Fiscalía allana casa de Nicanor Boluarte y estudio de abogados de Juan José Santiváñez en un nuevo caso de corrupción

El Equipo de Fiscales Contra la Corrupción (Eficcop), con apoyo de la Policía Nacional, allanó la casa del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte y una oficina del ministro de Justicia, Juan José Santivañez, que busca de pruebas de actos de corrupción en el Estado, en el caso los ‘Waykis en la Sombra’.

La operación fiscal se desarrolla horas antes de una audiencia en el Tribunal Constitucional (TC) que evaluará una serie de recursos presentados por el hermano de la presidenta contra la actuación de los fiscales. Además, días después que el TC resolviera que la fiscal de la Nación no puede ser investigada mientras ejerza la presidencia de la fiscalía.

Los fiscales y policías se encuentran en este momento en la casa de Nicanor Boluarte en San Borja y la oficina del Ministro de Justicia y cercano colaborador de la mandataria, Juan José Santiváñez. De acuerdo con la Fiscalía, Nicanor Boluarte es parte de una red de corrupción que habría utilizado su influencia para controlar designaciones en cargos públicos a cambio de pagos económicos por parte de los interesados

El operativo ha sido bautizado como ‘Ícaro’ por los fiscales y es dirigido por el fiscal provincial adjunto Raúl Guerrero Quispe. Fuentes de la fiscalía indican que se están allanando, en forma simultánea, otras viviendas de personas vinculadas a Nicanor Boluarte.

Boluarte comenzó a ser investigado por direccionar nombramientos de prefectos y subprefectos, entre personajes de su entorno político, con el objetivo de apoyar la gestión pública de su hermana. En una nueva ampliación de las indagaciones, se han encontrado evidencias de que el hermano de la presidencia interviene y promueve nombramientos y designaciones en otras dependencias del Estado.

Uno de los nuevos casos, estaría vinculado al nombramiento de Paulo Zevallos Rivarola como Gerente Comercial de la fábrica de armas y municiones del ejército, FAME, en marzo de este año. El nombramiento se habría realizado días después que Paulo Zevallos se reuniera con Jorge Garboza, director de la ONG “Las manos que ayudan de corazón” y cercano colaborador de Nicanor, y el empresario Diego Alfaro Di Natale, importante proveedor de FAME.

Durante las indagaciones se descubrió que días antes de ese encuentro, la empresa «Industrias de Armas de Israel», representada por Alfaro Di Natale suscribió un millonario contrato con el Ministerio del Interior, entonces dirigido por Juan José Santiváñez, para abastecer de armas de la Policía Nacional.

Abogad de Nicanor Boluarte califica allanamiento como «un abuso» por parte de la Fiscalía

Momentos después de iniciarse el allanamiento, Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte llegó al domicilio de su patrocinado y rechazó de forma tajante los señalamientos que buscan relacionar al hermano de la presidenta con una empresa minera con el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. Según indicó, no existe vínculo alguno entre Boluarte y personas ligadas a dicho sector, por lo que considera que la investigación está basada en presunciones infundadas. Además, calificó de «abuso» que la Fiscalía lo vincule con dichas acusaciones.

«Mi patrocinado no tiene nada que ver con una minera, no conoce al señor Santiváñez. No tienen ningún conocimiento con una persona que trabaje en una minera. No conoce a ninguna de esas personas. Esto es un abuso, absolutamente innecesario (…) Mi patrocinado no tiene nada que ver con ese tema (minera en cuestión). El abuso es el caso, vincular a mi patrocinado con un caso que tenga que ver con una minera es un abuso», declaró.

Retorno de Santiváñez al Gabinete «va contra la opinión de peruanos»: «La censura del Congreso es la del pueblo»

En declaraciones para Exitosa, el exministro del Interior, gral. (R) Cluber Aliaga, se pronunció sobre la designación de Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia. Según precisó, se estaría yendo contra la opinión de la población peruana, debido a que el Congreso lo censuró como ministro del Interior en marzo del 2025, en representación de la ciudadanía; sin embargo, la presidenta Dina Boluarte lo retornó sin problema alguno.

