Fiscal de la Nación: «Lamento las declaraciones destempladas de Dina Boluarte»

La titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, cuestionó hoy las expresiones que usó la presidenta Dina Boluarte cuando señaló que la Fiscalía se ha aliado con la prensa para impulsar un «golpe de Estado blanco».

Espinoza comentó entiende el nerviosismo de la jefa de Estado por las investigaciones penales que afronta pero sostuvo que la Fiscalía no actúa por motivaciones políticas.

«Lamento las declaraciones destempladas, nerviosas, de la presidenta, a quien siempre vamos a respetar por la investidura pero le pido que respete al Ministerio Público; un presidente debe guardar las formas y controlar las emociones, esas expresiones las rechazamos, acá no hay un poder que se imponga al otro», declaró a Nativa.

Espinoza refirió que la mandataria debe tener un mejor manejo público y expresó que espera a Boluarte mañana 5 de marzo para el interrogatorio programado por el caso Cofre.

«Afirmar con palabras que ofenden eso no se puede permitir, si desea colaborar con la justicia debe actuar con el ejemplo, mañana la estamos esperando para continuar con la re reprogramación de su declaración en el caso Cofre, debe declarar, transparentar no quiere declarar sobre esto o sí lo quiere hacer pero tiene otras actividades», manifestó.

Esa investigación, como se sabe, compromete a la gobernante con la fuga de Vladimir Cerrón, dueño de Perú Libre. Según la tesis fiscal, Cerrón habría burlado a las autoridades, que lo buscan para que acate órdenes de prisión preventiva, movilizándose en el vehículo presidencial (denominado cofre).

La gobernante atacó a la Fiscalía luego del allanamiento que se desplegó ayer en la vivienda del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, investigado por abuso de autoridad.

“Ahora allanan el domicilio del ministro Santiváñez y su despacho porque saben perfectamente que le estamos haciendo la guerra a los caviares que tenían capturado al Ministerio del Interior (…). Pueden allanar el despacho de todos los ministros si así dispone la Fiscalía, que está jugando en pared con esa mala prensa para dar un ‘golpe de Estado blanco’. Ahora los golpes de Estado no vienen desde el Ejército. Vienen desde el Ministerio Público”, afirmó Boluarte.

Investigan filtración

Delia Espinoza anunció también que están investigando cómo se filtró desde el viernes pasado información sobre la diligencia que se terminó efectuando el últimoo lunes en el casa de Santiváñez.

«Está absolutamente descartado que haya habido filtración desde el Ministerio Público, habrá que averiguar para determinar de dónde se filtró (…) hemos cumplido con la orden, pero el factor sorpresa se esfumó, lo que hacemos no es abuso de autoridad porque somos controlados por la judicatura, ¿por qué no se cuestiona al juez que autorizó el allanamiento? si nos ha autorizado es porque hay razones legales», puntualizó.

Santiváñez arremete contra fiscal de la Nación tras allanamiento a su vivienda: «Es un manotazo de ahogado»

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, restó importancia al allanamiento a su vivienda y aseguró que esta disposición es un «manotazo de ahogado» de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

¿A qué se debe el allanamiento a la vivienda de Santiváñez? 

En declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) calificó como una «treta» las diligencias en su domicilio y cuestionó las declaraciones de dos testigos protegidos, quienes indicaron que Santiváñez habría recibió sobornos de sus clientes cuando ejercía como abogado, ello con el fin de influir de manera ilícita en decisiones judiciales, según lo reveló ‘Cuarto Poder’. 

«Yo soy un abogado viejo, tengo 25 años de experiencia. Esto en realidad es una manotazo de ahogado y una treta de la fiscal de la Nación para generar una diligencia con un documento o unas supuestas declaraciones de testigos protegidos porque no tenía mayores argumentos para poder hacerlo. Por eso, lo hace dentro del cuaderno del delito de abuso de autoridad», declaró.

Asimismo, Santiváñez precisó que el allanamiento en su vivienda tiene como objetivo encontrar artefactos electrónicos o de comunicación que puedan relacionarse o vincularse con el delito de abuso de autoridad, afirmando que brindó todas las facilidades para que la diligencia se realice con normalidad. 

