La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó con 14 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, en segunda votación, el proyecto de ley que restituye la posibilidad de que las empresas privadas puedan financiar a los partidos políticos en Perú.

Esta medida, que fue respaldada por la mayoría de los miembros de la comisión, también introduce modificaciones en el uso del financiamiento público destinado a las organizaciones políticas con representación parlamentaria.

Actualmente, la legislación vigente permite que solo las personas naturales y las personas jurídicas extranjeras sin fines de lucro realicen donaciones a partidos. Las empresas habían podido aportar a campañas electorales hasta 2018, cuando este aspecto fue modificado a raíz del escándalo de corrupción conocido como Lava Jato. Sin embargo, la nueva propuesta busca revertir esta limitación.

La reforma, que ya fue aprobada en primera votación el 27 de diciembre de 2024, establece que las organizaciones políticas podrán utilizar los recursos que reciben del Estado para financiar el pago de abogados de sus dirigentes. Además, amplía los límites para las contribuciones privadas, permitiendo una mayor participación del sector privado en el financiamiento de las campañas.

Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución, explicó que el proyecto forma parte de un paquete electoral necesario para garantizar la transparencia y el pluralismo en las próximas elecciones de 2026. Según señaló, las principales ventajas de la propuesta incluyen la mejora en la competencia democrática, ya que permite que las fuerzas políticas accedan a más recursos que no podrían obtener solo con financiamiento público.

Asimismo, se diversificarían las fuentes de ingresos, reduciendo la dependencia de los partidos del Estado y, en consecuencia, potenciando su independencia. Además, la medida fomenta una mayor participación de la sociedad civil y del sector privado en la política, estrechando la relación entre los actores sociales y los proyectos partidarios.

No obstante, durante la sesión, la legisladora Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, presentó una cuestión de orden argumentando que la Comisión Permanente no tenía facultades para aprobar cambios en una ley orgánica. Sin embargo, su propuesta fue rechazada, ya que, según Rospigliosi, la reforma modifica la Ley de Organizaciones Políticas, y no la Ley Orgánica de Elecciones.

La trabajadora del despacho del legislador Edwin Martínez, Isabel Cajo Salvador, quien está implicada en el escándalo de la presunta red de prostitución en el Congreso de la República, denunció el robo de su celular, aparato que sería clave en las investigaciones.

De acuerdo con la denuncia, la extrabajadora de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso que lideraba Jorge Torres Saravia, el supuesto robo ocurrió el 27 de diciembre cuando paseaba a su mascota en Magdalena del Mar.

Isabel Cajo también es exmodelo de OnlyFans y una testigo relevante en las indagaciones de la presunta red de prostitución y proxenetismo en el Legislativo.

Según el parte policial de la comisaría de Magdalena del Mar, Cajo Salvador reportó el presunto atraco cuando le tomaba una foto a su perro. Señaló que un sujeto contextura gruesa, ropa negra, casco negro se le acercó abruptamente y se llevó su teléfono marca Apple.

«Isabel Cajo Salvador, denunciando por el presunto delito contra el patrimonio robo, seguida contra L.Q.R.R, manifestando que el día 27DIC2024, a hora 20:10 aproximadamente, en circunstancias que se encontraba paseando su mascota (perro) por inmediaciones de Jr. Castilla con Jr. Comandante Espinar, fue el caso que, al sacar su celular marca Apple, con la finalidad de tomar una fotografía a su mascota, se apareció de manera intempestiva una motocicleta de color negra conducida por un sujeto de contextura gruesa, ropa oscura, casco cargando una caja de color negro, el mismo que le arrebató su celular, para luego darle a la fuga con rumbo desconocido, perdiéndolo de vista en el trayecto», se lee en el acta de recepción de denuncia verbal de Cajo.

A continuación, la denuncia:

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La denuncia hecha por Cajo, quien actualmente gana S/7.106,11 en el despacho del parlamentario Edwin Martínez, fue dada a conocer la tarde de este lunes.

La Fiscalía de la Nación intervino algunas oficinas del Congreso para investigar las irregularidades detectadas en el Área de Seguros del Legislativo a mediados del 2024. La diligencia estuvo a cargo de la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro e involucró a las áreas de Administración, Recursos Humanos, Tecnologías de la Información y Tesorería del Congreso de la República.

Al respecto, el Ministerio Público informó, en sus canales oficiales, que las acciones fiscales se realizaron en el marco de la investigación contra Judith Uceda Hidalgo, quien en su condición de trabajadora de Seguros del Servicio Parlamentario, habría realizado descuentos indebidos por concepto de seguros a servidores del Legislativo.

