Fiscalía presenta como testigos a empresarios y banqueros que entregaron dinero a Keiko Fujimori

Llegó la hora. El fiscal del equipo especial Walter Villanueva Liuch acreditó ante el juez Víctor Zúñiga Urday un listado de 1.116 testigos que serán citados para sustentar con sus testimonios la acusación formulada contra Keiko Fujimori y alrededor de 40 coinculpados por los delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración.

En la relación aparecen los banqueros y empresarios que reconocieron haber entregado clandestinamente dinero en efectivo a la excandidata presidencial de Fuerza Popular en las campañas del 2011 y 2016. La suma estimada que presuntamente lavó Fujimori es de aproximadamente US$17,3 millones, y no fue reportada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), de acuerdo con el equipo especial.

Mediante los testigos, la Fiscalía presentará las llamadas pruebas testificales para demostrar que parte de los US$17,3 millones, Keiko Fujimori los recogió en persona, en maletines, bolsas y sobres manila.

También han sido considerados como testigos por el equipo especial los empresarios que usaron a falsos aportantes para financiar ilegalmente las campañas presidenciales de Keiko Fujimori.

La documentación de 1.146 folios que presentó el fiscal Walter Villanueva, a la que tuvo acceso La República, se hizo en cumplimiento del mandato del juez Víctor Zúñiga, del 31 de enero de este año. En esa ocasión, cuando el equipo especial entregó los nombres y apellidos de los testigos, además de pruebas documentales, la defensa de Fujimori y de varios de los imputados cuestionó que la Fiscalía no individualizara en cada caso la pertinencia de las declaraciones de las personas citadas.

Por esta razón, el fiscal Walter Villanueva, al elevar al juez Zúñiga lo que requirió, indica en su escrito: “Se cumple con proporcionar dicha información, precisando la conducencia, pertinencia y utilidad de los mismos, (…) lo que ha sido desarrollado de forma oral ante vuestro despacho”.

La relación de testigos se inicia con la identificación de 13 ciudadanos de la constructora Odebrecht que participaron en la entrega en efectivo de US$1 millón para Keiko Fujimori, dinero de procedencia ilícita. El grupo lo encabeza el expresidente de la compañía Marcelo Odebrecht, y le sigue el exrepresentante en el Perú Jorge Barata, quien fue el que personalmente proporcionó los fondos en efectivo.

También están comprendidos los funcionarios que fueron parte del Departamento de Operaciones Estructuradas, el equipo de fachada que administraba los fondos ilícitos y lo distribuía según órdenes superiores, como ocurrió en el caso de Keiko Fujimori.

Entre los testigos que ha ofrecido el equipo especial, se incluye al expresidente de Credicorp Dionisio Romero Paoletti. El banquero admitió haber suministrado US$3,65 millones a la campaña de Keiko Fujimori en 2011. Luego, por intermedio de la empresa familiar Inversiones Piurana, proporcionó otros US$450.000.

Las entregas fueron personales y el intermediario entre Dionisio Romero y Keiko Fujimori fue el excongresista de Unidad Nacional, Martín Pérez Monteverde, quien ofreció su casa para que la excandidata presidencial recogiera el dinero en maletines.

Romero es una pieza fundamental porque el banquero le dio personalmente el dinero en efectivo a Keiko Fujimori.

“¿Keiko Fujimori directa o personalmente recibió el dinero en efectivo de su persona?”, preguntaron en la Fiscalía a Dionisio Romero, a lo que respondió: “Sí, la señora Keiko Fujimori lo recibió, pero no puedo precisar en cuántas ocasiones. En algunas ocasiones estaban ambos (Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama Tanaka), en otras estaba solamente la señora Fujimori”.

Con la finalidad de sustentar que el dinero salió de las cuentas del conglomerado financiero y bancario Credicorp, y que se sabía que los fondos serían entregados a Keiko Fujimori, han sido considerados como testigos los banqueros Bernardo Sambra Graña, Percy Urteaga Crovetto, Walter Bayly Llona, José Muñoz Rivera, Benedicto Cigüeñas Guevara, Juan Verme Gianonni, Fernando Fort Marie y Pedro Rubio Feijóo.

Otro testigo de trascendencia es el presidente de la compañía Sudamericana de Fibras, Enrique Gubbins Bovet, quien también ha declarado que Keiko Fujimori y su esposo, Mark Vito Villanella, fueron hasta el local de la empresa ubicada en el Callao para recoger alijos de miles de dólares.

Según la Fiscalía y las declaraciones de Gubbins y de otros directivos y funcionarios de Sudamericana de Fibras, Keiko Fujimori recibió para las campañas presidenciales US$11,3 millones.