«Esta medida refiere a un mandato judicial por una solicitud del Ministerio Público en donde la intención es encontrar artefactos electrónicos o de comunicación que puedan relacionarse o vincularse con el delito de abuso de autoridad (…) Hemos brindado todas las facilidades para que la diligencia pueda llevarse a cabo», agregó.

Viaje a Europa no se ve afectado por allanamiento

Por otro lado, el ministro del Interior aseveró que su viaje a Europa no mantiene en pie y resaltó la importancia de asistir a dichas actividades oficiales. 

«El viaje a Bruselas no se interrumpe. El viaje a Bruselas es una invitación a todos los ministros del interior del mundo para establecer protocolos y mecanismos de lucha contra la criminalidad transnacional. Se van a adoptar acuerdos importantes para combatir estas organizaciones, sus medios de financiamiento, se van a adoptar medidas contra otros ministros del interior», acotó.

Como se recuerda, el Poder Ejecutivo autorizó el viaje a Bélgica y Países Bajos del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para participar en la Reunión Ministerial del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI) y la Unión Europea. Este periplo es desde el lunes 3 al domingo 9 de marzo.

De esta manera, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, señaló que el allanamiento a su vivienda es una «treta» de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Fiscal de la Nación solicita impedimento de salida del país para Julio Demartini

La fiscal de la Nación Delia Espinoza solicitó, el último viernes 21 de febrero, al Poder Judicial dictar una medida de impedimento de salida del país por el plazo de 9 meses contra Julio Demartini, exministro de Desarrollo y Inclusión Social. 

La solicitud se da dentro del caso Qali Warma en donde se investigan los delitos de obstrucción a la justicia y negociación incompatible.

Julio Demartini

La audiencia de impedimento, solicitada por la Fiscalía, se ha programado para el martes 4 de marzo de 2025 a las 8:30 a.m.

RUMBO AL VATICANO

El gobierno de Dina Boluarte ha decidido enviar al exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, como embajador del Perú en el Vaticano, en medio de las investigaciones que se le siguen por el caso Qali Warma. Pero el Ejecutivo se ha encontrado con una inesperada traba: la complicada salud del papa Francisco.

Perú21 conoció que la Cancillería aún no ha enviado la propuesta de Demartini por el temor de que la Santa Sede no la admita a trámite debido a que en ese Estado toda la atención está en la situación del sumo pontífice. Solo este puede aceptar la designación de embajadores.

Según los protocolos, el plazo para que un país acepte a un diplomático extranjero es de 30 días. Pasado ese tiempo sin comunicación, se interpreta que el representante del país solicitante no ha sido aceptado.

La plaza en el Vaticano está vacante desde el pasado 5 de febrero, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú dio por concluida las funciones de Luis Chuquihuara Chil.

BOLUARTE DECLARÓ POR CONSERVAS MALOGRADAS

Ayer, lunes 24 de febrero, la presidente Dina Boluarte acudió a la sede del Ministerio Público para declarar por el caso Qali Warma.

Según dijo el abogado de la jefa de Estado, Juan Carlos Portugal, el caso por el que prestó declaraciones fue diferente al de Frigoinca. «Lo de hoy (ayer), caso Qali Warma, no es por el caso Frigoinca y lo acontecido hace unos meses, como equívocamente se está señalando. Es por otro caso, en condición de Ministra del Midis», dijo a Perú21 el letrado.

La defensa de Dina Boluarte aseguró que se trataría de «contratos firmados por terceras personas» en el mismo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

Fiscal de la Nación presenta denuncia constitucional contra Luis Arce Córdova por tráfico de influencias y cohecho pasivo

La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el exfiscal supremo Luis Arce Córdova por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico agravado. De acuerdo con el comunicado del Ministerio Público, Arce Córdova —exintegrante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) — habría aceptado pedidos y hecho promesas al exjuez supremo César Hinostroza, este último investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

«La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, comunica que hoy se presentó la denuncia constitucional contra Luis Carlos Arce Córdova, en su actuación como fiscal supremo y miembro del Jurado Nacional de Elecciones, como presunto autor de los delitos de cohecho pasivo específico y tráfico de influencias agravo, en agravio del Estado», informó la Fiscalía de la Nación.

