Pese al aumento de la criminalidad en el país: Ejecutivo aprueba alza salarial y pensiones para FF.AA. y PNP

En el contexto del aumento de la criminalidad en el país, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, el cual establece la cuarta fase del aumento de remuneraciones y pensiones. Este benefició se dará a miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA) y de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Beneficios en tiempos de crisis

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el monto para el presupuesto del 2026 asciende a S/ 257 mil 562 millones de soles. El monto representaría un incremento del 2.2% para el Ministerio del Interior.

«Incremento de la Remuneración Consolidada y reajuste de las Pensiones del personal militara de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú, y de la escala de propinas de los cadetes y alumnos de los Institutos Armados y Policía Nacional del Perú», señala el decreto.

En el marco del DL 1132, se autorizó al Ministerio del interior (Mininter) y al Ministerio de Defensa (Mindef) a poder aplicar el aumento salarial a mediados de junio de 2026. Del mismo modo, las cabezas de ambos sectores podrán reajustar los montos de los pensionistas de acuerdo con el Decreto de Ley 1986, esta medida será financiada con el presupuesto asignado. Además el decreto resaltó que se realizará sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Aumento de la criminalidad

Por otro lado, el país está pasando por un escenario sumamente alarmante de violencia. Según datos del Sistema de Información de Defunciones (SINADEF), se registraron 1481 homicidios en el Perú, siendo una alza en los casos de violencia que perduran día a día por las distintas organizaciones criminales que azotan la nación.

A nivel internacional, la imagen de Lima como ciudad violenta se ha acentuado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyó a la capital peruana en la lista global de ciudades inseguras. El aumento sostenido de delitos y la magnitud de las cifras, describen un panorama alarmante.

Estos hechos reflejan la cruda realidad que atraviesa el Perú, gracias al aumento de la inseguridad y la falta de un accionar concreto por parte de las autoridades. La violencia criminal va en aumento con el pasar de los días. En ese sentido, existe la interrogante si es realmente necesario incrementar el sueldo a las fuerzas del orden al ver que la ola de crímenes se expande a lo largo del país sembrando así el terror en la población.

Oficializan aumento de sueldos y pensiones a PNP y FF.AA. en 2025

El Gobierno oficializó el aumento de sueldo para los miembros de la Policía Nacional y FF.AA. en actividad y retiro tras 12 largos años de espera, tras la aprobación en el Congreso de la Ley de Presupuesto del Sector Público 2025.

El aumento se dará a partir del 2025 en los siguientes tramos:

Primer tramo: enero de 2025

Segundo tramo: julio de 2025

Tercer tramo: diciembre de 2025

PRESUPUESTO

El titular del Mininter, Juan José Santiváñez, informó que el presupuesto asignado para el próximo año asciende a S/12.215.000.000, lo que representa un aumento del 8.3 % en comparación con el presupuesto del presente año 2024.

Asimismo, Santiváñez sostuvo que dentro de este monto se encuentra el aumento salarial para los miembros activos y retirados de la PNP.

En tanto, las entidades adscritas al Mininter recibirán un porcentaje del presupuesto dividido de la siguiente manera:

97.15%: Ministerio del Interior (Mininter) y Policía Nacional del Perú (PNP)

1.75%: Superintendencia Nacional de Migraciones

0.79%: Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP)

0.31%: Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec)

DISTRIBUCIÓN

De los S/833 millones programados para el financiamiento en el sector Interior en 2025, Santiváñez anunció la siguiente distribución:

68.3%: Unidades especializadas.

9.3%: Seguridad ciudadana regional y local

6.1%: Escuelas de formación y especialización policial.

5.9%: Comisarías.

Otros porcentajes: Distribuidos entre diversas áreas relacionadas con la seguridad y el orden público.

Aunque en un inicio estaba previsto que el primer pago de este incremento se realice en diciembre de este año, la Ley de Presupuesto 2025 aprobada en el Congreso dispone que se ejecute recién en enero del 2025.

Asimismo, contempla los otros dos tramos para julio y diciembre del próximo año.

“Incorporación: aprobación de la remuneración consolidada y reajuste de las pensiones del personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional”, indicó el texto.

PNP y FF.AA. que hagan uso de armas serán juzgados en fuero militar: Los acuerdos anunciados por Dina Boluarte en Consejo de Estado

Al término de la sesión del Consejo de Estado, llevado a cabo a pocos días de recibir a presidentes y autoridades internacionales para el Foro APEC, la presidenta Dina Boluarte anunció los compromisos y medidas adoptadas por los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como titulares de otras instituciones.

