La Fiscalía solicita 36 meses de impedimento de salida del país contra el alcalde de Breña

El Ministerio Público informó hoy, viernes, que ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra el actual alcalde de Breña, José Dalton Li Bravo, quien es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, peculado doloso y otros, en agravio del Estado.

Asimismo, la Fiscalía señaló que hay otros 24 funcionarios y personas naturales investigados «por la presunta contratación de trabajadores fantasma, direccionamiento de licitaciones y presuntos cobros irregulares realizados por subgerencias de la comuna de Breña durante su gestión».

Investigado por el Congreso

En diciembre del 2020, la Comisión de Fiscalización del Congreso finalizó un informe de la gestión del actual alcalde de Breña, quien había iniciado su administración edil un año antes. En dicho documento, se dio cuenta de presuntos indicios de actos de corrupción.

“La denuncia versa sobre diversos presuntos actos de corrupción que habrían estado sucediendo desde el inicio del mandato del actual alcalde de dicha comuna, José Dalton Li Bravo, en los que este junto a varios servidores de su confianza habrían estado involucrados”, señala el informe.

El grupo de trabajo parlamentario concluyó que la actual gestión del Municipio de Breña habría captado recursos de forma ilícita a través de actividades como cobros irregulares a comerciantes y ambulantes para la entrega de permisos.

Según el informe, además de José Dalton Li Bravo, estarían involucrados Carlos Bravo Surco Valencia, gerente de Administración y Finanzas; Juan Carlos Flores, encargado de la Gerencia de Desarrollo Económico; Hernán Valerio Granda Álvarez, subgerente de Fiscalización Administrativa; Carlos Alberto Ñahuis Huaylas, gerente de Desarrollo Económico, y Erick Aníbal Espinoza Aramburú, asistente administrativo en la subgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentarios.

«En la Municipalidad Distrital de Breña habría existido una organización criminal dirigida por el alcalde del distrito, José Dalton Li Bravo, e integrada por diversos servidores de dicha municipalidad, todos del entorno cercano del alcalde, con el fin de enriquecerse de forma ilícita, utilizando los activos de la comuna, mediante la ejecución irregular de diversas funciones, entre ellas cobranzas irregulares de pagos por licencias de funcionamiento, permisos de comercio ambulatorio, etc», refiere uno de los párrafos concluyentes del documento.

Debido a estos indicios, la comisión recomendó remitir los hallazgos a la Fiscalía para que puedan iniciar las investigaciones del caso.

Boluarte: Fiscalía dice que Bermejo es uno de los agitadores de actos de violencia

La presidenta Dina Boluarte declaró este viernes que algunos congresistas de izquierda se encontrarían promoviendo la violencia en las protestas al interior del país, según las investigaciones.

“Cuando juro el cargo en el Congreso, no pensé que iba a venir tanta violencia, inclusive dirigida por algunos congresistas de izquierda”, indicó. “Prefiero no decir los nombres, pero ya la Fiscalía está investigando”, agregó en entrevista a RPP.

No obstante, mencionó que cuando se contacta en un primer momento con el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, antes del golpe de Estado, él se mostraba muy tranquilo y abierto al diálogo, diciéndole que el Pedro Castillo debía recibirla en el despacho presidencial.

Al ser consultada sobre si el congresista Bermejo sería uno de los agitadores de actos de violencia, respondió: “es lo que dice la Fiscalía, y tendrá que investigarse”.

“Le decía compañero, usted que es tan cercano al presidente, llámelo, dígale que me reciba. Él me contesta y me dice, pero cómo no te va a recibir si tú eres la vicepresidente”, sostuvo.

“Yo no entiendo por qué su cólera, su rabia contra Dina Boluarte”, explicó.

¿Cómo se elige a Alberto Otárola?

En otro momento, la jefa de Estado explicó los motivos de su decisión para colocar a Alberto Otárola en la presidencia del Consejo de Ministros.

Mencionó que en un principio tenía dentro de sus planes incluir en el gabinete a Alberto Otárola como presidente del Consejo de Ministros.

“No sé si habrían otras opciones (para ocupar el puesto de Premier). Porque no tengo conocimiento, desde el inicio del gabinete yo conversé con el Dr. Otárola, pedí que sea el Premier, y no el Dr. Pedro Angulo, y él dijo: ‘presidenta, déjeme apoyarla desde el Ministerio de Defensa’”, indicó la presidenta.

