La Contraloría General de la República calculó que el costo extrapolado de la corrupción y la inconducta funcional durante el 2023 habría significado un valor aproximado de S/ 24 268 millones, lo que significó un nivel de incidencia del 12.7% respecto al presupuesto del sector público ejecutado durante el año pasado y eso refleja una tendencia decreciente respecto a mediciones del año 2022, informó hoy el contralor general, Nelson Shack, durante una jornada informativa con medios de comunicación.
“En el año 2019 vimos una tasa de incidencia de 14.9%, es decir que casi S/ 15 de cada S/ 100 se perdían por corrupción e inconducta funcional y para el 2023 hemos visto que estamos en S/ 12.7.En términos de dinero, antes perdíamos S/ 23 297 millones y en el 2023 hemos perdido alrededor de S/ 1000 millones más, pero eso se debe a que han pasado cinco años más y el crecimiento del presupuesto ha sido muy significativo, entonces hay una tendencia decreciente y eso es indiscutible”, acotó.
Durante la conferencia, el titular de la Contraloría precisó que del monto calculado para el 2023 aproximadamente S/ 11 992 millones corresponden al Gobierno Nacional, lo que significó un nivel de incidencia del 11.3%, seguido de S/ 7615 millones a nivel de los gobiernos regionales con una incidencia de 15.4% y S/ 4660 millones registrados en los gobiernos locales, cuya incidencia es de 13.1%.
Según el tipo de gasto, el perjuicio ocasionado por la corrupción y la inconducta funcional del 2023 se registró principalmente en Inversión con S/ 8963 millones (incidencia de 17.5%), seguido de Abastecimiento con S/ 8836 millones (incidencia del 17.2%) y Recursos Humanos con S/ 6469 millones (7.3%).
Ranking de regiones
En el 2023, la región que registró una mayor incidencia de los efectos de la corrupción y la inconducta funcional fue el Callao, donde la pérdida estimada fue equivalente al 17.9% del presupuesto público ejecutado en dicha jurisdicción en el año pasado.
El segundo lugar fue para la región Tumbes con una incidencia de 17.5%, seguido de Ucayali (16.5%), Piura (16.2%), Áncash (16.2%), La Libertad (15.2%), Madre de Dios (15.0%), Huánuco (15.0%), Loreto (14.8%) y con Apurímac (14.4%) se completan las primeras diez posiciones.
Sin embargo, las posiciones cambian si se observa el monto del perjuicio extrapolado y colocan a Piura en el primer lugar con S/ 1501 millones de pérdida por efectos de la corrupción y la inconducta funcional del 2023, seguido de Cusco con S/ 1352 millones, Áncash con S/ 1311 millones, Callao con S/ 1227 millones y La Libertad con S/ 1131 millones. Las otras regiones que completan las diez primeras ubicaciones del perjuicio extrapolado son Arequipa (S/ 928 millones), Puno (S/ 887 millones), Cajamarca (S/ 813 millones), Loreto (S/ 800 millones) y Junín (S/ 671 millones).
“La corrupción es mucho más que el manejo de recursos públicos. Hay muchos problemas de corrupción en muchos sectores del Estado peruano donde no se manejan recursos públicos como los problemas en el sistema de justicia, la emisión de licencias, entre otros”, puntualizó.
Funcionarios con presunta responsabilidad
El Contralor General informó que como resultados de los servicios de control posterior realizados en el 2023 en todas las regiones del país se pudo determinar que 9338 funcionarios públicos del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local tienen presunta responsabilidad en hechos irregulares que derivaron en casos de corrupción e inconducta funcional.
De ese total, existen 5436 funcionarios únicos con presunta responsabilidad administrativa, 2002 tienen responsabilidad administrativa sujeta al Proceso Administrativo Sancionador (PAS) de la Contraloría, 3394 tienen responsabilidad civil y 4030 tienen responsabilidad penal. Cabe precisar que un mismo funcionario podría registrar más de un tipo de responsabilidad.
Agenda de control 2024
El titular de la Contraloría adelantó que el Plan Nacional de Control (PNC) aprobado para el presente año establece que la meta es ejecutar más de 50 mil servicios de control, de los cuales 38 200 servicios son de control simultáneo, 11 670 son de control posterior y 130 de control previo.
“Lo más importante aquí es que vamos a tener, por primera vez, una enorme cobertura. En el 2017, la Contraloría solo cubría el 27% de las entidades públicas, lo que significaba que más de las dos terceras partes de entidades públicas nunca recibían una visita o auditoría de la Contraloría. Ahora esa tasa de cobertura en el 2023 fue del 67% y en el 2024 va a ser 95%, prácticamente vamos a tener cobertura plena. Por primera vez, en toda la historia de la Contraloría, este año vamos a poder hacer acciones de control en cada distrito del Perú”, manifestó.
Adelantó que como parte del Plan Nacional de Control se tiene previsto ejecutar seis operativos de control en materias como el operativo de Seguridad Ciudadana, donde se supervisarán más de 1400 entidades públicas tales como el Ministerio del Interior, comisarías, escuelas de la Policía Nacional del Perú (PNP), gobiernos regionales y municipios (provinciales y distritales) y el operativo de Discapacidad e Inclusión Social, con el cual se supervisará el cumplimiento de la normativa vigente sobre el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, accesibilidad y ejecución presupuestal en un total de 1800 entidades públicas.
Otro operativo programado por la Contraloría es el Buen Inicio del Año Escolar 2024 para determinar si las instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular cumplen con las disposiciones vigentes y normativa aplicable para el inicio de clases escolares. También figura el operativo de Espacios Culturales, con el que se supervisará el cumplimiento de la normativa sobre el ingreso de visitantes a nueve espacios culturales en siete departamentos.
La Contraloría también pondrá en marcha el operativo sobre consultorías para promover que las entidades públicas cumplan la normativa vigente respecto al Registro para el Control de Contratos de Consultorías en el Estado, y otro operativo denominado “Deporte para Todos”, donde se fiscalizará las transferencias realizadas por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y los 200 inmuebles bajo su administración.
“Estos seis operativos se van a desarrollar en el primer semestre del presente año y algunos se extenderán hasta el segundo semestre”, acotó.
Portal para transparentar información de consultorías
Shack Yalta también anunció que ante los resultados de la fiscalización hecha por la Contraloría a las consultorías, usando herramientas como la Inteligencia Artificial y el apoyo de la participación ciudadana, se consideró pertinente hacer más transparente el acceso a la información sobre consultorías y por eso se implementó una plataforma web (https://consultaconsultorias.contraloria.gob.pe/), que puede ser revisada por toda la sociedad civil.
Indicó que en el 2023 se gastaron S/ 19 mil millones en contrataciones cuyo valor era menor a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y de ese monto se tiene que entre S/ 5 mil millones y S/ 6 mil millones son órdenes de compra, y el saldo de S/ 13 mil millones corresponden a órdenes de servicio, entre los cuales figuran los servicios de consultorías contratadas por las entidades públicas.
“En términos de consultorías propiamente dichas estamos hablando de casi S/ 6 mil y S/ 7 mil millones que se gastan al año y para tener una idea de la magnitud del monto, eso es casi la mitad de la brecha de pobreza que existe en el Perú”, refirió. Agregó que el gasto en consultorías en el país llama mucho la atención también por su crecimiento, ya que aumentó en casi 15% entre los años 2022 y 2023.
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