“Esta convocatoria nos une para poder afianzar en democracia la fortalece del estado. Luego de una mañana bastante fructífera, permítame leer los acuerdos a los que hemos concluido hoy en este Consejo de Estado”, mencionó la mandataria ante los medios de comunicación.

En materia de seguridad ciudadana:

Formulación el marco legal constitucional que garantice a los miembros de la Policía Nacional del Perú a hacer uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones, determinando que sea el fuero militar policial el único donde puedan ser juzgados, con previo informe de la inspectoría como requisito.

Articulación de todas las entidades en la formulación de leyes referidas a la lucha contra la inseguridad y crimen organizado.

Aprobar el marco normativo para el uso de recursos directamente recaudados de los gobiernos regionales y locales para la lucha contra la inseguridad y crimen organizado.

realizar acciones conjuntas en la prevención del delito, en el marco de la protección a los niños y adolescentes, estableciendo un régimen excepcional para los menores que sean autores de los crímenes.

Formular ley para establecer la situación legal de los docentes militantes del Movadef el cual ha sido declarado ilegal, garantizando su alejamiento de aulas.

Aprobar leyes que permitan fortalecer a la Policía a través de la compra voluntaria de los servicios del personal de franco y vacaciones, así como fortalecimiento que permita a la policía el pase a la situación de retiro por causal de renovación de cuadros excepcional y extraordinario para mejorar las capacidades operativas.

Autorizar al Ministerio del Interior la transferencia de recursos no certificados a gobiernos locales en estado de emergencia para la compra inmediata de logística para la seguridad ciudadana en apoyo a la Policía quien brindará las especificaciones técnicas de los bienes.

Establecer un régimen especial en la ley de contrataciones del estado a la compra para la lucha contra la inseguridad ciudadana y crimen organizado con el control concurrente de la contraloría general.

En materia de justicia y crimen organizado

Ratificar la decisión de 16 unidades de flagrancia y continuar con esta política de estado.
Disponer recursos para la infraestructura penitenciaria, logrando la ampliación de penales y construcción de nuevos, además de la reorganización del Instituto Nacional Penitenciario.
Establecer un marco legal que eleve las sanciones penales para los corruptores de servidores públicos, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
Aprobación de leyes que tengan por objeto:

Incrementar las penas de extranjeros expulsados que ingresen de forma irregular al país.

Medidas de protección a los denunciantes víctimas de sicariato, extorsión y banda criminal.

Congelamiento de cuentas bancarias utilizadas por extorsionadores.

Fuerza Popular plantea que FF.AA. administren temporalmente por 120 días las cárceles

Ante la ola de inseguridad ciudadana que azota el país y el crecimiento de algunos delitos, como la extorsión y el sicariato, desde Fuerza Popular demandaron al Gobierno de Dina Boluarte acciones concretas e inmediatas para combatir esta problemática.

A través de un comunicado, el partido que lidera Keiko Fujimori propuso seis medidas urgentes para ser adoptadas por las autoridades.

En primer lugar, consideraron que el Gobierno debe convocar a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para que asuman la administración temporal y exclusiva de los penales en el Perú por un mínimo de 120 días. Esto, debido a que un alto porcentaje de los crímenes se planifican desde las cárceles.

“En los próximos 20 días, el Gobierno debe presentar una propuesta consensuada de reforma del sistema de administración de justicia para evitar que malos elementos dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público sigan perjudicando la correcta administración de justicia en el Perú y terminen liberando a criminales”, añadió el fujimorismo.

También pidieron ejecutar un programa de capacitación dirigido a las FF.AA. para que se hagan cargo de la seguridad ciudadana en los distritos y provincias que sean declarados en emergencia.

A favor de precisiones en la ley de crimen organizado

Fuerza Popular también planteó que la responsabilidad legal de policías y militares en el ejercicio de sus funciones sea resuelta en el fuero militar y policial, así como solicitó declarar en estado de emergencia el sistema penitenciario nacional y autorizar la construcción inmediata de más cárceles en todo el país.

“Denunciar parcialmente el Pacto de San José de Costa Rica en lo que se refiere a beneficios legales en favor de terroristas y criminales peligrosos”, acotaron.

