Cerca de 21 mil trabajadores administrativos y profesionales, técnicos y auxiliares contratados bajo el Decreto Legislativo N°1057, que regula el régimen CAS del Ministerio de Salud laboral y sus organismos públicos, serían nombrados, en forma excepcional y por única vez, en forma progresiva en un proceso que se iniciaría en el 2024.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, aprobó el dictamen por mayoría, que recoge doce iniciativas legislativas, para que se autorice, de manera excepcional y por única vez, el nombramiento del personal administrativo, profesional, técnico y auxiliar del Ministerio de Salud, en un proceso mínimo de dos años.

El secretario de ese grupo de trabajo legislativo, encargado de la conducción de la sesión, Alejandro Aguinaga Recuenco (FP), indicó que el texto sustitutorio plantea un proceso mínimo de dos años contiguos o tres discontinuados, a la fecha de la publicación de la ley.

Refirió que los trabajadores beneficiarios serían 20 mil 700. En el primer año se beneficiarían cinco mil 319; en el segundo, cinco mil 470; en el tercero cinco mil 319 y en el cuarto año, cuatro mil 491.

Asimismo, refirió que la progresividad del nombramiento del personal administrativo se iniciaría el año 2024 y tendría un gasto de 55 millones de soles en el primer año; 56 millones, el segundo; 55 millones el tercero; y 40 millones en el cuarto año.

Sobre los beneficios laborales y, en consecuencia, a favor de la propuesta, se pronunciaron los congresistas Silvana Robles Araujo (PL), Alex Paredes Gonzales (BMCN), Américo Gonza Castillo (PL), Segundo Montalvo Cubas (PL) y Francis Paredes Castro (BMCD) entre otros.

Los legisladores coincidieron en señalar que el dictamen, que reúne 12 iniciativas legislativas, hará justicia a este sector de trabajadores.

De otro lado, también fue aprobado el dictamen recaído en los proyectos de ley 1088/2021-CR y 2147/2021-CR, que proponen, principalmente, la transferencia directa de recursos de EsSalud, para el cumplimiento de las obligaciones que tienen las entidades públicas.

“De este modo se estaría asegurando el fortalecimiento de EsSalud a través de la transferencia directa de recursos por parte del MEF, para saldar las deudas pendientes y para el cumplimiento de las obligaciones de las entidades públicas, en los tres niveles de gobierno”, indico el congresista Aguinaga Recuenco.

También fue aprobado, por mayoría, el dictamen del proyecto de Ley 4689/2022-PE, proveniente del Poder Ejecutivo, que plantea medidas para garantizar la implementación de las intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios en el marco del proceso de reactivación económica.

El objeto de la norma es permitir en forma excepcional durante el Año Fiscal 2023, a los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el financiamiento con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento público a las Intervenciones de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) y las Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR).

La finalidad es garantizar la implementación de las intervenciones del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), con la finalidad de impulsar el gasto público en materia de inversiones en el marco del proceso de reactivación económica por la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC).

CONTRALOR

Durante la trigésima primera sesión extraordinaria, el titular de la Contraloría General de la República, Nelson Eduardo Shack Yalta, se presentó ante la comisión, para sustentar sus informes sobre las acciones de control realizadas a los gobiernos regionales de Piura y Lambayeque, en función a la ley que modifica el Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, con la finalidad de fortalecer la rendición de cuentas y transparencia presupuestal.

El funcionario indicó, que a la fecha, el Estado peruano, no llega ni al tercio de ejecución del Programa Presupuestal 0068 (2023), y no se condice con las urgentes necesidades que hay en el país, teniendo en cuenta que estamos en emergencia.

Con respecto a Piura, dijo que solo se ha ejecutado el 22.5% del total destinado para el proceso de gasto y en total de las regiones, solo es el 21 %.

Indicó que la institución a su cargo ha alertado que gobiernos regionales y locales no conocen las herramientas que tienen que utilizar para hacer gestión en sus jurisdicciones y poder ejecutar esos recursos.

Consideró que en momentos de emergencia y de riesgo se tiene que recurrir a lo que se tiene y no esperar a que lleguen desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para poder actuar. Pero en el caso, indicó, estos recursos ya han sido transferidos y lo que se espera es mayor velocidad en su ejecución.

Señaló que, a la vez, existe un problema estructural, junto a la falta de ejecución y que debería aprobarse una norma que obligue a la ejecución del gasto, sobre todo en momentos tan difíciles frente a la amenaza del fenómeno climatológico de El Niño “que ojalá, no sea tan grave, porque si no va a destruirnos”.