Contraloría encuentra que gestión de Pedro Castillo hizo lo que quiso en Palacio de Gobierno

Casi tres meses después de la destitución de Pedro Castillo, siguen apareciendo evidencias de cómo se manejó su gobierno. Para muestra dos botones. La Contraloría descubrió que se contrataron funcionarios de manera muy informal, que no cumplían con los requisitos, mientras que, a la par, se repartió comida por doquier y sin registro de beneficiarios.

Perú21 accedió a un informe de control específico que evidencia que la Subsecretaría General requirió, entre agosto del 2021 y marzo del 2022, servicios fotográficos y asistencia de redes sociales a pesar que dicha unidad no tiene funciones de comunicación y prensa.

¿Quiénes fueron los contratados? Dos personajes que colaboraron activamente en la campaña electoral del profesor Castillo: José Cristóbal Quispe y Franco Pomalaya Neyra, este último es asiduo visitante del exgobernante en el penal de Barbadillo.

Las irregularidades no terminan ahí. El informe de control concluye que, para contratar a Pomalaya y Cristóbal, la Oficina de Abastecimiento no realizó “el respectivo estudio de mercado”, lo que permitió la “contratación de proveedores al margen de la normativa”.

“(José Cristóbal) presentó documentos carentes de veracidad para sustentar la experiencia requerida, afectando la correcta gestión de las contrataciones del Estado”, señaló la Contraloría en el documento.

Quienes impulsaron las cuestionadas contrataciones fueron Ysmael Mayurí Quispe y más adelante Beder Camacho, ambos como subsecretarios generales del Despacho Presidencial. Trabajaron bajo la anuencia de Pedro Castillo.

Tanto Mayurí como Camacho formularon requerimientos para contratar por “no contar con personal” y “que se necesita de manera urgente el servicio de asistencia”.

No obstante, la Contraloría refuta que la contratación de los servicios de registro fotográfico, asistencia para la redacción, revisión de contenido de redes sociales, entre otros, no son parte de las competencias de la Subsecretaría General sino de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa. Es decir, se usurpó la labor de otro sector.

Asimismo, durante el mismo periodo, la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa sí contaba con dos profesionales de las comunicaciones que pudieron cumplir esas tareas.

Gracias a este evidente direccionamiento de contratación, Franco Pomalaya –acusado en determinado momento de maltratar a una reportera en una actividad de Castillo– recibió un total de S/72,400 y José Cristóbal S/113,900, entre 2021 y 2022.

Caos en la cocina

Otro informe de la Contraloría al que accedió este diario da cuenta de que, de enero a junio del 2022, en Palacio de Gobierno se repartieron raciones alimentarias sin identificar al personal beneficiario.

“Se prescindió de las autorizaciones y procedimientos para la entrega de alimentos en el comedor del despacho presidencial, lo cual no fue supervisado por el director de la Oficina de Operaciones para cautelar el estricto cumplimiento de la norma”, dice el informe.

El documento detalla que se repartieron 6,943 raciones (desayuno, almuerzo o cena) por un valor de S/35,032.10.

“Se afectó la correcta administración del suministro de alimentos”, apuntó la Contraloría.

Contraloría: 240 funcionarios públicos de Lima Provincias con presunta responsabilidad en hechos irregulares durante el 2022

La Contraloría General determinó, durante el año 2022, presuntas responsabilidades de hechos irregulares en 240 funcionarios públicos con 386 presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales en entidades de Lima Provincias, como resultado de los informes de control posterior ejecutados.

Estos fueron los resultados del control gubernamental realizado en Lima Provincias en el 2022, que se cristalizó en un total de 397 informes de control, de los cuales 71 corresponden al control posterior, que incluye 4 auditorías de cumplimiento, 38 servicios de control específico, 28 auditorías financieras y una auditoría de acción de oficio posterior.

