En una actividad oficial con motivo de los trabajos del Metro de Lima, la presidenta Dina Boluarte envió un mensaje a sus críticos y sostuvo que se encuentran dolidos porque «no forman parte de su Gobierno».

Boluarte Zegarra expresó tales declaraciones durante la ceremonia de supervisión de la llegada de la tuneladora Delia a la estación ‘Parque Murillo’ de la Línea 2 del Metro de Lima en el distrito de Breña.

Dina Boluarte envía duro mensaje a detractores
En medio de su discurso, la jefa de Estado señaló que sus «detractores» sentirían envidia de no ser parte del equipo que la acompaña en el Ejecutivo. Ello pese a su gestión está cerrando el año con un 3% de aprobación de acuerdo a la última encuesta de Datum.

Boluarte Zegarra aseguró que sus críticos no reconocen los buenos resultados de su gobiernos y son «mezquinos» al señalar que estos son una consecuencia del «azar o rebotes». La mandataria señaló que ella administra el país con «decisiones firmes».

«Nuestros detractores están dolidos porque no son parte de este Gobierno y no lo serán porque están dolidos porque no estamos dedicando el dinero de todos los peruanos en asuntos de consultorías o afines. Están dolidos porque cada sol de todos los peruanos lo invertimos en obras grandes como estas para el beneficio de todos los peruanos», fueron las declaraciones de Boluarte. 

Desaprobación del gobierno de Dina Boluarte

La presidenta Dina Boluarte cierra el 2024 con solo un 3% de aprobación, según lo reveló la última encuesta de Datum, realizada para el diarioEl Comercio. El estudio contó con la participación de 1222 peruanos que respondieron a la pregunta «¿Aprueba o desaprueba la labor que desarrolla Dina Boluarte como presidenta de la República?».

Las respuestas que se recibieron de esta muestra reflejan que el 95% de la población peruana no aprueba el trabajo de la mandataria en Palacio de Gobierno luego de que, en el mes pasado, dicha cifra se estableciera en 94%. Por su parte, 3% eligió «No sabe» como respuesta.

Asimismo, la encuesta de Datum muestra que en todos los sectores socioeconómicos el rechazo a Dina Boluarte tiene cifras similares, en los sectores A/B y C, la presidenta llega a un 95% de desaprobación, mientras que en el D, 96%; y en el E, 93%.

De esta manera, se dio a conocer que la presidenta Dina Boluarte arremetió contra los «detractores» de su gestión y aseguró que están dolidos por no formar parte del Ejecutivo. 

El día de hoy llegará a Piura la presidenta Dina Boluarte junto al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén para cerrar el VI Consejo de Estado Regional que inició el día de ayer y cuenta con la participación de más de 15 gobernadores de varias regiones del país para impulsar proyectos y políticas de desarrollo. El día de ayer participaron los ministros Morgan Quero y Durich Whittembury, de Educación y Vivienda, respectivamente y para el día de hoy se espera la llegada del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana; del Interior, Juan José Santiváñez y de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero.

Más personas cercanas al entorno de Dina Boluarte estuvieron en el condominio Mikonos. Así lo confirmó ayer el presidente de la junta de propietarios del condominio en Asia, Gabriel Herrera, ante la comisión de Fiscalización del Congreso.

Se trata de la pareja Sajdi Olazabal y Ena Ocaña, quienes ya han sido vinculados a la jefa de Estado, pues ambos acompañaron a Boluarte a una cena con su homólogo Xi Jinping realizada en China a fines de junio.

Según Herrera, la pareja ingresó a Mikonos en reiteradas oportunidades entre enero y febrero de este año.

“Las personas (Sajdi y Ena) ingresaron al condominio durante enero y febrero del presente año. Visitaron la casa A2. Y es todo lo que puedo decir (…) A partir de marzo no hubo nuevas visitas”, dijo Herrera.

Asimismo, el presidente de Mikonos señaló que una de esas visitas fue el 18 de enero, fecha en la que se realizó un fallido operativo policial en el recinto en búsqueda del prófugo Vladimir Cerrón.

