Este domingo 2 de abril, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Melgar solicitó nueve meses de prisión preventiva contra Dino Álvarez Limahuay (30) y Renato F. Quispe Ramos (26), principales acusados y autores de la violación grupal contra una trabajadora de EsSalud. Este hecho aconteció en Juliaca el último 30 de marzo en una vivienda de Ayaviri. Actualmente, la agraviada se encuentra en estado de coma.
Como se ha informado, la víctima laboraba como enfermera en dicho centro de salud y tanto Álvarez como Quispe también trabajaban en la misma entidad. Sin embargo, tras este hecho, EsSalud emitió un comunicado en el que se menciona que los denunciados no eran parte del personal.
«Los involucrados en estos hechos que repudiamos no tienen vínculo laboral activo con EsSalud; sin embargo, garantizamos que apoyaremos a las investigaciones que vienen realizando las autoridades competentes”, sentenció la Red Asistencial de Juliaca.
Quisieron eliminar las pruebas
De acuerdo con los familiares de la víctima, el dueño de la casa se percató de que uno de los involucrados estaba lavando algunos trapos que serían evidencia de lo ocurrido; por ello, llamó a la Policía. Asimismo, advirtió que otro de los sujetos tenía rastros de sangre. Por otro lado, familiares denunciaron que hay personas que respaldan a los sujetos e intentaron dar dinero a los médicos.
El Ministerio Público de Arequipa ha pedido 11 años de prisión sobre el legislador Edwin Martínez, de la bancada de Acción Popular. A él se le acusa por el delito de lavado de activos al registrar un desbalance patrimonial mayor a los S/ 700 mil mientras ocupó la alcaldía distrital de Mariano Melgar en Arequipa entre el 2015 y el 2018.
La tesis del Ministerio Público sostiene que Edwin Martínez incrementó ilegalmente sus ingresos a partir de su gestión como alcalde. Luego de “lavar” el dinero, adquirió bienes y los puso a nombres de sus hijos: Braulio, Yordan y Fiorella; su ex esposa Sila Mogrovejo y también para su nueva pareja, Katerin Xespe.
Un detalle relevante en este caso es que, en el 2017, mientras ejercía como alcalde, el hoy legislador por la región Arequipa ejecutó un adelanto de herencia para sus hijos y construyó un edificio de tres pisos en el distrito de Socabaya (Arequipa), el cual incluyó un estacionamiento y una piscina.
“Cada departamentito está construido en aproximadamente 56 o 57 metros cuadrados. Ahora, con todas estas lluvias el agua del tercer piso baja hasta el primer piso. Está inundada”, detalló el congresista. “Es un pozo de pato que nunca lo hemos utilizado”, añadió consultado sobre la piscina.
De acuerdo con la pericia realizada, la valorización del edificio supera los S/756 mil, un monto fuera del presupuesto del congresista Martínez, cuyo origen sería ilícito y habría sido conseguido durante su paso como alcalde. Para la Fiscalía, el lavado del dinero estuvo en la edificación del proyecto inmobiliario, mas no en el terreno.
“La valorización, en efecto, tiene el precio del terreno que solamente, calculado en ese año, eran S/7 mil”, explicó el congresista.
Estos montos no han podido ser sustentados por Martínez con sus ingresos como alcalde y ahorros. De hecho, en noviembre del 2021, cuando fue interrogado como parlamentario sobre estos departamentos que entregó en herencia a sus hijos, no dio una respuesta: se paró y se fue.
La fecha para la etapa previa al juicio oral para el congresista Martínez es el 7 de junio, según lo programó el Poder Judicial.
Cabe señalar que Edwin Martínez está incluido entre los 18 legisladores investigados por el presunto delito de organización criminal y corrupción por el Caso ‘Los Niños’. El pasado 24 de marzo, la Fiscalía allanó su vivienda, ubicada en el distrito de Mariano Melgar
Las recientes declaraciones de Einer Gilbert Alva León, conocido como Makanaky, han alarmado a la población y entidades. La Defensoría del Pueblo emitió un mensaje rechazando lo narrado por el tiktoker e instando a la Fiscalía de la Nación a actuar de oficio para abrir una investigación contra en su contra.
