Alerta en el megapuerto de Chancay: Cámara de Comercio de Lima denuncia crimen organizado

El distrito de Chancay, al norte de Lima, enfrenta una creciente ola de inseguridad debido a la disputa territorial entre bandas criminales que buscan controlar el entorno del megapuerto, una de las infraestructuras más ambiciosas de Perú. Grupos como Los Pulpos, originarios de Trujillo, Los Monos de Quepepampa, de Huaral, y Los Antitren, una coalición de delincuentes de Ancón, Ventanilla y Callao, se enfrentan violentamente con tiroteos para imponer su dominio en la zona. Estas organizaciones persiguen el control de actividades ilícitas, especialmente la extorsión a empresas y comerciantes locales, en un área clave para el comercio entre Sudamérica y Asia.

La situación ha encendido las alarmas entre las autoridades y la población. El alcalde de Chancay, Juan Álvarez Andrade, ha denunciado la insuficiencia de recursos policiales para proteger a los habitantes, destacando que la comisaría local cuenta con apenas 60 efectivos y cuatro patrulleros para una población de 70,000 personas. Este déficit de seguridad pone en riesgo no solo a los ciudadanos, sino también el funcionamiento del megapuerto, inaugurado en noviembre de 2024, que aspira a ser un eje logístico crucial en el Pacífico Sur.

Un llamado urgente a la acción

La Cámara de Comercio de Lima (CCL), liderada por su presidente Roberto De La Torre, ha exigido una intervención inmediata del gobierno central para frenar el avance del crimen organizado en Chancay. Según reportes, las denuncias por extorsión han aumentado significativamente, afectando a empresas inmobiliarias y pequeños negocios en los alrededores del megapuerto. De La Torre ha advertido que, sin medidas contundentes, la infraestructura podría convertirse en un punto estratégico para actividades ilícitas, incluyendo el narcotráfico, que ya muestra interés en usar el puerto como ruta de salida para drogas hacia mercados internacionales.

La preocupación crece ante la falta de respuesta efectiva. Tanto el alcalde Álvarez Andrade como la CCL han instado al Ejecutivo a reforzar la presencia policial y desplegar unidades especializadas para contrarrestar esta amenaza antes de que las bandas se consoliden en la zona. La combinación de enfrentamientos armados, extorsiones y el potencial uso del megapuerto para el tráfico de drogas pone en jaque el desarrollo económico y la seguridad de Chancay, un distrito que debería beneficiarse de esta megaobra, pero que hoy vive bajo la sombra del crimen organizado.

Gremios presentan propuestas para combatir el crimen organizado

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto de la Tore, advirtió que el aumento de la criminalidad está reduciendo la productividad y competitividad de las empresas del país.

“No es posible que, en lugar de invertir en sus negocios para generar más puestos de trabajo, las empresas deban destinar recursos a servicios de seguridad privada, que pueden representar hasta el 10 % de sus ingresos, o lo peor es destinar recursos para el pago de cupos”, cuestionó el líder empresarial tras su participación en la III Mesa de Trabajo de Seguridad Ciudadana, organizada por el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana.

En la cita intervinieron los representantes que forman parte de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, conformada por los principales gremios de transporte, bodegas, peluquerías y centros de belleza, ferreterías, panaderías, farmacias y boticas, empresarios de Gamarra y el conglomerado Amazonas.

Ante el avance del crimen organizado, el representante de la CCL solicitó al Congreso de la República convocar a un segundo pleno legislativo sobre seguridad para legislar sobre las iniciativas presentadas por los gremios y asociaciones mencionadas. “Invertir en seguridad es invertir en libertad”, dijo.

Sin embargo, cuestionó la ausencia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en las mesas de trabajo convocadas por los gremios y asociaciones empresariales y el Legislativo.

“La ausencia del ministro del Interior nos genera una grave preocupación sobre su compromiso para dar soluciones a las Mipymes, que son víctimas diarias de la delincuencia y del crimen organizado”, señaló el líder empresarial.