Enrique Gubbins Bovet es sobrino del fallecido empresario Juan Rassmuss Echecopar, muy vinculado con el expresidente Alberto Fujimori y Jaime Yoshiyama Tanaka.

Gubbins ha suministrado al equipo especial documentación extraordinaria que registra las visitas de reconocidos fujimoristas que integran el círculo íntimo de Keiko Fujimori, y las sumas de dinero que retiraron. Por ejemplo, la excandidata presidencial llegó a las oficinas de Gubbins el 20 de febrero del 2013 y recogió US$50.000, y el 10 y 12 de noviembre del 2015 su esposo se presentó para retirar en cada ocasión US$80.000.

Con la manifestación de Enrique Gubbins se corroborará una vez más que la presidenta de Fuerza Popular tuvo participación directa en el trasiego de millones de dólares cuyo destino se desconoce, aunque la Fiscalía estima que parte de ese dinero fue lavado mediante la modalidad del “pitufeo”, a través del uso de falsos aportantes.

Gubbins dijo a la Fiscalía que los que se aparecieron en su empresa “fueron Augusto Bedoya (Camere), Jaime Yoshiyama Tanaka, Jorge Yoshiyama Sasaki, Pier Figari Mendoza, Mark V ito Villanella y Víctor Shiguiyama Kobashigawa”, entre otros. Por cierto, Shiguiyama es otro de los testigos de la Fiscalía que confirmará que Keiko Fujimori lo enviaba a Sudamericana de Fibras para recibir dinero clandestinamente. En cinco visitas retiró US$700.000.

Medio centenar de testigos por el caso de Villanella

El empresario José Sam Yuen, dueño de un importante conglomerado de casinos y de empresas importadoras de China, está en la lista fiscal. Por intermedio de sus trabajadores usados como falsos aportantes, financió a Keiko Fujimori. Además, contrató a Mark Vito Villanella para que lo asesorara en la venta de predios.

El equipo especial presentó una relación de cerca de 50 testigos, cuyos testimonios están destinados a demostrar que Mark Vito Villanella usó su empresa MVV Bienes Raíces para presuntamente lavar dinero de origen ilícito.

La Fiscalía también presentó a 18 denominados testigos impropios. Es decir, a coimputados en el mismo proceso. Se trata de un conjunto de personas que, a cambio de un pago, aceptaron registrarse como falsos aportantes.

Registro de testigos acreditados por el Equipo Especial

Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora brasileña, testificará sobre aporte de US$1 millón con dinero ilícito.

Enrique Gubbins Bovet, dueño de Sudamericana de Fibras, aportó según la Fiscalía hasta US$11,3 millones en efectivo a Keiko Fujimori.

Dionisio Romero Paoletti, expresidente de Credicorp, entregó hasta US$4,1 millones, una parte en maletines a Keiko Fujimori.

Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, se encargó de dar en persona US$1 millón a la campaña de Keiko Fujimori.

Martín Pérez Monteverde, excongresista fujimorista, ofició de intermediario entre Dionisio Romero y Keiko Fujimori.

José Sam Yuen, dueño de casinos, admitió que usó a sus empleados como falsos aportantes de la campaña de Keiko Fujimori.

Víctor Shiguiyama Kobashigawa, amigo íntimo de Keiko Fujimori, en cuya representación recogió US$700.000 de Sudamericana de Fibras.

Javier Bisso López de Romaña reveló que su jefe, José Sam Yuen, le encargó hacer falsos aportes a Keiko Fujimori a nombre de sus empleados.

Diego Farah Jarufe, empresario que contrató a Mark Vito Villanella y a su empresa MVV Bienes Raíces para que le vendiera inmuebles.

Leandro Mariátegui Cáceres, gerente general de Sudamericana de Fibras que entregaba dinero en efectivo a enviados de Keiko Fujimori.

Alberto Otárola a la Fiscalía sobre muertos: Que respondan los militares

En condición de exministro de Defensa, y primer ministro, Alberto Otárola aseguró a los fiscales Edwin Núñez Cancino y Jesús Camacho Laura que la responsabilidad de la ejecución de las operaciones para restablecer el orden durante las protestas antigubernamentales corresponde al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.

Durante los interrogatorios del 23 de enero y 16 de febrero, los fiscales Núñez y Camacho fueron particularmente insistentes en saber si existió una orden expresa para el uso de armas de fuego reglamentarias durante la represión a las manifestaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte, particularmente en Ayacucho, Andahuaylas, Juliaca y Arequipa.

Alberto Otárola, en todo momento, negó que Boluarte o algún miembro del gabinete o él mismo hubiera dado el mandato de disparar.

