El Congreso de la República aprobó este miércoles la inhabilitación por diez años de la fiscal de la Nación Delia Espinoza, tras aceptar dos pedidos de reconsideración y someter el caso a una nueva votación plenaria. La decisión llega luego de un primer intento fallido, cuando la moción no alcanzó los votos necesarios y la denuncia constitucional había quedado en vía de archivo.

En la primera votación, la propuesta para sancionar a Espinoza obtuvo solo 63 votos a favor de los 68 requeridos, lo que representó un revés para los impulsores de la denuncia. Sin embargo, tras la intervención de los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow, quienes solicitaron la reconsideración, el Pleno volvió a debatir el caso en una sesión con 116 parlamentarios presentes. Finalmente, la inhabilitación se aprobó con 71 votos a favor, 17 en contra y tres abstenciones.

La sanción se fundamenta en la acusación de que Espinoza habría respaldado y elaborado el reglamento “Actuación Fiscal en la Investigación del delito”, documento que, según los denunciantes, contraviene la Ley 32130. No obstante, informes oficiales señalan que ese texto nunca fue debatido ni votado por la Junta de Fiscales Supremos, sino que se trató de una acción adoptada durante la gestión temporal de Juan Carlos Villena como fiscal de la Nación interino.

Durante su intervención, Espinoza denunció el carácter arbitrario de la acusación y atribuyó la medida a una represalia por las denuncias constitucionales que presentó contra varios congresistas. Advirtió sobre las implicancias de esta decisión para el ejercicio independiente del Ministerio Público y señaló: “O te doblegas o te sacan. O te sometes o pierdes tu trabajo, pierdes tu sueldo, tu seguro social, pierdes tu vida, pierdes lo que amas hacer”.

La defensa de la fiscal fundamentó que su actuación siempre se mantuvo dentro de las competencias que le otorga la Constitución y orientada a la defensa de la legalidad. Sin embargo, el informe respaldado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales argumentó que Espinoza vulneró los artículos 45, 93 y 139 de la Carta Magna, configurando los posibles delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

Críticas y celebración

La inhabilitación de Delia Espinoza desencadenó reacciones opuestas en el Congreso. Mientras el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, saludó la medida y calificó a la exfiscal como “desquiciada”, otras voces parlamentarias expresaron alarma por lo que consideran una decisión motivada por la venganza política y el deseo de controlar instituciones incómodas para la mayoría legislativa.

Parlamentarias como Susel Paredes, Sigrid Bazán y Flor Pablo denunciaron presiones, arbitrariedades y un grave atropello al equilibrio de poderes, señalando que la destitución responde al interés de excluir a una funcionaria que impulsó investigaciones contra varios congresistas. En la misma línea, el abogado de Espinoza, Rodolfo Pérez, calificó el procedimiento como tramposo y arbitrario, resaltando las coacciones y el clima hostil dentro del proceso parlamentario.Publicación de Rodolfo Pérez, abogado de Delia Espinoza.

Eventual segunda inhabilitación

La posibilidad de una segunda inhabilitación contra Delia Espinoza toma fuerza luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobara un nuevo informe final que plantea excluirla de la función pública por otros diez años. El documento, elaborado por el congresista Elvis Vergara Mendoza, señala presuntas infracciones constitucionales y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato por parte de Espinoza.

Esta nueva medida se fundamenta en la denuncia constitucional que la propia Espinoza presentó contra once legisladores. Estos congresistas votaron a favor de una ley que permite a exmiembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional percibir, al mismo tiempo, pensión y remuneración, situación que encendió el debate sobre la legalidad de ese beneficio.

Para la defensa de Espinoza, su actuación se mantuvo dentro del marco constitucional, justificando que su intervención buscaba proteger la legalidad y asegurar la persecución del delito en el ámbito parlamentario. No obstante, el informe sostiene que su proceder vulneró los artículos 45, 93 y 139 de la Constitución del Perú.

El informe final que busca la inhabilitación por 10 años de Delia Espinoza no logró los votos necesarios para ser aprobado en el Pleno del Congreso. Se necesitaban 68 votos y solo se obtuvieron 63 votos a favor, 16 en abstención y 18 en contra.

La acusación constitucional contra la magistrada, quien ejerció como fiscal de la Nación de forma temporal, se sustentaba en la presunta infracción de la Constitución por el supuesto «desacato» a la Ley N° 32130, normativa que devuelve a la Policía Nacional la facultad de conducir las investigaciones preliminares de delitos.

Tras no conseguir los votos suficientes, los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow presentaron reconsideración respecto a la votación del informe que busca inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años.