En el caso de las auditorías y servicios de control específico que detectaron irregularidades en las entidades públicas efectuó el control a un monto de S/ 788 millones de recursos del Estado, de los cuales en la ejecución de S/ 86 millones se realizaron observaciones por parte de los equipos de auditores de la Contraloría, quienes, además, identificaron un perjuicio económico por más de S/ 24 millones, aproximadamente.

Agenda de Control en Lima Provincias 2023

Para el 2023, se ha programado realizar en Lima Provincias 856 servicios de control, de los cuales 678 corresponden al control simultáneo, 174 a control posterior y 4 a control previo.

Entre las principales materias a intervenir mediante servicios de control posterior figura la evaluación de los actos y resultados ejecutados por las entidades en la gestión de los bienes, recursos y operaciones institucionales tanto del Gobierno Regional y sus unidades ejecutoras como de los gobiernos locales.

En tanto, mediante servicios de control simultáneo se harán intervenciones en el marco de la Ley 31358 (Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente), la Ley 30556 (Reconstrucción con Cambios).

En cuanto a control social, se observará el funcionamiento de los servicios públicos en la instituciones educativas o comunidades (auditores juveniles) y vigilancia ciudadana a las obras públicas y contrataciones de bienes y servicios que se les asigne en su localidad (monitores ciudadanos).

Megaoperativos a nivel nacional
En la programación de la Contraloría General figuran también cinco grandes megaoperativos a nivel nacional, como la supervisión a las entidades del Gobierno Nacional, a iniciarse en febrero y cuyo objetivo es realizar el control a las principales operaciones del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, organismos autónomos, organismos descentralizados, entre otros.

Otros megaoperativos que realizará la Contraloría General tienen como objetivo supervisar la designación de funcionarios/as en cargos de confianza en gobiernos regionales y municipios; y la verificación de las condiciones de la prestación del servicio de salud y la capacidad de atención en los establecimientos del primer nivel de atención.

Además, los auditores de la Contraloría observarán la legalidad y contratación de los servicios de consultoría a nivel nacional; y se desarrollará un megaoperativo para verificar la operatividad y disposición adecuada de infraestructura, equipos, y recursos para garantizar la seguridad ciudadana en todo el país.

Como resultado de Megaoperativo de Control en Lima Provincias: Contraloría observa ejecución de S/ 89 millones de recursos públicos

Como resultado del Megaoperativo de Control en Lima Provincias, la Contraloría General hizo observaciones a más de S/ 89 millones de recursos públicos ejecutados por las entidades del Estado que operan en dicha región, detectándose un perjuicio económico de S/ 25 millones y la identificación de 262 funcionarios públicos únicos involucrados en presuntos actos de inconducta funcional y corrupción.

Estos resultados forman parte de las 490 intervenciones desplegadas por la Entidad Fiscalizadora Superior desde julio del 2022 con lo que se superó ampliamente la meta programada. Dichas intervenciones consistieron en servicios de control, servicios relacionados (recopilación de información y atención denuncias ciudadanas), así como actividades transversales de integridad y prevención (charlas de sensibilización, asistencias técnicas y jornadas de capacitación).

La presentación de los resultados ante autoridades de Lima Provincias estuvo a cargo del Vicecontralor de Integridad y Control de la Contraloría General, Humberto Ramírez Trucios, quien informó que durante el megaoperativo se efectuó el control a un monto de S/ 216 millones de recursos del Estado destinados a inversión, bienes y servicios, así como recursos humanos y otros.

Indicó que con la nueva estrategia de control con enfoque territorial de la Contraloría, se ejecutaron en total 230 servicios de control en 16 entidades del gobierno nacional, 19 del gobierno regional y 72 gobiernos locales de Lima Provincias, en la modalidad de posterior (49) y simultáneo (181). En esta última modalidad se determinaron 547 situaciones adversas

Principales hallazgos

En el Gobierno Regional de Lima se detectó un perjuicio de S/ 370 080 por no cobrar penalidades a la empresa contratista en la adquisición de un tomógrafo computarizado multicorte para el Hospital General de Huacho. La entidad recibió un bien a un mayor costo y fuera de plazo requerido con urgencia. Además, la última actualización de las especificaciones técnicas del tomógrafo con el cual se realizó el proceso de contratación difiere de las características técnicas referenciales remitidas por el Ministerio de Salud, disminuyendo la calidad de la resolución de imágenes y capacidad de almacenamiento.