A través de su cuenta oficial de Twitter, la entidad compartió un comunicado público en donde alegaban que el creador de contenido habría ejercido una de las «formas más atroces de la violencia de género». En esa misma línea, señaló que el Estado debe atender con eficacia este tipo de casos y la sociedad debería de condenar y dejar de normalizar este tipo de violencia.
Defensoría pide a la Fiscalía que investigue a Makanaky La Defensoría del Pueblo instó a la Fiscalía de la Nación a investigar al tiktoker Makanaky tras declaraciones que parecerían indicar que habría cometido el delito de violación sexual.
¿Qué dijo Makanaky?
En la última entrevista del programa «Cha’ Kalato» de Jonathan Maicelo publicado en Youtube, el tiktoker Einer Alva León «Makanaky» contó cómo fue el inicio de su vida sexual a sus 15 años. La audiencia se sintió indignada tras enterarse que el polémico creador de contenido forzó a una menor a tener relaciones sexuales con él.
«Fue a los 15 años, con una chibola. (Mis amigos) Me dijeron: ‘¿Quieres debutar?, pero ella no quiere, a la fuerza lo vamos a hacer’. No quiso dejarse y mis amigos, como son ‘fríos’, la cogieron (…). No ha sido una violación, no sé. Nada, yo no he violado, mis amigos me dijeron porque ellos son ‘fríos de fríos'», contó Makanaky.
Jonathan Maicelo se mostró sorprendido con lo contado y le cuestionó si se trataría de una violación, pero el tiktoker intentó justificarse indicando que fue idea de sus compañeros de colegio.
«No nada, la joven al final quiso. Han pasado años. Incluso me saludo con ella. Eran chiboladas», mencionó.
Confesión de Makanaky
Tiktoker Makanaky confesó que junto a sus amigos forzaron a una menor a tener relaciones sexuales con él.
¿Quién es Makanaky?
Einer Alva Lujan Carrión es un creador de contenidos nacido en Trujillo. En internet, los usuarios lo conocen como Makanaky, un personaje que saltó a la fama tras salir a protestar totalmente desnudo. Luego de ese episodio, fue ganando miles de seguidores en sus redes sociales por su forma de ser y sus llamativos videos.
Makanaky ha incursionado en el mundo de la música y en el de la pornografía tras una invitación de la famosa productora para adultos InkaProductions.
Despliege fenomenal. Con el aval del juez supremo Juan Carlos Checkley, el despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, desarrolló un megaoperativo de allanamiento de 41 inmuebles, ubicados en las regiones de Lima, Arequipa, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Ucayali y Pasco, pertenecientes a 17 congresistas en actividad y dos exministros de Estado.
Alrededor de las 4:00 de la mañana, un equipo de 35 fiscales y un centenar de agentes de la División policial de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), coordinados por el fiscal supremo adjunto Marco Huamán, fueron desplegados con copias de las órdenes judiciales de allanamiento y descerraje e instrumentos mecánicos para abrir las puertas por la fuerza, de ser necesario.
Sí bien hubo algunos reclamos y rostros que evidenciaban molestia, la Policía no tuvo que usar la fuerza. Los investigados, sus familiares o sus representantes dieron las facilidades para el ingreso de las autoridades.
Documentos. La Policía retiró documentos del Congreso. Foto: difusión
La diligencia incluía el registro domiciliario y personal de los investigados y personas cercanas, y el decomiso de documentos y memorias electrónicas que la Fiscalía considerara de interés para las indagaciones.
También se autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones y telecomunicaciones “con la finalidad visualizar y extraer información y data digital” de computadoras, teléfonos celulares, correos electrónicos y redes sociales vinculadas a los investigados.
Los niños
El megaoperativo bautizado como “Los Pequeños II” se produce en el marco de la investigación que realiza la Fiscalía de la Nación a una presunta organización criminal denominada ‘Los Niños’, que habría conformado el expresidente Pedro Castillo, congresistas de la República, la expremier Bettsy Chávez y el exministro de la Producción Jorge Prado.
En octubre del 2022, la Fiscalía ya había allanado los inmuebles de otros cinco congresistas vinculados al presunto grupo criminal.
De acuerdo con el aspirante a colaborador eficaz con código CE-122022, Castillo habría negociado con un grupo de congresistas direccionar obras públicas a sus regiones o grupos empresariales afines, a cambio de oponerse a los pedidos de vacancia.