Comunicado de la Fiscalía de la Nación sobre denuncia constitucional contra Luis.

Comunicado de la Fiscalía de la Nación sobre denuncia constitucional contra Luis.

Luis Arce Córdova: ¿qué delitos le imputa la Fiscalía?

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía de la Nación, se presentó la denuncia constitucional contra Luis Arce Córdova por dos delitos: cohecho pasivo específico y tráfico de influencia por tres hechos. El primero, es porque habría aceptado un pedido César Hinostroza Pariachi para favorecer a un alcalde del distrito de Carmen de la Legua para que pueda fijar una fecha de vacancia contra un teniente alcalde y emita un fallo favorable a cambio de ser favorecido en cualquier momento por Hinostroza.

«Los hechos están vinculados a que este funcionario habría aceptado el pedido del entonces juez supremo César Hinostroza Pariachi de favocerer los intereses de un alcalde de la Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua – Reynoso, para el procedimiento de vacancia contra un teniente alcalde, a fin de que fije prontamente la fecha de audiencia y emita una decisión a favor de sus intereses, a cambio de que el referido magistrado le favorezca en el momento que lo requiera», puntualizó la Fiscalía.

El segundo hecho que le atribuye el Ministerio Público a Luis Arce sucedió cuando era miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y presuntamente prometió a Hinostroza Pariachi interceder ante los altos funcionarios de la Dirección del Registro Nacional de Organizaciones Políticas (ROP) para favorecer al exsecretario del partido político ‘Unión por el Perú’ para cambiar el símbolo de la organización. Por este suceso, la Fiscalía lo acusa por el posible delito de tráfico de influencias.

En cuanto al tercer hecho, la Fiscalía imputa a Arce el delito cohecho pasivo específico por haber aceptado el pedido de César Hinostroza para favorecer al exsecretario general del partido político, en el cual emitió una decisión a su favor a cambio de tener beneficios en el momento que lo requiera.

Fiscal de la Nación presenta 2 demandas de inconstitucionalidad contra el Congreso ante el TC

La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció que presentó dos demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) por la aprobación de leyes que interfieren con la independencia de la labor fiscal y vulneran gravemente la autonomía de la institución que preside. Específicamente, se trata de la le 32107 que prescribe los delitos de lesa humanidad y la Ley 32130 que faculta a la PNP la investigación preliminar, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.

«Se trata de las leyes 32107 que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra; y la Ley 32130 que fortalece la investigación del delito como función de la Policía agiliza los procesos penales», se lee en la publicación de X de la institución.

De acuerdo con el discurso de Delia Espinoza, realizado durante la ceremonia de inicio del año fiscal 2025, ambas demandas fueron presentadas el último 20 de diciembre.

«Sobre la autonomía fiscal y las normas contrarias al marco constitucional, como todos sabemos se han venido aprobando diversas leyes que, sin duda alguna, interfieren en la independencia de la labor fiscal comprometiendo gravemente la autonomía del Ministerio Público», expuso la fiscal de la Nación.

En ese contexto, precisó que las demandas se realizan en «defensa de los principios que rigen nuestra labor y nuestras atribuciones que son esenciales para garantiza runa justicia independiente y eficaz».

Ley 32107 debilita el marco normativo, afirmó Delia Espinoza

Tras ello, Espinoza explicó los fundamentos por los cuales presentó las demandas. En primer lugar, sobre la Ley 32107, norma que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana.

La fiscal de la Nación explicó que dicha norma introduce disposiciones que, a juico del Ministerio Público, debilita el marco normativo que sustenta la persecución de delitos tan graves como los delitos de les humanidad y los crímenes de guerra protegidos por los instrumentos internacionales en el ámbito del derecho penal humanitario.

«Nuestra acción constitucional busca que estas disposiciones no limiten la capacidad de la Fiscalía de actuar de manera contundente frente a estas violaciones de derechos fundamentales, respecto de los cuales ya existen sentencias firmas y aún se siguen desarrollando procesos en esa materia», fundamentó.

