La jefa de Estado, Dina Boluarte, en una ceremonia oficial realizada este lunes, aseguró que dejará la Presidencia «por la puerta grande» en el 2026 y que en su gestión «no hay ni un ápice» de corrupción en sus actos y en los de sus ministros.

«Trabajamos sin corrupción, no le robamos un solo sol al pueblo peruano y así nos retiraremos el 28 de julio del 2026 por la puerta grande, por aquella que entramos cuando se dio el golpe de Estado, aquel 7 de diciembre del 2022. Nada nos agacha la cabeza, todo lo contrario, nos impulsa”, indicó.

«Para que quede la huella y la marca de una buena gestión donde no hay un ápice de corrupción en todo aquello que esta presidenta y los ministros y los alcaldes hacemos a nivel nacional», resaltó.

En esa línea, resaltó que las obras de su gestión en diversas localidades no miran «color político» y criticó a aquellas «autoridades elegidas por el pueblo» que propalan «mensajes negativos» sobre la Presidencia.

«No tenemos interés político ni partidario ni mezquindad política. Nosotros no miramos qué color político tienen los alcaldes, los gobernadores, los dirigentes. Nosotros miramos las necesidades del Perú profundo […], sin cálculo político, sin mezquindad política», aseguró.

«Yo no entiendo a algunas autoridades elegidas por el pueblo. Lo primero que quieren hacer para ganar un poquito de rédito público, publicitario, no sé cómo llamarlo, [es que] se enfrascan en mensajes en contra del gobierno. No entiendo. ¿Cómo es que pueden enfrascarse en mensajes negativos cuando este gobierno está trabajando bien por todos los peruanos. A ese tipo de autoridades, la verdad, no los entiendo?”, inquirió.

La mandataria enfiló sus críticas también a lo que llamó «voces negacionistas» que cuestionan, entre otros puntos, el gasto fiscal.

«Hemos aprobado en Consejo de Ministros el proyecto de ley del presupuesto público del año fiscal 2026 […] El Perú es el país que en la región mejor ha crecido […]; es decir, estamos dando ejemplo en esa estabilidad social, política, en ese respeto a la Constitución. Perú está poniendo la marca de ser un país que quiere su desarrollo», afirmó.

«No es como otros dicen que estamos dejando un presupuesto donde vamos a mandar a la bancarrota del Perú. Yo me río cuando hacen ese tipo de diálogo de aquellas personas negacionistas […] ¿Creen que esta presidenta que ha recibido un país en quiebra, que se iba al abismo y lo está dejando en la posición económica consolidada, acortando la brecha de la pobreza, se va a atrever a presentar ante el Congreso un proyecto de presupuesto público para el 2026 que nos lleve a la derrota? Sería tremenda irresponsabilidad y sería dispararme a los pies», agregó.

Finalmente, Boluarte dijo que «cada día más van a la extinción aquellas voces negacionistas que no quieren el desarrollo del pueblo peruano».

«Ellos solo pueden existir en ese embrollo del odio, del negacionismo, de querer buscar la anarquía, el desorden, el terror. Menos mal son menos. Nosotros, los que sí queremos el desarrollo de la patria, los que sí amamos de corazón y con sentimiento puro el desarrollo de la patria estamos unidos, y así debemos seguir construyendo el desarrollo”, puntualizó.

MML pide al Gobierno cambiar al ministro de Transportes y acelerar el proyecto del Tren Lima Chosica
Las declaraciones de la presidenta se dan luego de que, el último viernes, la Municipalidad de Lima emitiera un comunicado donde exigen al Gobierno de Dina Boluarte una serie de medidas para viabilizar la operación de material ferroviario para el Tren Lima Chosica. Entre las propuestas, piden el cambio del actual ministro de Transportes, César Sandoval.

«Cambio de titular en el MTC ante la falta de voluntad y coordinación que sigue frenando el desarrollo de esta obra clave. Promulgación inmediata del Decreto de Urgencia que permita acelerar los plazos y dar viabilidad legal al proyecto», se lee en el pronunciamiento.

La comuna capitalina también pidió firmar la adenda al contrato de concesión de la vía férrea entre el MTC y el concesionario Ferrovías Central Andina S.A.

«Firma de la adenda al contrato de concesión de la vía férrea entre el MTC y el concesionario. Entrega del material rodante al operador FCCA para una operación temporal de dos años, en horario punta, de lunes a viernes, con paraderos intermedios clave», añade.