Congreso levanta el fuero a Delia Espinoza

Con 63 a favor, 18 en contra y 4 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó levantarle el fuero a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Ahora, la magistrada podrá ser investigada por la presunta omisión de los delitos de ursupación de función pública, abuso de autoridad, precavirato y falsedad genérica por no aplicar la Ley 32130.

Es decir, el Parlamento dejo abierto la posibilidad para que quien ocupó el máximo cargo dentro del Ministerio Público, hoy sea investigada por esta misma institución.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Poder Judicial, con el fin de anular la medida cautelar que ordena la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

La demanda cuestiona la competencia del Poder Judicial para intervenir en decisiones de carácter institucional y disciplinario adoptadas por la JNJ.

La acción legal fue interpuesta tras la resolución de un juzgado que dispone el retorno de Espinoza al Ministerio Público, pese a que su salida fue resultado de una decisión disciplinaria de la JNJ. En el documento enviado al TC, la Junta solicita que se declare fundada la demanda “en todos sus extremos”.

JNJ cuestiona competencia judicial sobre decisiones internas

La JNJ argumenta que el Poder Judicial incurrió en un uso indebido de sus facultades al ordenar la reposición provisional de Espinoza, lo que, según la entidad, contraviene su competencia exclusiva para nombrar, ratificar o cesar a fiscales y jueces.

Señala que el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ejerció un control judicial «imprudente» y «lesiva del derecho fundamental al debido proceso».

Delegación de representación procesal

En su presentación, la JNJ delegó su representación procesal a la procuradora pública Martha María Solís Vázquez y a los abogados Antuaned María Carla Montoya y Rony Alberto Sáenz Alvarado, quienes actuarán en defensa de la entidad ante el Tribunal Constitucional.

Asimismo, la JNJ requirió al TC que se respete el principio de autonomía institucional y que se reafirme la separación de funciones entre órganos jurisdiccionales y órganos de gobierno del sistema de justicia.

Respuesta al fallo que favorece a Delia Espinoza

La demanda se origina tras la medida cautelar dictada por el Poder Judicial que dispone reponer a Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación. Según el fiscal interino, Tomás Gálvez, la JNJ no le ha comunicado oficialmente ningún cambio, aunque la orden judicial está vigente.

La designación de José Jerí como flamante presidente de la República tras la vacancia a Dina Boluarte, no hizo más que agitar el ya turbio ambiente político nacional. Y es que el ahora mandatario había sido cuestionado meses atrás por un presunto caso de abuso sexual en el cual estaría directamente involucrado.

Tendría 5 investigaciones abiertas en Fiscalía

Sin embargo, esta no sería la única investigación abierta contra el jefe de Estado. Delia Espinoza, repuesta fiscal de la Nación, brindó una reciente conferencia de prensa donde dio detalles de fallo del Poder Judicial que le devuelve su cargo y de las carpetas existentes contra el actual presidente.

De acuerdo a la titular del Ministerio Público, José Jerí cuenta con cinco investigaciones que continúan en desarrollo. Sin embargo, es importante precisar que la acusación por abuso sexual que se abrió meses atrás, fue archivada por el propio fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez.

«Con relación a los casos del actual presidente, José Jerí, sí ciertamente hay, si mal no recuerdo, 5 casos en su contra en la Fiscalía», indicó a los medios.

Investigación por presunto desbalance patrimonial

A su vez, la fiscal de la Nación, recientemente restituida por el Poder Judicial, señaló que una de las acusaciones más graves que pesan contra el ahora mandatario es sobre un presunto desbalance patrimonial el cual se habría dado en los últimos años.

De acuerdo con lo difundido, José Jerí habría tenido un incremento de su capital el cual bordeada los 100 mil soles antes de ser congresista y ahora superaría el millón de soles. Además, otra acusación existente en el Ministerio Público es por desacato a la autoridad la cual se habría dado en una diligencia por el caso de presunto abuso sexual.

La propia Delia Espinoza aseguró que si aparecen nuevas pruebas que sustente la reapertura de la investigación, esta se dará sin ningún inconveniente hasta conocer el desenlace final.

«El tema de la resistencia y desobediencia a la autoridad está en otra Fiscalía Suprema, porque son parte de los delitos comunes. Me parece que lo tiene la Segunda Fiscalía Suprema Penal, que actualmente está encabezada por Patricia Benavides», añadió.

De esta manera, Delia Espinoza, restituida fiscal de la Nación, aseguró que José Jerí cuenta con 5 investigaciones abiertas en la fiscalía las cuales seguirán su curso. Una de las más graves se da por desacato a la autoridad y desbalance patrimonial.