Dina Boluarte y Juan Santiváñez: SAC del Congreso declaró procedente denuncia constitucional por caso ‘El Cofre’

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República declaró procedente y admitió a trámite la denuncia constitucional presentada por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la expresidenta Dina Boluarte y el exministro del Interior, Juan José Santiváñez. La denuncia es por el caso ‘El Cofre’.

De acuerdo con la tesis fiscal, el vehículo presidencial conocido como ‘el cofre’ habría servido para facilitar la fuga del prófugo de la justicia —valga la redundancia— y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón en febrero del 2024.

La SAC pudo aprobar este informe gracias a los 8 votos a favor de sus miembros; no obstante, 1 voto en contra.

El informe de calificación de la Denuncia Constitucional N.° 595, elaborado por la Secretaría Técnica, determina que hay suficientes indicios para encuadrar los hechos en los tipos penales indicados y que la denuncia satisface los requisitos formales y de procedencia establecidos en el Reglamento del Congreso.

La denuncia constitucional

La denuncia constitucional fue presentada en mayo del 2025 por la extitular del Ministerio Público.

A Boluarte se le acusa del presunto delito de encubrimiento personal, mientras que a Santiváñez la supuesta omisión de denuncia.

“Boluarte Zegarra habría facilitado la huida del prófugo Vladimir Roy Cerrón Rojas a bordo del vehículo oficial denominado ‘El Cofre’. (…) En tanto, Santiváñez Antúnez debió comunicar a la autoridad competente este encubrimiento por parte de la presidenta de la República”, indica la tesis fiscal.

La denuncia constitucional presentada en mayo del 2025.

La ruta de la denuncia

La denuncia constitucional deberá pasar a la Comisión Permanente del Congreso. En ese grupo de trabajo debatirán y votarán si procede o no. En caso de que proceda, pasará al Pleno, en el que Boluarte y Santiváñez deberán hacer uso de su defensa.

Los congresistas debatirán y votarán. De aprobarse, el Ministerio Público podrá llevar a cabo las investigaciones, ya que el fuero constitucional se les levantó a los exfuncionarios.

Corte Suprema revisará pedido de Dina Boluarte para anular denuncia por desactivación de equipo PNP que apoyaba al Eficcop

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú admitió un recurso de apelación presentado por la defensa de la expresidenta Dina Boluarte, para que se revise la decisión que rechazó su solicitud de anular una denuncia constitucional promovida por la Fiscalía de la Nación ante el Congreso.

El caso se refiere a la desactivación de un equipo especial de la Policía Nacional del Perú que brindaba apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP).

La defensa de Boluarte recurrió a la Corte Suprema luego de que un juez supremo rechazara, en junio de 2025, una tutela de derechos con la que buscaba invalidar varias disposiciones fiscales y actos de investigación vinculados a la pesquisa preliminar.

Para su defensa, dichos actos, incluidas diligencias secretas y declaraciones reservadas, habrían vulnerado derechos fundamentales como el de defensa y el principio de igualdad de armas, además de una supuesta interpretación errónea de normas procesales.

El tribunal supremo consideró que el recurso de apelación cumplía los requisitos formales y ordenó que se programe una audiencia virtual en los próximos días, en la cual las partes, la defensa de Boluarte y representantes del Ministerio Público, presentarán sus argumentos antes de que se emita un fallo definitivo.

La denuncia constitucional se origina en la decisión de desarticular el equipo policial especializado que colaboraba con los fiscales anticorrupción, y en la investigación fiscal se atribuyen a Boluarte presuntos delitos como encubrimiento personal agravado y otros en perjuicio del Estado.

Fátima Altabás Kajatt: nueva ministra de Cultura fue parte del gobierno de Dina Boluarte

Uno de los cambios llamativos en la juramentación del nuevo gabinete es la designación de Fátima Soraya Altabás Kajatt como ministra de Cultura en reemplazo de Alfredo Luna Briceño.

En diciembre del 2022, Altabás fue designada por la entonces presidenta Dina Boluarte como nueva secretaria general de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en reemplazo de Carlos Alberto Cavagnaro Pizarro.

La Resolución Suprema 347-2022-PCM, publicada en el boletín extraordinario de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, llevó las firmas de la dignataria y el premier Pedro Angulo.

Fátima Altabás Kajatt: perfil y trayectoria

Anteriormente, fue asesora II de la Secretaría General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como secretaria General del Ministerio de la Producción.