“El primer gabinete prácticamente se escoge en mitad de crisis, lo que quería era garantizar en ese primer gabinete, sin pensar en toda la violencia aparentemente pre preparada, que resuelva los problemas que no se hicieron en todo este tiempo. Con este gabinete de profesionales que conocían el sector por dentro, empezamos y comenzamos a resolver. Se me criticó que este gabinete no era político”, señaló para RPP.

“El país necesita un gabinete que resuelva los problemas de entrada y no estar mirando qué hago con un ministerio cuando no se conoce el sector”, sostuvo.

Según la presidenta Dina Boluarte, las olas de violencia en el país se encontraban pre preparadas hasta antes de que eligiera a los miembros de su primer gabinete. Sostuvo además que tenía en sus planes elegir profesionales que no fueran necesariamente políticos reconocidos.

“No fue fácil tomar esas decisiones, pero la policía y el ejército salieron para salvaguardar la vida de los 33 millones de peruanos. La policía y el ejército no sale a matar a peruanos”, mencionó.

Ayacucho: Fiscalía abre investigación a 2 generales por 10 muertos en protestas

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Ayacucho, a cargo de la fiscal Karen Obregón Ubaldo, abrió investigación contra el jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, el general PNP Antero Mejía Escajadillo; y el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, el general EP Jesús Vera Ipenza, por ser los presuntos autores mediatos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, por el presunto asesinato de 10 personas en las protestas.

Según la disposición fiscal a la que accedió este medio, la indagación preliminar por 60 días a los generales Mejía y Vera tiene relación con la muerte de Josué Sañudo Quispe, Clemer Rojas García, Luis Urbano Sacsara, Jhon Mendoza Huarancca, José Aguilar Yucra, Raúl García Gallo, Edgar Prado Arango, Jhonathan Alarcón Galindo, Ronaldo Fernando Barra Leyva y el menor C.M.R.A.

Hasta la fecha, se ha confirmado que las 10 víctimas mortales recibieron impactos de proyectil de arma de fuego (PAF) por parte de efectivos uniformados durante los enfrentamientos.

Videos y fotografías de los violentos eventos, muestran que efectivos del Ejército contaban con fusiles de largo alcance de fabricación israelí Galil, de calibre 5,56 x 45.

Estos hechos han sido parte del sustento de la fiscal Obregón para dar inicio a la investigación contra los generales Mejía y Vera, como presuntos máximos responsables de los ataques letales contra los manifestantes.

“Los medios de comunicación y las diferentes redes sociales han publicado que las protestas ciudadanas suscitadas el día 15 de diciembre de 2022 en el interior de la pista de aterrizaje del aeropuerto “Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte” de Ayacucho e inmediaciones del mismo, han sido reprimidas por las fuerzas del orden utilizando armas letales”, señala el documento de la Fiscalía.

La denuncia fue interpuesta por los abogados Abimael Mendez Conde, Yuri Martinez Ochoa, Víctor Porras Rivera, Mario Escriba Tineo y Jack J. Diburga Cuba.

Sobre las denuncias interpuesta contra la presidenta Dina Boluarte, el expremier Pedro Angulo, el exministro de Defensa, Luis Alberto Otárola, el exministro del Interior, César Cervantes, la fiscal Obregón decidió derivar el caso al despacho de la Fiscal de la Nación para que proceda de acuerdo a ley.

Disposición fiscal de la Fiscalía de Ayacucho.

Capturan a «los aguateros» que vendían el agua potable destinado a población vulnerable

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este, dirigió un mega operativo de allanamiento, incautación y detención preliminar de los presuntos integrantes de la organización criminal «Los Aguateros de Lima Este», dedicada a comercializar agua potable destinada a las zonas vulnerables de San Juan de Lurigancho y Jicamarca.

La diligencia encabezada por la fiscal provincial Rosmery Villavicencio Heredia se enmarcó en la investigación de los delitos de cohecho activo genérico, colusión agravada y organización criminal.

En los 22 inmuebles intervenidos simultáneamente fueron detenidos preliminarmente los funcionarios de SEDAPAL, Julio César Gamboa Cerna y Jacqueline Johana Saravia Meza; los contratistas Jesús Luis Miranda Contreras y Merly Jeniffer Torres Calderón; y los ciudadanos Luiggi Oscar Bullón Ravines, Nicolás Graceliano Cotrina Estela, Noemí Angélica Alvarado Inga, Clariza Celia Cruz Vallejos, y Yorvis Godoy Montilla.