Asimismo, Roberto de la Tore indicó que el sector privado está de acuerdo en que debe restablecerse la norma de detención preliminar en casos de flagrancia.

Propuestas contra el crimen organizado

El titular de la CCL presentó algunas iniciativas elaboradas con la participación de los gremios, asociaciones y programas sociales en las dos mesas de trabajo: (1) modificaciones normativas para permitir las denuncias digitales, (2) implementar un sistema integrado de información de seguridad ciudadana, (3) incorporar a personal policial y licenciados de las fuerzas armadas en situación de retiro con el fin de reducir el déficit de personal de Policía Nacional del Perú, (4) modificar la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en la que se plantea incorporar al Conasec al presidente de la República y al presidente del Congreso, a los gremios empresariales y a la sociedad civil, (5) dotar de recursos logísticos a la PNP, considerando la posibilidad de usar un porcentaje del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), y (6) implementar nuevas unidades de flagrancia e infraestructura penitenciaria a través de los mecanismos obras por impuestos y asociaciones público-privadas.

«No vamos a dar tregua»: Dirigente de transporte advierte PARO INDEFINIDO si Congreso no deroga ley de crimen organizado

En entrevista exclusiva con Exitosa, el presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, Miguel Ángel Palomino, reveló que no descartan un paro indefinido si es que el Congreso de la República no deroga la ley de crimen organizado, ya que no pueden permitir que «se salgan con las suyas» sin pensar en la seguridad de la ciudadanía.

Piden derogatoria de ley de crimen organizado
Durante el diálogo, Palomino sostuvo que dicha ley se convierte en un obstáculo en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad que viene sembrando el terror en el país, ya que en las últimas semanas, los transportistas se han convertido en víctimas mortales del sicariato y la ola extorsiva.

También remarcó que hoy, viernes 11 de octubre, alrededor de las 2:00 p.m. sostendrán una reunión para debatir la posible convocatoria de un paro indefinido que no solo abarcaría con las empresas de transportistas, sino también con otros sectores como mototaxistas y todos aquellos que se han visto extorsionados por organizaciones criminales.

«Podría ser que hoy mismo definamos una huelga indefinida, inclusive, ahora mismo. Nosotros no vamos a dar ninguna tregua y vamos a ir a la prensa a decirles que en vista de haber sido burlados y ahora quieren modificatoria nos vamos en paro indefinido. Seguimos en la lucha y esperamos que tengamos la respuesta contundente del pueblo para que nos apoyen en la derogatoria de esta ley», dijo el presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú.

Cuestionan la labor del Ejecutivo y Legislativo

Es en ese marco, no dudó en cuestionar duramente el trabajo del Poder Legislativo y asegurar que si los parlamentarios no toman medidas al respecto, al igual que el gobierno de Dina Boluarte, seguirán alzando su voz de protesta, «apagando sus motores» y marchando en las calles.

«No podemos permitir que estos señores salgan con la suya. Luego, a las 2 de la tarde vamos a pensar en lo más grave. (…) Esta vez cerramos el Congreso y hasta acá nomás, vamos a ser radicales. (…) No nos representan», expresó a Exitosa.

Asimismo, rechazó las declaraciones del premier Gustavo Adrianzén por asegurar que con las marchas se «desestabilizaría la economía del país». Tras ello, sostuvo que si paralizan es por la preocupación que sienten y el miedo a perder sus vidas a manos de la delincuencia.

De esta manera, en diálogo con Exitosa, el presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, Miguel Ángel Palomino, informó que irían a paro indefinido si el Congreso no deroga ley de crimen organizado y si el Ejecutivo no toma medidas urgentes para combatir la criminalidad que azota el país.