Reiteradas veces señaló que la ejecución de las operaciones contra las protestas, que produjo 48 civiles fallecidos, en su mayoría por impactos de proyectiles de fusiles Galil y AKM que utilizan los efectivos del Ejército y de la Policía, fue tarea del Ejército y la Policía.

Otárola precisó que Boluarte indicó expresamente que se respetara la vida de las personas, pero que no consta en actas ni en ningún documento, que la comunicación fue oral, y que había un mensaje por WhatsApp que confirmaba su relato.

“En el Consejo de Ministros y en las diversas reuniones bilaterales que tuvo con diversos ministros, es decir, fue de manera verbal”, respondió en el primer interrogatorio del 23 de enero, según la transcripción fiscal que obtuvo La República gracias al reportero Alonso Ramos, del programa “Al estilo Juliana”, que dirige la periodista Juliana Oxenford.

Y añadió: “Debo precisar que la presidenta Boluarte me reitera dicha indicación a través de un mensaje de WhatsApp, en la que señaló: ‘Se reitera que el uso de la fuerza debe ser siempre dentro de las reglas y marco legal establecidos y que la prioridad es la vida de los ciudadanos’. Dicho mensaje a su vez (lo) reenvié al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas armadas (general de división EP Manuel Gómez de la Torre Araníbar)”, narró Otárola.

Lo que el primer ministro no explicó fue por qué después de la disposición expresa de la mandataria Boluarte de que se le diera prioridad a la vida de los ciudadanos, se continuó registrando la muerte de civiles con disparos en la cabeza y el tórax, y en varios casos también por la espalda, en ámbitos geográficos que estaban bajo control del Ejército y la Policía. Tampoco se lo preguntaron los fiscales Edwin Núñez y Jesús Camacho.

Yarita Lizeth: Fiscalía iniciaría una investigación contra la cantante por apoyar en las marchas contra Dina Boluarte

Yarita Lizeth Yanarico, cantante folclórica muy popular en Puno, habría sido incluida en una investigación preliminar del Ministerio Público por haber ayudado con dinero y movilidad a los manifestantes que iban a Lima a exigir la renuncia de Dina Boluarte.

Tras ello, decenas de personas acudieron hasta el hotel de la cantante en forma de respaldo y exigiendo que Yarita Lizeth no sea investigada por la fiscalía. “Es de conocimiento que Yarita Lizeth ha ayudado a los pobladores. Frente a eso, le están haciendo una persecución política. Vamos a respaldar a la cantante por su corazón», dijo un manifestante.

Cabe detallar que los pobladores llevaron una bandera negra y blanca, de más de 300 metros de longitud, como representación de los fallecidos en las protestas contra Dina Boluarte y el Congreso. «A la cantante Yarita Lizeth todos la quieren y si siguen con esto, la protesta se va a hacer más contundente», señaló otro de los manifestantes.

Donaciones de Yarita Lizeth

Como se sabe, la primera vez que la cantante apoyó en la marcha fue en enero de este año. En esa época, Yarita Lizeth donó 50 mil soles a la familia de los heridos en las protestas y los 18 fallecidos en Juliaca.

Otra acción que realizó, fue la entrega de su bus de lujo para el traslado de pobladores de Puno a Lima. En una entrevista la cantante hace hincapié que ella ha realizado los donativos de forma voluntaria y que ella no respalda los actos vandálicos.

La última vez que se le vio a Yarita Lizeth apoyando en las marchas fue en Lima, donde entregó agua y alimentos a los manifestantes. Además, de realizar conciertos gratis para sus seguidores.

Por otra parte, Yarita Lizeth ha sido abierta sobre su postura en el gobierno de Dina Boluarte. Ella ha exigido la renuncia de la presidenta y la salida del Congreso.

Fiscalía ratificó archivamiento de investigación contra Keiko Fujimori por presunta organización criminal

La Fiscalía de la Nación ratificó el archivamiento de la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por los presuntos delitos de organización criminal, falsificación de documentos e inducción a votar en sentido determinado en agravio del Estado peruano.

Así lo informó la abogada de la también excongresista, Giulliana Loza, a través de su cuenta oficial en Twitter. Refirió también que la disposición de institución liderada por Patricia Benavides responde a la ausencia de pruebas en el caso.

«Hemos logrado que se confirme el archivo de denuncia por organización criminal contra Keiko Fujimori, por no existir elementos objetivos que demuestren la consumación de los ilícitos denunciados», escribió.