Opinión de la población ignorada

Durante diálogo con Katyusca Torres Aybar para Exitosa Sábado, el extitular del Ministerio del Interior (Mininter) cuestionó la decisión de la mandataria Boluarte Zegarra. Según precisó, si bien tiene las facultades para designar dichos cargos, estarían mal efectuadas, en el caso de Santiváñez. «Ha optado por alguien a quien le tiene confianza», indicó.

«Efectivamente están yendo contra la opinión o posición de todos los peruanos que de alguna forma lo expresan los congresistas porque los congresistas no se representan ellos, representan al pueblo y en ese sentido la censura que hacen los congresistas es la censura del pueblo hacia ciertos funcionarios públicos», dijo a nuestro medio.

De tal modo, Aliaga indicó señaló que ha pasado que ministros que ya fueron censurados por el Congreso de la República, han sido cambiados de puesto. Según precisó, no está regulado que estos ministros censurados no puedan formar parte de otra cartera, por lo que no habría una ley que sancione dicha decisión.

En tal sentido, indicó que lo que sí se ve afectada es la opinión de la población peruana, debido a que el Parlamento censuró, el pasado 21 de marzo a Santiváñez por falta de idoneidad para ejercer el cargo de titular del Ministerio del Interior; ello en representación de los ciudadanos que exigían la salida de Santiváñez ante la fallida lucha contra la inseguridad ciudadana. «Esta censura debería ser tomada en cuenta por la presidenta, pero parece que no le importa mucho la opinión de la población», precisó.

Segunda oportunidad para Santiváñez

Cabe mencionar que, Aliaga indicó que con la designación de Santiváñez como nuevo titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), se les estaría dando una segunda oportunidad por parte del Gobierno para realizar «algo que no pudo hacer en el Ministerio del Interior».

Al respecto, resaltó la importancia de liderar el Ministerio de Justicia, debido a desde dicho sector se asesora legalmente a la presidenta Boluarte. También, tiene injerencia en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y demás organismos adscritos. «Aquí es donde el trabajo del ministro debería orientarse a mejorar el sistema penitenciario nacional», añadió.

De tal modo, el exministro del Interior, Cluber Aliaga, indicó que la designación de Juan José Santiváñez como titular del Ministerio de Justicia habría ocurrido porque forma parte del entorno de confianza de la presidenta Dina Boluarte. 

Martín Vizcarra culpa a Dina Boluarte por su traslado al penal de Ancón II: «La junta me dijo que era por decisión política»

El último viernes 22 de agosto, el INPE informó que Martín Vizcarra había sido clasificado para el penal de Lurigancho; no obstante, por «medidas de seguridad», se dispuso, a través de la Resolución Directoral N.º 411-2025, que fuera llevado al penal de Ancón II.

«El ambiente destinado cuenta con las condiciones adecuadas para su permanencia, además de brindarle la seguridad necesaria con el fin de salvaguardar su integridad física y/o psicológica», señaló el comunicado del INPE respecto al traslado de Vizcarra.

Tras conocerse la decisión del INPE, la respuesta del expresidente no se hizo esperar. En comunicación con RPP, alzó su voz de protesta y afirmó que su traslado al penal de Ancón II es responsabilidad de la presidenta Dina Boluarte.

“Después de una semana, llegó una segunda Junta de Clasificación, que arribó este miércoles, hace dos días. Ya desde ahí sentí algo raro: que quieran clasificar a una persona en menos de una semana. Sin embargo, la misma junta —la segunda, que estuvo el miércoles— determinó que lo que me correspondía era estar aquí, en Barbadillo, y que, si se decidía otra cosa, la propia junta me dijo que sería por decisión política de otro nivel”, exclamó Martín Vizcarra.

De acuerdo a la información que accedió La República, la nueva Junta Técnica de Clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) estuvo integrada por un abogado, una psicóloga y una trabajadora social.

Ellos fueron los encargados de definir si el exmandatario Martín Vizcarra, quien cumple cinco meses de prisión preventiva, debía permanecer en el penal de Barbadillo o ser trasladado a otro establecimiento penitenciario.

Jefe del INPE no supo explicar por qué Martín Vizcarra debe ser trasladado a otro penal

Horas antes de que Vizcarra pase al penal de Ancón II, El jefe del INPE, Iván Paredes, no supo explicar los motivos para que expresidente sea derivado a otro centro penitenciario, luego de que una primera junta lo clasificara en Barbadillo.

