Una investigación por presunta corrupción estalló contra el entorno más cercano a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que la involucra como supuesta cabeza de una organización criminal, mientras que la propia fiscal denunció a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por homicidio calificado a raíz de las muertes en las protestas a inicios de año.

El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Efficop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional realizaron el lunes un operativo con detenciones y allanamiento de viviendas y oficinas de asesores y ex asesores de la fiscal general.

Los asesores son acusados de integrar una presunta organización criminal «enquistada en la alta dirección del Ministerio Público» para influir «ilícitamente en decisiones de congresistas» con el fin de destituir a los titulares de la Junta Nacional de Justicia, en la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

En respuesta, Benavides destituyó a la coordinadora del Efficop, rechazó las acusaciones y anunció que ha presentado una denuncia constitucional en el Congreso por el delito de homicidio calificado contra Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y otras altas autoridades por las muertes que se produjeron entre diciembre y marzo pasado, durante las manifestaciones antigubernamentales en el país.

A su vez, la mandataria peruana aseguró que la denuncia presentada en su contra por la fiscal general es una «deleznable maniobra política» con la que pretende «distraer la atención» de la ciudadanía.

Boluarte afirmó en una declaración en el Palacio de Gobierno que Benavides «tiene que responder ante las instancias correspondientes de manera clara y precisa», por la investigación abierta por la unidad anticorrupción de la Fiscalía y que señala a la fiscal general de encabezar una presunta red criminal en el Ministerio Público acusada de tráfico de influencias.

La jefa de Estado señaló que le causa «extrañeza» que la denuncia en su contra «haya sido presentada luego que la ciudadanía tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones del equipo de la fiscal de la Nación por presuntos actos de corrupción».

Asimismo, agregó que las investigaciones iniciadas que comprometen a la fiscal de la Nación y su equipo «deben realizarse con absoluta transparencia, celeridad y respetando el debido proceso legal».

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, dijo, en entrevista con RPP Noticias que «no existe una sola persona que impute a la presidenta o a los ministros» con el delito de homicidio calificado y que tampoco han «terruqueado» a nadie en las protestas antigubernamentales de este año.

Lo que sí «hemos dicho es que tomar aeropuertos es un acto de terrorismo», admitió Otárola sobre algunas de las menciones del Ejecutivo que aparentemente enardecieron a los manifestantes durante las movilizaciones de protesta.

Según el primer ministro, el Ejecutivo peruano siempre ha buscado «la paz y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos» y que «se respeten los derechos fundamentales».

Reiteró que la denuncia presentada por Benavides es «un intento burdo» de intentar desviar la atención, pero que él, la mandataria y otras exautoridades denunciadas «vamos a defendernos con la Constitución y la ley en la mano».

También el lunes, los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Villena exigieron a Benavides que renuncie al cargo tras haber sido involucrada «en la realización de hechos graves sometidos a investigación penal».

«Le exigimos que renuncie al cargo de fiscal de la Nación, a fin de no afectar la investigación que realiza nuestra institución», señalaron Sánchez y Villena, en una carta que enviaron a Benavides y fue publicada por medios locales.

Lima, 27 nov (EFE).- Los fiscales supremos peruanos Pablo Sánchez y Juan Villena exigieron este lunes a la jefa del Ministerio Público, Patricia Benavides, que renuncie al cargo tras haber sido involucrada «en la realización de hechos graves sometidos a investigación penal».

«Le exigimos que renuncie al cargo de fiscal de la Nación, a fin de no afectar la investigación que realiza nuestra institución», señalaron Sánchez y Villena, en una carta que enviaron a Benavides y que fue publicada por medios locales.

Los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, que tiene seis miembros, añadieron que la investigación penal abierta contra la fiscal general «no se condice con un desempeño debido de su cargo como máximo representante del Ministerio Público».

La carta de los fiscales supremos se sumó a un pronunciamiento previo de los fiscales que integran el equipo especial anticorrupción que se rebelaron contra Benavides después de que esta destituyera del cargo a la coordinadora de ese grupo que persigue la corrupción en el poder, Marita Barreto.

Benavides tomó la decisión luego de que el equipo especial abrió, junto con la Policía, una investigación al entorno más cercano de la máxima responsable del Ministerio Público.

En respuesta, los miembros del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Efficop) solicitaron «respetuosamente» a los miembros de la Junta de Fiscales Supremos «que, ante los hechos puestos a conocimiento público, actúen con responsabilidad y buen criterio en defensa de la institucionalidad en el marco de sus atribuciones constitucionalmente reconocidas».

Los fiscales también anunciaron que «permanecerán en el cargo» y reafirmaron su «compromiso de una lucha frontal contra la corrupción, provenga de donde provenga, y caiga quien caiga».

El Eficcop y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional iniciaron este lunes un operativo con detenciones y allanamiento de viviendas y oficinas de asesores y exasesores de la fiscal general.

Los asesores son acusados de integrar una presunta organización criminal «enquistada en la alta dirección del Ministerio Público» que buscaba influir «ilícitamente en decisiones de congresistas» para la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos «para fines ilícitos».

En respuesta, Benavides destituyó a Barreto y, horas después, rechazó las acusaciones y anunció que ha presentado una denuncia constitucional en el Congreso por el delito de homicidio calificado contra la presidenta Dina Boluarte; el primer ministro, Alberto Otárola, y otras altas autoridades por las muertes que se produjeron entre diciembre y marzo pasado, durante las manifestaciones antigubernamentales en el país.

En el mensaje en el que hizo ese anuncio, Benavides apareció acompañada de varios integrantes del Ministerio Público, entre ellos, dos fiscales supremos, identificados como tal por sus insignias.