Con la reciente aprobación de la Ley 32330, que rebaja la edad de responsabilidad penal, ya se registra el primer caso en La Libertad. El poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra un adolescente de 16 años investigado por el presunto delito de extorsión.
Según la tesis fiscal, el menor identificado con las siglas E. B. A. S. fue capturado el 14 de mayo por agentes de la División de Investigación Criminal (Depincri) en el distrito de El Porvenir.
La intervención ocurrió tras la denuncia de una víctima que, el 13 de mayo de 2025, encontró una nota manuscrita con amenazas debajo del portón de su vivienda. En el mensaje se le exigía el pago de S/8.000 a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares.
La decisión judicial se produjo luego de que se presentara diversos elementos de convicción por parte de la fiscal adjunta provincial Marylin Pereda Llerena. Con base en estos indicios, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de El Porvenir accedió al requerimiento del Ministerio Público y dictó siete meses de prisión preventiva contra el menor.
Dina Boluarte promulgó la ley del Congreso n.º 32330
Pese a las advertencias de que con populismo no se combate el crimen, el gobierno de Dina Boluarte promulgó la ley del Congreso n.º 32330, la cual permitirá procesar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves.
Esta medida contempla más de 30 tipos penales considerados graves, entre ellos el homicidio calificado, la violación sexual de menores, el sicariato, el secuestro, el robo agravado, la extorsión, la trata de personas, así como delitos relacionados con el terrorismo y el narcotráfico.
No obstante, la ley también ofrece un enfoque especial para los jóvenes infractores de entre 16 y 21 años. Este sistema busca la reintegración social mediante programas educativos, terapia y orientación, diferenciándose de las condiciones del sistema carcelario convencional.
Solicitan la derogatoria de la norma
La norma ha generado preocupación en organismos internacionales, especialistas, jueces y fiscales, que advierten que los menores, lejos de ser rehabilitados, podrían verse influenciados por el entorno carcelario y continuar una trayectoria criminal.
Por este motivo, exigen la derogatoria de la norma, pues además consideran que vulnera principios básicos del enfoque de justicia juvenil y los derechos de los menores.
Ante esta situación, agencias del Sistema de las Naciones Unidas expresaron su profunda preocupación y llamaron a las autoridades a reflexionar sobre las consecuencias de la ley. Según un comunicado conjunto que emitieron, la norma es contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional que reconoce los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y que ha sido suscrito por el Perú.
Asimismo, las agencias (Unicef, Unfpa, Oficina contra las Drogas y el Delito) alertan que esta medida no contribuirá a reducir la inseguridad ni la criminalidad en el país, ya que el 98% de los delitos graves son cometidos por adultos. Por el contrario, señalan que enviar a adolescentes a cárceles comunes junto a personas adultas podría aumentar su vulnerabilidad y el riesgo de que sigan una trayectoria delictiva.
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