El Pleno del Congreso de la República aprobó esta noche, por amplia mayoría (87 votos a favor, 20 votos en contra y 12 abstenciones), el dictamen que propone la Ley que establece la rectoría y la ampliación del plazo del proceso de formalización minera integral de la actividad en la pequeña minería y minería artesanal.

Dicho plazo culmina el 30 de junio de 2025, y “puede ser prorrogado por única vez por seis (06) meses adicionales mediante Decreto Supremo emitido por el Ministerio de Energía y Minas MINEM)”.

Así lo establece la tercera Disposición Complementaria Modificatoria del referido dictamen, que modifica el artículo 6 del Decreto Legislativo 1293, que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.

El titular del Parlamento, Eduardo Salhuana Cavides, expresó que “con esto, se entiende que en ese plazo se tiene que trabajar y formular una nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal, que solucione, de manera definitiva, esta situación de un sector económico muy importante, como han señalado varios congresistas en sus intervenciones”.

El dispositivo, además, establece que es el MINEM el ente rector de la actividad de la pequeña minería y minería artesanal, y la Dirección General de Formalización Minera, realiza los trámites y acciones administrativas requeridas para su formalización.

Además, se le faculta a crear e implementar el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, y el Sistema de Ventanilla Única para la Formalización Minera.

La iniciativa legislativa se sustenta en los Proyectos de Ley 7462/2023-CR, 8899/2024-CR, 9259/2024-CR, 9294/2024-CR, 9393/2024-CR, 9554/2024-CR, 9579/2024-CR y 9597/2024. Fue exonerada de segunda votación.

El titular de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez Ticona (BMCN), expuso que “bien sabemos que la informalidad y la falta de regulación son los factores que afectan, no solo la seguridad de los trabajadores, sino también el impacto ambiental y social que genera esta actividad” (la pequeña minería y minería artesanal).

“Esta es una problemática que hemos abordado con seriedad y compromiso. Las mesas de trabajo y las sesiones extraordinarias, nos han permitido entender las complejidades del sector, y nos han mostrado la necesidad urgente de ampliar los plazos de formalización, y la necesidad de mejorar el proceso mismo de formalización que el Ejecutivo no ha podido hacer”, acotó.

DEBATE

Intervinieron en el debate los congresistas Guido Bellido Ugarte (PP), quien propuso la ampliación de un año y otro prorrogable, al igual que otros legisladores como Flavio Cruz Mamani (PL); Jorge Montoya Manrique (HyD), manifestó que estamos repitiendo la historia: “se necesitan normas claras para que puedan formalizarse, no se pueden formalizar 88 mil mineros en dos años”, consideró.

Luego, Alejandro Cavero Alva (AvP), sostuvo que “el problema de fondo es la formalidad, y no va haber formalización, si no hay simplificación, si no hay desregulación, si no se hace atractiva la industria minera, para el gran, pequeño y mediano minero”.

Por su parte, Ruth Luque Ibarra (BDP) se refirió a los graves impactos ambientales que produce la pequeña minería; Ilich López Ureña (AP), planteó una cuestión previa para que el dictamen retorne a comisión, la cual fue desestimada; Jorge Flores Ancachi (PP), solicitó la acumulación de su Proyecto de Ley 3621/2022-CR, lo cual fue aceptado.

Participaron Carlos Zeballos Madariaga (NoA), Segundo Quiroz Barboza (BMCN), Elizabeth Medina Hermosilla (BMCN), Edwin Martínez Talavera (NoA), Luis Aragón Carreño (AP), Roberto Chiabra León (APP), Mery Infantes Castañeda (FP), José Williams Zapata (AvP), Carmen Alva Prieto (NoA), Alex Paredes Gonzales (BMCN), Wilson Quispe Mamani (JP-VP).

Esdras Medina Minaya (RP), Katy Ugarte Mamani (BMCN), Jorge Marticorena Mendoza (APP), Arturo Alegría García (FP), Segundo Montalvo Cubas (PL) Darwin Espinoza Vargas (PP), Carlos Alva Rojas (AP), Pasión Dávila Atanacio (BS), José Cueto Aservi (HyD),

Jaime Quito Sarmiento (BS). Héctor Valer Pinto (SP), María Acuña Peralta (APP), Marleny Portero López (AP), Nilza Chacón Trujillo (FP) Roberto Sánchez Palomino (JP-VP), Héctor Acuña Peralta (HyD) y Diego Bazán Calderón (RP).