Esta irregularidad fue alertada por el Órgano de Control Institucional del Congreso y difundida por Latina en junio del 2024. De acuerdo con un informe del OCI, un total de 15 extrabajadores del Congreso y sus familiares seguían siendo beneficiarios de la cobertura de seguros Rímac, a pesar de que ya habían cesado sus funciones entre el 2020 y el 2023.

Trabajadora del Congreso provocó desfalco de casi medio millón de soles

Según la investigación, la Oficina de Recursos Humanos del Congreso sí informó a la técnica del Área de Seguros, Judith Uceda Hidalgo, de la desvinculación con los trabajadores, sin embargo, ella los mantuvo como «afiliados activos», lo que provocó desembolso ilegal de S/ 546,841.

Al conocer de ello, la empresa aseguradora devolvió S/380,396, por lo que el perjuicio económico al Congreso de la República fue de S/.166,444.

Además, se denunció penalmente a Judith Uceda por el presunto delito de peculado. También, fue dada de licencia desde enero del 2024, pero con goce de haber. “Viene siendo investigada de manera administrativa, una vez que concluya ese proceso se definirá su situación, pero el procurador del Congreso ha cumplido con denunciarla ante el Ministerio Público”, explicó el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, a Latina.

A la fecha, se conoce que algunos de los funcionarios beneficiarios fueron: Roberto Carlos Tarazona Palma, Salvith Erika Bernuy Salazar, David Andrés Morales Cárdenas, Jorge Sabino Torres Cáceres, Luis Alexander Velásquez Calderón, Radiolfo Ramírez Acosta, Antonio Salustio Cornejo Maldonado, Orlando Fernández Félix, Sharon Hadelli Guevara Vargas, Mayte Pamela Chumberiza Túpac Yupanqui, Vicentina Callata Quispe, Ita Lizbet Diego Pérez e Iladura Gisela Rojas Caballero.

Judith Uceda se benefició con seguro, pero no pagó por el

En la misma línea de ilegalidad, Uceda Hidalgo obtuvo el beneificio de la EPS, pero su salario nunca fue descontado. Desde el 1 de abril del 2019 hasta fines del 2023, los padres de esta trabajadora fueron atendidos 183 veces en clínicas asociadas a Rímac, por lo que se le debió descontar un total de S/82,087.58 de su salario, sin embargo, ello nunca sucedió.

El congresista de la República, Alejandro Cavero, se mostró en contra del aumento del sueldo mínimo, recientemente suscrito por la presidenta de la República, Dina Boluarte. Este incremento hará que la remuneración mínima vital (RMV) pase a fijarse en 1130 soles (actualmente está en 1025 soles) a partir del 1 de enero del 2025.

Según indicó el parlamentario, la ciudadanía debe desconfiar de dicha decisión pues, pese a sus nobles fines, carece de fundamentos técnicos que permitan su viabilidad. En tal sentido, puntualizó que la subida del monto mínimo no es más que una estrategia política de la mandataria para intentar recuperar un poco de aprobación popular.

«En medio de niveles históricos de desaprobación, el gobierno de Dina Boluarte ha decidido aumentar la RMV por cálculo político y sin sustento técnico que lo avale. Dadas las condiciones de nuestro mercado laboral, esta decisión que parece de «buenas intenciones» fomentará la informalidad y reducirá la competitividad, perjudicando a millones de MYPES y trabajadores», publicó a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Crítica al aumento de la RMV

El legislador de Avanza País señaló que aumentar el salario mínimo sin criterios que lo apoyen responde a una decisión netamente política, cuyos fines podrían estar regulados si se implementara una ley como la que él propuso, que contempla el sueldo mínimo en base a cuestiones predecibles.

«Precisamente, para evitar este tipo de medidas populistas, hace más de dos años presenté un Proyecto de Ley para establecer un procedimiento institucional que permita fijar el monto de la RMV de acuerdo a criterios técnicos y predecibles», expresó Cavero. 

Sobre su PL

En referencia a su proyecto de ley, el congresista Cavero destacó que contribuye a la formalización de las empresas en el Perú, fundamental en un mercado cuyo 75 % de economías son irregulares. Además, mencionó también que evita la precarización del empleo.

«Un gran número de trabajadores se ven condenados a tomar empleos precarios o, peor aún, a caer en el desempleo al volverse su contratación muy costosa», señaló.

Por último, el parlamentario indicó que una base fundamental para la formalización de la economía nacional se encuentra en darle a las PYMES factores de predictibilidad. En tal sentido, puntualizó que alzas súbitas del sueldo mínimo obligan a las empresas formales a incurrir en costos inesperados en su presupuesto.