajadores; sin embargo, no argumentó cómo se financiará el gasto, menos si se realizó un estudio para viabilizar la propuesta.

El Consejo Fiscal adelantó el impacto negativo de las propuestas que plantea el Congreso. Con respecto a la Ley CAS, el CF indicó que la iniciativa costaría 3.050 millones de soles anuales. S/2.000 millones corresponderían a gratificaciones y S/1.050 millones al pago de CTS.

Eso no fue todo. Ayer también el Pleno aprobó por insistencia la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que modifica el Decreto Legislativo N.° 1133, para el ordenamiento del régimen de pensiones del personal militar y policial.

Según mencionó el exministro Luis Miguel Castilla, la medida tiene un gasto de 3.800 millones de soles anuales, por lo que aprobar la propuesta observada es perjudicial.

«El caso de otorgarle gratificación y CTS a los trabajadores CAS significa un gasto de 3.050 millones de soles sin fuente de financiamiento. Esto es gasto permanente, a lo que se suma la insistencia de la autógrafa que le otorga, en buena medida, la cédula viva nuevamente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Esto suma 3.800 millones de soles», dijo Castilla.

«Entonces estamos hablando de más de 6.800 millones de soles de gasto rígido que se va sin financiamiento y que el Congreso irresponsablemente ha aprobado. Esto va a hacer mucho más difícil el cumplimiento de las reglas fiscales y dudo que el Ejecutivo tenga la capacidad de observar estas leyes», añadió el exministro.

CAS COVID y beneficio a licenciados veteranos

Pero no solo el CAS a trabajadores y el beneficio económico al servicio militar y policial sacó adelante el Congreso; Fernando Rospigliosi aprovechó la oportunidad para firmar la autógrafa de la ley que autoriza el nombramiento al régimen laboral 728 a trabajadores del EsSalud.

Sobre el tema, el Consejo Fiscal también adelantó un gasto de 944 millones de soles anuales que afectarían las finanzas públicas, por lo que se necesitan acciones urgentes para frenar su deterioro.

A ello se suma el proyecto de ley N.° 3385, que dispone un beneficio económico a los licenciados que cumplieron servicio militar obligatorio entre 1980 y 2000 en zonas declaradas en estado de emergencia.

 Alejandro Soto Reyes, participante también de esta medida, explicó que la norma dispone una bonificación económica de 1.130 soles mensuales, la cual será otorgada de manera progresiva, priorizando a los veteranos de mayor edad y a aquellos que presenten discapacidad permanente.

Al respecto, el exministro Castilla dijo que es presumible que la permisividad y la subordinación del Ejecutivo continúen, lo que podría marcar el inicio de un fuerte populismo legislativo de cara a las elecciones que se realizarán en un mes.

«Eso es lo que yo pienso, y creo que pueden venir más bombas fiscales como esta, que van a constreñir o reducir el espacio fiscal, es decir, la disponibilidad presupuestal del siguiente gobierno. Esto se suma a este desgobierno en materia económica propiciado por un Congreso prepotente y un Ejecutivo absolutamente permisivo. un párrafo digerible», sentenció Castilla.

La estabilidad del Gabinete Ministerial encabezado por Denisse Miralles pende de un hilo. Las principales bancadas del Congreso de la República parecen haber sellado un pacto de unidad para exigir una reestructuración profunda del Ejecutivo, y han condicionado el voto de confianza a cambios inmediatos en el equipo ministerial y a la ratificación del Estado como administrador de los activos estratégicos de Petroperú.

A puertas de la presentación del voto de confianza el próximo miércoles 18 de marzo, varios legisladores y líderes políticos expresan su rechazo a la composición del gabinete como el resultado de una repartija de cuotas políticas y a sus recientes medidas en medio de la emergencia energética que vive el país.

Condicionan voto de confianza para que no privaticen Petroperú

Diversas bancadas parlamentarias han adelantado que el voto de confianza no está garantizado y que su otorgamiento dependerá estrictamente de un compromiso formal por parte del Ejecutivo: descartar cualquier plan de privatización de Petroperú.

