Ciudadanos desfilaron por los 200 años de la Batalla de Junín en rechazo a Dina Boluarte, pese a cerco policial

Esta mañana, mientras se llevaba a cabo la ceremonia oficial por el Bicentenario de la Batalla de Junín en las pampas de Chacamarca, un grupo importante de ciudadanos y delegaciones juninenses organizó un desfile paralelo. Su objetivo: expresar su descontento hacia la Policía Nacional del Perú (PNP), que impidió su ingreso al evento.

Como se había informado desde el Palacio de Gobierno, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, fue designado para liderar las conmemoraciones.

Aunque la ausencia de la presidenta Dina Boluarte, quien no pudo asistir por “motivos de fuerza mayor”, creó un clima de tensión en la población que viene manifestando su descontento desde junio por la falta de obras bajo la responsabilidad del gobernador regional Zósimo Cárdenas y otros reclamos.

El desfile se llevó a cabo a espaldas del estrado oficial, rodeado por tres cercos de seguridad de la PNP, a la vez que la población rechazó las restricciones que limitaron su participación en un evento que consideran esencial para su identidad y memoria histórica.

De acuerdo al medio regional Infoandes, durante el desfile paralelo, se registraron confrontamientos y discusiones entre algunos ciudadanos y la policía, que bloqueó el acceso en todo momento a la ceremonia.

“Yo he servido a mi patria. El pueblo iba a ingresar. Nosotros somos hijos de acá. Gracias a Junín, ahora tienen trabajo ustedes; gracias a Junín, son libres. Gracias a la Batalla de Junín, son libres. Esto no pasaba antes. Esto no era así. ¿Para qué traen a Dina [Boluarte]? La gente quiere mirar al desfile”, increpó un ciudadano a uno de los efectivos.

Por otro lado, el exconsejero regional por la provincia de Junín, Ginés Barrios Alderete, protagonizó un incidente en medio del desfile oficial, cuando intentó acceder al palco oficial donde se encontraban autoridades y dignatarios del Gobierno, lo que llamó la atención de los uniformados.

Ante ello, la intervención policial fue inmediata, deteniendo al exconsejero que luego fue liberado.

Desde 2023 prohíben ingreso a evento

Previamente, en una asamblea popular realizada el 29 de julio, los ciudadanos decidieron que ni la presidenta Dina Boluarte ni el gobernador Zósimo Cárdenas presidirían la ceremonia del Bicentenario de la Batalla de Junín el 6 de agosto.

Según el portal La Mula, esta resolución fue confirmada por Alejandro Gamarra, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Junín, quien enfatizó que la comunidad considera las promesas incumplidas del Gobierno Central y Regional como una burla.

En ese marco, cabe recordar que, a principios de julio, Junín acató un paro de dos días exigiendo un presupuesto de aproximadamente 50 millones de soles para siete proyectos viables. Además, el descontento se agrava por las restricciones impuestas desde 2023, que impiden que los ciudadanos asistan al desfile y la ceremonia conmemorativa de la batalla histórica.

¿El rechazo hacia Boluarte sigue aumentando?

Un reciente informe del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), revela que solo un 5% de la población aprueba la gestión de Boluarte, mientras que el 94% desaprueba el trabajo del Congreso de la República. En esa misma línea, la desconfianza hacia los partidos políticos también es notable, con un 85% de los encuestados indicando que tienen poca o ninguna confianza en ellos.

Dina Boluarte se reunió con Arana y Santiváñez el día que venció el plazo para observar Ley de Crimen Organizado

La presidenta de la República, Dina Boluarte, mantuvo reuniones con los ministros de Justicia y del Interior el día en el que venció el plazo para que el Poder Ejecutivo tuviera la oportunidad de observar la modificación de la Ley contra el Crimen Organizado, aprobada hace unas semanas por los integrantes del Congreso. Esta iniciativa fue cuestionada desde el inicio de su presentación por diferentes sectores sociales y juristas reconocidos.