La MML precisó que la propiedad del material ferroviario es un «acto de donación» y se mantendrá en dicha condición durante y después del plazo de vigencia del convenio de usufructo.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, participó en la ceremonia de Colocación de la primera piedra de la del Edificio de la futura Central de Emergencia 911, cuya obra culminará en diciembre de 2026.

La mandataria estuvo acompañada del ministro del Interior, Carlos Malaver, y del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval.

Durante su discurso, la mandataria señaló que la obra no sea usada con «intereses políticos y mezquindades». «Que no tengan el pretexto de decir que no hay presupuesto», dijo.

Asimismo, la jefa de Estado resaltó la necesidad de reducir la pobreza multidimensional, la cual incluye la seguridad ciudadana. En ese sentido, pidió a los candidatos a las elecciones generales de 2026 que «prioricen la continuidad de las obras».

«A los candidatos y a los que participamos en política, a ellos les digo, basta ya de egoísmos que en nada han beneficiado al Perú. Basta ya de cuestionar sin justificación y dejar en el olvido las obras que realmente importan para nuestra población. Los exhorto a que prioricen la continuidad de las obras», aseguró.

La presidenta consideró que el «país no necesita de banderas políticas». «Si bien es cierto en campaña uno tiene un color partidario (…) pero en el momento en que uno asume el cargo, en ese momento se pone la camiseta de la blanquiroja y es en amor a ella que hay que dar el mejor servicio a  la ciudadanía», enfatizó.

Boluarte exhortó a los ministros a «avanzar en todo lo que se pueda en esta iniciativa por la seguridad ciudadana». Además, pidió tener en cuenta la línea del tiempo de la obra para que no haya adendas.

«Cuidemos la línea de tiempo en el avance de obras, eso es muy importante para llegar a la meta. Y que no nos vengan con sorpresas más adelante de que hay que adendar, porque ya sabemos las benditas adendas por qué se adendan», señaló.

En un acto oficial en homenaje a las fuerzas del orden —Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas—, la presidenta Dina Boluarte anunció la próxima presentación de un proyecto destinado a “defender la soberanía nacional”. Este pronunciamiento responde a la intención expresada por la mandataria y miembros de su entorno político de impulsar la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“Es imperativo que el Estado se defienda, no solo en términos de integridad territorial, sino también en la plena aplicación de nuestra Constitución y nuestras leyes. (…) No vamos a permitir que organismos internacionales interfieran en nuestras decisiones soberanas. Por ello, se requiere una norma que amplíe los alcances de este concepto jurídico a la realidad contemporánea, de manera que el Perú reafirme, sin ambigüedades ni concesiones, su derecho a decidir su propio destino (…)”, declaró.

La intención de salida de Dina Boluarte de la Corte IDH es algo que viene desde hace varias semanas, luego de que el Gobierno aprobara una ley que permitía la amnistía para policías y militares que fueron sentenciados por delitos contra los derechos humanos en el marco del Conflicto Armado Interno ocurrido entre 1980 y el 2000. La iniciativa legislativa ha sido observada por distintas entidades internacionales, quienes aseguran que es un atropello directo a la democracia nacional. Al respecto, Dina Boluarte aseguró que el Perú es libre para promulgar las leyes que considere adecuadas.

«No aceptaremos que se intente socavar la independencia de nuestras instituciones del Estado con llamados a no aplicar la legislación peruana que emana de una nación libre. Llamados irresponsables que sospechosamente son difundidos por entidades interesadas en destruir nuestro sistema democrático», señaló entonces la presidenta.

Juan José Santiváñez: pieza clave de Boluarte en el retiro de la CIDH

El pasado sábado 23 de agosto, el censurado exministro del Interior, Juan José Santiváñez, regresó al Poder Ejecutivo. En esta ocasión, asumió el cargo de titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esto implica que la posición oficial del Estado en materia legal —tanto a nivel nacional como internacional— quedará bajo su rectoría ministerial.

El 20 de marzo, cuando Santiváñez acudió al Congreso para enfrentar la moción de censura en su contra, tenía previsto cerrar su intervención con un planteamiento polémico: proponer la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En aquella oportunidad, además de lanzar críticas contra la Fiscalía y destacar gestiones previas en seguridad ciudadana, buscaba abrir el debate sobre la continuidad del país en dicho tribunal internacional, cuestionando su relevancia.