Al respecto, el segundo vicepresidente del Congreso, Ilich López de Acción Popular, se mostró en contra de la elección de la premier Millares y sus funciones, al considerar como improvisaciones las últimas medidas de la emergencia energética y la educación. De hecho, sostuvo que la primera ministra debería meditar la posibilidad de su renuncia.

“Tanta improvisación llevará a que se elija un nuevo presidente en breve tiempo. Ojalá ocurra lo primero”, señaló en su cuenta de X.

La bancada de Podemos Perú elevó la apuesta política también al anunciar que su respaldo al Gabinete está sujeto a una garantía tangible. Guido Bellido informó que el grupo parlamentario exige un compromiso documentado por parte del Ejecutivo que asegure la permanencia de Petroperú bajo administración estatal antes de definir su postura en el voto de confianza.

Según indicó Bellido, el Gobierno no debería entregar las empresas nacionales a compañías privadas o monopolios y advirtió que su bancada necesita garantizar la soberanía energética del país.

“Lo que nosotros estamos pidiendo es que el gabinete garantice que no se va a privatizar Petroperú. Queremos un compromiso documentado, no solamente palabras”, sostuvo.

En esa misma línea, José Luna, fundador del partido Podemos Perú, manifestó su rechazo a la continuidad del Gabinete Miralles, endureciendo la postura de su bancada frente al Ejecutivo. El político fue tajante al señalar que si no se adoptan acciones concretas para garantizar que Petroperú no será privatizada no darán el voto de confianza.

“Debemos defender nuestros recursos estratégicos y la soberanía energética nacional, dejando atrás la política de favorecer a empresas transnacionales en desmedro de los peruanos”, agregó.

Al respecto, Denisse Miralles señaló que el gobierno de Balcázar adoptó una postura clara frente a los cambios que se realizan en Petroperú para solucionar los problemas financieros que afronta la empresa. Asimismo, señaló que el decreto de urgencia promulgado cuando era ministra de Economía busca optimizar la operatividad y reactivar sus activos.

«Desde el primer momento fuimos bastante claros indicando que Petroperú no se privatiza (…) Nunca estuvo en el plan privatizarla, nunca fue una solución», indicó.

Asimismo, la premier del PCM también se pronunció sobre la virtualidad en las escuelas y recalcó que era una medida necesaria ante la crisis; además, también negó que el reinicio de clases presenciales se deba a una presión de los grupos políticos por el voto de confianza.

«No es la razón (…) al tener prácticamente el 10% de lo que normalmente teníamos de disponibilidad de GNV (…) teníamos una problemática, sino realizamos medidas de priorización, medidas de reducción de tránsito corríamos un gran riesgo (…) estas medidas no son improvisadas (…) Esas medidas han permitido ahorrar, reducir el tránsito vehicular y por tanto el consumo de esos combustibles. El lunes el tráfico en Lima se redujo entre 20 y 30 %», sentenció.

Previo a que el Ejecutivo oficializara la suspensión de las clases virtuales, Keiko Fujimori manifestó que Fuerza Popular condicionaría el voto de confianza a dicha medida. En la misma línea, la bancada de Avanza País adoptó una postura similar y anunció que promovería la interpelación y eventual censura de los titulares de Energía y Minas (Minem) y Transportes y Comunicaciones (MTC), a quienes responsabilizan por la crisis del GNV.

Bancadas piden cambios de Ministros

El gabinete de Denisse Miralles llega al Congreso con un lastre pesado: al menos cinco de sus integrantes enfrentan investigaciones fiscales activas por delitos que van desde colusión agravada hasta presunto genocidio. Este factor ha sido el principal argumento de bancadas como Fuerza Popular, APP y sectores de izquierda para exigir una limpieza inmediata del equipo ministerial.

Al respecto, Diego Bazán, congresista y candidato a diputado por La Libertad de Renovación Popular, recalcó la postura de su partido a negar al Gabinete Miralles por las “cuotas políticas”, pero también indicó que el Ejecutivo debe reestructurar el gabinete y postular perfiles técnicos.

“Se tiene que reformar (…) esperamos que tenga criterio esta vez para poder colocar gente evidentemente técnica sin cuotas políticas dentro de los gabinetes”, mencionó.