EL TEXTO SUSTITUTORIO

El texto aprobado contiene tres artículos.

El primero define su objeto; el segundo, entrega la rectoría de la actividad al Ministerio de Energía y Minas; el tercero crea el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA) para supervisar la trazabilidad operativa de minerales, explosivos, insumos químicos y productos fiscalizados en la pequeña minería y minería artesanal.

También, tres Disposiciones Complementarias Modificatorias. La primera modifica el artículo 5 de la Ley 30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas; la segunda modifica el literal c) del artículo 59 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

La tercera modifica el artículo 6 del Decreto Legislativo 1293, que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, para ampliar el plazo de vigencia del proceso de formalización.

Y dos Disposiciones Complementarias Finales. La primera plantea la vigencia de la norma aprobada, y la segunda encarga al Ministerio de Energía y Minas la elaboración del reglamento en un plazo máximo de 30 días hábiles.

El Pleno del Congreso devolvió a comisión el dictamen que propone modificar la ley de organizaciones políticas (Ley n.° 28094), la cual pretende restituir el financiamiento privado de personas jurídicas y dicta disposiciones para el empleo del financiamiento público. La cuestión previa, presentada por el parlamentario Jaime Quito (Bancada Socialista), fue aprobada con 57 votos a favor, 51 en contra y seis abstenciones.

Así, retornan a la Comisión de Constitución y Reglamento los proyectos de ley 1607/2021-CR, 3153/2022-CR, 4424/2022-CR, 4597/2022-CR, entre otros. Dichas propuestas se centraban en dos pilares legales: el primero vinculado con el financiamiento privado de los partidos políticos; y el segundo, en el financiamiento público directo y el uso eficiente de dichos recursos.

¿Garantiza la transparencia?

Los 21 legisladores integrantes de Fuerza Popular votaron en contra de la cuestión previa que retornaba el dictamen a comisión. Al respecto, la congresista Patricia Juárez señaló que la cuestión del financiamiento de privados ha sido debatida en múltiples espacios, coincidiendo algunos en que es una forma de generar transparencia.
«Esto puede significar en alguna medida la disminución de las aportaciones ilegales que realizan algunas economías a partidos para las campañas electorales», comentó.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Luis Aragón (Acción Popular), indicó que la habilitación de financiamiento político por parte de privados es una condición fundamental para que las personas jurídicas nacionales participen activamente en la vida política nacional.

«Es una medida que, además de proporcionar una fuente legítima de recursos para los partidos, va a reivindicar el derecho de estas entidades a participar de manera activa en la vida política del país», resaltó.

Retorna a comisión

A favor de que vuelva a comisión se mostraron diversas bancadas como Podemos, donde doce de sus trece miembros fallaron por el retorno del dictamen, y Bancada Socialista, cuyos cinco miembros dieron el visto bueno para mandar la norma a la instancia previa.

Entre quienes impulsaron dicha decisión, resaltó la participación de Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), quien mencionó que el texto no garantiza la transparencia, sino que debilita artículos regulados en el Código Penal.

«Considero que el texto no garantiza la transparencia, además de debilitar un artículo que ya está regulado en el Código Penal sobre el financiamiento ilegal de partidos», puntualizó Luque.

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó un texto sustitutorio que establece la colegiatura obligatoria y habilitación permanente para los profesionales titulados de universidades en todo el país.

La propuesta, presentada por el congresista Jorge Flores Ancachi, busca regular el ejercicio profesional en el sector público, privado e independiente.

De ser aprobada en el Pleno, la ley obligará a los colegios profesionales a otorgar gratuitamente la constancia de habilitación hasta dos veces al año. Además, los profesionales que adeuden cuotas podrán fraccionarlas en hasta tres partes para no afectar su capacidad laboral.

El congresista Flores Ancachi afirmó que la iniciativa promoverá la actualización continua y mejorará la calidad de los servicios en el país. Sin embargo, la medida podría afectar a miles de técnicos que no se han titulado por diversas razones.

REGLAMENTACIÓN

El proyecto establece que el Poder Ejecutivo reglamentará la ley en un plazo de 90 días, mientras que los colegios profesionales deberán adecuar sus reglamentos en un plazo de 60 días después de la publicación oficial.