Defensoría presentó proyecto que modifica los cambios del Congreso a la normativa sobre crimen organizado

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó ayer, jueves, una propuesta legislativa que plantea cambios a la Ley N° 32108, que modificó la normativa contra las organizaciones criminales.

Como se sabe, el pasado 9 de agosto, el Parlamento promulgó dicha ley, dado que el Gobierno no la observó, vencido el plazo legal para hacerlo. Dicha normativa modificó la definición legal de organización criminal, así como los criterios para determinar la existencia de estos grupos criminales.

La ley establece además que, durante el allanamiento de inmuebles, «el registro se realiza con presencia del interesado y de su abogado». Este ha sido uno de los aspectos más polémicos de la norma, pues el Ministerio Público ha indicado que limita su acción para realizar estas medidas de manera efectiva.

¿Qué cambios propone la Defensoría del Pueblo?

El proyecto de la Defensoría del Pueblo plantea que se modifique lo referido a los allanamientos, como parte de las medidas limitativas de derechos. En ese sentido, indica que «la medida está destinada a registrar el inmueble y, de ser el caso, incautarlo».

«Para el ingreso, no es necesaria la presencia del interesado ni su abogado defensor. Para el registro y, de ser el caso, la incautación de los bienes recabados durante la diligencia, el fiscal competente convocará, en el día y bajo responsabilidad, a la defensa pública, sin perjuicio de que el interesado designe en cualquier etapa del allanamiento a su abogado defensor», indica el proyecto.

El abogado penalista Juan José Quispe, consultado por RPP, consideró que este cambio que plantea la Defensoría del Pueblo «es lo mismo», ya que «en el fondo está diciendo que no va a ser un abogado de elección, sino un abogado de oficio» el que deba estar presente para iniciar un registro.

«Los operativos se hacen inopinados, se hacen generalmente en la madrugada, y el personal del Ministerio de Justicia no está laborando a esa hora, ellos no tienen turno», agregó.

Asimismo, consideró que este requisito puede dar pie a filtración de información.

«Poner al Ministerio de Justicia, a través de la defensa pública al cual pertenece, sería una suerte de filtración de información, porque ya sería un tercer ente que estaría conociendo que se va a allanar en tal o cual lugar», sostuvo.

«Que queden vigentes los artículos 214 al 217 del Código Procesal Penal donde no se exige la presencia de ningún abogado y quien garantiza la legalidad del acto es el Ministerio Público, por eso no solo es el persecutor constitucional del delito, sino también quien garantiza la legalidad del acto, son dos principios constitucionales que tiene», puntualizó.

Roberto Sánchez presentó nuevo proyecto para derogar la ley contra el crimen organizado

El legislador Roberto Sánchez presentó este martes un proyecto de ley para derogar la Ley n° 32108, que busca luchar contra el crimen organizado en el país. Esto, luego de que dicha norma fuera cuestionada por gremios empresariales, sindicatos y expertos, quienes señalaron que, por el contrario, dicha norma debilita la capacidad de respuesta de la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía para enfrentar la ola de extorsión y sicariato que se vive actualmente.

Fue por medio de sus redes sociales que el congresista y vocero de la bancada de Juntos por el Perú anunció que presentó su proyecto de ley 9953 contra una ley que él considera “limita la lucha contra el crimen organizado”. “Propongo endurecer penas y reforzar la seguridad ciudadana. ¡Es tiempo de actuar con firmeza!”, escribió el también exministro de Producción en su cuenta de X (Ex Twitter).

La propuesta, emitida por el propio Roberto Sánchez en la Mesa de Partes del Congreso, precisa que tiene como objetivo “adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares, a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal y establecer medida para combatir la delincuencia”.

Del mismo modo, el proyecto de Sánchez busca, principalmente, derogar la ley contra el crimen organizado 32108 y la ley 27379 ley de procedimiento para “adoptar las medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal”.

¿Qué modificaciones y reformas propone Roberto Sánchez en su PL?