Desde las canteras de Alianza para el Progreso, intentan desmarcarse del gobierno interino de José María Balcázar y negar vínculos con el poder de turno. César Acuña sostuvo que no tiene relación con el renunciante Luis Quiroz, que hasta el último 10 de marzo ocupó la cartera de Salud.

Juan Carlos Velasco jura como nuevo ministro de Salud

Frente a este panorama y el pedido de confianza a cuestas, Juan Carlos Velasco Guerrero juró como nuevo ministro de Salud. Su llegada ocurre, sin embargo, horas después de que la misma Denisse Miralles declarara a la prensa que ella no había propuesto a nadie para reemplazar a Luis Quiroz. “No tenemos pensado hacer ese cambio inmediatamente», señaló.

Esta situación se suma a la nube de cuestionamientos alrededor del gabinete, recordando que la primera ministra había informado que al asumir el cargo, no conocía los nombres del equipo ministerial que la acompañaría. Además, pese a las investigaciones fiscales en su contra, diversos ministros permanecen en sus carteras con la expectativa de recibir el respaldo del Congreso durante la sesión de confianza.

El ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra, acumula investigaciones por colusión agravada y aprovechamiento indebido del cargo. Es el perfil más resistido por la oposición de derecha. Así como Jiménez, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, se encuentra investigado por colusión simple.

Hugo Begazo, ministro del Interior, también es investigado por la presunta falsificación de un documento público para el saneamiento de una comisaría de Santa Anita cuando se desempeñaba como jefe de región policial.

Wilfredo Alejandro Sifuentes, ministro de Vivienda, cuenta con seis procesos abiertos por usurpación de funciones, lavado de dinero y aprovechamiento indebido del cargo.

Lo mismo ocurre con Nelly Paredes del Castillo, ministra del Ambiente, quien enfrenta una pesquisa por omisión de funciones y genocidio, vinculada a su rol previo como ministra de Desarrollo Agrario y Riego durante las protestas sociales ocurridas en el gobierno de Dina Boluarte, entre 2022-2023.

En el caso de Denisse Miralles, titular del PCM, es investigada por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Chanchamayo; sin embargo, la primera ministra no ha detallado el delito por el que es investigada.

Por María Teresa García

Pese a tratarse de un tema de interés nacional, el fujimorismo se opuso rotundamente a que se hiciera público el informe final de la comisión que investigó las contrataciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con empresas chinas por más de 10 mil millones de soles.

Tal como lo prometió en semanas anteriores, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, puso en debate el citado informe; sin embargo, sus propios colegas de la bancada de Fuerza Popular (FP) se opusieron a que se retirara la reserva para hacer públicas las recomendaciones y conclusiones del documento, que se encontraba lacrado.

La comisión investigadora, liderada por el congresista de Somos Perú, Héctor Valer, analizó los contratos realizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante los periodos de gobierno comprendidos entre 2018 y 2022.

Determinó que en el MTC existía un total de 93 contratos de obras por un valor de S/ 10,123’305,826.31 en el periodo 2018-2022, firmados entre el Estado peruano y 13 empresas chinas.

Otra de las conclusiones señala que, producto de las pesquisas realizadas, se “ha logrado determinar la existencia de tres organizaciones criminales enquistadas dentro del aparato estatal del MTC, Provías Nacional y Provías Descentralizado, las cuales se encontrarían lideradas por Martín Alberto Vizcarra Cornejo cuando fue presidente de la República”.

Oposición fujimorista

Durante la sesión plenaria, varios congresistas –entre ellos José Cueto (Honor y Democracia), Edward Málaga y el propio Héctor Valer– solicitaron que el debate fuera público, como se había hecho en otras ocasiones.

Sin embargo, las legisladoras fujimoristas Patricia Juárez y Martha Moyano se opusieron, señalando que ello contravenía el Reglamento del Congreso.

“Estamos en un momento electoral donde cada uno quiere mostrar su mejor rostro y abrir todos los temas. Sí, tal vez los ciudadanos podrían tener interés en este tema, pero hay un artículo en el Reglamento que señala que no se puede hacer público el informe de una comisión investigadora. Esto sería ir en contra del Reglamento. (…) No se trata de un afán de encubrir absolutamente nada, sino de acostumbrarnos a respetar nuestras propias disposiciones”, señaló Patricia Juárez.

