De edades diferentes y gobiernos distintos, la única relación que se puede establecer entre Martín Vizcarra y Betssy Chavéz es su oposición al gobierno de Dina Boluarte. Esa misma razón parece que hoy los ha convertido en objeto de represión del INPE. Por un lado, la exprimera ministra denuncia maltratos dentro del penal Anexo Mujeres de Chorrillos y, por el otro, el expresidente podría ser retirado del penal de Barbadillo a otro de menor protección y pésimas condiciones como el penal de Lurigancho.
Martín Vizcarra pasaba sus días entre sus presentaciones como pre candidato presidencial del partido Perú Primero y audiencias por el caso Lomas de Ilo y hospital de Moquegua. Cuando se le solicitó, siempre se presentó de manera presencial a las sesiones judiciales, brindaba sus descargos y, para demostrar que no tenía intenciones de salir del país, sustentó arraigo laboral y familiar. Pese a ello, el 13 de septiembre, el Poder Judicial ordenó cinco meses de prisión preventiva en su contra alegando que existe riesgo de fuga.
Algunos especialistas, como la abogada Rosa María Palacios, cuestionaron esta decisión indicando que Vizcarra ha demostrado una correcta conducta procesal y que el hecho de que tenga hijos mayores de edad o que su trabajo sea en una empresa familiar no lo desacreditan. Aún así, el curso de la orden judicial siguió y el exmandatario fue trasladado a una carceleta del PJ y, posteriormente, fue designado al penal de Barbadillo, lugar que también alberga a Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.
No dudaría mucho tiempo ahí. El 20 de septiembre último mediante una resolución directoral, el INPE dejó sin efecto su permanencia a Barbadillo por presuntas irregularidades y dispuso la conformación de una nueva Junta Técnica de Clasificación que definirá en qué establecimiento penitenciario deberá acatar la medida judicial.
De acuerdo con la resolución a la que tuvo acceso La República, el instituto penitenciario argumenta que se detectó que en la ficha de clasificación el exjefe de Estado obtuvo un puntaje de 10, por lo que debió ser enviado al penal de Lurigancho, centro al cual envían a los procesados que cuentan con un puntaje entre 8 y 11. Asimismo, indicaron que el penal de Barbadillo «no se encuentra considerado en la Directiva de Clasificación como un Establecimiento Penitenciario de destino».
Todos estos fundamentos fueron ratificados por el jefe del instituto penitenciario, Iván Paredes, quien aseguró a la prensa que no se trata de una decisión con influencia política. “Que quede bien claro. Ni la presidenta, ni una institución pública, ni privada, se ha metido. No hay injerencia en esto. Vuelvo a repetir, la Junta de clasificación es autónoma. Entonces, ellos van a decidir si se va a Barbadillo, queda en Barbadillo o se va a otro penal. Ellos ya lo decidirán porque son las autoridades”, respondió a RPP.
La defensa de Vizcarra,Erwin Siccha, comunicó que este giro ha causado «afectación psicológica» en su cliente y tiene preparado un habeas corpus correctivo para impugnar la decisión por la vía administrativa.
«Ni siquiera hace mención a qué requisitos habría incumplido el señor Vizcarra y para que uno declare la nulidad de un acto administrativo lo primero que tiene que hacer es justificar cuáles son esos defectos», dijo.
A este rechazo se sumaron algunos ciudadanos de Moquegua, región natal del expresidente, quienes al conocer del posible cambio realizaron una vigilia a modo de protesta.
Betssy Chávez denuncia abusos dentro del penal de Mujeres
Paralelamente, Betssy Chávez viene denunciando abusos físicos en el interior del penal Anexo Mujeres de Chorrillos y al momento de ser trasladada al penal de Barbadillo para las audiencias de juicio oral. Ha presentado sus reclamos en las sesiones y, al no ser escuchada, ha realizado huelga de hambre en más de una oportunidad.
La última vez se trató de una medida más radical. Por medio de una carta testamentaria enviada a su madre, el 19 de septiembre último, la exprimera ministra anunció que iniciará una huelga de hambre seca y exigió no ser reanimada. Además, dio instrucciones sobre el proceso a seguir después de su fallecimiento.
«Me es humanamente imposible continuar resistiendo físicamente a todos los maltratos y abusos del INPE adscrito al Ministerio de Justicia y que responde directamente a la señora Dina Boluarte y que tienen como consigna mi deterioro continuo, imposibilitando que pueda asistir a las diligencias judiciales como lo venía haciendo debido al constante acoso, maltrato y tortura que no solo no han cesado sino que empeoran día a día», se lee.
Al día siguiente, el 20 del mismo mes, el abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, informó que su patrocinada ha levantado su huelga de hambre por 48 horas. En tanto, el INPE informó que se encuentra con signos vitales estables.
Ex jefe del INPE, Wilfredo Pedraza: «Martín Vizcarra debe permanecer en Barbadillo»
En diálogo con La República, Wilfredo Pedraza, exjefe del INPE, confirmó que Vizcarra Cornejo debe permanecer en el penal de Barbadillo porque se trata de una persona que requiere mayor seguridad y consideró que la explicación del actual jefe de la institución, Iván Paredes, ha sido «difusa y confusa».
«Hay personas de alto valor en términos de seguridad que son más vulnerables que otros en prisión. En ese sector, desde mi punto de vista, están los expresidentes que han tomado decisiones determinadas, que tienen amigos y enemigos políticos, y que circunstancialmente son pasibles de cualquier aspecto de inseguridad. Y un penal hacinado no le garantiza esa seguridad que se necesita», explicó.
Asimismo, descartó validez en el argumento de Paredes sobre que Vizcarra debería ir a Lurigancho por el puntaje que obtuvo. Sobre ello explicó que hay tres penales que no están incluidos y esos son: Barbadillo, el penal de Base Naval del Callao y Challapalca. «Son tres penales a los cuales se envían internos por decisiones vinculadas con la seguridad y para ello se necesita que el director general de seguridad emita una resolución y disponga su traslado a esos penales. Entonces, la circunstancia de que Vizcarra haya sido clasificado para Lurigancho, desde mi punto de vista se trata de una clasificación preliminar, pero enseguida tendría que haberse emitido una resolución administrativa complementando la anterior que dice Lurigancho para ser derivado al penal de Barbadillo por razones de seguridad», indicó.
Maltratos denunciados por Betssy Chávez no se estarían atendiendo
En tanto, sobre la situación de Betssy Chávez, consideró que el INPE no está prestando la debida atención a los maltratos y abusos denunciados.
«Esas denuncias tienen que anotarse, investigarse y tomarse decisiones, acciones para evitarlas. Cuando ella denuncia maltrato en el traslado me parece que es un asunto absolutamente atendible. Es de las pocas personas que en el país hoy es trasladada de un punto a otro para una diligencia judicial, porque ahora las judiciales son virtuales. Y en segundo lugar, si denuncia maltrato dentro del penal, si esa situación incluso la obliga a dormir, como lo he leído en un medio, en el pasadizo de un pabellón, creo que es una situación que la autoridad penitenciaria tendría que investigar y responder a la propia interesada, al Poder Judicial que la investiga y a la comunidad. Y no veo que una situación así esté ocurriendo», comunicó.
Por su parte, el abogado Raúl Noblecilla indicó a este medio que desde que Chávez cumple prisión preventiva su estado físico se ha deteriorado. Además, ratificó que su patrocinado está dando un ultimátum debido a su situación. «Betssy Chávez es una acusada, no una sentenciada, pese a ello lleva más de dos años de maltratos de parte de un régimen (Dina Boluarte)», manifestó.
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