Un informe de control específico identificó que seis exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Santa María, en la provincia de Huaura, beneficiaron a un solo postor con el otorgamiento de la buena pro por S/ 8 330 177 para la ejecución de la obra de Creación de Pistas y Veredas en la Avenida Real, Avenida Las Flores y Calle Las Rosas de Santa María. La empresa ganadora incumplió con los requisitos solicitados en la ficha de homologación en cuanto a experiencia del plantel profesional clave y experiencia en obras.

En la Municipalidad Provincial de Huarochirí se detectó un perjuicio económico de S/ 1 779 604 debido al pago por partidas deficientemente ejecutadas y fuera del periodo correspondiente en el servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal de los tramos Cupiche-Ticapampa, Chaute–Lucumani, y Soca-Huillpo-Hullaqui–Marachanca, lo que pone en riesgo la integridad de los transeúntes que utilizan dichos caminos.

Cuatro funcionarios de la Municipalidad Distrital de Supe tramitaron en octubre de 2019, 21 órdenes de compra y/o servicios a un tercero, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y propiciaron el desembolso de casi S/ 500 mil, pese a que no brindó ningún tipo de servicio a la entidad, afectando la correcta ejecución de los recursos públicos.

Durante el Megaoperativo de Control en Lima Provincias, que se inició el 12 de julio de 2022, participaron 103 auditores y especialistas de la Contraloría General, quienes intervinieron 107 entidades públicas.

Contraloría solicita al rector de la UNI las razones del porqué aceptó albergar a los manifestantes

Los invitó a “su casa”, pero se olvidó que era la casa del Estado. La Contraloría General de la República pidió explicaciones al rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Pablo Alfonso López-Chau, tras anunciar que albergarán a estudiantes de otras regiones que llegaron a Lima para participar en las protestas. El último jueves 19 se inició las protestas en la capital.

A través de un oficio, el órgano pide información del uso de las instalaciones de la casa de estudios. Asimismo, se le brinda el plazo máximo de un día hábil para que se emita el documento.

“(…) se advierte que dicha Casa superior de Estudios tendría ocupada sus instalaciones por diversas personas que arribaron a la ciudad de Lima desde varias regiones, agradeceré informe a este Órgano de Control Institucional, las acciones dispuestas por su Despacho en cautela del buen uso de los bienes de la universidad”, se lee en parte del oficio.

Además, indican que se detalle el mecanismo de seguridad que ser implementado en el interior del centro educativo superior. Esto luego que López-Chau anuncie que los estudiantes de otras regiones podrán ingresar al campus, pero pidió que no haya “infiltrados”.

Rector de la UNI se ampara en autonomía universitaria

En la mañana de ayer, el rector de la UNI mencionaba que el centro de estudios tiene “autonomía”. También, se ha puesto algunas condiciones para que los alumnos permanezcan en el interior de las instalaciones como “respeto, no violencia, no saqueos y no perturbar instituciones privadas”.

“La política es el médico de una sociedad, escoge pros y contras y señala el vector. En ese pro y contra nosotros vimos que hay legítima protesta, que es un derecho constitucional, y que la universidad tiene autonomía y en el uso de su autonomía puede rechazar las intervenciones de las Fuerzas Armadas”, sostuvo.

Rector sostiene que atendió una “legítima protesta”. Foto: captura video.

Durante las horas de ayer, varios manifestantes salieron de las instalaciones para marchar hasta la Plaza Dos de Mayo, donde se realiza la concentración junto a los otros ciudadanos que se retiraron de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Cabe recordar que, de las regiones de Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac, y otras; principalmente, de la zona sur, llegaron a Lima para continuar su protesta en la capital. Es así como, las dos casas de estudios albergaron la noche del miércoles a los pobladores.