Según el registro de visitas publicado por el portal Transparencia, se observa que el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, se reunió con la mandataria Boluarte Zegarra el 2 de agosto en Palacio de Gobierno. El ingreso de Arana Ysa a la casa de Pizarro fue alrededor de las 7:14 p.m. El encuentro con la jefa de Estado duró solo unos minutos, ya que el integrante del Gabinete Ministerial se retiró a las 7:39 p.m.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, también acudió a la sede del Poder Ejecutivo el pasado viernes. Santiváñez tuvo una reunión con la presidenta Dina Boluarte que duró aproximadamente 2 horas. El abogado ingresó a Palacio de Gobierno alrededor de las 5:00 p.m. y se retiró a las 7:53 p.m., es decir, después de más de dos horas.

Gobierno de Dina Boluarte no observó Ley contra el Crimen Organizado

El Gobierno liderado por Dina Boluarte no observó la modificación de la norma contra la lucha del Crimen Organizado. La propuesta fue presentada por el congresista e integrante de la Mesa Directiva, Waldemar Cerrón. Esta iniciativa proponía que se excluyan 59 tipos penales de los 91 originalmente incluidos. Una de las características de esta nueva ley es que ahora los investigados podrán participar durante los allanamientos que realicen las autoridades.

Página web del Legislativo muestra que el Ejecutivo no observado la nueva Ley contra el Crimen Organizado. Foto: Congreso.

¿Qué propone la nueva Ley contra el Crimen Organizado?

El Proyecto de Ley N.° 5891/2023/CR, que modifica la Ley contra el Crimen Organizado, contiene diversos cambios que perjudicarían a la ciudadanía. De los 91 tipos penales que hay en total, se excluye a 59. Con ello, la tala ilegal, la estafa agravada, la venta de órganos, el enriquecimiento ilícito y el tráfico ilícito de migrantes ya no serían incluidos como delitos graves.

Otra de las modificaciones, es sobre el proceso de allanamiento de inmuebles o lugares cerrados que no estén relacionados con un flagrante delito. La iniciativa establece que este solo procederá si existen motivos razonables y suficientes pruebas que lo justifiquen. Además, este proceso deberá realizarse en presencia del interesado y su abogado.

En caso de que el interesado no cuente con abogado, se deberá proveer uno de oficio o, alternativamente, contactar al Colegio de Abogados local para que asista al imputado. De manera excepcional, el registro podría realizarse en presencia de un familiar adulto del interesado o, en su defecto, de dos testigos vecinos del lugar.

Gustavo Adrianzén informó que el Gobierno iba a evaluar cuestionada iniciativa legislativa

En conversaciones con los medios de comunicación, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte se encuentra evaluando la mencionada norma, la cual ha sido cuestionada por diferentes sectores por su contenido y que podría favorecer a los investigados.

“Nuestros técnicos siguen trabajando en las dos normas y estamos esperando a que se terminen de definir a partir de las discusiones que se están haciendo para adoptar una posición que definitivamente tiene que ocurrir antes del plazo” , indicó ante los periodistas el titular de la PCM luego de participar en el aniversario n° 220 del Colegio de Abogados de Lima (CAL).

No obstante, según el portal web del Congreso se observa que la Ley no ha sido observada por el Ejecutivo por lo que podría generar que el ahora titular de la Mesa Directiva del Legislativo, Eduardo Salhuana, tenga la potestad de ordenar que la propuesta sea oficializada en el diario El Peruano.

Mensaje de la presidenta no se mencionó construcción de hospital para Huaral

Por Dante Pacheco:

Llamó poderosamente la atención el hecho de que en el mensaje a la nación, la Sra. Dina Boluarte no haya mencionado un ápice sobre la construcción de un nuevo hospital para Huaral, tampoco se refirió a los nuevos hospitales para chancay y Huacho, lo que nos obliga a ser escépticos a los anuncios realizados por la gobernadora regional que en más de una vez ha señalado que ya existe presupuesto para la construcción de los nuevos establecimientos de Salud, inclusive se habla de un monto ascendente a 400 millones de soles, en todo caso la autoridad regional deberá aclarar este tema pues solo existen dos posibilidades, simplemente no hay nada del hospital en la agenda del ejecutivo o fue un olvido en el mensaje.