Posteriormente, asumió la Gerencia General del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con autonomía técnica, administrativa, funcional, económica y financiera, según lo establece la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

El 23 de febrero de 2026 presentó su renuncia al cargo a través de una carta sin número dirigida a la entidad. La resolución correspondiente señaló: “Aceptar la renuncia presentada por la señora Fátima Soraya Altabás Kajatt al puesto de Gerenta General del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), siendo su último día de labores el 23 de febrero de 2026, dándosele las gracias por los servicios prestados”.

De esta forma, quedó habilitada para asumir otro cargo público como la titularidad del Mincul.

¿Quiénes son los integrantes del nuevo Gabinete Ministerial?

A continuación, conoce a los nuevos integrantes del Consejo de Ministros liderado por Denisse Miralles.

Ministerio	Ministros
Presidente del Consejo de Ministros	Denisse Miralles Miralles
Ministro de Relaciones Exteriores	Hugo de Zela Martínez
Ministro de Defensa	Luis Enrique Arroyo Sánchez
Ministro de Economía y Finanzas	Arturo López Gonzales
Ministro del Interior	Hugo Alberto Begazo de Bedoya
Ministro de Justicia y Derechos Humanos	Luis Enrique Jimenez Borra
Ministro de Educación	Belfurt Manuel Castillo Vera
Ministro de Salud	Luis Quiroz Avilés
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego	Felipe Meza Millán
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo	Óscar Fernández Cáceres
Ministro de la Producción	César Quispe Luján
Ministra de Comercio Exterior y Turismo	José Fernando Reyes Llanos
Ministro de Energía y Minas	Angelo Vitorino
Ministro de Transportes y Comunicaciones	Aldo Prieto Barrera
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento	Wilder Sifuentes Quilcate
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	Hary Gloria Yzarra Trelles
Ministro del Ambiente	Nelly Paredes del Castillo
Ministro de Cultura	Fátima Altabás Kajatt
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social	Lily Vásquez Davila

Presidencia rechaza pagar defensa de Boluarte en caso de enriquecimiento ilícito, pero aprueba otros cuatro pagos

La Subsecretaría General del Despacho Presidencial rechazó pagar la defensa legal de la expresidenta Dina Boluarte en el ámbito de las investigaciones por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Por este caso, la Fiscalía de la Nación indaga a Boluarte por supuestamente haber incrementado ilícitamente su patrimonio respecto a sus ingresos obtenidos en dicho cargo entre marzo y diciembre del 2024.

Luego de que la Oficina General de Asesoría Jurídica evaluó la petición de la exmandataria y la disposición fiscal, concluyó que «no se advierte relación alguna entre los hechos materia de investigación, consistentes en el presunto incremento ilícito del patrimonio respecto de los ingresos legítimos y el ejercicio regular de las funciones que le correspondían como Presidente de la República».

Es decir, precisan, el supuesto delito «se configura por el incremento patrimonial injustificado de carácter personal, el cual no constituye ni deriva del ejercicio de atribuciones, competencias o decisiones propias del cargo de Presidente de la República».

«En atención a lo solicitado mediante los documentos de vistos y con la evaluación realizada por la Oficina General de Asesoría Jurídica, se determina la improcedencia del beneficio de defensa y asesoría legal para solventar los costos del patrocinio de la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra», se lee en el documento.

Dina Boluarte: aprueban financiar la defensa legal de otros 4 casos

Por otro lado, la Subsecretaría General aprobó que el Despacho Presidencial financie la defensa legal de la exmandataria en otras 4 investigaciones. El primero es por el presunto delito de falsedad genérica por el caso Cirugías.

Según la tesis fiscal, Boluarte habría incurrido en el delito de falsedad al presuntamente simular o alterar intencionalmente la verdad de los hechos, aparentando la autenticidad de actos oficiales. En concreto, se le atribuye la suscripción, de puño y letra, de diversas normas en fechas en las que —según documentación médica y testimonios del personal de salud que la intervino la noche del 28 de junio de 2023— se encontraba físicamente imposibilitada para hacerlo, al estar bajo indicación médica de reposo posoperatorio.

De acuerdo con la investigación, dicha condición se habría extendido tanto durante su permanencia en la Clínica Cabani como en su domicilio, entre el 29 de junio y el 9 de julio de ese año.

El otro caso es por el supuesto delito de lesiones leves y lesiones graves por las muertes en protestas contra su gobierno entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.