Contraloría detectó compra fantasma de uniformes en Unidad de Gestión Educativa Local de Barranca

En el marco del Megaoperativo de Control Regional en Lima Provincias, la Contraloría General detectó que la Unidad de Gestión Educativa Local N° 16 UGEL de Barranca pagó S/ 79 078 a tres proveedores por la compra de uniformes para trabajadores bajo el Régimen Legislativo 276, a pesar que los bienes no ingresaron a la entidad, afectando el correcto uso de los fondos públicos.

En el Informe de Control Específico N° 004-2022-2-5456, que abarca los meses de noviembre y diciembre de 2021, se detalla que el encargado de abastecimiento solicitó la cotización a tres proveedores para la compra de uniformes de invierno, uniformes de verano, blusas y camisas, y a pesar que los bienes no ingresaron a la entidad, dicho funcionario emitió la guía de internamiento, acta de conformidad de recepción de bienes y solicitó el devengado SIAF, generando la obligación de pago a los proveedores.

La comisión de control evidenció, además, que los 34 colaboradores comprendidos como beneficiarios firmaron el documento “pedido – comprobante de salida” (pecosa), en el que declararon haber recibido los uniformes, pese a que no se les hizo entrega de los bienes. En algunos casos, declararon haber recibido dinero por la firma de dicho documento.

Por los hechos expuestos, la Contraloría identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en los 34 servidores que declararon falsamente la recepción de los uniformes, entre ellos, el encargado de abastecimiento, a quien además se le iniciará el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS).

Estos hechos fueron comunicados a la Procuraduría Pública de la Contraloría General para el inicio de las acciones penales correspondientes, así como al titular de la Entidad y al Órgano Instructor para las acciones correspondientes que permitan el deslinde de las responsabilidades administrativas.

El informe se encuentra publicado en el Buscador de Informes de Servicios de Control del portal institucional de la Contraloría www.gob.pe/contraloria.

Contraloría detectó beneficio a postor en contrato de S/ 8 millones en la Municipalidad Distrital de Santa María

En el marco del Megaoperativo de Control Regional en Lima Provincias, la Contraloría General identificó que seis exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Santa María, de la provincia de Huaura, beneficiaron a un solo postor con el otorgamiento de la buena pro por S/ 8 330 177 para la ejecución de la obra de Creación de Pistas y Veredas en la Avenida Real, Avenida Las Flores y Calle Las Rosas de Santa María.

El Informe de Control Específico N° 010-2022-2-4155, que abarca el periodo entre enero a octubre de 2021, señala que la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural de dicho municipio emitió un requerimiento con la finalidad de contratar a una empresa para la construcción de pistas y veredas; sin embargo, los requisitos solicitados en cuanto a experiencia del plantel profesional clave y experiencia en obras, incumplían con lo exigido en las fichas de homologación (documento que estandariza los requerimientos), limitando la concurrencia de postores.

A pesar que se recibieron consultas y observaciones relacionadas a este incumplimiento, los miembros del Comité de Selección continuaron con el proceso, suscribiéndose el contrato con el único postor que cumplía con los requisitos exigidos en las bases integradas, bases que se establecieron en contra a lo exigido en las fichas de homologación, transgrediéndose los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia e integridad que debe regir en todo proceso de contratación pública.

Asimismo, durante el perfeccionamiento del contrato, se benefició a la empresa ganadora de la buena pro al no cautelarse la presentación de los requisitos exigidos y no advertir la acreditación del cumplimiento de los requisitos de calificación relacionados al plantel profesional clave, afectándose el adecuado destino de los recursos públicos.

Por los hechos expuestos, la Contraloría identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en seis exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Santa María.

El informe de control específico fue comunicado al alcalde, al Órgano Instructor y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones administrativas y legales correspondientes.

Asimismo, se encuentra publicado en el Buscador de Informes de Servicios de Control del portal institucional de la Contraloría www.gob.pe/contraloria.