Su colega, la legisladora Martha Moyano, indicó que no se podía hacer un “circo” del informe final, más aún cuando se atraviesa una campaña electoral.

“Todos sabemos que los informes de las comisiones investigadoras son reservados y que la reserva se levanta con mucho cuidado. No podemos hacer de esto un circo, de un debate nos gusten o no las empresas chinas, en plena campaña electoral. Aquí se van a sacar los ojos y la prensa va a estar atenta a todo eso, y esto va a generar morbo afuera. (…) Como es un informe final que va a tener que ir a una instancia judicial, se caería si en este momento hacemos público todo; entonces se caería el proceso, o ¿queremos eso?”, preguntó.

Visiblemente sorprendido, el congresista José Cueto respondió que en más de una ocasión se levantó la reserva en casos de igual importancia y nadie se opuso.

“Me sorprendo porque el Reglamento es una ley orgánica, pero hay muchos antecedentes. Recuerden el voto digital; el Reglamento dice que, aprobada la primera votación, hay que esperar una semana para la segunda, pero se hizo al día siguiente, se publicó ese sábado y el lunes ya estaba en el diario oficial. Nos dijeron que era práctica parlamentaria y que eso se podía hacer. Acuérdense de los informes de Lava Jato, de Luciana León: todo se levantó (la reserva) y no pasó nada”, recordó Cueto.

En primera votación, con 7 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 8011 y 9357. La iniciativa propone fortalecer y dinamizar la reactivación económica agraria y promover la inversión privada en el ámbito del Proyecto Especial Chinecas, iniciativas impulsadas por la congresista Cruz María Zeta Chunga (bancada FP) y el parlamentario Darwin Espinoza Vargas (bancada PP), según la nota de prensa del Congreso.

Durante la sesión, la presidenta de la Comisión Agraria, Jeny López Morales (bancada FP), defendió el texto sustitutorio elaborado por su grupo de trabajo y explicó que la propuesta busca reforzar el marco jurídico que permita impulsar la producción agrícola y promover inversiones en el ámbito del Proyecto Especial Chinecas, en concordancia con las disposiciones establecidas en las leyes 27887 y 28042.

“La propuesta tiene por objeto fortalecer y dinamizar el marco jurídico para promover la reactivación económica agraria y la inversión privada en el ámbito del Proyecto Especial Chinecas”, sostuvo la legisladora durante su exposición ante la representación nacional.

El dictamen establece, entre otros aspectos, que el proyecto especial podrá realizar de manera extraordinaria la venta o adjudicación directa de tierras con fines agrícolas dentro de su ámbito territorial. Según la iniciativa, esta facultad se aplicará por un periodo de cinco años desde la entrada en vigencia de la norma y permitirá formalizar la situación de productores que actualmente desarrollan actividades agropecuarias en dichos terrenos.

Asimismo, la propuesta contempla que pequeños agricultores, asociaciones agrarias, empresas del sector y comités de productores sin tierras podrán acogerse al proceso de adjudicación directa siempre que acrediten posesión continua, pacífica y pública hasta el 31 de diciembre de 2019 y que mantengan actividades productivas permanentes.

El dictamen también precisa que esta medida no interferirá con los procesos de adjudicación directa que actualmente se desarrollan en el marco del convenio entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Gobierno Regional de Áncash. De igual manera, las áreas que no sean objeto de venta o adjudicación continuarán sujetas al régimen de subasta pública establecido por la legislación vigente.

Durante el debate parlamentario, la congresista Kelly Portalatino (bancada PL) planteó la necesidad de realizar ajustes al dictamen y anunció la presentación de un texto sustitutorio para corregir aspectos relacionados con la determinación del valor de los predios.

“Hemos podido observar que el costo del predio de estos hermanos posesionarios se atribuye al Ministerio de Vivienda. Consideramos que esa facultad corresponde al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego”, señaló la parlamentaria, quien también advirtió que los actuales procesos de adjudicación no deben verse afectados. Sin embargo, la propuesta de modificación no fue incorporada por la presidencia de la comisión.