Cabe señalar que el funcionario de la Municipalidad de San Antonio de Huarochirí, Roberto Luis Pachas Atuncar, se encuentra en calidad de prófugo, y en las próximas horas se procederá con su captura.

Los integrantes de la presunta organización criminal, comercializaban el agua destinada para los pobladores que no cuentan con el recurso hídrico, generando un perjuicio económico al Estado, por más de S/.25’000,000.00 de soles, que desembolsó SEDAPAL, para el cumplimiento del programa, que no llegó a la población beneficiaria.

Participaron en este megaoperativo en simultáneo, más de 15 fiscales anticorrupción, policías de la Dirección Contra la Corrupción y de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior.

Diviac y Fiscalía desarticulan organización criminal conformada por regidores de Callao

La Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, junto a la Diviac, logró la detención de 8 regidores municipales del Callao investigados por la presunta contratación de trabajadores fantasmas.

Según la carpeta fiscal, estos funcionarios habrían sido captados por los integrantes de la organización criminal «Los cabezas de barrio del Callao» bajo órdenes del ex alcalde, Juan Sotomayor, habrían realizado contrataciones bajo la modalidad de locadores de servicios.

En recompensa a sus acciones, habrían recibido ventajas económicas como dinero y vehículos, provenientes de las arcas municipales, algunos de los cuales fueron incautados en el allanamiento de 28 inmuebles durante esta madrugada.

Ayacucho: Pobladores protestan y queman oficinas de la Fiscalía y Depincri

La ciudad de Huanta se levantó contra las autoridades que administran justicia, destruyendo y quemando las sedes del Ministerio Público y de la División de Investigación Criminal (Depincri), de la Bella Esmeralda de los Andes. La reacción enardecida de los pobladores, fue a causa de la liberación, por parte del fiscal de familia, de dos menores, presuntos involucrados en el asesinato del joven David Quispe Bautista (18), ocurrido entre la noche del viernes 25 y la madrugada del sábado 26 de noviembre.

Los pobladores junto a los familiares de David, denunciaron una presunta negligencia por parte de la fiscalía, al no haber solicitado al juzgado la detención preliminar de los menores con el argumento de que no fueron intervenidos en flagrancia.

Pedido de justicia terminó en vandalismo

Por ello, a tempranas horas de ayer, los pobladores se reunieron en los exteriores de la sede del Ministerio Público, donde luego de una tensa espera y ante la pasividad de las autoridades, decidieron atacar con piedras e ingresar al local, desde donde arrojaron cientos de expedientes y los quemaron al frontis, junto a varias llantas y materiales de escritorio.

Incluso, se observó a un grupo de trabajadores de la fiscalía, escapando de la sede del Ministerio Público, por el temor a morir calcinados; sin embargo, fueron golpeados con palos, patadas y puñetes por los manifestantes.

Al arribo de la policía, estos lanzaron bombas lacrimógenas a los manifestantes, los cuales afectaron a las viviendas cercanas y a un centro educativo, donde uno de los alumnos fue trasladado de emergencia por presentar hemorragia nasal.

Luego de quemar la fiscalía, la población enardecida acudió a la sede de la Depincri – Huanta, donde con piedras destruyeron todo el frontis de la institución policial.

Aquí, los efectivos del orden no solo utilizaron bombas lacrimógenas, sino también se escucharon disparos al aíre y, justamente, uno de los proyectiles (perdigón) cayó en el pecho de un ciudadano de nombre Ciro Cruz Calderón 48 años de edad, que reclamaba justicia y es tío del joven asesinado David Quispe.

La escasa cantidad de efectivos policiales no evitó que los pobladores logren quemar la sede de la Depincri; sin embargo, el fuego fue controlado por los bomberos y no llegó a mayores.

Ya en horas de la tarde, arribó a Huanta el Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ayacucho, quien junto a varios representante del Ministerio Público, se comprometieron a sancionar a los fiscales a cargo de la investigación.

En el lugar de los hechos, también se encuentra personal de la USE de Huamanga y la fiscalía penal de turno de Huanta, a fin de realiza las investigaciones sobre estos hechos.

Por su parte, el jefe de la Defensoría del Pueblo de Ayacucho, David Pacheco Villar Barra, manifestó que estos actos de vandalismo y daños al patrimonio deslegitiman las protestas sea cual sea el motivo. Asimismo, alertó la quema de carpetas fiscales de otros casos.