El tercer caso es por el presunto ilícito de lesiones leves por las mismas investigaciones de los decesos de peruanos durante las manifestaciones.

El cuarto es por el presunto delito de cohecho (soborno). Según la tesis fiscal, Boluarte habría intervenido directa o indirectamente en evitar o paralizar las investigaciones fiscales que involucraban a personas de su entorno cercano, mediante coordinaciones con asesores para el desplazamiento del Eficcop y las paralizaciones de las investigaciones en su contra.

Asimismo, se le atribuye haber solicitado el archivo de investigaciones seguidas en su contra y contra su hermano Nicanor Boluarte, como parte de un presunto acuerdo previo. En ejecución de dicho acuerdo, la fiscal de la Nación habría influido en decisiones fiscales favorables a la expresidenta y, como contraprestación, se habría producido el cese del jefe de la SUNAT mediante Resolución Suprema.

Corte Suprema rechaza de forma definitiva segundo pedido de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

La Corte Suprema rechazó de forma definitiva dictar 18 meses de impedimento de salida del país para la expresidenta Dina Boluarte, solicitada por la Fiscalía de la Nación, como parte de una investigación contra ella por una presunta negociación incompatible.

En la resolución, a la que tuvo acceso RPP, los jueces concluyeron que el Ministerio Público no evidenció que la vacada exmandataria “tenga un comportamiento evasivo o de no acatamiento a las diligencias ordenadas” en este caso y que el peligro de fuga que alegó en la audiencia “no se acreditó” de forma suficiente.

La Fiscalía investiga a Dina Boluarte por supuestas irregularidades en la contratación de tres allegados al cirujano Mario Cavani en EsSalud. El pedido, hecho por el fiscal Tomás Gálvez, ya había sido desestimado en primera instancia por un juez supremo en octubre pasado, por lo que este rechazo es definitivo.

La Corte Superior Nacional, en diciembre pasado, también rechazó en doble instancia un primer pedido para que se impida a Boluarte salir del país por 36 meses, como parte de otra investigación que le sigue por presunto lavado de activos.

Expolicía revela que sembraron agentes terna con avellanas para deslegitimar protestas contra Dina Boluarte en Juliaca

Jhon Torres Yataco, es ahora un suboficial de la Policía Nacional que, tras el asesinado de 18 personas el 09 de enero de 2023 a manos de efectivos policiales y militares, renunció a la institución policial.

En diálogo con La República reveló que los supuestos enfrentamientos con la policía fueron creados por la propia policía. Detalló que el jefe de la Unidad de Servicios Especiales (Use), a quien identificó como el “Mayor Tapia”, días antes le pidió cuotas para comprar avellanas.

Estos aparatos explosivos, utilizados comúnmente en fiestas patronales, fueron utilizados por agentes terna contra los propios miembros del orden. Explicó que de ese modo se instigaba a manifestantes hacer lo mismo pero a la vez se tenía el argumento perfecto para decir que los miembros del orden eran atacados por vándalos con el propósito de deslegitimar las protestas.

“Yo lo he visto. Yo he estado ahí. Yo se todas las órdenes que han dado. (…) Yo doy fe que dentro de la Use estaba vestido de civil. Los oficiales lo planearon. En la formación [dentro del aeropuerto] nos dijeron que los que estaban protestando eran terroristas de sendero”, aseguró a La República.

Torres Yataco aseguró los manifestantes nunca ingresaron al interior del aeropuerto y que los enfrentamientos tuvieron lugar en el exterior del primer terminal aéreo pero, desde un sector de medios de comunicación, se vendió tal como mensaje con el propósito que el gobierno tenga el argumento adecuado para justificar la represión que terminó con la muerte 18 civiles en un solo día.

Contó que decidió renunciar porque le pareció injusto todo lo que sucedió. “No podía aceptar que el Estado, mate con impunidad violando los Derechos Humanos de los asesinados. Después que vi las fotos de las personas que habían muerto, lo pensé y decidió renunciar al día siguiente, el 10 de enero de 2023 y veinte días después emití un video con mi versión de los hechos”, aseguró.

John Torres, que ahora espera graduarse como abogado tras culminar sus estudios de derecho, afronta un proceso en la fiscalía policial militar por los delitos de deserción, ofensas e insultos al superior, por pedir la renuncia Boluarte, en su condición de jefa suprema de las Fuerzas Armadas. El proceso sigue en curso. Contra él pidieron cuatro años de cárcel.