Hoy se llevará a cabo la primera sesión del Pleno del Congreso correspondiente a la última legislatura de este quinquenio 2021-2026, caracterizado principalmente por el blindaje a las inconductas éticas, la virtualidad, el ausentismo parlamentario y la aprobación de normas populistas sin importar si provocan o no un forado en las arcas fiscales y ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica del país.
Apenas hace unos días, el Consejo Fiscal (CF) informó que solo entre 2021 y 2025 el Parlamento aprobó 229 leyes que le han provocado al país un gasto aproximado de S/36,000 millones.
El escenario no parecería mejorar de aquí hasta el inicio del próximo gobierno. Por el contrario, se torna más preocupante en plena campaña electoral, con legisladores que aspiran a la reelección, que han identificado bolsones electorales como los maestros o el personal de Salud, y que no tendrían sonrojo en utilizar sus demandas y necesidades para aprobar dádivas bajo la figura de leyes a cambio de votos.
Populismo en leyes
De hecho, en la agenda del Pleno de hoy jueves se han incluido no pocas iniciativas que van en esa línea, como la que, bajo el supuesto de una “dignificación” de los docentes, plantea fijar una pensión para los maestros jubilados y cesantes de educación básica regular, alternativa, especial, lo cual —según el Consejo Privado de la Competitividad— implicaría un gasto para el Estado de más de S/7,395 millones.
Dicha propuesta, se recuerda, fue aprobada por el Parlamento, observada por el Ejecutivo y luego nuevamente aprobada por insistencia por el Congreso en octubre. A estas alturas podría convertirse en ley si se ignoran las observaciones del gobierno central respecto de que “generaría cargas económicas significativas y permanentes para el Estado” y que “no resulta procedente ni técnicamente viable establecer un esquema de pensión nivelada y basado únicamente en la condición del maestro al momento de su retiro sin tomar en cuenta el historial de aportaciones del afiliado”.
Y no es la única iniciativa cuestionable. También está el dictamen que recomienda, también por insistencia, el nombramiento automático de profesores contratados de educación básica regular, lo que generaría un costo anual superior a los S/4,568’406,388.37 —según ha advertido el Ejecutivo—, y que se salta a la garrocha la meritocracia. “No es compatible permitir un ingreso directo sin evaluación a los profesores, contratados sólo porque tengan cierta cantidad de años de experiencia profesional”, se lee entre las observaciones.
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En la agenda de hoy también figuran otros dos proyectos que generan alarma. El primero dispone la incorporación extraordinaria, de manera gradual y progresiva, de los trabajadores CAS de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) al régimen laboral del Decreto Legislativo 728. Pese a la opinión desfavorable de SERVIR fue aprobado por mayoría por la Comisión de Presupuesto que señala que la norma “no contempla el acceso a la función pública por un concurso público de méritos”.
El Ministerio de Economía y Finanzas, por su parte, alertó que su implementación demandaría mayores recursos presupuestarios y el consecuente incremento de gastos al Tesoro Público con un costo anual estimado de S/ 34’349,287,98. “La iniciativa coadyuvaría al desorden en la gestión del recurso humano que presta servicios en las entidades de la Administración Pública, que comprende, entre otros, la gestión de la compensación de los servidores civiles fiscalmente sostenible”, subrayó el MEF.
Una segunda iniciativa busca autorizar el nombramiento excepcional y por única vez del personal de la salud profesional, técnico y auxiliar asistencial contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057 antes de la emergencia sanitaria por el COVID-19. El proyecto es de Perú Libre, APP, Renovación Popular y Acción Popular. Todos estos grupos, salvo AP, tienen intereses electorales el 12 de abril.
SABÍA QUE
Con el auspicio de las bancadas de Perú Libre y Podemos Perú se impulsa en el Congreso un proyecto de ley para el noveno retiro de fondos de las AFP.
La iniciativa está en la cancha de la Comisión de Economía y no considera, convenientemente, que hay actualmente más de cuatro millones de afiliados con saldo cero.
En ese mismo grupo de trabajo hay propuestas para el retiro de fondos de la ONP pese a su carácter antitécnico.
OPINA
«Son preparativos para la fiesta populista»
Carlos Casas, economista
Como se sospechaba, como parte de la campaña política el Congreso iba a empezar con estas iniciativas populistas que lo único que hacen es dejar una bomba de tiempo para el siguiente gobierno, porque todos estos aumentos de gasto definitivamente atentan contra la salud fiscal del país.
Es irresponsable porque en el corto plazo puede significar un alivio, una mejora a la condición de vida de la gente, pero no se mira el costo en el largo plazo que puede ser mucho mayor.
Con una situación fiscal deteriorada, más adelante, podemos tener que hacer ajustes estructurales, reducir gastos, aumentar impuestos. Estos van a ser argumentos de campaña: “yo aprobé esto”, “mi partido aprobó esta medida populista”; es una feria de ofertas y ya se están viendo los preparativos para la fiesta populista que va a pasar la factura más temprano que tarde.
(…) Si se mantiene la situación y no baja la presión fiscal para el siguiente gobierno, en el corto plazo vamos a empezar a ver nuestra deuda crecer, podríamos perder el grado de inversión. Nadie puede gastar más de lo que tiene de recursos.
ENFOQUE REAL 