Hay 25 fiscales amenazados de muerte por el crimen organizado

Al menos 25 fiscales que tienen a cargo investigaciones contra la criminalidad organizada están amenazados de muerte. La alerta ante esta situación la entregó el fiscal Leonardo Guffanti Parra, quien teme por su integridad tras recibir una seria advertencia anunciándole que atentarán contra su vida y la de su familia.

“Sabemos todo sobre ti, tus movimientos, los de tu familia que está en España. Tu no eres intocable”, le indican en uno de los mensajes que recibió el magistrado de la Fiscalía Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 3).

La intimidación la recibió desde un número de Colombia y ha sido atribuida a José Nole, presunto lugarteniente de Los Injertos del Callao.

El fiscal ha solicitado protección mediante un oficio cursado a la policía. Ha pedido resguardar su domicilio y centro de labores, pero no se ha hecho efectiva.

Nole, como se sabe, es investigado por el robo de lingotes de oro en el circuito de playas de la Costa Verde y es señalado como presunto lugarteniente de Los Injertos del Callao y Ventanilla.

Hace una semana, el fiscal Guffanti Parra logró que el Poder Judicial le imponga 26 meses de prisión preventiva. Desde entonces empezaron las amenazas.

La Fiscalía solicitó seguridad para el fiscal en su domicilio y en el lugar donde desempeña funciones. Según se informó, mediante un oficio dirigido a la policía pidió resguardo personal. Sin embargo, esa protección no se había concretado hasta este sábado.

Como se informó, durante el operativo por el robo del oro, dispararon contra el coronel Roger Cano, jefe de la División de Robos de la Policía. La bala solo le rozó el hombro.

Esta tarde, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, y el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (FECOR), Jorge Chávez Cotrina, brindaron su respaldo institucional al desempeño fiscal adjunto provincial Leonardo Guffanti Parra, tras recibir amenazas contra su vida en Ventanilla.

“Tengo 25 fiscales de crimen organizado que están amenazados de muerte; ahora acaban de amenazar uno más”, expresó Chávez Cotrina al exponer la situación de riesgo en la que se encuentran los representantes del Ministerio Público que investigan delitos de alta peligrosidad.

Chávez Cotrina explicó que, ante esta situación, los fiscales adoptan medidas personales de autoprotección, como variar sus rutas diarias o modificar sus desplazamientos, debido a la falta de recursos logísticos y humanos para garantizar su seguridad.

“Lo que estamos haciendo es que cambien de ruta. Lamentablemente la policía no nos da seguridad para todos los fiscales, no tienen personal, es difícil, nosotros entendemos ese tema. Es muy complicado”, enfatizó.

FISCALES NO SE VAN A AMEDRENTAR

El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, expresó el respaldo institucional del Ministerio Público al fiscal adjunto provincial Leonardo Guffanti Parra, y señaló que “los fiscales, desde que nos incorporamos a la función pública, sabemos que debemos hacer frente a este tipo de cosas”, en referencia a los mensajes intimidatorios que el representante del Ministerio Público recibió a través de WhatsApp.

Aseguró que la labor fiscal continuará firme en la lucha contra la criminalidad, mediante investigaciones rigurosas y desarrolladas con estricto apego a la ley. “El fiscal Leonardo Guffanti no se va a amedrentar. Si amenazan a un fiscal, amenazan a una institución. El Ministerio Público no dará un paso atrás en la lucha contra la criminalidad”, subrayó.

También informó que los despachos fiscales del subsistema especializado contra la criminalidad organizada no cuentan con resguardo policial.

Ante esta situación, exhortó a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú a disponer las medidas de seguridad correspondientes, a fin de garantizar la integridad de los fiscales y evitar que las amenazas interfieran en el desarrollo de las investigaciones a cargo del Ministerio Público.

El fiscal adjunto Leonardo Guffanti agradeció el respaldo de las autoridades de la institución y reafirmó que las amenazas no lo harán retroceder en las investigaciones que tiene a su cargo contra organizaciones criminales.

Galarreta anuncia nuevas medidas contra la extorsión y el crimen organizado

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció una serie de medidas para enfrentar la inseguridad ciudadana, con énfasis en la extorsión, el sicariato, el crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas y las economías ilegales.

El Ejecutivo plantea aumentar la capacidad operativa, el uso de tecnología y la presencia policial en las zonas con mayor incidencia delictiva.

Entre las medidas anunciadas figura la revisión de las normas que, según Galarreta, permiten que personas detenidas por delitos violentos recuperen rápidamente su libertad. También planteó fortalecer el sistema de flagrancia y ampliar progresivamente el Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos hasta llegar a 15 distritos judiciales priorizados.

Galarreta informó además que la División de Investigación de Extorsiones contará con una inversión superior a S/ 19 millones y que se incorporarán vehículos, drones, cámaras y equipos tecnológicos.