Aunque finalmente no llegó a pronunciar esa parte de su discurso, la filtración del texto completo reveló sus intenciones. Por ello, no se descarta que su retorno a la escena política esté vinculado con la intención de materializar esa propuesta. El planteamiento cuenta con respaldo presidencial: Dina Boluarte, además de responder a los intereses políticos de sus aliados, vería en ello un mecanismo para evitar disposiciones en su contra por casos como la masacre de más de 50 civiles durante las protestas registradas entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

No es la primera vez que un mandatario peruano propone salir de la CIDH

En 1999, el dictador Alberto Fujimori planteó la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, en consecuencia, de la Corte IDH. Durante el fujimorato, el país desacató en varias ocasiones las recomendaciones emitidas por dicho organismo internacional en materia de derechos humanos.

Ese mismo año, el Congreso de la República aprobó, mediante una resolución legislativa, el retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, de su facultad para intervenir en casos judiciales.

Dina Boluarte también atacó a la Fiscalía tras allanamiento a casa de su hermano

La mandataria también cuestionó la legalidad y la seriedad de las investigaciones, a las que calificó como “un muñeco armado”. A su juicio, los implicados en la supuesta red criminal no tienen relación entre ellos. En ese contexto, expresó su respaldo a su hermano, Nicanor Boluarte, quien volvió a ser objeto de un allanamiento.

Boluarte relató que se enteró por la prensa del operativo en la vivienda de su hermano y calificó la medida como una acción arbitraria de algunos fiscales que, según dijo, fabrican expedientes sin fundamento legal ni penal. En sus palabras, la acusación de pertenencia a una organización criminal carece de sustento, pues los investigados ni siquiera se conocen entre sí. Por ello, manifestó su solidaridad, respeto y afecto hacia Nicanor, a quien elogió por la fortaleza mostrada frente a la situación.

Además, la jefa de Estado intentó poner en entredicho la credibilidad de los fiscales y jueces a cargo de las diligencias. Criticó su supuesta falta de integridad y sugirió que deberían ser investigados por sus bienes de alto valor, los cuales —dijo— no se corresponden con sus ingresos. Incluso planteó irónicamente que, en lugar de allanar casas ajenas, deberían someterse a un “autoallanamiento”, pues, en su opinión, existen serias dudas sobre el origen de su patrimonio.

Martín Vizcarra fue trasladado esta mañana del penal Ancón II al penal Barbadillo. La decisión, según el INPE, corresponde a una nueva directiva donde se especifíca que este centro penitenciario será a partir de ahora el lugar donde sean recluidos los expresidentes, por tener las «condiciones de seguridad» necesarias.

Esta disposición antes no se encontraba especificada y fue uno de las causas por las que Vizcarra fue clasificado a un penal común como Ancón II, donde permaneció los últimos 5 días. La nueva situación beneficiaría a la presidenta Dina Boluarte ante una posible detención en el marco de las investigaciones que se siguen en su contra.

Sobre ella pesan las indagaciones por las muertes en protestas al inicio de su gobierno, el caso Rolex, la desactivación del Eficcop, entre otros. Si bien los procesos que se le siguen se encuentran paralizados por un fallo del TC, la Fiscalía aguarda para continuarlos al termino de su gobierno el 28 de julio de 2026.

El Instituto Nacional Penitenciario responde al Ministerio de Justicia, cuya cartera está a cargo desde el sábado 23 de agosto de Juan José Santiváñez, uno de los personajes de mayor confianza de la presidenta. Precisamente, fue Santiváñez quien dio la noticia del cambio de penal donde Martín Vizcarra cumpliría la prisión preventiva en su contra. Una hora después del anuncio, el INPE difundía en sus redes sociales la resolución que tiene como fecha de emisión el 26 de agosto y está firmada por el presidente del Consejo Nacional Penitenciario, Emilio Paredes Yataco.

«Que, la Oficina Regional Lima a través del Oficio N° D000620-2025-INPE-ORL de fecha 26 de agosto de 2025, propone la modificación de la Directiva denominada «Clasificación de internos procesados y setencias en los establecimientos penitenciaros a nivel nacional», para que se incorpore al Establecimiento Penitenciaro como una ubicación excepcional para internos en su calidad de expresidentes de la República», señala la resolución publicada por el INPE.

Además, se señala que con esta directiva se busca «subsanar un vacío legal respecto a la no inclusión del establecimiento penitenciario de Barbadillo». Antes, el penal al que debía ser recluido un expresidente lo determinaba una Junta Técnica de Clasificación.