El proyecto de ley propone, además, incrementar las penas para los tipos base de los delitos de secuestro y extorsión. Según la propuesta de Sánchez, el tipo base delito de secuestro sería castigado con penas privativas de libertad no menores de 25 años y hasta 30 años, mientras que el tipo base del delito de extorsión tendría penas de entre 15 y 20 años.

También se introduce modificaciones a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, incrementando la participación ciudadana en los comités distritales de seguridad, al incluir a dos representantes de las Juntas Vecinales promovidas por la Policía Nacional.

“También se establece la obligatoriedad de que las sesiones del comité distrital de seguridad sean convocadas tanto por las autoridades locales como a pedido de los representantes vecinales, con el objetivo de reforzar la vigilancia y la participación comunitaria en la seguridad”, se lee.

Junta de Portavoces del Congreso rechazó debatir la derogatoria de la cuestionada ley sobre crimen organizado. | Fuente: Congreso

¿Cuáles son los fundamentos de Roberto Sánchez para derogar la ley 32108?

Para Roberto Sánchez, la Ley 32108, promulgada en agosto de 2024, introdujo criterios restrictivos para definir a una organización criminal lo que, según el parlamentario, debilitaría la capacidad de las autoridades para procesar redes delictivas.

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La ley señala que el allanamiento se realiza con presencia del interesado y de su abogado. Es decir, si no se encuentra el abogado del investigado, no se puede llevar a cabo el allanamiento.

“La espera puede durar minutos u horas, en las cuales el investigado podría desaparecer pruebas que lo incriminen, favoreciendo de esa manera a que se deje impune el delito. Motivo por el cual la Ley 32108 debe ser derogada”, señala Sánchez en su proyecto.

El proyecto de Roberto Sánchez menciona que tanto el Colegio de Abogados de Lima como el Ministerio Público “han expresado su preocupación por los vacíos legales que esta normativa ha generado, que permitirá la liberación de presuntos delincuentes bajo el argumento de que no se cumplen los nuevos requisitos para ser considerados parte de una organización criminal”.

“Es urgente derogar la Ley 32108 y dar a las autoridades las herramientas necesarias para enfrentar con mayor firmeza el creciente problema de la criminalidad organizada en el país”, explicó el legislador.

PNP detiene a ex alcalde de la provincia de Ucayali en megaoperativo contra el crimen organizado

La Policía Nacional del Perú y la Fiscalía detuvieron al exalcalde de la Municipalidad Provincial de Ucayali (región Loreto), Héctor Soto García, en un megaoperativo contra una presunta organización criminal.

Personal policial de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), junto con el 2do despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali, ejecutaron un megaoperativo contra la presunta organización criminal “Los Saqueadores del Oriente”.

Dicho grupo estaría integrado por funcionarios y proveedores de la Municipalidad Provincial de Ucayali – Contamana, Loreto, quienes habrían operado en el periodo 2020-2022, simulando la contratación de bienes y servicios, además de otras presuntas irregularidades.

Se habría establecido que esta organización criminal era encabezada por el exalcalde de la Municipalidad provincial de Ucayali – Contamana, Héctor Soto García, en presunta complicidad con algunos funcionarios de las oficinas de administración, planeamiento y presupuesto, tesorería, entre otras.

Ellos habrían cometido delitos contra la Administración Pública en la modalidad de Colusión Agravada, Peculado doloso y culposo, Negociación incompatible y otros, en agravio del Estado peruano; ocasionando un perjuicio económico de 10 millones de soles aproximadamente.

En ese sentido, se efectuó el allanamiento de 17 inmuebles, en los cuales se logró la detención preliminar de 13 personas. La acción policial contó con la participaron de 17 fiscales a cargo del Ministerio Público y tuvo la participación de 120 efectivos.

En tanto, la Dircocor PNP, en coordinación con el Ministerio Público, puso a disposición a los intervenidos, a fin de proseguir con las diligencias e investigaciones de ley.