“La Junta de Clasificación no tomó en cuenta la resolución de la presidencia, que es la directiva en la cual se basa cómo debe clasificarse a los procesados y los sentenciados. Entonces, lo único que dijo fue: ‘Bueno, tú eres presidente de la República, te vas a Barbadillo’. Y eso no está debidamente fundamentado para empezar”, dijo Paredes en RPP.

Explicó que antes de llevar a un procesado a prisión, el INPE le asigna un puntaje para decidir a qué penal debe ir. De esta manera mencionó que Vizcarra obtuvo 10 puntos, lo que según las reglas significa que debía ser enviado al penal de Lurigancho.

«Con 4 a 7 puntos se va a Ancón II, Con 8 a 11 a Lurigancho y con 12 a 13 a Castro Castro», excusó Paredes.

INPE detrás de opositores del Gobierno de Dina Boluarte: Martín Vizcarra y Bettsy Chávez

De edades diferentes y gobiernos distintos, la única relación que se puede establecer entre Martín Vizcarra y Betssy Chavéz es su oposición al gobierno de Dina Boluarte. Esa misma razón parece que hoy los ha convertido en objeto de represión del INPE. Por un lado, la exprimera ministra denuncia maltratos dentro del penal Anexo Mujeres de Chorrillos y, por el otro, el expresidente podría ser retirado del penal de Barbadillo a otro de menor protección y pésimas condiciones como el penal de Lurigancho.

Martín Vizcarra pasaba sus días entre sus presentaciones como pre candidato presidencial del partido Perú Primero y audiencias por el caso Lomas de Ilo y hospital de Moquegua. Cuando se le solicitó, siempre se presentó de manera presencial a las sesiones judiciales, brindaba sus descargos y, para demostrar que no tenía intenciones de salir del país, sustentó arraigo laboral y familiar. Pese a ello, el 13 de septiembre, el Poder Judicial ordenó cinco meses de prisión preventiva en su contra alegando que existe riesgo de fuga.

Algunos especialistas, como la abogada Rosa María Palacios, cuestionaron esta decisión indicando que Vizcarra ha demostrado una correcta conducta procesal y que el hecho de que tenga hijos mayores de edad o que su trabajo sea en una empresa familiar no lo desacreditan. Aún así, el curso de la orden judicial siguió y el exmandatario fue trasladado a una carceleta del PJ y, posteriormente, fue designado al penal de Barbadillo, lugar que también alberga a Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

No dudaría mucho tiempo ahí. El 20 de septiembre último mediante una resolución directoral, el INPE dejó sin efecto su permanencia a Barbadillo por presuntas irregularidades y dispuso la conformación de una nueva Junta Técnica de Clasificación que definirá en qué establecimiento penitenciario deberá acatar la medida judicial.

De acuerdo con la resolución a la que tuvo acceso La República, el instituto penitenciario argumenta que se detectó que en la ficha de clasificación el exjefe de Estado obtuvo un puntaje de 10, por lo que debió ser enviado al penal de Lurigancho, centro al cual envían a los procesados que cuentan con un puntaje entre 8 y 11. Asimismo, indicaron que el penal de Barbadillo «no se encuentra considerado en la Directiva de Clasificación como un Establecimiento Penitenciario de destino».

Todos estos fundamentos fueron ratificados por el jefe del instituto penitenciario, Iván Paredes, quien aseguró a la prensa que no se trata de una decisión con influencia política. “Que quede bien claro. Ni la presidenta, ni una institución pública, ni privada, se ha metido. No hay injerencia en esto. Vuelvo a repetir, la Junta de clasificación es autónoma. Entonces, ellos van a decidir si se va a Barbadillo, queda en Barbadillo o se va a otro penal. Ellos ya lo decidirán porque son las autoridades”, respondió a RPP.

La defensa de Vizcarra,Erwin Siccha, comunicó que este giro ha causado «afectación psicológica» en su cliente y tiene preparado un habeas corpus correctivo para impugnar la decisión por la vía administrativa.

«Ni siquiera hace mención a qué requisitos habría incumplido el señor Vizcarra y para que uno declare la nulidad de un acto administrativo lo primero que tiene que hacer es justificar cuáles son esos defectos», dijo.

A este rechazo se sumaron algunos ciudadanos de Moquegua, región natal del expresidente, quienes al conocer del posible cambio realizaron una vigilia a modo de protesta.