Por su parte, el congresista Elías Varas (bancada JPP-VP-BM) destacó la importancia del proyecto para su región y recordó que el Proyecto Especial Chinecas es una iniciativa que lleva décadas en proceso de desarrollo.

“El proyecto Chinecas de mi región Áncash es un proyecto agrario que lleva 40 años esperando su realización. Esta propuesta busca formalizar a quienes hoy tienen posesión de la tierra pero no cuentan con un marco legal”, afirmó.

El legislador precisó que la iniciativa no pretende interferir con los procesos de formalización ya iniciados por entidades como Cofopri, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el gobierno regional, sino brindar seguridad jurídica a productores que actualmente carecen de reconocimiento legal.

Con la aprobación en primera votación, el dictamen continuará su trámite legislativo y deberá someterse a una segunda votación luego de siete días calendario, conforme a lo establecido en el artículo 78 del Reglamento del Congreso.

Durante la sesión del Congreso llevada a cabo este cinco de marzo, la bancada fujimorista votó en contra de una cuestión previa donde solicitaba que se lleve a cabo un debate público sobre el informe final de la Comisión Investigadora sobre las irregularidades en licitaciones y obras de empresas chinas sea pública. De esta manera, la reserva de los detalles contenidos en el informe no serán levantados por el momento.

Los congresistas que votaron en contra fueron ocho: Alejandro Aguinaga, Ernesto Bustamante, Auristela Obando, Jeny López, Magally Santisteban, Patricia Juárez, Tania Ramírez y Martha Moyano.

Fue justamente esta última parlamentaria mencionada quien participó del debate oponiéndose al levantamiento del secreto: «No podemos hacer esto un circo. Nos guste o no nos guste las empresas chinas. (…) Yo considero que esto no deberíamos someterlo a votación. Porque no es correcto. (…) Podría caer incluso la situación, porque es un informe que iría a una instancia judicial. Y caería el proceso si se hace público. ¿Acaso queremos eso?», señaló.

Investigación a empresas chinas

Un informe del programa televisivo Cuarto Poder reveló que el Gobierno de Dina Boluarte otorgó a la empresa China Gezhouba Group la adjudicación de una obra valorizada en más de 600 millones de soles, pese a que la compañía arrastraba cuestionamientos públicos, deudas con la Sunat y sanciones administrativas. Al respecto, el congresista Héctor Valer, presidente de la Comisión investigadora de estas empresas, recordó que el Parlamento ya había elaborado un informe en el que se investigaba a esta firma junto con otras compañías de origen chino, como China Civil Engineering Corporation y Sinohydro Corporation Limited.

Durante una sesión del Pleno del Congreso, que en ese momento era dirigida por Alejandro Soto, se inició la discusión de dicho informe. No obstante, la bancada de Fuerza Popular pidió un cuarto intermedio, lo que terminó paralizando tanto el debate como la votación del documento. Como consecuencia, el tema dejó de tratarse en la agenda parlamentaria.

En declaraciones a un medio local, Valer explicó que, tras el escándalo de la organización criminal vinculada a Odebrecht, estas empresas chinas ingresaron rápidamente al país junto con dos entidades bancarias de China para participar en licitaciones de distintos sectores. El legislador señaló que las doce bancadas del Congreso investigaron a diez compañías que habían suscrito contratos por más de 10 mil millones de soles en transporte y comunicaciones, y que casi todas abandonaron las obras luego de recibir adelantos del erario público.

Los 85 millones de soles destinados a la remodelación del hemiciclo del Congreso de la República del Perú han generado cuestionamientos luego de que se difundieran imágenes del antes y después de la sala de sesiones, donde los cambios visibles parecen mínimos. En las comparaciones difundidas se observa que la estructura general, la distribución de curules y varios elementos del recinto se mantienen casi iguales.

La remodelación forma parte de las adecuaciones previstas ante el retorno del sistema de bicameralidad en 2026 e incluye mejoras tecnológicas, eléctricas y de infraestructura dentro del Palacio Legislativo. Sin embargo, la aparente similitud entre el estado anterior y el actual del hemiciclo ha provocado críticas y dudas sobre si el elevado monto de la inversión pública está justificado.