Fiscalía solicitará prisión preliminar para los presuntos financistas de las movilizaciones en Lima

Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, anunció que solicitarán la detención preliminar por siete días de Yaneth Navarro Flores y Cirilo Jara Mamani.

Ambos fueron intervenidos con más de S/ 4 200 en efectivo, así como cuadernos, libretas y hojas escritas a mano con anotaciones sobre montos, nombres y números telefónicos de personas, que habrían venido de diversas regiones para participar en las manifestaciones.

“Se ha solicitado al órgano jurisdiccional competente la convalidación de estas personas para la detención preliminar por siete días, a fin de que se haga una investigación exhaustiva que ayude a determinar la responsabilidad de los presuntos involucrados”, dijo el representante del Ministerio Público en conferencia de prensa.

El comandante general de la PNP, Raúl Alfaro Alvarado, precisó que la operación de detención coincidió con reportes de Inteligencia que advertían sobre una eventual toma del aeropuerto Jorge Chávez o algún tipo de atentado contra sus instalaciones.

“Todo esto es materia de una investigación en curso, que determinará las responsabilidades penales de estas y otras personas que pudieran estar implicadas en estos hechos”, añadió Alfaro Alvarado.

Navarro Flores, quien contó haber llegado a la capital procedente de Andahuaylas, tenía en su poder una mochila con un total de S/ 1916.50, además de un cuaderno y una libreta con registros de entregas económicas a 61 personas. Según las anotaciones, el dinero era para almuerzos, desayunos y traslados a distintos puntos de Lima, así como Ica y Piura.

Según la Policía, la detenida también llevaba consigo un panfleto que llama a los vecinos de San Juan de Lurigancho a sumarse a las manifestaciones contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

Por su parte, Jara Mamani, natural del Cusco, tenía un total de S/. 2 330 cuando fue intervenido por los efectivos de la Región Policial Callao. El hombre también portaba una mochila, que contenía una hoja bond con un listado de personas, a quienes – como se lee en el documento – habría entregado S/400, de manera individual.

“La PNP no decaerá en ningún momento, y actuará con respeto, justicia y con legalidad en todas las intervenciones que tiene a su cargo”, agregó el General de Policía Alfaro Alvarado.

Refuerzan seguridad en aeropuerto
Miembros de la Policía Nacional reforzaron la seguridad en los alrededores del aeropuerto internacional Jorge Chávez, en el Callao. Esto luego de que un grupo de manifestantes intentara llegar al terminal aéreo para realizar protestas.

Los manifestantes arribaron al promediar el mediodía por las calles de El Callao, pero un personal policial los retiró de la zona.

Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para la ‘camarada Cusi’

La Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Rocío Leandro Melgar, alias ‘camarada Cusi’, y otros 6 investigados por el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de pertenencia a una organización terrorista.

La presentación del requerimiento de prisión preventiva se realizó tras la formalización de la investigación preparatoria, a cargo del Segundo Despacho de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Terrorismo y delitos conexos, según informa su cuenta oficial de Twitter.

Como se recuerda, el pasado 12 de enero la Policía Nacional del Perú (PNP) y fiscales especiales del Ministerio Público, enviados desde Lima, detuvieron a la presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), Rocío Leandro Melgar, “Camarada Cusi”. La detención se produjo en la Casa del Maestro de la ciudad de Ayacucho, en la provincia de Huamanga.

Leandro Melgar fue detenida junto a la vicepresidenta del Fredepa, Stefany Alanya Chumbes, y el secretario de dicha organización Alejandro Manay Pillaca.

Posteriormente, el pasado 24 de enero la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la orden de detención preliminar contra Rocío Leandro Melgar y otros investigados por el presunto delito de terrorismo en agravio del Estado.

¿QUIÉN ES LA ‘CAMARADA CUSI’?

Rocío Leandro tiene un antecedente imposible de olvidar por las autoridades peruanas, pues en el pasado fue detenida e internada en penales por su participación en atentados terroristas en los años 80 y 90 como parte de la organización Sendero Luminoso, según atestados de la Dircote.

Uno de esos ataques fue el asesinato de Pedro Huilca, secretario general de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP).

El informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) consigna el testimonio de un senderista que señala a alias ‘Cusi’ como una de las terroristas que organizó el crimen perpetrado el 18 de diciembre de 1992.

De acuerdo a esta declaración, Leandro “se encargó de seleccionar al contingente que cometió el crimen”. Luego, según la manifestación, Sendero se arrepentiría de haber perpetrado el asesinato porque Huilca tenía llegada con los trabajadores, quienes lo convirtieron en mártir.

Tras su salida de prisión, Rocío Leandro se afilió al Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, el 29 de febrero de 2011, según los registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).