Alerta en el megapuerto de Chancay: Cámara de Comercio de Lima denuncia crimen organizado

El distrito de Chancay, al norte de Lima, enfrenta una creciente ola de inseguridad debido a la disputa territorial entre bandas criminales que buscan controlar el entorno del megapuerto, una de las infraestructuras más ambiciosas de Perú. Grupos como Los Pulpos, originarios de Trujillo, Los Monos de Quepepampa, de Huaral, y Los Antitren, una coalición de delincuentes de Ancón, Ventanilla y Callao, se enfrentan violentamente con tiroteos para imponer su dominio en la zona. Estas organizaciones persiguen el control de actividades ilícitas, especialmente la extorsión a empresas y comerciantes locales, en un área clave para el comercio entre Sudamérica y Asia.

La situación ha encendido las alarmas entre las autoridades y la población. El alcalde de Chancay, Juan Álvarez Andrade, ha denunciado la insuficiencia de recursos policiales para proteger a los habitantes, destacando que la comisaría local cuenta con apenas 60 efectivos y cuatro patrulleros para una población de 70,000 personas. Este déficit de seguridad pone en riesgo no solo a los ciudadanos, sino también el funcionamiento del megapuerto, inaugurado en noviembre de 2024, que aspira a ser un eje logístico crucial en el Pacífico Sur.

Un llamado urgente a la acción

La Cámara de Comercio de Lima (CCL), liderada por su presidente Roberto De La Torre, ha exigido una intervención inmediata del gobierno central para frenar el avance del crimen organizado en Chancay. Según reportes, las denuncias por extorsión han aumentado significativamente, afectando a empresas inmobiliarias y pequeños negocios en los alrededores del megapuerto. De La Torre ha advertido que, sin medidas contundentes, la infraestructura podría convertirse en un punto estratégico para actividades ilícitas, incluyendo el narcotráfico, que ya muestra interés en usar el puerto como ruta de salida para drogas hacia mercados internacionales.

La preocupación crece ante la falta de respuesta efectiva. Tanto el alcalde Álvarez Andrade como la CCL han instado al Ejecutivo a reforzar la presencia policial y desplegar unidades especializadas para contrarrestar esta amenaza antes de que las bandas se consoliden en la zona. La combinación de enfrentamientos armados, extorsiones y el potencial uso del megapuerto para el tráfico de drogas pone en jaque el desarrollo económico y la seguridad de Chancay, un distrito que debería beneficiarse de esta megaobra, pero que hoy vive bajo la sombra del crimen organizado.

Gremios presentan propuestas para combatir el crimen organizado

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto de la Tore, advirtió que el aumento de la criminalidad está reduciendo la productividad y competitividad de las empresas del país.

“No es posible que, en lugar de invertir en sus negocios para generar más puestos de trabajo, las empresas deban destinar recursos a servicios de seguridad privada, que pueden representar hasta el 10 % de sus ingresos, o lo peor es destinar recursos para el pago de cupos”, cuestionó el líder empresarial tras su participación en la III Mesa de Trabajo de Seguridad Ciudadana, organizada por el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana.

En la cita intervinieron los representantes que forman parte de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, conformada por los principales gremios de transporte, bodegas, peluquerías y centros de belleza, ferreterías, panaderías, farmacias y boticas, empresarios de Gamarra y el conglomerado Amazonas.

Ante el avance del crimen organizado, el representante de la CCL solicitó al Congreso de la República convocar a un segundo pleno legislativo sobre seguridad para legislar sobre las iniciativas presentadas por los gremios y asociaciones mencionadas. “Invertir en seguridad es invertir en libertad”, dijo.

Sin embargo, cuestionó la ausencia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en las mesas de trabajo convocadas por los gremios y asociaciones empresariales y el Legislativo.

“La ausencia del ministro del Interior nos genera una grave preocupación sobre su compromiso para dar soluciones a las Mipymes, que son víctimas diarias de la delincuencia y del crimen organizado”, señaló el líder empresarial.

Asimismo, Roberto de la Tore indicó que el sector privado está de acuerdo en que debe restablecerse la norma de detención preliminar en casos de flagrancia.

Propuestas contra el crimen organizado

El titular de la CCL presentó algunas iniciativas elaboradas con la participación de los gremios, asociaciones y programas sociales en las dos mesas de trabajo: (1) modificaciones normativas para permitir las denuncias digitales, (2) implementar un sistema integrado de información de seguridad ciudadana, (3) incorporar a personal policial y licenciados de las fuerzas armadas en situación de retiro con el fin de reducir el déficit de personal de Policía Nacional del Perú, (4) modificar la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en la que se plantea incorporar al Conasec al presidente de la República y al presidente del Congreso, a los gremios empresariales y a la sociedad civil, (5) dotar de recursos logísticos a la PNP, considerando la posibilidad de usar un porcentaje del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), y (6) implementar nuevas unidades de flagrancia e infraestructura penitenciaria a través de los mecanismos obras por impuestos y asociaciones público-privadas.

