El Congreso de la República evalúa el proyecto de ley N.° 14760/2025-CR, una iniciativa que busca sancionar el uso indebido de la inteligencia artificial (IA) mediante penas de hasta 10 años de prisión para quienes generen o difundan contenido digital sin consentimiento. La propuesta, presentada por la congresista Judith Laura Rojas, ha generado diversas reacciones debido a los alcances que tendría sobre la creación y difusión de contenidos en entornos digitales.

La iniciativa plantea modificar la Ley de Delitos Informáticos para castigar la elaboración de material que simule la participación de una persona en situaciones que afecten su honor, intimidad o patrimonio. Asimismo, establece agravantes cuando las víctimas sean menores de edad o personas con discapacidad, cuando el contenido tenga carácter sexual explícito o cuando sea utilizado con fines de lucro o extorsión.

Sin embargo, algunos sectores han advertido que el proyecto podría abrir el debate sobre los límites entre la protección de derechos fundamentales y la libertad de expresión en internet. La propuesta también obliga a las plataformas digitales a retirar contenido considerado ilícito en un plazo máximo de 48 horas y endurece las sanciones por suplantación de identidad mediante herramientas de inteligencia artificial como los deepfakes y la clonación de voz.

Pese a tener alta desaprobación, el actual Congreso (2021-2026) ha reformado más de 50 artículos de la Constitución. Muchas de estas modificaciones van en contra de la postura ciudadana y fueron aprobadas con la fuerza de los votos.

El mayor paquetazo de reformas se dio en marzo de 2024 con la Ley N.º 31988, con la que se modificaron 53 artículos de la Carta Magna para el retorno a la bicameralidad. En ese entonces, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) lideraba la Mesa Directiva y Martha Moyano, la Comisión de Constitución.

La aprobación de esta norma se logró con dos votaciones consecutivas (en noviembre del 2023 y marzo del 2024). Esto pese a que en el referéndum del 2018 el país había decidido no apostar por la bicameralidad.

Además, introdujo cambios que benefician a los legisladores de turno. Se incorporó la reelección inmediata e indefinida de los congresistas, a pesar de que había sido eliminada de la Constitución tras el referéndum del 2018.

También se eliminó la cuestión de confianza obligatoria, sin otros cambios que garanticen el equilibrio de poderes, como la eliminación de la vacancia por incapacidad moral permanente.

A ello se suma el cambio del artículo 100 de la Constitución, con el cual el fiscal de la Nación evaluará si formula o no ante la Corte Suprema la denuncia derivada de la acusación constitucional del Congreso contra un alto funcionario. Antes, se debía realizar el trámite de la denuncia dentro de un plazo de cinco días y ahora el fiscal de la Nación podrá encarpetar las acusaciones del Congreso.

De acuerdo con un reporte de Perú Check para este medio, el respaldo no provino solo de Fuerza Popular, sino de otros partidos como Alianza para el Progreso, Avanza País y Renovación Popular, entre otros. Los 21 votos del fujimorismo no eran suficientes para el cambio constitucional.

Más reformas

Además, se modificaron otros cuatro artículos de la Constitución: el 21, para reforzar la protección del patrimonio cultural; el 2, junto con el nuevo artículo 14.1, sobre el derecho a internet; y el 2.5, para otorgar al contralor la potestad de solicitar el levantamiento del secreto bancario y tributario.

También se incluye la Ley N.º 31507, que modificó el artículo 134, que regula los plazos del Ejecutivo para la disolución del Congreso.

Se suman la Ley 32188, ley de reforma constitucional que reemplaza la expresión “persona incapacitada” por “persona con discapacidad”, y la Ley 32189, ley de reforma constitucional que reconoce oficialmente al pueblo afroperuano.

Conforme avanza el procesamiento de actas, la composición del Congreso bicameral comienza a definirse. El nuevo Legislativo para el periodo 2026-2031 estará conformado por 130 diputados y 60 senadores. Los sueldos se mantienen: cada diputado y senador percibirá una remuneración mensual de S/15.600. Sin embargo, los beneficios económicos para los legisladores no terminan ahí. Entre salarios y bonificaciones, el Congreso desembolsaría aproximadamente S/9’063.000 durante el primer mes de instalación para cubrir pagos destinados a los parlamentarios entrantes.

Los congresistas no solo reciben su remuneración mensual. Existen otros conceptos incluidos en los depósitos que perciben. Uno de ellos es el denominado “gasto de instalación”: al inicio de cada periodo parlamentario, cada legislador recibe un monto adicional equivalente a S/15.600. Este pago se realiza por única vez al inicio del nuevo periodo legislativo; es decir, se efectuaría durante el próximo mes de julio.

Además de ese concepto, cada parlamentario percibe mensualmente más de S/30.000 brutos. Solo por el bono correspondiente a la semana de representación, el pago asciende aproximadamente a S/4.000. A ello se suma la asignación por función congresal —destinada a cubrir gastos de transporte, alimentación y vivienda, entre otros—, que alcanza alrededor de S/12.500 mensuales.