Este tema también lo manifiesta el colega huachano Néstor Roque, el mismo que se ha tomado el tiempo de subir en sus redes la página donde la presidenta aborda el tema de salud y donde menciona otros hospitales en el país, pero ni una palabra de los hospitales para el norte chico. lo otro es que la gobernadora nos haya mentido, razón por lo que se insiste en que el gobierno regional y las propias autoridades de salud aclaren el panorama.

No nos extrañaría que las autoridades nos mientan, aunque sería lamentable que las autoridades estén jugando con las expectativas de la población pues ya tenemos suficiente con la calamitosa atención que se da en nuestro nosocomio donde tampoco tenemos medicina y falta personal médico especializado, sobre todo sabiendo que además tenemos a la a puerta la inauguración del mega puerto… Todos estamos a la espera de la aclaración respectiva. AL PAN, PAN Y AL VINO, VINO.

Bicentenario de la Batalla de Junín: cuestionan que Dina Boluarte presida ceremonia y actividades

Esta tarde, el Frente de Defensa de Junín señaló que mantiene firme su decisión de no permitir que la presidenta de la República Dina Boluarte, ni el gobernador de dicha región, Zósimo Cárdenas, encabecen la ceremonia por el Bicentenario de la Batalla de Junín, el próximo martes 06 de agosto.

Alejandro Gamarra, jefe de la referida asociación civil, dijo también al diario Correo, que la llegada de un contingente policial y del Ejército, no los amedrenta y hace responsables al gobierno regional y central de cualquier enfrentamiento durante la ceremonia.

VOLUNTAD DE LA POBLACIÓN

Indicó que la institución que representa se opone a la presencia de ambos personas en el importante evento, pues hasta el momento no han gestionado ni ejecutado una obra trascendental para la región Junín, pese a los continuas solicitudes de los ciudadanos.

Manifestó que tanto la jefa de Estado como la autoridad regional no han cumplió con sus promesas, como la esperada vía Lima – La Oroya, el parque temático y el hospital. Finalmente el Frente de Defensa asegura que solo hace cumplir la voluntad de la población.

Dina Boluarte no se va a pronunciar personalmente sobre fraude en Venezuela

Quienes esperaban que la presidenta Dina Boluarte rompiera su silencio sobre la situación en Venezuela ahora deben saber que no dirá ni una sola palabra a diferencia de mandatarios como el de Chile o Panamá, entre otros que han condenado frontalmente el fraude del chavismo.

El jefe del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, descartó que la jefa de Estado vaya a realizar un pronunciamiento personal sobre lo que viene aconteciendo en Venezuela. El premier señaló que no lo considera necesario al ya haberse empleado las vías oficiales para tal fin.

En declaraciones a la prensa, el presidente del Consejo de Ministros precisó que, desde la Cancillería, se ha manifestado el deseo de que se exhiban las actas electorales de los comicios del último fin de semana. «Las comunicaciones oficiales están ahí», indicó, en clara referencia a la postura en defensa de la democracia que ha hecho el canciller Javier González Olaechea, quien ha respaldado a la oposción venezolana en diversos foros como el de la OEA.

«Las comunicaciones oficiales ya se han extendido. Reitero, el pedido del Estado peruano es que se produzca el conteo de las actas y se exhiban las actas y participen los observadores en el proceso. No vemos de momento de que la señora presidenta haga un pronunciamiento personalmente. En todo caso, las comunicaciones oficiales están ahí», dijo Adrianzén.