Finalmente, el fujimorismo se mostró a favor de que el Congreso realice precisiones a los alcances de la ley N° 32108, que modifica la definición del crimen organizado, en lo que respecta a los allanamientos judiciales y organizaciones criminales.

Esto, según argumentaron, “con la finalidad de desbaratar la narrativa engañosa de los cómplices políticos de Alejandro Toledo, Susana Villarán, Martín Vizcarra y Pedro Castillo”.

“Desplace las FF.AA. a la frontera con Colombia”: reacciones del Congreso a desconocimiento de isla Santa Rosa como peruana

El Congreso de la República expresó este miércoles su rechazo a las declaraciones de un funcionario de la Cancillería de Colombia, quien afirmó que la Isla Santa Rosa, ubicada en el departamento de Loreto, no pertenece a Perú. En un pronunciamiento, desde el Parlamento indicaron que estas declaraciones no favorecen el clima de paz existente entre ambos países.

Además, la entidad destacó su respaldo a las acciones del Poder Ejecutivo y, en particular, de la Cancillería peruana, para defender la soberanía y jurisdicción sobre la Isla Santa Rosa. Particularmente, la congresista María del Carmen Alva instó a que Perú exprese su protesta ante las declaraciones del director de Soberanía Territorial de la Cancillería colombiana. Por su parte, el legislador José Cueto reiteró su apoyo al Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus redes sociales, enfatizando la integridad territorial del país.

Uno de los legisladores que exigió acciones fue Guido Bellido, quien invocóal ministro Javier González Olaechea a que actúe al más alto nivel en defensa de la soberanía nacional. Mediante un oficio, exhortó desplazar a las Fuerzas Armadas a la frontera.

Ante la falta de respuesta, volvió a pronunciarse por su cuenta oficial de X y lamentó que, luego de seis horas, no existan acciones concretas. “Sra. Boluarte, no vemos su presencia en el lugar de los hechos. Ningún alcalde puede ser maltratado por funcionario extranjero, menos, se adjudiquen nuestro territorio. Desplace la armada peruana y asigne logística y atención a nuestros hermanos de frontera”, escribió.

Ministro de Defensa confirma presencia de municiones de las FF.AA. peruanas en Ecuador

Luego que un grupo fuertemente armado ocupara las instalaciones del canal TC Televisión y tomara como rehenes a los empleados del canal, el Ministro de Defensa, Jorge Chávez, confirmó en una entrevista para Latina Noticias la presencia de municiones de las Fuerzas Armadas del Perú en territorio ecuatoriano.

El descubrimiento se dio a conocer a través de un informe de inteligencia ecuatoriana, que alertaba sobre el traslado de armamento, munición y explosivos desde Perú hacia Ecuador, con la posibilidad de desviarse luego hacia territorio colombiano.

«Fue un reportaje (de Punto Final) sobre un informe de inteligencia ecuatoriana en la cual se daba información de qué armamento, munición y explosivos eran procedentes de territorio peruano y que iba a territorio ecuatoriano y que se desviaba a territorio colombiano».

En sus declaraciones, el ministro Chávez destacó que, ante esta información, se instruyó a las Fuerzas Armadas peruanas a realizar una auditoría exhaustiva del material de guerra. Este proceso se lleva a cabo desde hace más de seis meses, con el objetivo de identificar posibles irregularidades y extremar las medidas de control.

El titular de Defensa señaló que, durante este período, se han intensificado los controles, especialmente después de conocer que ciertos elementos del material bélico podrían estar siendo utilizados por organizaciones criminales. Se recibió información específica sobre la posible transferencia de explosivos, como dinamita y granadas, desde territorio peruano.

Chávez resaltó la importancia de mantener reserva sobre detalles específicos debido a la naturaleza de la investigación en curso. La coordinación con la Sucamec a través del Ministerio del Interior es parte de las medidas implementadas para regular y fortalecer los controles.

En cuanto a la relación con las Fuerzas Armadas de Ecuador, el Ministro de Defensa aseguró que no se ha trabajado conjuntamente hasta el momento. Sin embargo, expresó su solidaridad con el país vecino y manifestó la intención de retomar coordinaciones para abordar esta problemática de manera conjunta.

Chávez descartó la posibilidad de un cierre definitivo de fronteras, pero afirmó el compromiso de resguardar las medidas necesarias para abordar la situación y prevenir el uso indebido de material militar en la región.