«No vamos a dar tregua»: Dirigente de transporte advierte PARO INDEFINIDO si Congreso no deroga ley de crimen organizado

En entrevista exclusiva con Exitosa, el presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, Miguel Ángel Palomino, reveló que no descartan un paro indefinido si es que el Congreso de la República no deroga la ley de crimen organizado, ya que no pueden permitir que «se salgan con las suyas» sin pensar en la seguridad de la ciudadanía.

Piden derogatoria de ley de crimen organizado
Durante el diálogo, Palomino sostuvo que dicha ley se convierte en un obstáculo en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad que viene sembrando el terror en el país, ya que en las últimas semanas, los transportistas se han convertido en víctimas mortales del sicariato y la ola extorsiva.

También remarcó que hoy, viernes 11 de octubre, alrededor de las 2:00 p.m. sostendrán una reunión para debatir la posible convocatoria de un paro indefinido que no solo abarcaría con las empresas de transportistas, sino también con otros sectores como mototaxistas y todos aquellos que se han visto extorsionados por organizaciones criminales.

«Podría ser que hoy mismo definamos una huelga indefinida, inclusive, ahora mismo. Nosotros no vamos a dar ninguna tregua y vamos a ir a la prensa a decirles que en vista de haber sido burlados y ahora quieren modificatoria nos vamos en paro indefinido. Seguimos en la lucha y esperamos que tengamos la respuesta contundente del pueblo para que nos apoyen en la derogatoria de esta ley», dijo el presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú.

Cuestionan la labor del Ejecutivo y Legislativo

Es en ese marco, no dudó en cuestionar duramente el trabajo del Poder Legislativo y asegurar que si los parlamentarios no toman medidas al respecto, al igual que el gobierno de Dina Boluarte, seguirán alzando su voz de protesta, «apagando sus motores» y marchando en las calles.

«No podemos permitir que estos señores salgan con la suya. Luego, a las 2 de la tarde vamos a pensar en lo más grave. (…) Esta vez cerramos el Congreso y hasta acá nomás, vamos a ser radicales. (…) No nos representan», expresó a Exitosa.

Asimismo, rechazó las declaraciones del premier Gustavo Adrianzén por asegurar que con las marchas se «desestabilizaría la economía del país». Tras ello, sostuvo que si paralizan es por la preocupación que sienten y el miedo a perder sus vidas a manos de la delincuencia.

De esta manera, en diálogo con Exitosa, el presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, Miguel Ángel Palomino, informó que irían a paro indefinido si el Congreso no deroga ley de crimen organizado y si el Ejecutivo no toma medidas urgentes para combatir la criminalidad que azota el país.

Defensoría presentó proyecto que modifica los cambios del Congreso a la normativa sobre crimen organizado

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó ayer, jueves, una propuesta legislativa que plantea cambios a la Ley N° 32108, que modificó la normativa contra las organizaciones criminales.

Como se sabe, el pasado 9 de agosto, el Parlamento promulgó dicha ley, dado que el Gobierno no la observó, vencido el plazo legal para hacerlo. Dicha normativa modificó la definición legal de organización criminal, así como los criterios para determinar la existencia de estos grupos criminales.

La ley establece además que, durante el allanamiento de inmuebles, «el registro se realiza con presencia del interesado y de su abogado». Este ha sido uno de los aspectos más polémicos de la norma, pues el Ministerio Público ha indicado que limita su acción para realizar estas medidas de manera efectiva.

¿Qué cambios propone la Defensoría del Pueblo?

El proyecto de la Defensoría del Pueblo plantea que se modifique lo referido a los allanamientos, como parte de las medidas limitativas de derechos. En ese sentido, indica que «la medida está destinada a registrar el inmueble y, de ser el caso, incautarlo».

«Para el ingreso, no es necesaria la presencia del interesado ni su abogado defensor. Para el registro y, de ser el caso, la incautación de los bienes recabados durante la diligencia, el fiscal competente convocará, en el día y bajo responsabilidad, a la defensa pública, sin perjuicio de que el interesado designe en cualquier etapa del allanamiento a su abogado defensor», indica el proyecto.

El abogado penalista Juan José Quispe, consultado por RPP, consideró que este cambio que plantea la Defensoría del Pueblo «es lo mismo», ya que «en el fondo está diciendo que no va a ser un abogado de elección, sino un abogado de oficio» el que deba estar presente para iniciar un registro.

«Los operativos se hacen inopinados, se hacen generalmente en la madrugada, y el personal del Ministerio de Justicia no está laborando a esa hora, ellos no tienen turno», agregó.

Asimismo, consideró que este requisito puede dar pie a filtración de información.

«Poner al Ministerio de Justicia, a través de la defensa pública al cual pertenece, sería una suerte de filtración de información, porque ya sería un tercer ente que estaría conociendo que se va a allanar en tal o cual lugar», sostuvo.

«Que queden vigentes los artículos 214 al 217 del Código Procesal Penal donde no se exige la presencia de ningún abogado y quien garantiza la legalidad del acto es el Ministerio Público, por eso no solo es el persecutor constitucional del delito, sino también quien garantiza la legalidad del acto, son dos principios constitucionales que tiene», puntualizó.