Tomando en cuenta únicamente la remuneración parlamentaria, el bono por semana de representación y la asignación por función congresal, cada legislador podría percibir alrededor de S/32.000 mensuales. En el caso de los 190 integrantes del próximo Congreso, ello representaría un gasto aproximado de S/6’099.000 en un mes regular. En términos anuales, el Parlamento podría destinar alrededor de S/73’188.000 solo al pago de beneficios económicos directos para los congresistas.

Líneas telefónicas, estacionamientos y más para el Congreso entrante

Las adquisiciones para los nuevos padres de la patria ya comenzaron. De acuerdo con la información recopilada por La República tras revisar el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el Congreso de la República ha convocado diversos concursos públicos con miras a la instalación del próximo Parlamento. Uno de ellos busca garantizar el servicio de telefonía móvil para los congresistas durante los próximos 24 meses.

El Pleno del Congreso dio un paso importante contra la crueldad animal al aprobar, por unanimidad, la modificación del artículo 206-A del Código Penal. Con la nueva norma, quienes provoquen la muerte de un animal doméstico o silvestre por actos crueles podrían enfrentar penas de hasta 8 años de cárcel.

El dictamen fue respaldado con 91 votos a favor y exonerado de segunda votación con 90 sufragios positivos, quedando listo para continuar con el trámite legal correspondiente. La medida refleja la indignación social ante casos de maltrato que conmueven y escandalizan al país.

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz (Perú Libre), explicó que la norma sancionará a quienes maltraten, abandonen o causen sufrimiento a los animales con hasta tres años de prisión, acompañados de 100 a 180 días-multa y la inhabilitación para tener animales.

Si el abuso se agrava por métodos violentos o premeditados, como uso de armas, veneno o torturas prolongadas, las penas subirán de cuatro a seis años de cárcel y 120 a 365 días-multa. Se incluyen los daños que provoquen pérdida de sentidos, órganos o miembros principales del animal.

La legislación también contempla castigos más severos para actos cometidos con ensañamiento, brutalidad, sadismo o fines sexuales. Quienes cometan abusos mediante vía vaginal, anal o bucal, o usando objetos, enfrentarán la justicia con todo el peso de la ley.

Asimismo, se aumentará la sanción si el hecho es realizado por más de una persona, si se graba en imágenes, audio o video, o se difunde por internet o cualquier medio digital. La norma busca erradicar la impunidad que acompañaba estos crímenes crueles.

La responsabilidad será aún mayor para profesionales y funcionarios que cuidan animales, incluyendo médicos veterinarios, entrenadores, paseadores, policías, miembros del Serenazgo o servidores públicos con custodia de los animales.

En los casos en que el abuso culmine con la muerte del animal, el responsable recibirá entre seis y ocho años de cárcel, más 150 a 360 días-multa e inhabilitación. La medida pretende castigar con rigor extremo los crímenes que antes quedaban sin sanción proporcional.

El Congreso enfatizó que estos actos de violencia contra animales no solo generan sufrimiento inmediato, sino que también están relacionados con otras formas de violencia social y familiar, afectando la seguridad y la sensibilidad de la comunidad.

Con esta norma, el país avanza hacia una protección más efectiva de la fauna doméstica y silvestre, enviando un mensaje claro: la crueldad animal no será tolerada y quienes actúen con brutalidad enfrentarán la justicia con todo su rigor.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, hizo un llamado al Congreso de la República a aprobar la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, durante un evento institucional. Calificó la norma vigente actual como “obsoleta” y “limitada”, ya que fue elaborada hace más de 45 años. Señaló que no ayuda a enfrentar la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.

“Esperemos que sea aprobada. Creo que va a facilitar enormemente la reforma institucional y la superación de múltiples problemas que tenemos como institución”, declaró.

En este sentido, Gálvez Villegas señaló que la democracia y el Estado de derecho dependen del correcto funcionamiento de las autoridades. Antes las críticas que recibió la institución que preside, señaló que esta nueva Ley Orgánica del Ministerio Público forma parte de un intento por mejorar la imagen de la Fiscalía.

“Se ha levantado un rechazo y una difamación contra las autoridades e instituciones, eso es muy grave. Desde el Ministerio Público queremos trabajar por mejorar nosotros mismos”, declaró.

PREDICTAMEN NO FUE VOTADO EN CONSTITUCIÓN

Por su parte, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República tenía programado el debate y votación del predictamen para la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, pero —a pedido de la legisladora Gladys Echaíz— se pasó a un cuarto intermedio para que el grupo de trabajo mejore el texto antes de volver a ser votado. 

En el mismo sentido se pronunció la congresista Ruth Luque, quien pidió que se tome en cuenta un pronunciamiento de un grupo de fiscales provinciales sobre aportes que no fueron tomados en cuenta por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para la elaboración del proyecto de ley para la nueva Ley Orgánica.

Finalmente, según lo expresado por Gálvez Villegas, el texto establece cambios para reforzar la investigación patrimonial de las organizaciones criminales, identificar y recuperar activos provenientes de actividades ilícitas y la creación de una Unidad de Recuperación de Activos, la cuál seguirá la ruta del dinero de origen ilegal.