Ley 32130 afecta autonomía del Ministerio Público, dijo Delia Espinoza

En segundo lugar, la otra demanda va contra la Ley 32130, esta norma plantea modificaciones que afectan la autonomía funcional del Ministerio Público como persecutor exclusivo en la investigación del delito tal como lo señala la Constitución, explicó Espinoza.

«Es fundamental que hagamos respetar el marco constitucional garantizando que la Fiscalía conserve su liderazgo en la investigación penal», dijo.

«Campaña masiva de promulgación de leyes arbitrarias»

Además, mencionó otra serie de normas que, a su parecer, perjudican la acción fiscal y la independencia de poderes. «Nos encontramos en una campaña masiva de promulgación de leyes que son arbitrarias e inconstitucionales y atentan contra las funciones del Ministerio Público perjudicando la eficiencia en las diferentes diligencias desplegadas por nuestros fiscales», agregó.

En esa línea, la líder del Ministerio Público mencionó la Ley 31751, que refiere la suspensión del plazo de prescripción, norma que «peligrosamente recorta los plazos de prescripción favoreciendo a la criminalidad, ya que impide seguir investigando los delitos cometidos».

También, citó la Ley 31990, ley de colaboración eficaz, la cual recorta los plazos para la corroboración de la información brindada por los colaboradores eficaces «obstaculizando una persecución penal acorde con la elevada gravedad y complejidad de estos delitos,».

Además, se refirió a la Ley 32108 que exige que se requiera la presencia de un defensor publico en los allanamientos con orden judicial.

Fiscal de la Nación dispuso investigación preparatoria contra fiscal Pérez Gómez por presunto enriquecimiento ilícito

Delia Espinoza, fiscal de la Nación, informó este domingo que su despacho aprobó el inicio de una investigación preparatoria al fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Según señaló, su despacho dispuso esta medida contra el fiscal provincial titular por una pericia que da cuenta de un presunto desbalance patrimonial. Precisó, además, que al pasar a esta etapa del proceso se realizarán diversas diligencias.

“El Ministerio Público solo tiene que basarse en elementos objetivos y lo que hemos encontrado en dicha carpeta es que hay una pericia, ahora la fase preliminar es para recabar diligencias urgentes necesarias e inaplazables (…) como ya tenemos una pericia que arroja un presunto enriquecimiento, un presunto desbalance, estamos pasando a la siguiente etapa que es la investigación preparatoria”, dijo al dominical Punto Final.

No será apartado de casos

La titular del Ministerio Público indicó que esta nueva etapa no implica una acusación, sino que servirá para obtener más información que pueda ayudar a dilucidar los hechos por los que se señala al fiscal Pérez Gómez, todo con previa intervención judicial.

En ese sentido sostuvo que es necesario precisar el objeto de la pericia, debido a que hay observaciones de la parte denunciada.

Asimismo, la fiscal de la Nación se refirió a la posibilidad de que el fiscal Pérez Gómez sea retirado de los casos que tiene a su cargo. Según explicó, se le mantendrá porque está en su derecho y porque los hechos denunciados no son de “una entidad tan grave” como para solicitar su suspensión o retirarlo.

“Está en su derecho, porque no es de una entidad tan grave, al menos es lo que estimamos, como para solicitar una suspensión o retirarlo del caso, lo cual no correspondería en este estadio, no correspondería”, dijo.

Pedido previo del fiscal

El pasado 25 de setiembre se conoció que el fiscal Pérez Gómez solicitó al despacho del entonces fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, el archivo de la investigación en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

«No existe desbalance patrimonial en el análisis de mi situación patrimonial de diciembre de 2011 a diciembre de 2023, pues mis ingresos son lícitos y superiores a mis egresos, con una diferencia como saldo positivo favorable», se puede leer en el documento enviado por Domingo Pérez al despacho de Juan Carlos Villena.

«Solicito respetuosamente, señor fiscal de la Nación, que, concedido el plazo solicitado, permita su honorable despacho disponer el archivamiento del caso», continúa.

El fiscal José Domingo Pérez es investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, pues, de acuerdo con un informe pericial contable financiero, no habría podido justificar un incremento patrimonial de 131 mil soles en los últimos años.

Esta investigación no es nueva, ya que en agosto del presente año insistió en su pedido ante el Poder Judicial para que ordene al Ministerio Público el cese de una investigación.