Sajdi Olazabal es hijo de un directivo del Club Departamental Apurímac, presidido por Boluarte entre 2017 y 2021. Mientras que Ena Ocaña es regidora distrital de Magdalena.

¿A QUIÉN VISITARON?

Gabriel Herrera señaló que el inmueble en Mikonos que Olazabal y Ocaña visitaron le pertenece a Kelly Jaramillo y a su esposo Hipólito Mejía.

Jaramillo, según detalló el secretario técnico de la comisión de Fiscalización, acompañó a Dina Boluarte durante su traslado al condominio.

Por su parte, el abogado del chofer del ‘cofre’, quien también asistió ayer al Congreso, se negó a confirmar si Jaramillo subió o no al vehículo presidencial.

“Lo único que nosotros hemos declarado en Fiscalía es que Boluarte viajó acompañada de un familiar del sexo femenino”, señaló el letrado Jesús Poma.

Perú21 intentó comunicarse sin éxito con Kelly Jaramillo y su esposo. No obstante, no respondieron hasta el cierre de edición.

TENGA EN CUENTA

-Gabriel Herrera sostuvo que Olazabal y Ocaña ingresaron a Mikonos solos y en compañía de los propietarios Kelly Jaramillo e Hipólito Mejía.

Este miércoles 11 de diciembre, la presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley 32181, que reforma el nuevo Código Procesal Penal y deroga la detención preliminar en casos donde no exista flagrancia. La medida generó preocupación en sectores judiciales y fiscales, al limitar una herramienta clave en la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción.

La nueva norma elimina el inciso ‘a’ del numeral 1 del artículo 261 del Código Procesal Penal. Hasta ahora, este inciso permitía a un juez, a solicitud de un fiscal, ordenar la detención preliminar cuando, aunque no hubiera flagrancia, existieran razones fundadas para creer que una persona había cometido un delito grave, con penas superiores a cuatro años de cárcel, y existiera riesgo de fuga u obstrucción de la investigación.

Con esta reforma, los fiscales solo podrán solicitar detenciones preliminares cuando el delito se haya cometido en flagrancia, es decir, dentro de las 48 horas posteriores a su ocurrencia. Casos como asesinatos, robos, violaciones o actos de corrupción solo permitirán detenciones inmediatas si el delincuente es sorprendido en el acto.

Dina Boluarte promulga la Ley 32181. (Captura: Infobae)

La derogación pasó desapercibida durante el debate en el Pleno del Congreso, ya que los parlamentarios se concentraron en brindar “mayor protección” a los policías que usen sus armas de reglamento. Sin embargo, la norma se aplicará a todos los investigados, no solo a miembros de la policía.

El cambio legislativo entra en vigencia desde el jueves 12 de diciembre, marcando un giro en el sistema de justicia penal peruano y generando inquietud sobre su impacto en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.

Además, la desaparición del inciso en cuestión implica que los fiscales enfrentarán limitaciones significativas al momento de actuar ante situaciones urgentes que requieran una detención preventiva. Antes, cuando un juez recibía una solicitud fundamentada por parte de la fiscalía, podía ordenar la detención preliminar sin necesidad de un proceso extenso, protegiendo así a la sociedad de posibles actos delictivos.

Nueva reforma penal genera riesgos para jueces en casos de flagrancia

La reciente reforma del Código Procesal Penal ha generado preocupación sobre sus implicancias. Según explicó Raúl Canelo, la normativa establece que, si la Policía determina que una persona está en flagrancia, debe ponerla inmediatamente a disposición de la Fiscalía, que a su vez debe solicitar la detención ante un juez. Este último está obligado a ordenar la detención, sin margen para cuestionar el criterio policial.

Sin embargo, Canelo advirtió que este proceso puede estar sujeto a errores humanos, ya que la Policía podría equivocarse al calificar una situación como flagrante. El problema radica en que, si el juez decide no ordenar la detención por considerar que no se cumple con los requisitos legales, podría enfrentar penas de entre 8 y 12 años de prisión, acusado de cometer una falta grave.

Esta severa sanción convierte la labor judicial en una tarea de alto riesgo. “Ser juez ahora es una tarea peligrosa”, afirmó Canelo a la prensa.