Betssy Chávez denuncia abusos dentro del penal de Mujeres

Paralelamente, Betssy Chávez viene denunciando abusos físicos en el interior del penal Anexo Mujeres de Chorrillos y al momento de ser trasladada al penal de Barbadillo para las audiencias de juicio oral. Ha presentado sus reclamos en las sesiones y, al no ser escuchada, ha realizado huelga de hambre en más de una oportunidad.

La última vez se trató de una medida más radical. Por medio de una carta testamentaria enviada a su madre, el 19 de septiembre último, la exprimera ministra anunció que iniciará una huelga de hambre seca y exigió no ser reanimada. Además, dio instrucciones sobre el proceso a seguir después de su fallecimiento.

«Me es humanamente imposible continuar resistiendo físicamente a todos los maltratos y abusos del INPE adscrito al Ministerio de Justicia y que responde directamente a la señora Dina Boluarte y que tienen como consigna mi deterioro continuo, imposibilitando que pueda asistir a las diligencias judiciales como lo venía haciendo debido al constante acoso, maltrato y tortura que no solo no han cesado sino que empeoran día a día», se lee.

Al día siguiente, el 20 del mismo mes, el abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, informó que su patrocinada ha levantado su huelga de hambre por 48 horas. En tanto, el INPE informó que se encuentra con signos vitales estables.

Ex jefe del INPE, Wilfredo Pedraza: «Martín Vizcarra debe permanecer en Barbadillo»

En diálogo con La República, Wilfredo Pedraza, exjefe del INPE, confirmó que Vizcarra Cornejo debe permanecer en el penal de Barbadillo porque se trata de una persona que requiere mayor seguridad y consideró que la explicación del actual jefe de la institución, Iván Paredes, ha sido «difusa y confusa».

«Hay personas de alto valor en términos de seguridad que son más vulnerables que otros en prisión. En ese sector, desde mi punto de vista, están los expresidentes que han tomado decisiones determinadas, que tienen amigos y enemigos políticos, y que circunstancialmente son pasibles de cualquier aspecto de inseguridad. Y un penal hacinado no le garantiza esa seguridad que se necesita», explicó.

Asimismo, descartó validez en el argumento de Paredes sobre que Vizcarra debería ir a Lurigancho por el puntaje que obtuvo. Sobre ello explicó que hay tres penales que no están incluidos y esos son: Barbadillo, el penal de Base Naval del Callao y Challapalca. «Son tres penales a los cuales se envían internos por decisiones vinculadas con la seguridad y para ello se necesita que el director general de seguridad emita una resolución y disponga su traslado a esos penales. Entonces, la circunstancia de que Vizcarra haya sido clasificado para Lurigancho, desde mi punto de vista se trata de una clasificación preliminar, pero enseguida tendría que haberse emitido una resolución administrativa complementando la anterior que dice Lurigancho para ser derivado al penal de Barbadillo por razones de seguridad», indicó.

Maltratos denunciados por Betssy Chávez no se estarían atendiendo

En tanto, sobre la situación de Betssy Chávez, consideró que el INPE no está prestando la debida atención a los maltratos y abusos denunciados.

«Esas denuncias tienen que anotarse, investigarse y tomarse decisiones, acciones para evitarlas. Cuando ella denuncia maltrato en el traslado me parece que es un asunto absolutamente atendible. Es de las pocas personas que en el país hoy es trasladada de un punto a otro para una diligencia judicial, porque ahora las judiciales son virtuales. Y en segundo lugar, si denuncia maltrato dentro del penal, si esa situación incluso la obliga a dormir, como lo he leído en un medio, en el pasadizo de un pabellón, creo que es una situación que la autoridad penitenciaria tendría que investigar y responder a la propia interesada, al Poder Judicial que la investiga y a la comunidad. Y no veo que una situación así esté ocurriendo», comunicó.

Por su parte, el abogado Raúl Noblecilla indicó a este medio que desde que Chávez cumple prisión preventiva su estado físico se ha deteriorado. Además, ratificó que su patrocinado está dando un ultimátum debido a su situación. «Betssy Chávez es una acusada, no una sentenciada, pese a ello lleva más de dos años de maltratos de parte de un régimen (Dina Boluarte)», manifestó.