El presidente de Argentina, Javier Milei, fue uno de los primeros en pronunciarse a poco de que el gobierno de Maduro anunciara su victoria, afirmando que su país “no va a reconocer otro fraude” en Venezuela. A través de su cuenta en la red social X, Milei expresó: “Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que se reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”.

A través de X, la Presidencia de Perú se pronunció así en días pasados: «Ante la imposibilidad de demostrar fehacientemente su atribuido triunfo electoral, exhibiendo todas las actas con verificación internacional como solicitan los países y múltiples organismos internacionales, el régimen del señor Maduro anuncia el rompimiento de las relaciones diplomáticas con el Perú. Esta decisión solo formaliza la arbitraria decisión anterior de pedir la salida de los funcionarios diplomáticos y consulares peruanos, y de varios otros países de la región. El Perú lamenta profundamente el sufrimiento del hermano pueblo venezolano, y hace votos por el pronto triunfo de la democracia y la libertad en Venezuela».

Pero si esperábamos escuchar a Dina Boluarte abordar el tema, lo cierto es que esto no pasará. Al menos, así lo dejó claro el premier.

Dina Boluarte no observó ley de impunidad que prescribe delitos de lesa humanidad y lo deja en manos del Congreso

El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte dio un paso hacia el camino de la impunidad al no observar la ‘fujiley’ que prescribe delitos de lesa humanidad, la cual fue cuestionada por organismos nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos, así como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con el dictado de medidas provisionales al respecto, las mismas que fueron ignorados por el Poder Ejecutivo. Cumplido el plazo límite para que la autógrafa de ley sea observada, esta retornará al Congreso de la República para su promulgación.

La iniciativa impulsada por el fujimorismo favorece a quienes cometieron delitos de lesa humanidad en los años ochenta y noventa, ya que sentenciados y procesados por delitos considerados como de lesa humanidad podrían —amparados en esta ley— solicitar la anulación de las condenas o pedir la anulación de los procesos judiciales en curso.

Cabe resaltar que, todos los delitos tienen un periodo de prescripción, salvo los que la Fiscalía califica como crímenes de lesa humanidad a fin de garantizar que no haya impunidad en casos complejos que demoran décadas en resolverse por la vía penal. Lo que propone la iniciativa es que los delitos fueron cometidos antes del 2002, fecha en la que el Estado peruanos se adhirió al Estatuto de Roma, prescriban y queden sin castigo.

“Nadie será procesado, condenado, ni sancionado por los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio del 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”, dije el proyecto fujimorista.

El Gobierno optó por no observar el proyecto, pese a que el Ministerio de Justicia evitó solicitar un informe a la Dirección General de Derechos Humanos. Sobre ello, solo establecieron quedar con la opinión técnica de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, que considera que la norma es “viable con observaciones”.

Polémica por la Ley de impunidad

La iniciativa, promovida por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi y José Cueto, ha sido objeto de críticas por diversas entidades del Estado y organismos internacionales de derechos humanos, quienes han instado al Congreso a no respaldarla.

La Corte IDH recientemente le exigió al país anular la propuesta legislativa enfatizando que «a través de sus tres poderes tome las acciones necesarias para que se deje sin efecto el proyecto de ley». No obstante, el Presidente del Consejo de Ministros se pronunció al respecto y dijo estar «indignado con lo resuelto» por la entidad.

El Ministerio Público a través de la Junta de Fiscales Supremos emitió un comunicado rechazando el proyecto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su parte se mostró preocupada tras la primera votación argumentando que desobedecía las sentencias y la reparación de las víctimas del período de violencia política que afectó al Perú entre 1980 y 2000.

En tanto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechazó la aprobación en primera votación de la iniciativa legislativa a través de una publicación en sus redes sociales indicando: «Nos oponemos firmemente a una ley de amnistía que permite la prescripción de delitos de lesa humanidad en el Perú. Representa un grave retroceso en la búsqueda de justicia y verdad contra las violaciones a los derechos humanos», escribió el colectivo en su cuenta de X (antes Twitter).