En el desarrollo de ese presunto acuerdo ilícito, los congresistas habrían entrado en contacto con el exministro de la producción Jorge Prado.
Así, en el distrito de Magdalena, en Lima, dentro de un edificio multifamiliar se allanó el departamento donde vive la desaforada congresista y exprimer ministra Betssy Chávez Chiuno.
“Estamos tranquilos con la medida cautelar de allanamiento porque el comportamiento procesal de la excongresista Chávez ha sido intachable. Desde el día uno se sometió a las investigaciones en todas las carpetas fiscales. Ha informado constantemente su cambio de domicilio. Hemos coadyuvado con la investigación. Hemos aportado pruebas y presentado argumentos”, informó su abogado Erwin Siccha.
Por su parte, la también excongresista escribió en sus redes sociales: “Allanen todo lo que quieran y busquen todo lo que quieran, no encontrarán ningún solo indicio de irregularidad o delito. Por esa misma razón, desde el caso de supuesta rebelión o conspiración, solicité que hicieran esta diligencia”.
En la casa de Chávez, se incautaron cuatro equipos celulares y algunos documento que serán analizados por las fiscales a fin de establecer su utilidad en las investigaciones.
Los fiscales y policías también se acercaron a los edificios administrativos del Congreso, en el Cercado de Lima, donde se ubican las oficinas de los congresistas. El congresista Edwin Martínez Talavera informó que los fiscales se llevaron su laptop personal para revisarla en busca de información.
A la misma hora, se había allanado la vivienda de Martínez en Arequipa. De allí se llevaron una computadora y documentos.
Fiscalía y agentes de la Policía llegaron a una de las oficinas de los congresistas que serían parte del grupo denominado Los Niños, quienes habrían favorecido con sus votos en las sesiones del Congreso al gobierno del entonces presidente Pedro Castillo. En estos momentos, se encuentran allanando viviendas y oficinas de los parlamentarios.
Es importante mencionar que la diligencia está a cargo del fiscal supremo Marco Huamán, quien, junto a los agentes policiales encargados de este allanamiento, ingresó a la oficina ubicada en el jirón Huallaga de los congresistas Wilson Soto, Hilda Portero, Luis Ángel Aragón, José Arriola, Silvia Monteza, Pedro Martínez, Carlos Zeballos, Óscar Zea y Carlos Alva.
Según la tesis fiscal, por los favores que le habrían otorgado al exmandatario a través de sus votos, estos parlamentarios pertenecientes, presuntamente, al grupo denominado como Los Niños, habrían recibido a cambio ser beneficiarios de ciertas obras públicas por parte del Gobierno.
¿Cuál es el motivo de este allanamiento?
El objetivo del Ministerio Público, mediante este allanamiento en el jirón Huallaga, es incautar documentación y equipos tecnológicos que puedan ser de utilidad a las pesquisas correspondientes para así esclarecer cuáles eran las labores de estos congresistas durante la gestión de Castillo Terrones.
Por otro lado, entre los congresistas implicados, un grupo pertenece a la bancada de Acción Popular, otros al Bloque Magisterial y el resto son parlamentarios no agrupados.
La presidenta Dina Boluarte llegó a la Fiscalía de la Nación para rendir su testimonio de forma presencial por la investigación que se le sigue en torno a las muertes que ocurrieron durante las protestas contra su gobierno.
Boluarte llegó a las 8:49 de la mañana a la sede del Ministerio Público a bordo de su vehículo oficial. Su diligencia fue programada para las 9 de la mañana.
La mandataria ingresó a la sede por la puerta posterior ubicada en el jirón Miroquesada, acompañada de un fuerte contingente de seguridad y sin dar declaraciones.
Poco más de una hora después -alrededor de las 10:15 de la mañana-, la presidenta se retiró del Ministerio Público.
La Fiscalía inició en enero pasado una investigación contra Boluarte por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
En medio de fuertes medidas de seguridad, Dina Boluarte ingresó a la Fiscalía. (Foto: Julio Reaño/@Photo.gec)
Como se recuerda, la presidenta se excusó hasta en tres oportunidades de acudir a la sede fiscal, solicitando declarar de forma virtual para no comprometer su seguridad frente a las manifestaciones que se realizan en su contra.
En este proceso también es investigado el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
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ENFOQUE REAL 