Investigaciones contra Dina Boluarte se suspenden tras fallo del TC, pero continúan contra otros implicados, dice fiscal Tomás Gálvez

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda que interpuso el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial respecto a la posibilidad de investigar a la presidenta de la República Dina Boluarte por presuntos delitos no contemplados en el artículo 117 de la Constitución.

De esta manera, el máximo intérprete de la Carta Magna resolvió suspender las investigaciones sobre la jefa de Estado hasta que culmine su mandato: el 28 de julio de 2026.

El fiscal supremo Tomás Gálvez señaló en diálogo con La Rotativa del Aire que el Ministerio Público deberá respetar la decisión del TC respecto a Boluarte; sin embargo, destacó que las investigaciones contra los otros implicados continuarán.  

“Había una duda porque uno interpretaba [la Constitución] de una manera y otro de otra, entonces el Tribunal [Constitucional] tenía que resolver esa incertidumbre y lo ha resuelto sin que ello signifique impunidad porque, ciertamente, en toda investigación en que se puede comprender a un presidente siempre van a estar otras personas, especialmente ministros o altos funcionarios que colaboran o participan con el presidente”, explicó.

“La prueba o la investigación se puede continuar sin ningún problema con las otras personas y, en esas condiciones, recabar la prueba correspondiente a fin de evitar que no se investigue o que la verdad huya. Ya lo ha resuelto el Tribunal de esa manera, pues ello se tiene que respetar. Las investigaciones obviamente tienen que suspenderse, pero ello no significa que no se siga investigando contra las otras personas. En ese sentido, se puede seguir recabando la información y las pruebas que sean necesarias”, acotó.

¿Qué sucede si un presidente es encontrado cometiendo un delito en flagrancia?  

Al ser consultado sobre qué sucedería si un presidente de la Repúblico es hallado en flagrancia cometiendo un delito, Tomás Gálvez indicó que el Congreso deberá intervenir, abrir una investigación y empezar un proceso de “vacancia”.   

“Para ese caso está previsto justamente la vacancia. El Congreso puede abrir investigación de inmediato y disponer la vacancia por incapacidad moral, de tal forma que de todas maneras esto se puede controlar, un caso así flagrante”, señaló.

Dina Boluarte: primo de la presidenta evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería

Latina Noticias reveló que el hijo mayor de la presidenta Dina Boluarte, David Eduardo Gómez Boluarte, fue promovido de tercer a segundo secretario del servicio diplomático en la Representación Permanente del Perú ante las Naciones Unidas en Nueva York. Además, se conoció que fue evaluado por un comité que incluía a un familiar de la mandataria. Dicha resolución fue publicada el último 8 de agosto.

De acuerdo con la investigación de Latina, el comité encargado de evaluar a Gómez Boluarte estuvo conformado por funcionarios designados por el canciller Elmer Schialer. Entre ellos figuró Luis Alberto Campana Boluarte, primo de la jefa de Estado, quien participó en la decisión que permitió el ascenso de su sobrino en la Cancillería.

Con este ascenso, el hijo de la presidenta percibirá un salario superior a los 6 mil soles mensuales, además de bonificaciones y beneficios asociados al cargo. Es importante resaltar que en noviembre de 2022 fue la propia mandataria quien le entregó el diploma de incorporación al servicio diplomático y que, un año después, fue destacado en la misión peruana ante la ONU.

Hijo mayor de Dina Boluarte es diplomático del Perú ante la ONU en Nueva York

Cabe recordar que el pasado 27 de noviembre, mediante una resolución ministerial firmada por el canciller Elmer Schialer, se oficializó la designación de David Eduardo Gómez Boluarte, hijo mayor de la presidenta Dina Boluarte, como tercer secretario del servicio diplomático en la Representación Permanente del Perú ante la ONU en Nueva York.

En dicho documento se precisaba que aún no se habían definido las fechas para que los funcionarios asuman funciones, lo cual se establecería posteriormente a través de una resolución viceministerial, con los gastos cubiertos por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En cuanto a Gómez, el joven economista culminó sus estudios en la Academia Diplomática del Perú ‘Javier Pérez de Cuéllar’, de la que egresó en 2022. Ese año formó parte de la clausura académica junto a sus compañeros de la promoción N. 60, denominada Embajador José Manuel Domingo Boza Orozco.